GUYANA

El censo de 2002 establece en 751.223 el número de habitantes, de los que 68.812 son indígenas (9’2% del total de la población)[1] pertenecientes a los pueblos akawaio, arekuna, kariña, lokono, makushi, patamona, waiwai, wapishana y warau que son denominados “amerindios” en la legislación para distinguirles de otros pueblos llegados bien en régimen de esclavitud durante la etapa colonial o a través de la emigración. Los pueblos waiwai (con unos 200 integrantes) y arekuna (alrededor del medio millar) son los menos numerosos, mientras que el lokono (16.000) es el principal en cuanto a número de componentes. Como de costumbre, hay disparidad entre las cifras oficiales y las de los pueblos indígenas. Estos últimos incluyen a los trio, taruma y atorad como etnias aún existentes –lo que no reconoce el censo oficial- aunque con una población muy disminuida debido a las epidemias, invasiones de sus tierras por colonos y empresas y la migración. Todos estos pueblos tienen vínculos de todo tipo con sus hermanos en Venezuela, Brasil y Surinam. También hay que mencionar que Francia mantiene una posesión colonial, la Guyana francesa, en la que viven los pueblos arawak, kalina, palikur, teko, wayampi y wayana. Y hay una zona que reclama Venezuela y no reconoce como parte de la Guyana independiente, al este del río Esequibo, que es la que aparece reflejada en el mapa.

La situación de los pueblos originarios es particular puesto que fueron de los primeros en todo el continente Abya Yala que obtuvieron derechos sobre sus tierras otorgados por los colonizadores holandeses. Ya en 1784 contaban con la “plena y libre propiedad” de las mismas y debido a que Guyana es un país surcado por decenas de ríos –su nombre significa “el país de las muchas aguas”- y de bosques, en gran parte selva húmeda impenetrable, lo que les permitió mantener sus territorios sin grandes agresiones hasta casi finalizar el siglo XX dado que los colonos europeos y los migrantes se mantenían en lugares donde podían establecer grandes plantaciones, aledaños a la selva, pero sin penetrar en ella y en la costa, donde hoy reside el 80% de la población de Guyana.

Aunque Guyana no ha reconocido el Convenio 169 de la OIT sí recoge en una ley especial, llamada Acta Amerindia, 63 comunidades y dos distritos especiales indígenas aunque ni en las comunidades ni en los distritos están englobados todos los pueblos originarios lo que significa, en la práctica, que quedan fuera del amparo de cualquier medida legal. Las comunidades que están reconocidas (en una extensión de 9.600 kilómetros cuadrados de los 38.000 que las autoridades del Estado reconocen como sus territorios ancestrales, aunque los indígenas reclaman 69.200 kilómetros cuadrados) cuentan con un amplio espectro de derechos, incluida la elección de representantes indígenas a la Asamblea Nacional, aunque el hecho de que haya comunidades al margen de esos derechos llevó a la Asociación de Pueblos Amerindios, en 1993, a plantear una reforma del Acta Amerindia y una reforma constitucional –acordada en 1999- que garantiza los derechos fundamentales de protección de su cultura y formas de vida (incluyendo sus lenguas) e introducir el concepto de autodeterminación.

Su práctico aislamiento hasta casi finales del siglo XX ha redundado en un sistema de gobierno propio y muy descentralizado, por ejemplo, en la toma de decisiones. Se mantiene el sistema utilizado durante la época colonial de “capitanes municipales” que son quienes gobiernan las comunidades denominadas Consejos Municipales. Es a estos consejos a quienes se otorgan los títulos de propiedad y cuentan con un elevado nivel de autogobierno que venía a sancionar la reforma constitucional acordada en 1999. Esta forma de gobierno indígena se coordina en asociaciones regionales y nacionales de las que una de sus máximas expresiones es la Asociación de Pueblos Amerindios. También hay otra, la Organización de Pueblos Indígenas Guyaneses que ha provocado más de un enfrentamiento no sólo entre los diferentes pueblos existentes en Guyana como entre los pueblos indígenas del Caribe agrupados en la Caribbean Organization of Indigenous Peoples (COIP) que engloba a representantes de los pueblos originarios de Trinidad y Tobago, Surinam, San Vicente, Dominica y Belice.

No obstante, la reforma constitucional pese a haberse acordado en trámite parlamentario no se aplicó y sigue pendiente en la actualidad. Una de las razones del por qué no se aplicó fue la presión de las compañías madereras y mineras, que en 1991 habían comenzado a invadir las tierras indígenas y las áreas protegidas. Esto, a su vez, era consecuencia del retraso en la demarcación de tierras y una cierta connivencia del gobierno que terminó siendo complicidad abierta al convertir en “estrategia nacional de desarrollo” la expansión de la minería con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas instituciones ya habían impulsado y financiado proyectos hidroeléctricos en la década de 1980 que conllevaban el desplazamiento de poblaciones indígenas akawayo y arekuna, aunque el BM terminó retirando la financiación al proyecto por la crítica internacional.

Con estos avales, Guyana se llenó de explotación de minas de bauxita, diamantes y oro (hay 14.500 concesiones reconocidas por la Comisión de Geología y Minas de Guyana)[2] que comenzaron a contratar trabajadores indígenas de las comunidades que no tienen reconocidos sus derechos a la tierra convirtiéndose en la mayoría de los 12.000 trabajadores que agrupa el sector minero. Tan cantidad de explotaciones mineras hace que el 25% de la superficie de Guyana esté dedicada en estos momentos a la explotación, exploración y prospección minera. De la importancia de este rubro para Guyana da muestra el hecho de que el primer ministro es a la vez el titular de la cartera de Minería.

Como se ha dicho, los pueblos originarios cuentan con un amplio reconocimiento de derechos y el Grupo de Trabajo sobre las Tierras Amerindias, establecido en 1990, es quien se encarga de todo lo relativo a los territorios ancestrales. No obstante, no cuenta con el apoyo de todos los pueblos indígenas por considerar que se trata de una instancia no participativa que ha dado prioridad a examinar los limitados títulos de propiedad otorgados, en lugar de responder a las reivindicaciones pendientes. Una de las funciones de este Grupo de Trabajo es proteger a los pueblos originarios de la explotación minera, tanto a pequeña como a gran escala, en sus tierras pero dicha protección es sólo efectiva en las tierras “legales”, es decir, en aquellas que cuentan ya con títulos de propiedad. En las otras, aún por demarcar, el gobierno sólo obliga a las empresas a consultar con los indígenas siempre que hagan prospecciones pero no hay ningún tipo de supervisión oficial sobre tal consulta, que queda al arbitrio de la empresa.

Por lo tanto, el impacto de la explotación minera sobre los pueblos indígenas es notable no sólo en el aspecto humano (mano de obra y prostitución, voluntaria o forzada, junto a consumo del alcohol y violaciones) sino en el relativo a la contaminación de los ríos y agua potable con la consiguiente disminución de la pesca y la caza, lo que acentúa aún más su situación de pobreza.

La situación es tan dramática que el gobierno decidió en 2006 abordar una nueva reforma del Acta Amerindia “para allanar el camino de los amerindios en los aspectos sociales, económicos y políticos”. Pero cuatro años después aún no ha entrado en vigor, de nuevo por presiones de las compañías mineras dado que en virtud de esa reforma el 20% de los beneficios que generasen las explotaciones debían ir a un fondo destinado al beneficio de los pueblos indígenas. Las empresas mineras consideraron muy alto el porcentaje y el gobierno no se ha atrevido desde entonces a aplicarla. Son las compañías mineras canadienses y brasileñas las que controlan totalmente el sector. La canadiense Vannesa Ventures, por mencionar una, tiene una concesión de dos millones de hectáreas en la cordillera Kanuku, densamente poblada de bosques, y parte del territorio ancestral de los pueblos makushi, waiwai y wapishana pese al rechazo que mostraron a la explotación de sus tierras.

Junto a la minería, los indígenas se enfrentan a la deforestación de la selva y los bosques tropicales. Como se ha dicho, el haber estado en un aislamiento práctico hasta finales del siglo XX ha permitido que gran parte de Guyana haya sido un ecosistema prácticamente virgen. Los indígenas sólo utilizaban sus recursos de forma sustentable. Pero con la liberalización impuesta y avalada por el BM y el FMI se ha iniciado un proceso constante de deforestación en una doble vertiente: permitir la explotación minera y la maderera. Una medida sugerida por estas instituciones internacionales es la creación de Parques Nacionales para dejar así el terreno libre a la explotación del resto de territorios, pero los pueblos originarios se oponen hasta tanto sus derechos territoriales sean totalmente reconocidos y la totalidad de sus tierras demarcadas. Este es un requisito imprescindible para detener las actividades depredadoras de las compañías mineras y madereras multinacionales que operan en el país.

No parece que el gobierno esté por la labor. Según los planes existentes, es posible la explotación de los bosques y selvas (que ocupan el 85% de la superficie del país) si el país recibe dinero a cambio para evitar la destrucción de todos los bosques fuera de las tierras protegidas. Es una iniciativa parecida a la que adoptó Ecuador en el Parque del Yasuní (ver este país) y por la que pretende lograr entre 270 y 1.600 millones de euros anuales. De nuevo la resistencia empresarial, que ha calificado la propuesta como “chantaje”[3] aunque la idea ha sido bien acogida por el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega, entre otros.

El gobierno se está dando mucha prisa en organizar “reuniones de sensibilización” con las comunidades indígenas (2009) para dar a conocer su iniciativa. Lo que no dice es cómo va a funcionar su plan si, al mismo tiempo, asegura a las empresas mineras y madereras que sus intereses y actividades no se verán afectadas y afirma también que va a desarrollar la industria del petróleo y del gas como “factor de desarrollo”.[4]