COSTA RICA

La población total era de 3.810.179 habitantes en el año 2000, según el censo -el próximo será el 2011- que incluía por ver primera a los indígenas. Las cifras aportadas entonces fueron de 63.876 personas pertenecientes a 8 pueblos (bríbri, brunca, cabécar, chorotega, guaymí-ngobe, huetar, maleku-guatuso, y teribe-térraba) que se distribuyen en 22 territorios reconocidos legal y administrativamente.[1] Aquí vive el 42’3% de los indígenas y el resto en otras partes de Costa Rica aunque el censo establece que aproximadamente otro 37% vive en los cantones -organización territorial de ámbito municipal- aledaños de estos territorios como consecuencia que estas tierras están ubicadas en su mayoría en las zonas más alejadas e inhóspitas del país aunque, como se verá, cuentan con la mayor riqueza de biodiversidad de Costa Rica. Un aspecto que llama la atención en un primer momento es el hecho de que dentro de los territorios habiten no indígenas (en un porcentaje total del 18%), lo cual puede deberse, por una parte, a que no se reconocen como indígenas como consecuencia de una pérdida de la tradición cultural y de la política seguida desde la colonia de “desindianización” y por otra, a la inmigración de pobladores de otras zonas del país. Se da la circunstancia que en siete de los territorios reconocidos hay más habitantes de estas características (en porcentajes que oscilan entre el 52% y el 88%) que quien se reconoce como indígena. Los pueblos bribri y cabécar son los más numerosos, con dos terceras partes del total, mientras que el más frágil es el chorotega, con 995 personas.

Costa Rica fue uno de los primeros países centroamericanos en incluir los derechos indígenas en su ordenamiento legal. Ya en 1939 se declaró área “inalienable y exclusiva” la tierra ocupada por los indígenas y en 1959 adquirieron un rango superior al de la ley al adoptar Costa Rica el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo. En 1973 se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), en 1977 se promulga una Ley Indígena y en 1992 se ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Pero toda esta normativa no les ha servido a los pueblos originarios para salir de la exclusión social y así lo reconoce el mismo censo. Salud, educación, agua potable, electricidad, comunicación, transporte, telecomunicaciones… cualquier variable de calidad de vida que se tome es desfavorable a los indígenas comparados con el resto de la población e incluso entre ellos mismos dependiendo de si se vive dentro o fuera de los territorios, de ahí esa referencia importante a que el 37% de los indígenas vive no dentro de ellos, sino en las cercanías. No renuncian a vivir en sus tierras pero las condiciones en las que se desarrolla su existencia les hacen alejarse así sea unos cuantos kilómetros. Por dar algunos datos: la escolaridad media de los niños no indígenas es de 7’6 años mientras que la de los niños indígenas se reduce más de la mitad, a los 3’4 años; se cataloga como “en buen estado” el 27% de las viviendas (48% en los aledaños de los territorios, 65% en el resto del país); el 46’5% posee agua en la vivienda proveniente de un sistema de acueducto, el 38% electricidad (90% en el resto del país en ambos). Según el censo, sólo el 7’6% de los indígenas manifiesta tener sus necesidades básicas satisfechas, mientras que es el 60’4% quien afirma lo mismo en el resto de Costa Rica.[2]

Este país no se diferencia de la realidad del continente: existen instrumentos jurídicos que viabilizan la tutela de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, lo que no existe es la voluntad política de las autoridades legislativas y ejecutivas de aplicarlos. El primero de ellos, el relativo a la tierra. Eso es algo que viene desde el mismo momento en que se declaró “inalienable y exclusiva” para los indígenas (1939) pero pese a ello se ofreció a colonos no indígenas provocando la situación actual reseñada más arriba y que se mantiene sin que el sistema jurídico, no ya el legislativo, haya apenas emitido un par de resoluciones al respecto puesto que hay casos confirmados en los que esos pobladores no indígenas adquirieron tierras por medio de engaños cuando no por la fuerza.[3] En la poca jurisprudencia al respecto se distingue con claridad entre “las personas no indígenas poseedores de buena fe” y “personas no indígenas sin derecho de posesión” que, todavía, se mantienen en ellas. El caso de los primeros es comprendido por los indígenas, el de los segundos no.

Ese año 2000 las organizaciones indígenas enviaron un documento al gobierno recordatorio de los casos pendientes de demarcaciones de tierras, exigiendo una ley de biodiversidad que protegiese sus territorios de la explotación masiva de los recursos naturales en ellos existentes y recordando el derecho de consulta previa al que, según la legislación internacional, está obligado el gobierno en estos casos ligándolo con una reivindicación permanente: la autonomía de sus territorios que venían reclamando desde 1992, una vez había adoptado Costa Rica el Convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas solicitaban la adopción de nuevas normas jurídicas y directrices gubernamentales “en el sentido de asegurar que se promuevan actividades empresariales y comerciales en nuestros territorios caracterizadas por el derecho de los indígenas a decidir nuestras propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, cuando estas afecten nuestras vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupamos”.[4]

No lo decían porque sí. Una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema les había dado la razón en un conflicto con una empresa hidrocarburífera y el Ministerio de Medio Ambiente por tres concesiones efectuadas sin realizar la consulta previa. Amparándose en la falta de normas, el gobierno no había exigido la paralización de las exploraciones en marcha a raíz de la resolución judicial. Desde el momento en que Costa Rica se adhirió al Convenio 169 de la OIT el Parlamento venía discutiendo un proyecto de ley denominado Desarrollo Autónomo de los Indígenas sin que se hubiese avanzado en dirección alguna. Cuestiones técnicas –sobre si tenía que ser urgente u ordinaria su tramitación- y políticas –el nulo interés de los partidos en desarrollar los derechos indígenas- mantenían paralizada su tramitación ocho años después.

Otros cuatro años más tarde, en el 2004, las organizaciones indígenas elaboraron un extenso dossier en el que con el expresivo título de “La CONAI: La Expresión Colonial para los Indígenas en la Costa Rica del Siglo XXI”[5] se identificaba a uno de los principales responsables de sus males y exigiendo a los poderes públicos su desaparición al tiempo que una modernización de los aparatos administrativos y un plan consensuado de todas las entidades gubernamentales que mantenían relaciones o tenían planes con los indígenas.

No tuvo el menor efecto. El parlamento siguió ausente y tuvo que ser de nuevo la Sala Constitucional quien decretase la inconstitucionalidad de la jurisprudencia agraria que exigía la participación de la CONAI en todo proceso de reclamo de tierras que activaran las organizaciones y comunidades indígenas. Una entidad gubernamental, con la aparente misión de defender los intereses de los pueblos originarios, se había acabado convirtiendo en la mano visible del Estado para controlar esos mismos intereses impidiendo el ejercicio de la autonomía indígena. En realidad, sustituía a los pueblos y comunidades indígenas y se consideraba a sí misma, y también lo hacía el Estado, como la “propietaria” de esas reivindicaciones. La Sala Constitucional emitía una sentencia de muerte para la CONAI, pero el Estado no iba a ejecutarla. Tuvo que pasar otro lustro casi, hasta 2008 y con los indígenas convertidos en lo que alguien ha denominado “una comunidad invisible”,[6] para que el Parlamento retomase para su discusión el proyecto de ley de Desarrollo Autónomo con un eje central en el debate, la desaparición de la CONAI y de las Asociaciones de Desarrollo que representan a las comunidades indígenas y que son vistas por ellos como estructuras paraestatales que sustituyen a las formas legítimas de gobierno indígena.

La CONAI se ha mantenido durante más de 30 años como “entidad representativa” de los pueblos originarios en contra del criterio de éstos y con apoyo político y gubernamental lo que ha permitido “mantener con ello a un pequeño grupo de funcionarios de dicha institución que se manejan a su antojo, sin respeto y acatamiento de los controles jurídicos establecidos, tales como las asambleas y la elección de los miembros de la Junta Directiva”[7] y que en numerosas ocasiones ha impuesto a las comunidades indígenas cuáles debían ser los límites de sus territorios y cómo tenían que explotarlos. No sólo ni únicamente eso. La CONAI ha establecido como norma, en contra de lo establecido en la propia jurisprudencia, como se ha dicho, que las tierras que no están tituladas como indígenas –por ejemplo, las que tienen como propietarios a los no indígenas auque las hayan adquirido de mala fe y no tengan, por lo tanto, derecho a ellas- no pueden regirse por los criterios relativos a los derechos indígenas, sino a lo que establezca el Instituto de Tierras y Colonización. Con ello lo que hacía era abrir la puerta de entrada a los proyectos extractivos, tan de moda en todo el continente en los últimos años, y evadir el requisito de consulta previa para explotar los recursos naturales en territorios indígenas.

Las Asociaciones de Desarrollo, integradas formalmente por indígenas, se han convertido en el sustituto de las autoridades comunitarias indígenas puesto que es con aquellas y no con éstas con quien el Estado mantiene relaciones y las ha convertido en el titular registral de las tierras. Así pues tienen potestad para decidir qué se explota y qué no, pero siempre teniendo como premisa que el subsuelo pertenece “en exclusiva” al Estado. Adiós a una autonomía que no tienen, pero que reivindican los pueblos indígenas apelando tanto al Convenio 169 de la OIT como a lo establecido por la Sala Constitucional. Esto significaba, entre otras cosas, que el gobierno de Costa Rica podía negociar a su antojo el TLC con EEUU (el nombre oficial es Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos) que en uno de sus artículos más controvertidos establecía la posibilidad de obtener “derechos de fitomejorador” sobre géneros y especies vegetales como derechos de propiedad intelectual, lo que afectaba directamente al derecho sobre el conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas y semillas y especies que utilizan para el cultivo, alimentación y medicina.

El TLC era un peligro evidente y las organizaciones indígenas, agrupadas en la Mesa Nacional Indígena, decidieron dejar de ser una “comunidad invisible” recurriendo al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en 2007 con una demanda al Estado de Costa Rica por su política incoherente con la realidad de los pueblos indígenas y por mantener en sus programas la intención de integrarles a un proceso de desarrollo ajeno a sus realidades e irrespetuoso con sus derechos y cosmovisiones. Denunciaban, en concreto, a la CONAI por sus políticas “de gran daño a los pueblos indígenas” y por obstruir todas las estrategias que estos pueblos han desarrollado para alcanzar su autonomía. Por ello reclamaban al CEDR que instase a Costa Rica a mostrar “su compromiso con los derechos humanos proclamados en conferencias y eventos internacionales” y aprobase “el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los pueblos indígenas, iniciativa que vendría a instrumentalizar el Convenio 169 de la OIT y a la vez que se pondría a tono con los instrumentos de derechos humanos internacionales y la jurisprudencia internacional en materia indígena”.[8]

Obviamente, el país que se considera a sí mismo como el más democrático de Centroamérica y casi del continente latinoamericano estaba obligado a responder y es la razón por la que se descongeló el proyecto que dormía el sueño de los justos desde el año 2000, justificándose diciendo que había sido discutido y consensuado con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Cierto, pero entonces el retraso no ya es sólo injustificable, sino claramente lesivo para sus derechos tal y como ellos mantenían. En caso de aprobarse, los indígenas obtendrían el derecho a la propiedad de sus territorios y sobre los sitios históricos, ceremoniales y de interés cultural de cada pueblo, además de potestad para el autogobierno, establecer su sistema educativo y planes de desarrollo comunitario en los que decidir si se explotan o no los recursos naturales existentes en su territorio y, en caso de aceptar, en qué forma puesto que entonces se habría aplicado otro principio que reivindicaban con insistencia, la consulta previa.

Por ello el gobierno aceleró toda una batería de leyes que iban a dificultar ese ejercicio de la autonomía. Una de ellas la Ley de Biodiversidad, que permite a las transnacionales patentar y apropiarse de “las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas o culturales en dominio publico”,[9] es decir, del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y campesinas sobre los usos de la biodiversidad. La Sala Constitucional volvió a tumbar el proyecto legislativo por incumplir el precepto de la consulta previa. Ello ponía en entredicho la misma firma del TLC, por lo que el gobierno, empresarios y partidarios del TLC utilizaron todos los medios a su alcance para presionar intentando revertir la decisión judicial con el curioso argumento que “Costa Rica no podría cumplir con los plazos [de aprobación del TLC] que se comprometió a respetar” y prometiendo “hacer todo lo posible y lo que esté a su alcance para que no se afecte la efectiva incorporación de Costa Rica al TLC, que otorgará oportunidades de mayor inversión, aumento de las exportaciones y creación de más y mejores fuentes de empleo”.[10] Por ello, ni corto ni perezoso, el gobierno planteó eliminar el requisito de la consulta previa en esa ley y así “agilizar” la aprobación del TLC,[11] que hizo en octubre de ese año 2008.

En su respuesta al CERD el gobierno no decía todo esto ni que incumplía las sentencias de su propia Sala Constitucional en lo que a los derechos de los pueblos indígenas se refiere. Por el contrario, se miraba al ombligo afirmando que “históricamente, Costa Rica se ha distinguido en la comunidad internacional por su profunda vocación de respeto, protección, observancia y promoción de los derechos humanos, de manera que su vigencia efectiva y plena realización constituyen el eje central de sus políticas nacionales y hacia el exterior”. Sin el menor rubor insistía en que el esfuerzo internacional que realiza se corresponde con “una práctica interna del Estado costarricense de ampliar la gama de derechos reconocidos, a la vez que construye mecanismos de tutela y exigibilidad, con amplio acceso para la población” entre la que están, lógicamente, los indígenas y se vanagloriaba de haber impedido el archivo del trámite de ley de Desarrollo Autónomo otorgando una “prórroga cuatrienal 2009-2014” para que pudiese ser aprobado.[12] Es decir, que un año más tarde aún se seguía discutiendo su articulado y el gobierno ¡después de casi 20 años! fijaba una hipotética fecha de aprobación en el 2014.

El racismo latente en la sociedad costarricense, los intereses políticos vinculados a los económicos volvían a retrasar una ley beneficiosa para los indígenas y lesiva para esos intereses. El mes de septiembre de ese año 2009 se devolvió a la comisión “para que se corrija un error involuntario que estaría afectando presupuestos de la Universidad de Costa Rica”.[13] Argucia legal para tapar unos intereses económicos directamente vinculados con el partido en el gobierno en la construcción de un gran megaproyecto hidroeléctrico denominado “Proyecto Diquís”, el más grande de América Central. Costa Rica, el país en el que está la sede central de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les burlaba con alevosía sin que ese organismo internacional le dedicase un solo informe periódico ante un hecho tan flagrante de violación de los derechos indígenas.

De nada habían servido requerimientos a favor de la ley como el de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, una instancia oficial del gobierno, reclamando su aprobación en estos términos: “Como toda ley puede ser perfectible, pero ello no debe continuar siendo obstáculo para no aprobarlo. Como es sabido los pueblos indígenas viven en niveles de pobreza mucho más altos que el resto de la población; esa situación se manifiesta en la carencia de recursos económicos, en la falta de acceso a la tierra y en la dificultad de acceso a los servicios públicos. Es precisamente por esto que la nueva legislación podría constituirse en una oportunidad para que el Estado costarricense planifique y desarrolle acciones concretas para la superación de la pobreza en los pueblos indígenas. Por tales razones, la Defensoría de los Habitantes insta respetuosamente a las señoras y señores diputados/as a aprobar la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas para darle vigencia a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente en el Convenio 169”.[14] Y tampoco habían servido las apelaciones de la OIT[15] reclamando la adopción de la ley y solicitando “información detallada” sobre la manera en que se regulan las cuestiones indígenas, “en particular la cuestión de las tierras reivindicadas por indígenas y en posesión o propiedad de personas no indígenas”.

Así que los pueblos originarios no han tenido más remedio que recurrir a la movilización. El año 2010 ha comenzado con varias protestas, la más sonada al iniciar un encierro en el Parlamento con el apoyo de algunos de los diputados, siendo desalojados prácticamente de inmediato. La razón es la misma a lo largo del tiempo: el estatuto de autonomía. Como dicen los indígenas en su comunicado[16] “no fueron capaces de darnos respuesta oral o escrita, afirmativa o negativa sobre este Proyecto que tiene 17 años de transitar por los corrillos legislativos”. Así siguen.