Visibilización de los pueblos originarios y el derecho a la tierra

Declaraciones internacionales, reconocimiento de derechos, visibilización de la condición étnica, cultural y política de los pueblos originarios… Si no se quiere ser un paria en la escena política internacional hay que aprobar políticas “progresistas” e importantes resoluciones constitucionales en beneficio de los pueblos indígenas que pocas veces se cumplen porque no hay voluntad para ello. Los pueblos indígenas han logrado victorias, han ganado espacios; el cambio está en marcha, pero no basta si no se empuja fuerte “desde abajo” para derribar o debilitar a los de “arriba” hasta obligarles a impulsar unas prácticas políticas más igualitarias. Porque la desigualdad continúa siendo la norma en todo el planeta, y más en lo que a estos pueblos se refiere, y se mantendrá mientras no se aborde un aspecto que subyace en todo el entramado de derechos que se han venido reconociendo: la cuestión económica y del territorio. Todo se circunscribe a esto y así hay que reflejarlo. Se pueden publicar uno o mil atlas, una o mil enciclopedias, una o mil guías introductorias como la que aquí se presenta pero eso no servirá para mucho más que para dar lustre a quien las escribe, a las entidades que las financian, a las organizaciones que tienen estas iniciativas y a quienes con más fe que criterio se embarcan en proyectos de cooperación de todo tipo sin medir muchas veces las consecuencias de dichos actos y los intereses que hay detrás. Sin tener en cuenta la cuestión de la tierra todo lo demás no tiene el menor relieve. Ya lo dijo hace un siglo ese marxista irreverente que fue José Carlos Mariátegui: dar educación a los indígenas sin darles tierra es algo absurdo. ¿Quiere decir esto que no hay que abogar por la educación, algo en lo que se suelen quedar muchas de las iniciativas políticas y solidarias? En absoluto, quiere decir que la educación sin tierra, para los indígenas, apenas es nada. Escúchese a los indígenas, léase sus proclamas y manifiestos, obsérvese su lucha y sáquese las conclusiones pertinentes. También lo dijo Emiliano Zapata con el lema de su revolución campesino-indígena: “tierra y libertad”. No tiene sentido que muchos bien-pensantes hablen y defiendan la cosmovisión indígena y no incluyan en su trabajo el derecho al territorio, a la tierra porque es algo que para el indígena tiene un sentido muy profundo en su cosmovisión y en su propia existencia.

Las declaraciones que se han venido aprobando por los diferentes organismos internacionales han sido en los años finales del siglo XX y los primeros años de este siglo XXI. ¿Un buen augurio para un nuevo mundo? Depende. No hay que olvidar que la ONU comenzó a estudiar todo lo referente a los pueblos originarios bajo presión de estos mismos pueblos y sus movimientos, que han llegado a alcanzar un altísimo grado de organización capaz de derribar gobiernos corruptos (Ecuador) y llevar a uno de los suyos, Evo Morales, a la presidencia de un país (Bolivia). El que en esta decena de años se haya producido un aumento del interés de las instituciones nacionales de Abya Yala por los derechos humanos económicos, sociales y culturales no quiere decir mucho dado que ha sido un fenómeno desigual y esporádico. Las falsas distinciones que se siguen estableciendo entre los derechos civiles y políticos por una parte, y los económicos, sociales y culturales, por otra, así como la falta de comprensión del contenido y el carácter jurídico de estos últimos ha mermado la eficacia de las declaraciones internacionales. Hay gobiernos que, con el apoyo de unos medios de comunicación que defienden unos intereses económicos concretos, defienden la falacia de una distinción entre unos derechos y otros en función de la política capitalista neoliberal: la “gratuidad” de unos (civiles y políticos) frente a “los cuantiosos recursos” que requieren los otros; la posibilidad de aplicación “inmediata” de los primeros frente a la aplicación “progresiva” de los segundos; la “justiciabilidad” fácil de los primeros y la dificultad justiciable de los segundos, etc.

Se viene de un momento histórico en que el avance del capitalismo neoliberal –una forma de lenguaje “políticamente correcto” que encubre una nueva forma de explotación social, política y económica- parecía imparable y que atrapaba a más y más países en una tela de araña de mayor pobreza, mayor deuda externa, mayor inestabilidad política y mayor pérdida de soberanía (la famosa globalización). Las riquezas naturales se han convertido en el botín anhelado por quienes dicen defender la libertad y la democracia pero que no dudan en violar ambas –por no incluir el derecho internacional como en el caso de Irak- cuando lo que hay en juego es su propia supervivencia energética, por poner un ejemplo. Y cuando no creen conveniente llegar tan lejos imponen a todos los países las políticas que ellos mismos diseñan a través del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio o del Fondo Monetario Internacional haciendo de estas instituciones la única realidad posible. Todo a mayor gloria no de los pueblos, sino de las empresas transnacionales. Porque ni no fuese así no se podría entender el que se otorgue prioridad absoluta a la producción para el comercio mundial, en perjuicio de las poblaciones locales, y mucho menos a la dependencia alimentaria que genera la dependencia, valga la redundancia, de las importaciones. En México ya se está notando en la alimentación de las poblaciones indígenas el hecho de haberse incrementado de forma notable la siembra de productos destinados a los agrocombustibles en detrimento de los tradicionales maíz o frijol. O lo que sucede en países como Brasil o Ecuador que se ven obligados a entregar sus recursos naturales para hacer frente a las extorsiones de los poderosos acreedores de su deuda externa, aunque en este último país la reciente firma en pro de la preservación de la selva del Yasuní sienta un precedente alentador (ver la referencia a este país).

A pesar de las constituciones y legislaciones, no estamos en un mundo más democrático, sino al revés. Lo económico se ha convertido en un espacio totalitario que impone sus reglas e intereses al resto de la sociedad, un espacio donde se concentra el poder y donde se permite cierto grado de autonomía, siempre que no vaya contra la ortodoxia: el mercado global. No ha variado mucho, por lo tanto, este comportamiento social de los poderosos con el oligárquico de otras épocas. Y así vemos que pese a las declaraciones y acuerdos internacionales (el Protocolo de Kyoto, la Cumbre de la Tierra, la Conferencia sobre Biodiversidad) lo que prima son los intereses de la Organización Mundial del Comercio cuando, como es el caso de muchos de los países donde hay una importante población indígena, se enfrentan a legislaciones del medio ambiente que con mayor o menor firmeza protegen recursos naturales y que con consideradas por la OMC como “barreras al libre comercio”.[29] Volvemos otra vez al principio de todo: derechos contra normas. No son las normas, son sus normas. Es un claro ejemplo del divorcio entre la economía y el bienestar humano que se visualizó, en lo que al continente americano se refiere, en 1994 cuando la Cumbre de las Américas decidió extender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, EEUU y México) al resto del continente y el Caribe, a excepción de Cuba. Era el comienzo del ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas. Cuando seis años más tarde estaba listo para ser impuesto, la rebelión de los pueblos, indígenas y no indígenas, lo hizo imposible. Se había elaborado sin consulta previa a los gobiernos y ciudadanos de la mayoría de los países a quienes se imponía, su contenido lo transformaba en un poderoso instrumento de intervención con capacidad para alterar significativamente el carácter social, cultural y político de las naciones y ello a expensas de renuncias y exclusiones evidentes –pese a las leyes internas y declaraciones internacionales- en cuestiones relativas a relaciones de trabajo, derechos humanos y protección ambiental.[30] Si para ello hay que retorcer las constituciones nacionales, se hace (como en Colombia, México o Perú).

No es la primera vez que los pueblos, y los originarios en particular, se enfrentan a promesas –leyes, normas, declaraciones- que no se ajustan a lo que sucede día a día, año tras año, decenio tras decenio, siglo tras siglo en sus localidades y países. Esto, obviamente, engendra violencia –que se combate con una militarización de grandes zonas como en Colombia, México, Perú y Ecuador para garantizar la actividad de empresas petroleras y mineras en territorios indígenas-, desintegración profunda de la cohesión social y, al mismo tiempo, resistencia y organización. No se puede esperar otra cosa cuando en la actualidad todo, sin excepción, se pone al servicio de los intereses de un mercado global que no es tal: afecta a todos pero beneficia a muy pocos, a esos 20 países en los que se concentra el 85% del Producto Interior Bruto mundial.

Al igual que los pueblos originarios se han ido reponiendo de su postración, los movimientos sociales y populares han sabido sobreponerse a su papel de sujeto pasivo para convertirse en un sujeto activo de la política, nacional e internacional. Así, se ha logrado parar el avance neoliberal en algunas partes del mundo –como ha sido el caso del ALCA en América Latina- aunque rápidamente se contraatacó impulsando tratados de libre comercio por bloques de países, como fue la implantación del Plan Puebla-Panamá en Centroamérica, ahora llamado Proyecto Mesoamericano al incorporarse al mismo Colombia, o de forma bilateral en América del Sur (Colombia, Chile, Perú). Ahora se aprueban medidas deliberadamente regresivas, se derogan leyes que afectan al disfrute de los derechos económicos y sociales –manteniendo como cobertura “democrática” los culturales, como es el caso de los indígenas- y se reduce el gasto público para potenciar el libre mercado y allanar el camino a las empresas transnacionales.

La obligación de respetar los derechos económicos, sociales y culturales exige que los Estados se abstengan de realizar, promover o tolerar cualquier práctica económica y/o política que viole o coarte la libertad de los pueblos indígenas para utilizar los recursos materiales o de otro tipo de que dispongan de la manera que consideren más adecuada para satisfacer esos derechos y deben abstenerse de limitar el derecho de participación ciudadana en este sentido. Esta obligación, asumida en el mismo momento que se adoptan declaraciones como el Convenio 169 de la OIT y/o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU protege a los pueblos originarios de cualquier tipo de injerencia arbitraria. Sin embargo, ya se ha reseñado y ahora se verá con detenimiento que la realidad no es esa. Por ejemplo, el desalojo forzoso y arbitrario de comunidades, o con remuneraciones ridículas, sigue estando a la orden del día para no pocas comunidades indígenas.

No son sólo los Estados quienes tienen responsabilidades en este sentido. También los actores no estatales como las instituciones financieras internacionales que mencionaba el secretario general de la ONU en su “Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio” y las empresas transnacionales puesto que sus actividades tienen importantes repercusiones en el disfrute de estos derechos. De hecho, y hasta la actualidad, las políticas de las empresas transnacionales y de las instituciones financieras internacionales dan lugar a violaciones de todo tipo de derechos en los países en desarrollo y en Abya Yala, mayores en los casos en los que la influencia de alguno de los países es menor o más débil.

La realidad no se oculta con un puñado de buenas intenciones si no se obliga a que los poderes, fácticos y económicos, cumplan y no lo hacen si no se les obliga. Los reiterados llamamientos de los diferentes responsables de la ONU en ese sentido caen, una y otra vez, en saco roto. La actualidad en agosto de 2010 con motivo de la conmemoración por la ONU del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) no deja por mentiroso este comentario ni por radical este planteamiento: “Aún existe una amplia brecha entre los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la realidad (…) estos pueblos continúan sufriendo discriminación, marginación en áreas como la salud y la educación, además de una extrema pobreza, desplazamientos de sus tierras tradicionales y exclusión de los procesos de toma de decisiones” (Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos); “las poblaciones autóctonas son las más pobres entre las pobres, ubicadas al margen del poder y, en muchos casos, ignorando sus derechos básicos” (James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas con motivo de la misma celebración)[31]; “las poblaciones indígenas siguen sufriendo racismo, poca atención a la salud y pobreza desproporcionada” (Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU).[32]

Se ha comenzado hablando de la larga lucha de los pueblos originarios por su visibilización y se ha relatado todo el proceso legal, impulsado por esa lucha, hasta lograrlo. El hecho de que la Organización de Estados Americanos lleve más de dos años discutiendo la elaboración de una Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas en línea con la DDPI de la ONU deja bien claro cuál es el nivel de resistencia de los tradicionales sectores oligárquicos y criollos respecto a los pueblos originarios del continente. Éstos han conseguido su visibilización, pero eso no es todo. Hace falta que se cumpla lo firmado y que puedan disfrutar de unos derechos que nunca debieron perder. Esa es su lucha actual y eso es lo que pretende reflejar este libro.

No es sólo un lamento y una esperanza, es también un reconocimiento de la realidad. El movimiento indígena ha dejado de ser un movimiento de resistencia para pasar a ser un movimiento ofensivo en la lucha por el gobierno y el poder en algunos países, como Bolivia, mientras que en otros se impulsa un proyecto político claramente emancipatorio que tiene una primera etapa en el autogobierno y por el cual ellos seguirán su propio camino en cuanto a la autoridad y el poder. Lo indígena se está convirtiendo en el centro de un discurso nuevo, de la construcción de un nuevo mundo que cuestiona en profundidad la visión homogeneizadora del Estado-nación clásico de la visión occidental tan del agrado de las oligarquías del continente. Los movimientos indígenas se organizan no ya en el ámbito “nacional”, sino en el regional en un proceso de integración que traspasa las fronteras –Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)[33] – y plantea la construcción de Estados Plurinacionales con la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra como objetivo prioritario junto los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la libre determinación de los pueblos. Este es el reto.