NICARAGUA

La población indígena es de 443. 847 personas según el último censo realizado, que data del año 2005. Los miskitu (120.817) y los chorotega-nahua-mange (46.002), las tres denominaciones con los que se conoce a este pueblo, son los más numerosos. Junto a ellos están los cacaopera-matagalpa, nahoa-nicarao, rama, sumu-mayangna, ulwa y xiu-sutiava. Hay que mencionar que el propio censo, establecido según criterios de una autoidentificación por parte de los propios miembros de estos pueblos, establece que 67.000 personas no saben o ignoran si pertenecen o no a la población indígena.[1] Como suele ser habitual en todo el continente, los indígenas consideran que estas cifras no son reales y elevan el número de miskitu a los 150.000 y el de chorotega-nahua-mange a los 210.000, esta última cifra cinco veces superior a la recogida en el censo. Lo mismo ocurre con el resto de pueblos aunque en mucha menor proporción. Tal vez una explicación a esta disparidad de cifras sea que el censo oficial recoge la identificación de mestizo de la costa caribe, inexistente para los pueblos indígenas, con una población de 112.253 personas y coloca en el calificativo de “otros” a 13.740 personas. También hay que reseñar que Nicaragua reconoce a los pueblos afrodescendientes, los creole-kriol y los garifuna, y les otorga la categoría de “pueblos indígenas”.

No fue hasta 1987, en medio de una sangrienta guerra que libraba el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con fuerzas entrenadas y financiadas por EEUU (la denominada “contra”), que se aprobó una Ley de Autonomía por la que se creaban las Regiones Autónomas del Atlántico Sur (RAAS) y del Atlántico Norte (RAAN). De esa manera el FSLN, sobre la base teórica de la autonomía regional, daba salida a unas reivindicaciones que pasaban del plano militar al político respondiendo, en parte, a las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de desarrollar esa ley puesto que perdió las elecciones tres años después y el nuevo gobierno impuso una política diametralmente opuesta a la de su predecesor que, en la cuestión de la tierra y en la política agraria, se caracterizó por la colonización y titulación individual en los territorios indígenas iniciándose, además, el establecimiento de áreas protegidas no consultadas sobre estos territorios. Esta política neoliberal fue “compensada” con la aprobación de la ley de lenguas, en aparente cumplimiento de la normativa internacional –según lo acordado por el Convenio 169 de la OIT- en 1993 aunque Nicaragua no había suscrito formalmente dicho Convenio.

Tuvieron que pasar diez años, hasta 2003, para que de nuevo se tuviese algo en cuenta a los indígenas con la aprobación de una ley que invocaba el respeto a los modelos comunitarios de salud y de otra que establecía el régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. En 2006 se aprobó la Ley General de Educación, que reconocía un Sistema Educativo Autonómico Regional. Todas estas normas y leyes tuvieron un escaso desarrollo puesto que el gobierno de entonces, formado por una coalición de partidos antisandinistas, se dividió el poder y las esferas de influencia. Así, los Consejos Regionales, sobre los que tenía que pivotar el desarrollo de los derechos legales e históricos de los indígenas, quedaron en manos de los intereses de cada partido y, en consecuencia, subordinados a los intereses centralistas del Estado.

Nicaragua tiene una historia peculiar en lo que a los indígenas se refiere, puesto que hubo dos colonizaciones diferentes en el mismo país: española en el Pacífico y británica en la Costa Atlántica. Aquí los británicos armaron a los miskitu para que hostigasen y dificultasen la política española, lo que les permitió a ellos entablar relaciones comerciales muy beneficiosas. Crearon, incluso, el Reino de la Mosquitia. No es extraño, por lo tanto, que haya quien interpreta que gracias a los británicos, y pese al control que ejercían de la superestructura económica, los pueblos indígenas de esa zona “contaban con espacios de autonomía propios, con su propia forma de gobierno y manejo de sus recursos naturales, educación y justicia”.[2] Esta situación se mantuvo casi hasta el siglo XIX, pues no fue hasta 1894 cuando se “reincorporó” la Mosquitia a la actual Nicaragua aunque manteniendo, en virtud de una serie de acuerdos con Gran Bretaña, el derecho de tierra a la población miskitu con muchas limitaciones y nunca como propiedad comunal. Pero para la población de esta zona la “reincorporación” suponía una afrenta puesto que implicaba la pérdida de su autonomía y este resquemor ha seguido estando muy a flor de piel hasta fechas recientes. Tanto que en estas tierras nunca cayó simpático Augusto César Sandino, sus habitantes hicieron buenas migas con Anastasio Somoza –el dictador que asesinó a Sandino- y se convirtieron en furibundos antisandinistas a raíz del triunfo revolucionario de 1979. Si a Sandino le calificaron como “un caudillo español” –denominación que utilizaban para referirse a los habitantes del Pacífico, donde se había asentado la colonización española- a sus sucesores les catalogaron de la misma forma.

A ello ayudó el profundo desconocimiento que el FSLN tenía de esa zona del país –por ejemplo, la campaña de alfabetización impulsada en los primeros años de gobierno sandinista se desarrolló únicamente en español- y el considerar que las reivindicaciones indígenas no suponían otra cosa que un “separatismo” del resto de Nicaragua, llegando a expulsar del país a quienes aconsejaron respetar las formas comunales de tenencia de la tierra y considerar las formas autonómicas y de autogestión regional. A ello se sumaba, además, el hecho de que la Costa Atlántica estaba influenciada por EEUU desde largo tiempo y temía que se convirtiese en una base contrarrevolucionaria, lo que terminó siendo realidad en 1981 más por los errores sandinistas que por decisión de la población indígena. Desde ese momento, las organizaciones indígenas de la Costa Atlántica comenzaron a recibir ingente ayuda económica y material de EEUU aunque ahora está surgiendo una nueva corriente entre los políticos y los historiadores que considera que los indígenas no peleaban contra el sandinismo sino por mantener sus derechos históricos. Lo cierto es que, conscientes o no, se convirtieron en un instrumento de la política exterior estadounidense contra los sandinistas.

Como se ha dicho antes, tuvieron que transcurrir ocho años (desde el triunfo revolucionario en 1979 hasta la ley de autonomía de 1987) para que se modificase la visión del FSLN sobre la Costa Atlántica al llegar algunos dirigentes gubernamentales a la misma conclusión que hoy mantienen algunos políticos e historiadores y considerar, también, que era una “reacción” a los errores cometidos por el gobierno revolucionario.[3] La propuesta de autonomía, y la ley posterior, estaban refrendadas por el nuevo texto constitucional, donde se recogía el carácter multiétnico del pueblo nicaragüense, las formas de propiedad comunal de la tierra y una organización política propia en el caso de los pueblos indígenas.

La ley de autonomía dividía el antiguo Departamento de Zelaya en dos Regiones Autónomas (del Norte y del Sur) que pasaban a ser gobernadas por Consejos Regionales en los que tenían que estar representadas todas las etnias de la región pero gobernados por un presidente. Además, los miembros del Consejo Regional son elegidos a través de procesos electorales a celebrarse cada cuatro años en los que participan los partidos políticos tradicionales de Nicaragua, lo que terminó lastrando el poder autónomo de los mismos, como se ha dicho más arriba, con la llegada de los gobiernos antisandinistas durante los años 1990-2008. En todos estos años, los indígenas y afrodescendientes que han pertenecido a los Consejos Regionales no lo han hecho desde sus estructuras propias, sino a través de los partidos políticos tradicionales lo que provoca un paulatino alejamiento de los intereses de las comunidades anteponiendo los propios. Decir que los Consejos Regionales se han convertido en inoperantes tal vez sea demasiado drástico, pero afirmar que han servido para apenas nada tal vez sea quedarse demasiado corto. Un ejemplo es que en función de la ley de autonomía los Consejos Regionales tenían facultad para delimitar los municipios, que se conformarían con un determinado número de comunidades. Pues bien, no fue hasta 1996 cuando comenzó a hacerse y pronto mostraron los mismos problemas que los Consejos Regionales añadiéndose el hecho de que los municipios ocupaban unos territorios ajenos a las relaciones históricamente establecidas entre las comunidades. Cuando los municipios han comenzado a negociar con la tierra, los indígenas han montado en cólera porque “no son dueños de las tierras, sino las comunidades indígenas”.

Es en este contexto en el que se llega al año 2003 y a la aprobación de una nueva ley que establecía el régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica reconociendo, además, a las comunidades indígenas como “personalidad jurídica”. Ello supone que en todo lo relacionado con la tierra y los recursos naturales, las comunidades deben ser consultadas y son quienes tienen la última palabra, llegando a garantizar “la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las mismas”. Esta ley no fue una evolución natural del gobierno, sino una imposición desde el exterior. En concreto, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el año 2001, había dictado una sentencia favorable a la comunidad sumu-mayangna de Awas Tingni (Región Autónoma del Atlántico Norte), rechazando la concesión otorgada por el gobierno a una empresa para explotar el bosque situado en sus tierras comunales. La sentencia de la CIDH obligaba al Estado de Nicaragua a “tomar las medidas internas legislativas y administrativas necesarias para crear mecanismos de demarcación y titulación, pero no sólo de la comunidad mayangna Awas Tingni, sino para todas las comunidades”.[4] El Estado cumplía lo que se le imponía desde fuera, pero no lo desarrollaba.

En 2005 aún no había dinero para proceder al proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas y los alcaldes y Consejos Regionales no presionaban por ello puesto que veían el proceso de demarcación de tierras como una amenaza directa no sólo a su poder, sino a sus interes particulares. Por el contrario, para la dirigencia indígena el hecho únicamente ponía de manifiesto que el Estado sólo hacía “un reducido número de concesiones en aspectos poco significativos de las estructuras económicas, sociales y culturales y políticas de tal manera que no exista una transformación integral de la sociedad y Estado monoétnicos, discriminadores y racistas”. Así mismo, percibían a las principales fuerzas políticas, de izquierda o derecha, como “oportunistas y utilitarias respecto a los intereses y demandas indígenas y en algunos casos como francamente opuestas al reconocimiento y cumplimiento de dichas demandas”.[5]

Sólo se habían conseguido algunos avances en educación al promulgarse en 2006 una ley que otorgaba un estatus especial al sistema educativo autonómico regional que dejaba en manos de las comunidades indígenas y de la “cooperación internacional” todo lo referente a la educación, desde la primaria hasta el nivel universitario. La referencia a la cooperación internacional es interesante por el papel que está jugando tanto a nivel político como institucional dentro del movimiento indígena, aunque se ha ido reduciendo desde que Nicaragua se adhirió al ALBA al llegar el FSLN al gobierno. En virtud de este acuerdo económico están ofreciéndose créditos a bajo costo que son aprovechados por las comunidades campesinas e indígenas para la compra de bienes como generadores eléctricos, por ejemplo, que son distribuidos entre estas comunidades haciendo que las modalidades tradicionales de cooperación –ofrecidas por países occidentales como Suecia, Finlandia y EEUU- que se dedicaban a estas cuestiones de entrega de bienes vayan perdiendo importancia.

Y así es cuando se produce un nuevo cambio en el gobierno, volviendo al mismo el FSLN en 2007. La pretensión era no repetir los errores del pasado en lo referente a los pueblos indígenas y, sobre todo, alejarse en lo posible del “racismo” estatal que ha venido caracterizando a los gobiernos en Nicaragua desde los tiempos de la independencia. Por lo tanto, no fue sorprendente que una de sus primeras iniciativas fuese la reforma de la ley de autonomía que ya había aprobado en 1987, sólo que ahora en discusión abierta con dirigentes miskitu del Consejo de Desarrollo de la Costa Atlántica. Se apostaba por una profunda reconfiguración político-administrativa en las regiones autónomas, otorgando un mayor espacio territorial a una zona en el departamento de Jinotega (en el Pacífico) donde también hay comunidades sumu-mayanga y miskitu, y reduciendo la jurisdicción de los municipios a las zonas urbanas y mestizas con la finalidad de eliminar la superposición entre jurisdicciones y autoridades municipales e indígenas. También en este caso hay un poco de presión exterior, puesto que otra sentencia de la CIDH[6] daba la razón a la organización YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka, Hijos de la Madre Tierra) que en el año 2001 había interpuesto una querella contra Nicaragua por la obligación de que los candidatos a alcaldes y a miembros de los Consejos Regionales tuviesen que ser miembros de los partidos políticos tradicionales.

El FSLN y YATAMA, que habían sido enemigos irreconciliables, se convirtieron en aliados políticos y eso permitió el triunfo electoral de los sandinistas. Las dos organizaciones firmaron un “Acuerdo sobre la Autonomía” que incluía seis puntos principales: la demarcación territorial, la reforma del Estatuto de Autonomía, la reforma de la ley electoral, la implementación de la sentencia de la CIDH, la reestructuración de las instituciones estatales y gubernamentales y la contención de la frontera agropecuaria (con la finalidad de impedir el desmonte de los bosques y el saqueo de los recursos naturales).[7] Este último punto era muy importante puesto que el brutal avance de la “frontera agropecuaria” desde el centro de Nicaragua hacia los bosques y selvas tradicionalmente utilizados por los indígenas había provocado un desaforado desmonte para uso ganadero. Esto no significa que no haya roces y discrepancias entre las dos organizaciones. Los miskitu vienen reclamando desde este acuerdo que el gobierno cumpla la sentencia de la CIDH del año 2005 que obligaba a una reforma de la ley electoral para evitar la violación de derechos políticos de grupos indígenas.

La demarcación territorial se comenzó de inmediato nada más iniciarse el ejercicio del poder por el nuevo gobierno. Una de las primeras entregas de tierra que se hizo fue a la comunidad sumu-mayangna Awas Tingni cerrando así un pleito que se arrastraba desde 1998 y que contaba con sentencias favorables de la CIDH aunque ninguno de los gobiernos anteriores se había dignado cumplirlas. La sentencia emitida por la CIDH en el año 2001 fue considerada histórica por reflejar la violación de los derechos de una comunidad, dado que se establecía que el derecho a la propiedad protege la tenencia de la tierra tradicional de los pueblos indígenas. Fue el primer caso en el que un tribunal internacional con carácter vinculante jurídicamente condenaba a un Estado por la violación de los derechos territoriales colectivos de un grupo indígena, lo que sentó un importante precedente para los derechos de los pueblos originarios en el derecho internacional.

A mediados de 2010 se habían demarcado 15 de los 23 territorios indígenas en litigio, cuatro de ellos a los miskitu, y se había iniciado un proceso similar con las tierras de los afrodescendientes creole-kriol. En total, se han visto beneficiadas 214 comunidades indígenas y si se tiene en cuenta a los afrodescendientes el número total de beneficiados por las demarcaciones territoriales y entrega de títulos es de 103.790 habitantes pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas de Nicaragua en una extensión que supone algo más de 22.000 kilómetros cuadrados. Según una comunicación del gobierno de Nicaragua a la ONU[8], esto supone las dos terceras partes de las tierras indígenas de este país. Esa entrega de tierras se produjo el mismo día que el país centroamericano ratificaba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (6 de mayo de 2010), algo que no había realizado a pesar de haber introducido todos los derechos en él reconocidos en la Constitución y haberlos aplicado en el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica. Un hecho saludado por las organizaciones indígenas que, sin embargo, indican que no se avanza más rápido en el cumplimiento de sus demandas por los intereses político-económicos que tienen que ver con megaproyectos diseñados en sus territorios, de forma especial en el rama y creole-kriol.

Pero el proceso sufre parones por las contradicciones dentro del propio gobierno y la interferencia de instituciones internacionales como el Banco Mundial, que a través de una de sus financieras y supuestamente en aras del “desarrollo” de la zona, otorgó un crédito de 22 millones de dólares a un grupo maderero para la “explotación y compra” de tierras miskitu, con lo que se pone de relieve el papel de las instituciones internacionales y de “desarrollo” en la dignificación y reparación de los derechos de los indígenas a su tierra, tal y como se recoge en las diferentes declaraciones de los organismos internacionales. Si ello se hace con el consentimiento o no del gobierno de Nicaragua es una cuestión a discutir y debatir, aunque habría que recordar que instituciones de este tipo, así como el FMI, EEUU y la Unión Europea congelaron –y cuando este libro sale a imprenta mantienen esta decisión con alguna variante- las cantidades que asignaban a la ayuda al desarrollo del país ante lo que consideraron “elecciones fraudulentas”. El BM justifica esta actitud con el argumento que el 25% de los beneficios que genera la explotación maderera revierten en las comunidades indígenas, según está recogido en la legislación. En ocasiones el BM compra tierras pertenecientes a individuos o comunidades miskitu antes de que termine la última etapa del proceso de demarcación y titulación denominada “saneamiento”, es decir, el caso de tierras pertenecientes a terceros, indígenas o no.

El supuesto beneficio que proporciona la presencia de empresas no siempre es considerado como tal, interesante y apropiado por las comunidades indígenas. El gobierno otorgó dos concesiones de explotación y exploración petrolera en el Caribe. En virtud de la autonomia indígena, las comunidades de la Costa Atlántica afectadas solicitaron ejercer el derecho a la consulta previa. En consecuencia, una de esas concesiones fue aprobada al considerar los habitantes de la zona donde se realizaría la explotación petrolera ”aceptables” los beneficios sociales que dejaría y otra rechazada por la razón contraria. La división de pareceres entre comunidades también se plasma a nivel autonómico en diferentes niveles. El Consejo Regional del Sur ha aprobado un megaproyecto brasileño hidroeléctrico que implica el desalojo y reubicación de comunidades mestizas, mientras que en el norte eran algo más cautelosos hasta que con motivo del huracán que asoló la zona en 2007 se relajaron los requisitos para la extracción y aprovechamiento de la madera.

Otra de las iniciativas legislativas del nuevo gobierno sandinista fue la ley de Conservación del Uso de Suelos de la Reserva de la Biosfera Bosawas (territorio sumu-mayangna), por la que se prohibió invadir y establecer asentamientos humanos en los territorios indígenas ubicados en esa Reserva. Sin embargo, aún no ha sido implementada en su totalidad puesto que sigue siendo una zona en la que se continúa la destrucción de territorio indígena y no son pocas las amenazas de muerte que colonos y/o mestizos, por sí mismos o en nombre de los terratenientes de la zona, vierten contra los principales dirigentes indígenas si continúan exigiendo al gobierno la aplicación de la ley. Lo mismo ha sucedido con la ley de costas, que pretende nacionalizar las tierras hasta 200 metros desde la línea de costa y trasladar su administración a las alcaldías –de gran importancia para los procesos de autogobierno y titulación de tierras indígenas- y que fue paralizada por la presión de los empresarios del sector turístico y posteriormente aprobada tras incluir en su articulado que dicha ley no afecta ni restringe los derechos adquiridos antes de su entrada en vigor, con lo que no se afecta los intereses empresariales.

Un aspecto reseñable es el referente a la justicia indígena, reconocida por la Constitución aunque implementada sólo de forma efectiva en la Costa Atlántica. El ordenamiento jurídico nicaragüense reconoce que los delitos y faltas cometidos por miembros de los pueblos indígenas en esta zona que supongan una pena igual o inferior a cinco años de cárcel pueden ser juzgados por el derecho indígena, siendo el acusado quien elige qué sistema judicial prefiere que se le aplique: indígena o estatal. Este aspecto es importante puesto que en la parte sur de la Costa Atlántica, habitada mayoritariamente por el pueblo rama, se está comenzando a generar un conflicto de importancia. La demarcación del territorio de este pueblo se encuentra con muchas dificultades no tanto por la indecisión del gobierno como por la presencia, cada vez mayor, de colonos procedentes de otras partes de Nicaragua. La ley nicaragüense indica que la invasión de tierras tiene carácter penal, por lo que sería de aplicación en estos casos la justicia indígena. Pero se da la circunstancia que los colonos no lo son, por lo que muy probablemente éstos se acogerán a la justicia estatal, con la consiguiente extrapolación de un conflicto local al ámbito nacional. Pese a los innegables avances logrados en los últimos años tras el retorno del FSLN al gobierno, aún hay muchas contradicciones, como ésta de la justicia, por resolver en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas.