Visibilización de los pueblos originarios y el derecho a la tierra

Declaraciones internacionales, reconocimiento de derechos, visibilización de la condición étnica, cultural y política de los pueblos originarios… Si no se quiere ser un paria en la escena política internacional hay que aprobar políticas “progresistas” e importantes resoluciones constitucionales en beneficio de los pueblos indígenas que pocas veces se cumplen porque no hay voluntad para ello. Los pueblos indígenas han logrado victorias, han ganado espacios; el cambio está en marcha, pero no basta si no se empuja fuerte “desde abajo” para derribar o debilitar a los de “arriba” hasta obligarles a impulsar unas prácticas políticas más igualitarias. Porque la desigualdad continúa siendo la norma en todo el planeta, y más en lo que a estos pueblos se refiere, y se mantendrá mientras no se aborde un aspecto que subyace en todo el entramado de derechos que se han venido reconociendo: la cuestión económica y del territorio. Todo se circunscribe a esto y así hay que reflejarlo. Se pueden publicar uno o mil atlas, una o mil enciclopedias, una o mil guías introductorias como la que aquí se presenta pero eso no servirá para mucho más que para dar lustre a quien las escribe, a las entidades que las financian, a las organizaciones que tienen estas iniciativas y a quienes con más fe que criterio se embarcan en proyectos de cooperación de todo tipo sin medir muchas veces las consecuencias de dichos actos y los intereses que hay detrás. Sin tener en cuenta la cuestión de la tierra todo lo demás no tiene el menor relieve. Ya lo dijo hace un siglo ese marxista irreverente que fue José Carlos Mariátegui: dar educación a los indígenas sin darles tierra es algo absurdo. ¿Quiere decir esto que no hay que abogar por la educación, algo en lo que se suelen quedar muchas de las iniciativas políticas y solidarias? En absoluto, quiere decir que la educación sin tierra, para los indígenas, apenas es nada. Escúchese a los indígenas, léase sus proclamas y manifiestos, obsérvese su lucha y sáquese las conclusiones pertinentes. También lo dijo Emiliano Zapata con el lema de su revolución campesino-indígena: “tierra y libertad”. No tiene sentido que muchos bien-pensantes hablen y defiendan la cosmovisión indígena y no incluyan en su trabajo el derecho al territorio, a la tierra porque es algo que para el indígena tiene un sentido muy profundo en su cosmovisión y en su propia existencia.

Las declaraciones que se han venido aprobando por los diferentes organismos internacionales han sido en los años finales del siglo XX y los primeros años de este siglo XXI. ¿Un buen augurio para un nuevo mundo? Depende. No hay que olvidar que la ONU comenzó a estudiar todo lo referente a los pueblos originarios bajo presión de estos mismos pueblos y sus movimientos, que han llegado a alcanzar un altísimo grado de organización capaz de derribar gobiernos corruptos (Ecuador) y llevar a uno de los suyos, Evo Morales, a la presidencia de un país (Bolivia). El que en esta decena de años se haya producido un aumento del interés de las instituciones nacionales de Abya Yala por los derechos humanos económicos, sociales y culturales no quiere decir mucho dado que ha sido un fenómeno desigual y esporádico. Las falsas distinciones que se siguen estableciendo entre los derechos civiles y políticos por una parte, y los económicos, sociales y culturales, por otra, así como la falta de comprensión del contenido y el carácter jurídico de estos últimos ha mermado la eficacia de las declaraciones internacionales. Hay gobiernos que, con el apoyo de unos medios de comunicación que defienden unos intereses económicos concretos, defienden la falacia de una distinción entre unos derechos y otros en función de la política capitalista neoliberal: la “gratuidad” de unos (civiles y políticos) frente a “los cuantiosos recursos” que requieren los otros; la posibilidad de aplicación “inmediata” de los primeros frente a la aplicación “progresiva” de los segundos; la “justiciabilidad” fácil de los primeros y la dificultad justiciable de los segundos, etc.

Se viene de un momento histórico en que el avance del capitalismo neoliberal –una forma de lenguaje “políticamente correcto” que encubre una nueva forma de explotación social, política y económica- parecía imparable y que atrapaba a más y más países en una tela de araña de mayor pobreza, mayor deuda externa, mayor inestabilidad política y mayor pérdida de soberanía (la famosa globalización). Las riquezas naturales se han convertido en el botín anhelado por quienes dicen defender la libertad y la democracia pero que no dudan en violar ambas –por no incluir el derecho internacional como en el caso de Irak- cuando lo que hay en juego es su propia supervivencia energética, por poner un ejemplo. Y cuando no creen conveniente llegar tan lejos imponen a todos los países las políticas que ellos mismos diseñan a través del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio o del Fondo Monetario Internacional haciendo de estas instituciones la única realidad posible. Todo a mayor gloria no de los pueblos, sino de las empresas transnacionales. Porque ni no fuese así no se podría entender el que se otorgue prioridad absoluta a la producción para el comercio mundial, en perjuicio de las poblaciones locales, y mucho menos a la dependencia alimentaria que genera la dependencia, valga la redundancia, de las importaciones. En México ya se está notando en la alimentación de las poblaciones indígenas el hecho de haberse incrementado de forma notable la siembra de productos destinados a los agrocombustibles en detrimento de los tradicionales maíz o frijol. O lo que sucede en países como Brasil o Ecuador que se ven obligados a entregar sus recursos naturales para hacer frente a las extorsiones de los poderosos acreedores de su deuda externa, aunque en este último país la reciente firma en pro de la preservación de la selva del Yasuní sienta un precedente alentador (ver la referencia a este país).

A pesar de las constituciones y legislaciones, no estamos en un mundo más democrático, sino al revés. Lo económico se ha convertido en un espacio totalitario que impone sus reglas e intereses al resto de la sociedad, un espacio donde se concentra el poder y donde se permite cierto grado de autonomía, siempre que no vaya contra la ortodoxia: el mercado global. No ha variado mucho, por lo tanto, este comportamiento social de los poderosos con el oligárquico de otras épocas. Y así vemos que pese a las declaraciones y acuerdos internacionales (el Protocolo de Kyoto, la Cumbre de la Tierra, la Conferencia sobre Biodiversidad) lo que prima son los intereses de la Organización Mundial del Comercio cuando, como es el caso de muchos de los países donde hay una importante población indígena, se enfrentan a legislaciones del medio ambiente que con mayor o menor firmeza protegen recursos naturales y que con consideradas por la OMC como “barreras al libre comercio”.[29] Volvemos otra vez al principio de todo: derechos contra normas. No son las normas, son sus normas. Es un claro ejemplo del divorcio entre la economía y el bienestar humano que se visualizó, en lo que al continente americano se refiere, en 1994 cuando la Cumbre de las Américas decidió extender el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, EEUU y México) al resto del continente y el Caribe, a excepción de Cuba. Era el comienzo del ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas. Cuando seis años más tarde estaba listo para ser impuesto, la rebelión de los pueblos, indígenas y no indígenas, lo hizo imposible. Se había elaborado sin consulta previa a los gobiernos y ciudadanos de la mayoría de los países a quienes se imponía, su contenido lo transformaba en un poderoso instrumento de intervención con capacidad para alterar significativamente el carácter social, cultural y político de las naciones y ello a expensas de renuncias y exclusiones evidentes –pese a las leyes internas y declaraciones internacionales- en cuestiones relativas a relaciones de trabajo, derechos humanos y protección ambiental.[30] Si para ello hay que retorcer las constituciones nacionales, se hace (como en Colombia, México o Perú).

No es la primera vez que los pueblos, y los originarios en particular, se enfrentan a promesas –leyes, normas, declaraciones- que no se ajustan a lo que sucede día a día, año tras año, decenio tras decenio, siglo tras siglo en sus localidades y países. Esto, obviamente, engendra violencia –que se combate con una militarización de grandes zonas como en Colombia, México, Perú y Ecuador para garantizar la actividad de empresas petroleras y mineras en territorios indígenas-, desintegración profunda de la cohesión social y, al mismo tiempo, resistencia y organización. No se puede esperar otra cosa cuando en la actualidad todo, sin excepción, se pone al servicio de los intereses de un mercado global que no es tal: afecta a todos pero beneficia a muy pocos, a esos 20 países en los que se concentra el 85% del Producto Interior Bruto mundial.

Al igual que los pueblos originarios se han ido reponiendo de su postración, los movimientos sociales y populares han sabido sobreponerse a su papel de sujeto pasivo para convertirse en un sujeto activo de la política, nacional e internacional. Así, se ha logrado parar el avance neoliberal en algunas partes del mundo –como ha sido el caso del ALCA en América Latina- aunque rápidamente se contraatacó impulsando tratados de libre comercio por bloques de países, como fue la implantación del Plan Puebla-Panamá en Centroamérica, ahora llamado Proyecto Mesoamericano al incorporarse al mismo Colombia, o de forma bilateral en América del Sur (Colombia, Chile, Perú). Ahora se aprueban medidas deliberadamente regresivas, se derogan leyes que afectan al disfrute de los derechos económicos y sociales –manteniendo como cobertura “democrática” los culturales, como es el caso de los indígenas- y se reduce el gasto público para potenciar el libre mercado y allanar el camino a las empresas transnacionales.

La obligación de respetar los derechos económicos, sociales y culturales exige que los Estados se abstengan de realizar, promover o tolerar cualquier práctica económica y/o política que viole o coarte la libertad de los pueblos indígenas para utilizar los recursos materiales o de otro tipo de que dispongan de la manera que consideren más adecuada para satisfacer esos derechos y deben abstenerse de limitar el derecho de participación ciudadana en este sentido. Esta obligación, asumida en el mismo momento que se adoptan declaraciones como el Convenio 169 de la OIT y/o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU protege a los pueblos originarios de cualquier tipo de injerencia arbitraria. Sin embargo, ya se ha reseñado y ahora se verá con detenimiento que la realidad no es esa. Por ejemplo, el desalojo forzoso y arbitrario de comunidades, o con remuneraciones ridículas, sigue estando a la orden del día para no pocas comunidades indígenas.

No son sólo los Estados quienes tienen responsabilidades en este sentido. También los actores no estatales como las instituciones financieras internacionales que mencionaba el secretario general de la ONU en su “Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio” y las empresas transnacionales puesto que sus actividades tienen importantes repercusiones en el disfrute de estos derechos. De hecho, y hasta la actualidad, las políticas de las empresas transnacionales y de las instituciones financieras internacionales dan lugar a violaciones de todo tipo de derechos en los países en desarrollo y en Abya Yala, mayores en los casos en los que la influencia de alguno de los países es menor o más débil.

La realidad no se oculta con un puñado de buenas intenciones si no se obliga a que los poderes, fácticos y económicos, cumplan y no lo hacen si no se les obliga. Los reiterados llamamientos de los diferentes responsables de la ONU en ese sentido caen, una y otra vez, en saco roto. La actualidad en agosto de 2010 con motivo de la conmemoración por la ONU del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) no deja por mentiroso este comentario ni por radical este planteamiento: “Aún existe una amplia brecha entre los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la realidad (…) estos pueblos continúan sufriendo discriminación, marginación en áreas como la salud y la educación, además de una extrema pobreza, desplazamientos de sus tierras tradicionales y exclusión de los procesos de toma de decisiones” (Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos); “las poblaciones autóctonas son las más pobres entre las pobres, ubicadas al margen del poder y, en muchos casos, ignorando sus derechos básicos” (James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas con motivo de la misma celebración)[31]; “las poblaciones indígenas siguen sufriendo racismo, poca atención a la salud y pobreza desproporcionada” (Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU).[32]

Se ha comenzado hablando de la larga lucha de los pueblos originarios por su visibilización y se ha relatado todo el proceso legal, impulsado por esa lucha, hasta lograrlo. El hecho de que la Organización de Estados Americanos lleve más de dos años discutiendo la elaboración de una Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas en línea con la DDPI de la ONU deja bien claro cuál es el nivel de resistencia de los tradicionales sectores oligárquicos y criollos respecto a los pueblos originarios del continente. Éstos han conseguido su visibilización, pero eso no es todo. Hace falta que se cumpla lo firmado y que puedan disfrutar de unos derechos que nunca debieron perder. Esa es su lucha actual y eso es lo que pretende reflejar este libro.

No es sólo un lamento y una esperanza, es también un reconocimiento de la realidad. El movimiento indígena ha dejado de ser un movimiento de resistencia para pasar a ser un movimiento ofensivo en la lucha por el gobierno y el poder en algunos países, como Bolivia, mientras que en otros se impulsa un proyecto político claramente emancipatorio que tiene una primera etapa en el autogobierno y por el cual ellos seguirán su propio camino en cuanto a la autoridad y el poder. Lo indígena se está convirtiendo en el centro de un discurso nuevo, de la construcción de un nuevo mundo que cuestiona en profundidad la visión homogeneizadora del Estado-nación clásico de la visión occidental tan del agrado de las oligarquías del continente. Los movimientos indígenas se organizan no ya en el ámbito “nacional”, sino en el regional en un proceso de integración que traspasa las fronteras –Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)[33] – y plantea la construcción de Estados Plurinacionales con la defensa de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra como objetivo prioritario junto los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la libre determinación de los pueblos. Este es el reto.

La larga lucha hacia la visibilización

¿Cómo se pobló el continente americano? Alrededor de esta pregunta se ha escrito mucho y, a estas alturas de la historia, se sabe con certeza que al menos en lo referente al norte fue gracias a migraciones provenientes de la parte asiática que llegaron al continente americano a través de lo que hoy es el Estrecho de Bering. El primero que tuvo la audacia de aventurar tal hipótesis, allá por 1590, fue José de Acosta, rector del colegio jesuita de Salamanca que pasó un tiempo en lo que hoy es Perú. La historia le presenta como antropólogo, evolucionista y un adelantado para su tiempo. Sin duda era así. Atreverse a plantear en aquella época que el continente americano se había poblado desde el “Viejo Mundo” y por el Estrecho de Bering –evidentemente esta denominación es muy posterior- indica unas grandes dotes intelectuales y de observación. Acosta realizó una lectura bastante detallada de la mitología inca y azteca y llegó a la conclusión que en ella había suficientes elementos para constatar como evidencia poco cuestionable que se había producido una migración desde Asia dado que ambos pueblos, los asiáticos y los del “Nuevo Mundo” coincidían en afirmar que eran descendientes “de un número de hermanos que, en el principio de los tiempos, habían surgido de una enorme caverna bajo tierra situada en algún sitio del lejano norte”.[1] Eso, para Acosta, sólo podía significar que provenían de lo que los españoles buscaban afanosamente: un nuevo camino a las Indias. Es muy probable que a sus oídos llegase parte del contenido del Pop Wuj (también llamado Popol Vuh), el gran libro sagrado de los mayas –pese a que se mantuvo oculto hasta el año 1701- donde se dice que la civilización “vino por donde sale el sol, allá del otro lado del mar”. El sol sale por el Este y lo que está al este de América es Asia. Acosta se dio cuenta de ello y llegó a esa audaz conclusión que sesenta años más tarde fue ratificada por uno de sus discípulos, José Solórzano Pereyra, yendo un poco más allá al afirmar que “es mucha la semejanza entre las dos Indias [hay que recordar que los españoles denominaron así al continente americano] en cuanto a condición, ritos y costumbres”.[2]

Es evidente que las evidencias, valga la redundancia, las similitudes y las semejanzas no excluyen lagunas, dificultades y diferencias. Y entre los indígenas del continente asiático y americano son notables. Pero Acosta, hombre lúcido y estudioso, llegó a la conclusión que eso es así debido a que en todas las migraciones se va perdiendo parte del bagaje cultural de los pueblos que emprenden un nuevo rumbo en sus vidas en otros territorios. Esta línea argumental también fue seguida por Solórzano: “después de haber dejado su bien constituida y civilizada república en el viejo mundo, olvidaron, antes de llegar a las lejanas regiones del nuevo, en su mayor parte [su vieja vida], y lo poco que quedó se desgastó con el tiempo, dejando apenas a sus descendientes un rastro de humanidad, sólo la apariencia de hombres”.[3] Un final racista del comentario, sin duda, para reforzar el calificativo de “salvajes” con que los colonizadores españoles, y quienes llegaron después que ellos, consideraron a estos pueblos. Así que todo el cientifismo de esta teoría sobre los orígenes de los primeros pobladores del continente americano, no exenta en ocasiones de un cierto romanticismo, servía para reforzar el discurso dominante colonial: civilización frente a barbarie.

Este discurso se ha mantenido inalterable a lo largo de los siglos obviando dos cosas: la primera, que hasta quien se considere el más objetivo especialista está prisionero de sus experiencias, de los valores dominantes de su sociedad, de las tradiciones, de los estereotipos de su entorno (como somos europeos tendemos a aportar a todo una visión eurocéntrica, por no decir etnocéntrica) de la historia; la segunda, que cualquier teórico y/o académico que se aproxima a cualquier disciplina sea del ámbito que sea, y de forma especial en las humanidades, lo hace desde la perspectiva de su ámbito cultural, nacional o ideológico y establece una elaboración teórica según esos valores. Por lo tanto, nadie es independiente; el teórico y/o académico se puede aproximar más o menos a la objetividad, pero nunca a la independencia. Esto debería convertirse siempre en una declaración de honestidad intelectual, pero nunca o en muy pocas ocasiones se hace. Y mucho menos a la hora de abordar la realidad de los pueblos originarios.

La perspectiva eurocéntrica tiene su sustento en la imposición ideológica y de un sistema de dominación que considera la idea de la “civilización occidental” como el único modelo civilizatorio a escala planetaria y que todas las demás civilizaciones deben subyugarse a él. La arrogancia occidental, que olvida que su conquista del mundo fue posible por su superioridad a la hora de imponerse por la fuerza y la violencia organizada y no por la superioridad de sus valores, sólo sirve para justificar las nuevas formas de neocolonialismo a pesar centenares de declaraciones de buenas intenciones. Un caso lo tenemos en lo referente a los derechos humanos, tema que Occidente ha convertido en la punta de lanza para el ataque contra sistemas políticos, económicos, sociales y culturales que no son de su agrado. Forman parte de una globalización ideológica que quiere imponer una concepción muy estrecha de los mismos y que parte de los enarbolados por la Revolución Francesa de 1789, considerándoles imagen superior e inmodificable de la sociedad sin tener en cuenta que gran parte de la población del planeta sufre discriminación política, social, económica y no satisface sus derechos más elementales de vida en gran parte debido, sin margen alguno a la duda, al modelo económico occidental, también globalizador, que no está haciendo otra cosa que agudizar la concentración de extrema riqueza y extrema pobreza en el mundo. Pero no hay que adelantar acontecimientos.

Es cierto que hoy en día apenas hay detractores sobre el paso de un continente a otro a través del Estrecho de Bering, una zona que en algunos puntos tiene una profundidad de sólo entre 30 y 50 metros. Hará unos 40.000 años, durante la última glaciación y como consecuencia de una gran concentración de hielo en grandes placas continentales, esta zona del mundo sufrió un descenso de las aguas que dejó al descubierto una extensa lengua de tierra que los prehistoriadores denominan el Puente de Beringia y que unía, en la práctica, Siberia y Alaska. Por aquí pasaron los primeros pueblos, siberianos y tal vez mongoles, persiguiendo animales de caza como mamuts o mastodontes. Esta situación se mantuvo unos 19.000 años hasta que se produjo un deshielo que volvió a llenar de agua la zona separando de nuevo ambos continentes. También es cierto que hoy los especialistas y antropólogos no creen que una migración degenera, como decía Solórzano. Pero, también hay que ser cautos con quien piensa que una vez “solucionada” la cuestión del origen de los primeros pobladores, al menos en el norte del continente americano, se llega al argumento que “todos somos colonizadores”, con lo que se quita fuerza a la reivindicación indígena dado que, a fin de cuentas, habrían sido tan colonizadores como quien les colonizó con posterioridad.

Fueron los algonquino (uno de los pueblos originarios en el actual Canadá) quienes proporcionaron a los europeos que llegaron a aquellas tierras el nombre de “esquimales” para los inuit porque ellos se dirigían a los inuit como “eskimau”. Pues bien, los inuit se encuentran en todo el Ártico, desde Groenlandia hasta Siberia convirtiéndose así en la prueba fehaciente de la teoría migratoria de un continente a otro. Los lingüistas han encontrado relaciones fundamentales entre el idioma de los inuit de Canadá con el de los chukchi de Siberia, aunque fuera de esta coincidencia no hay otra en todo el continente americano entre el “viejo” y el “nuevo” mundo. Y se da el hecho que en la Patagonia chilena (Arroyo de Chinchihuapi), justo al otro extremo del continente americano, existen yacimientos que demuestran una coincidencia temporal con los que se han encontrado en Canadá y Estados Unidos. O que en Brasil (Sao Raimundo Nonato, Estado de Piauí) las excavaciones han puesto de relieve que había grupos de pobladores hace 30.000 años[4], por lo que no sería improbable que se hubiese producido un desplazamiento desde esta parte del continente hacia el norte.

Sea como fuese y sin rechazar la teoría de la migración desde Siberia al norte del continente americano a través de Alaska, los pueblos originarios se muestran poco dispuestos a verse a sí mismos como inmigrantes-colonizadores en sus propias tierras y resaltan su gran variedad de mitos, leyendas y relatos que se han mantenido inalterables y han perdurado a lo largo de los tiempos, sin desvanecerse, y que ponen de manifiesto que estas teorías arqueológicas sobre sus orígenes no tienen por qué ser “sagradas” por el hecho de decirlo la ciencia. Aún hay lagunas que llenar y no faltan los pueblos indígenas que, como el caso de los que forman parte del Consejo Indio de Canadá, achacan a “intenciones políticas” todo el discurso de que ellos también son “colonizadores”.

Este razonamiento intenta igualar la brutalidad conquistadora de todos los pueblos a lo largo de la historia y así diluir la responsabilidad de la más reciente, la llevada a cabo por los europeos. La consecuencia fundamental de esta última colonización fue la destrucción del orden social precolombino, en el caso de América Latina, y el comienzo de un proceso de aculturación que iba a llevar a los pueblos originarios a perder sus señas de identidad. En nombre de la civilización se destruyó una estructura de conocimiento, de memoria colectiva, de su propio pasado y sabiduría milenaria, avanzados modos de producción agrícola (sobre todo en América Central y del Sur) y formas de organización social comunitaria que ahora, en los inicios del siglo XXI, parece que recuperan su lugar en la historia. Porque es evidente que estamos ante el resurgimiento de los pueblos originarios en todo el mundo. Desde Asia a América, desde África a Oceanía, incluso en Europa –como es el caso de Groenlandia, por cierto el lugar desde el que partieron los primeros visitantes conocidos de los pueblos originarios de lo que hoy es Canadá (localidad de L’Anxe aus Meadows, Terranova) allá por el 1001 de nuestra era, es decir, casi quinientos años antes de la llegada de Colón al continente- los pueblos originarios están haciendo oír su voz y comenzando a recuperar parte de sus derechos. Han tenido que transcurrir más de quinientos años desde el llamado “Descubrimiento” y más de doscientos desde la independencia política-administrativa de las metrópolis europeas para que ello sea así. Han tenido que transcurrir más de cincuenta años desde que se produjo el proceso de descolonización en Asia y África –consecuencia de una lucha, en la mayor parte de los casos violenta, de los pueblos en favor de su dignidad, autodeterminación e independencia- para que estos pueblos recuperen su lugar. O lo intenten, puesto que todavía luchan por ese reconocimiento. Hay muchos casos, pero el más llamativo es el de los adivasi (literalmente, indígenas) en India, inmersos en una desesperada batalla contra las transnacionales y el Estado indio para no perder sus territorios, ricos en minerales estratégicos y contra quienes se está cometiendo un real etnocidio en nombre de la lucha contra la guerrilla. Nada nuevo a lo largo de la historia reciente, y más si tenemos en cuenta que este libro hace referencia a los pueblos indígenas en América, que también han sufrido una durísima represión con esa argumentación no hace mucho tiempo.

NICARAGUA

La población indígena es de 443. 847 personas según el último censo realizado, que data del año 2005. Los miskitu (120.817) y los chorotega-nahua-mange (46.002), las tres denominaciones con los que se conoce a este pueblo, son los más numerosos. Junto a ellos están los cacaopera-matagalpa, nahoa-nicarao, rama, sumu-mayangna, ulwa y xiu-sutiava. Hay que mencionar que el propio censo, establecido según criterios de una autoidentificación por parte de los propios miembros de estos pueblos, establece que 67.000 personas no saben o ignoran si pertenecen o no a la población indígena.[1] Como suele ser habitual en todo el continente, los indígenas consideran que estas cifras no son reales y elevan el número de miskitu a los 150.000 y el de chorotega-nahua-mange a los 210.000, esta última cifra cinco veces superior a la recogida en el censo. Lo mismo ocurre con el resto de pueblos aunque en mucha menor proporción. Tal vez una explicación a esta disparidad de cifras sea que el censo oficial recoge la identificación de mestizo de la costa caribe, inexistente para los pueblos indígenas, con una población de 112.253 personas y coloca en el calificativo de “otros” a 13.740 personas. También hay que reseñar que Nicaragua reconoce a los pueblos afrodescendientes, los creole-kriol y los garifuna, y les otorga la categoría de “pueblos indígenas”.

No fue hasta 1987, en medio de una sangrienta guerra que libraba el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con fuerzas entrenadas y financiadas por EEUU (la denominada “contra”), que se aprobó una Ley de Autonomía por la que se creaban las Regiones Autónomas del Atlántico Sur (RAAS) y del Atlántico Norte (RAAN). De esa manera el FSLN, sobre la base teórica de la autonomía regional, daba salida a unas reivindicaciones que pasaban del plano militar al político respondiendo, en parte, a las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de desarrollar esa ley puesto que perdió las elecciones tres años después y el nuevo gobierno impuso una política diametralmente opuesta a la de su predecesor que, en la cuestión de la tierra y en la política agraria, se caracterizó por la colonización y titulación individual en los territorios indígenas iniciándose, además, el establecimiento de áreas protegidas no consultadas sobre estos territorios. Esta política neoliberal fue “compensada” con la aprobación de la ley de lenguas, en aparente cumplimiento de la normativa internacional –según lo acordado por el Convenio 169 de la OIT- en 1993 aunque Nicaragua no había suscrito formalmente dicho Convenio.

Tuvieron que pasar diez años, hasta 2003, para que de nuevo se tuviese algo en cuenta a los indígenas con la aprobación de una ley que invocaba el respeto a los modelos comunitarios de salud y de otra que establecía el régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. En 2006 se aprobó la Ley General de Educación, que reconocía un Sistema Educativo Autonómico Regional. Todas estas normas y leyes tuvieron un escaso desarrollo puesto que el gobierno de entonces, formado por una coalición de partidos antisandinistas, se dividió el poder y las esferas de influencia. Así, los Consejos Regionales, sobre los que tenía que pivotar el desarrollo de los derechos legales e históricos de los indígenas, quedaron en manos de los intereses de cada partido y, en consecuencia, subordinados a los intereses centralistas del Estado.

Nicaragua tiene una historia peculiar en lo que a los indígenas se refiere, puesto que hubo dos colonizaciones diferentes en el mismo país: española en el Pacífico y británica en la Costa Atlántica. Aquí los británicos armaron a los miskitu para que hostigasen y dificultasen la política española, lo que les permitió a ellos entablar relaciones comerciales muy beneficiosas. Crearon, incluso, el Reino de la Mosquitia. No es extraño, por lo tanto, que haya quien interpreta que gracias a los británicos, y pese al control que ejercían de la superestructura económica, los pueblos indígenas de esa zona “contaban con espacios de autonomía propios, con su propia forma de gobierno y manejo de sus recursos naturales, educación y justicia”.[2] Esta situación se mantuvo casi hasta el siglo XIX, pues no fue hasta 1894 cuando se “reincorporó” la Mosquitia a la actual Nicaragua aunque manteniendo, en virtud de una serie de acuerdos con Gran Bretaña, el derecho de tierra a la población miskitu con muchas limitaciones y nunca como propiedad comunal. Pero para la población de esta zona la “reincorporación” suponía una afrenta puesto que implicaba la pérdida de su autonomía y este resquemor ha seguido estando muy a flor de piel hasta fechas recientes. Tanto que en estas tierras nunca cayó simpático Augusto César Sandino, sus habitantes hicieron buenas migas con Anastasio Somoza –el dictador que asesinó a Sandino- y se convirtieron en furibundos antisandinistas a raíz del triunfo revolucionario de 1979. Si a Sandino le calificaron como “un caudillo español” –denominación que utilizaban para referirse a los habitantes del Pacífico, donde se había asentado la colonización española- a sus sucesores les catalogaron de la misma forma.

A ello ayudó el profundo desconocimiento que el FSLN tenía de esa zona del país –por ejemplo, la campaña de alfabetización impulsada en los primeros años de gobierno sandinista se desarrolló únicamente en español- y el considerar que las reivindicaciones indígenas no suponían otra cosa que un “separatismo” del resto de Nicaragua, llegando a expulsar del país a quienes aconsejaron respetar las formas comunales de tenencia de la tierra y considerar las formas autonómicas y de autogestión regional. A ello se sumaba, además, el hecho de que la Costa Atlántica estaba influenciada por EEUU desde largo tiempo y temía que se convirtiese en una base contrarrevolucionaria, lo que terminó siendo realidad en 1981 más por los errores sandinistas que por decisión de la población indígena. Desde ese momento, las organizaciones indígenas de la Costa Atlántica comenzaron a recibir ingente ayuda económica y material de EEUU aunque ahora está surgiendo una nueva corriente entre los políticos y los historiadores que considera que los indígenas no peleaban contra el sandinismo sino por mantener sus derechos históricos. Lo cierto es que, conscientes o no, se convirtieron en un instrumento de la política exterior estadounidense contra los sandinistas.

Como se ha dicho antes, tuvieron que transcurrir ocho años (desde el triunfo revolucionario en 1979 hasta la ley de autonomía de 1987) para que se modificase la visión del FSLN sobre la Costa Atlántica al llegar algunos dirigentes gubernamentales a la misma conclusión que hoy mantienen algunos políticos e historiadores y considerar, también, que era una “reacción” a los errores cometidos por el gobierno revolucionario.[3] La propuesta de autonomía, y la ley posterior, estaban refrendadas por el nuevo texto constitucional, donde se recogía el carácter multiétnico del pueblo nicaragüense, las formas de propiedad comunal de la tierra y una organización política propia en el caso de los pueblos indígenas.

La ley de autonomía dividía el antiguo Departamento de Zelaya en dos Regiones Autónomas (del Norte y del Sur) que pasaban a ser gobernadas por Consejos Regionales en los que tenían que estar representadas todas las etnias de la región pero gobernados por un presidente. Además, los miembros del Consejo Regional son elegidos a través de procesos electorales a celebrarse cada cuatro años en los que participan los partidos políticos tradicionales de Nicaragua, lo que terminó lastrando el poder autónomo de los mismos, como se ha dicho más arriba, con la llegada de los gobiernos antisandinistas durante los años 1990-2008. En todos estos años, los indígenas y afrodescendientes que han pertenecido a los Consejos Regionales no lo han hecho desde sus estructuras propias, sino a través de los partidos políticos tradicionales lo que provoca un paulatino alejamiento de los intereses de las comunidades anteponiendo los propios. Decir que los Consejos Regionales se han convertido en inoperantes tal vez sea demasiado drástico, pero afirmar que han servido para apenas nada tal vez sea quedarse demasiado corto. Un ejemplo es que en función de la ley de autonomía los Consejos Regionales tenían facultad para delimitar los municipios, que se conformarían con un determinado número de comunidades. Pues bien, no fue hasta 1996 cuando comenzó a hacerse y pronto mostraron los mismos problemas que los Consejos Regionales añadiéndose el hecho de que los municipios ocupaban unos territorios ajenos a las relaciones históricamente establecidas entre las comunidades. Cuando los municipios han comenzado a negociar con la tierra, los indígenas han montado en cólera porque “no son dueños de las tierras, sino las comunidades indígenas”.

Es en este contexto en el que se llega al año 2003 y a la aprobación de una nueva ley que establecía el régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica reconociendo, además, a las comunidades indígenas como “personalidad jurídica”. Ello supone que en todo lo relacionado con la tierra y los recursos naturales, las comunidades deben ser consultadas y son quienes tienen la última palabra, llegando a garantizar “la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las mismas”. Esta ley no fue una evolución natural del gobierno, sino una imposición desde el exterior. En concreto, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el año 2001, había dictado una sentencia favorable a la comunidad sumu-mayangna de Awas Tingni (Región Autónoma del Atlántico Norte), rechazando la concesión otorgada por el gobierno a una empresa para explotar el bosque situado en sus tierras comunales. La sentencia de la CIDH obligaba al Estado de Nicaragua a “tomar las medidas internas legislativas y administrativas necesarias para crear mecanismos de demarcación y titulación, pero no sólo de la comunidad mayangna Awas Tingni, sino para todas las comunidades”.[4] El Estado cumplía lo que se le imponía desde fuera, pero no lo desarrollaba.

En 2005 aún no había dinero para proceder al proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas y los alcaldes y Consejos Regionales no presionaban por ello puesto que veían el proceso de demarcación de tierras como una amenaza directa no sólo a su poder, sino a sus interes particulares. Por el contrario, para la dirigencia indígena el hecho únicamente ponía de manifiesto que el Estado sólo hacía “un reducido número de concesiones en aspectos poco significativos de las estructuras económicas, sociales y culturales y políticas de tal manera que no exista una transformación integral de la sociedad y Estado monoétnicos, discriminadores y racistas”. Así mismo, percibían a las principales fuerzas políticas, de izquierda o derecha, como “oportunistas y utilitarias respecto a los intereses y demandas indígenas y en algunos casos como francamente opuestas al reconocimiento y cumplimiento de dichas demandas”.[5]

Sólo se habían conseguido algunos avances en educación al promulgarse en 2006 una ley que otorgaba un estatus especial al sistema educativo autonómico regional que dejaba en manos de las comunidades indígenas y de la “cooperación internacional” todo lo referente a la educación, desde la primaria hasta el nivel universitario. La referencia a la cooperación internacional es interesante por el papel que está jugando tanto a nivel político como institucional dentro del movimiento indígena, aunque se ha ido reduciendo desde que Nicaragua se adhirió al ALBA al llegar el FSLN al gobierno. En virtud de este acuerdo económico están ofreciéndose créditos a bajo costo que son aprovechados por las comunidades campesinas e indígenas para la compra de bienes como generadores eléctricos, por ejemplo, que son distribuidos entre estas comunidades haciendo que las modalidades tradicionales de cooperación –ofrecidas por países occidentales como Suecia, Finlandia y EEUU- que se dedicaban a estas cuestiones de entrega de bienes vayan perdiendo importancia.

Y así es cuando se produce un nuevo cambio en el gobierno, volviendo al mismo el FSLN en 2007. La pretensión era no repetir los errores del pasado en lo referente a los pueblos indígenas y, sobre todo, alejarse en lo posible del “racismo” estatal que ha venido caracterizando a los gobiernos en Nicaragua desde los tiempos de la independencia. Por lo tanto, no fue sorprendente que una de sus primeras iniciativas fuese la reforma de la ley de autonomía que ya había aprobado en 1987, sólo que ahora en discusión abierta con dirigentes miskitu del Consejo de Desarrollo de la Costa Atlántica. Se apostaba por una profunda reconfiguración político-administrativa en las regiones autónomas, otorgando un mayor espacio territorial a una zona en el departamento de Jinotega (en el Pacífico) donde también hay comunidades sumu-mayanga y miskitu, y reduciendo la jurisdicción de los municipios a las zonas urbanas y mestizas con la finalidad de eliminar la superposición entre jurisdicciones y autoridades municipales e indígenas. También en este caso hay un poco de presión exterior, puesto que otra sentencia de la CIDH[6] daba la razón a la organización YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka, Hijos de la Madre Tierra) que en el año 2001 había interpuesto una querella contra Nicaragua por la obligación de que los candidatos a alcaldes y a miembros de los Consejos Regionales tuviesen que ser miembros de los partidos políticos tradicionales.

El FSLN y YATAMA, que habían sido enemigos irreconciliables, se convirtieron en aliados políticos y eso permitió el triunfo electoral de los sandinistas. Las dos organizaciones firmaron un “Acuerdo sobre la Autonomía” que incluía seis puntos principales: la demarcación territorial, la reforma del Estatuto de Autonomía, la reforma de la ley electoral, la implementación de la sentencia de la CIDH, la reestructuración de las instituciones estatales y gubernamentales y la contención de la frontera agropecuaria (con la finalidad de impedir el desmonte de los bosques y el saqueo de los recursos naturales).[7] Este último punto era muy importante puesto que el brutal avance de la “frontera agropecuaria” desde el centro de Nicaragua hacia los bosques y selvas tradicionalmente utilizados por los indígenas había provocado un desaforado desmonte para uso ganadero. Esto no significa que no haya roces y discrepancias entre las dos organizaciones. Los miskitu vienen reclamando desde este acuerdo que el gobierno cumpla la sentencia de la CIDH del año 2005 que obligaba a una reforma de la ley electoral para evitar la violación de derechos políticos de grupos indígenas.

La demarcación territorial se comenzó de inmediato nada más iniciarse el ejercicio del poder por el nuevo gobierno. Una de las primeras entregas de tierra que se hizo fue a la comunidad sumu-mayangna Awas Tingni cerrando así un pleito que se arrastraba desde 1998 y que contaba con sentencias favorables de la CIDH aunque ninguno de los gobiernos anteriores se había dignado cumplirlas. La sentencia emitida por la CIDH en el año 2001 fue considerada histórica por reflejar la violación de los derechos de una comunidad, dado que se establecía que el derecho a la propiedad protege la tenencia de la tierra tradicional de los pueblos indígenas. Fue el primer caso en el que un tribunal internacional con carácter vinculante jurídicamente condenaba a un Estado por la violación de los derechos territoriales colectivos de un grupo indígena, lo que sentó un importante precedente para los derechos de los pueblos originarios en el derecho internacional.

A mediados de 2010 se habían demarcado 15 de los 23 territorios indígenas en litigio, cuatro de ellos a los miskitu, y se había iniciado un proceso similar con las tierras de los afrodescendientes creole-kriol. En total, se han visto beneficiadas 214 comunidades indígenas y si se tiene en cuenta a los afrodescendientes el número total de beneficiados por las demarcaciones territoriales y entrega de títulos es de 103.790 habitantes pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas de Nicaragua en una extensión que supone algo más de 22.000 kilómetros cuadrados. Según una comunicación del gobierno de Nicaragua a la ONU[8], esto supone las dos terceras partes de las tierras indígenas de este país. Esa entrega de tierras se produjo el mismo día que el país centroamericano ratificaba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (6 de mayo de 2010), algo que no había realizado a pesar de haber introducido todos los derechos en él reconocidos en la Constitución y haberlos aplicado en el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica. Un hecho saludado por las organizaciones indígenas que, sin embargo, indican que no se avanza más rápido en el cumplimiento de sus demandas por los intereses político-económicos que tienen que ver con megaproyectos diseñados en sus territorios, de forma especial en el rama y creole-kriol.

Pero el proceso sufre parones por las contradicciones dentro del propio gobierno y la interferencia de instituciones internacionales como el Banco Mundial, que a través de una de sus financieras y supuestamente en aras del “desarrollo” de la zona, otorgó un crédito de 22 millones de dólares a un grupo maderero para la “explotación y compra” de tierras miskitu, con lo que se pone de relieve el papel de las instituciones internacionales y de “desarrollo” en la dignificación y reparación de los derechos de los indígenas a su tierra, tal y como se recoge en las diferentes declaraciones de los organismos internacionales. Si ello se hace con el consentimiento o no del gobierno de Nicaragua es una cuestión a discutir y debatir, aunque habría que recordar que instituciones de este tipo, así como el FMI, EEUU y la Unión Europea congelaron –y cuando este libro sale a imprenta mantienen esta decisión con alguna variante- las cantidades que asignaban a la ayuda al desarrollo del país ante lo que consideraron “elecciones fraudulentas”. El BM justifica esta actitud con el argumento que el 25% de los beneficios que genera la explotación maderera revierten en las comunidades indígenas, según está recogido en la legislación. En ocasiones el BM compra tierras pertenecientes a individuos o comunidades miskitu antes de que termine la última etapa del proceso de demarcación y titulación denominada “saneamiento”, es decir, el caso de tierras pertenecientes a terceros, indígenas o no.

El supuesto beneficio que proporciona la presencia de empresas no siempre es considerado como tal, interesante y apropiado por las comunidades indígenas. El gobierno otorgó dos concesiones de explotación y exploración petrolera en el Caribe. En virtud de la autonomia indígena, las comunidades de la Costa Atlántica afectadas solicitaron ejercer el derecho a la consulta previa. En consecuencia, una de esas concesiones fue aprobada al considerar los habitantes de la zona donde se realizaría la explotación petrolera ”aceptables” los beneficios sociales que dejaría y otra rechazada por la razón contraria. La división de pareceres entre comunidades también se plasma a nivel autonómico en diferentes niveles. El Consejo Regional del Sur ha aprobado un megaproyecto brasileño hidroeléctrico que implica el desalojo y reubicación de comunidades mestizas, mientras que en el norte eran algo más cautelosos hasta que con motivo del huracán que asoló la zona en 2007 se relajaron los requisitos para la extracción y aprovechamiento de la madera.

Otra de las iniciativas legislativas del nuevo gobierno sandinista fue la ley de Conservación del Uso de Suelos de la Reserva de la Biosfera Bosawas (territorio sumu-mayangna), por la que se prohibió invadir y establecer asentamientos humanos en los territorios indígenas ubicados en esa Reserva. Sin embargo, aún no ha sido implementada en su totalidad puesto que sigue siendo una zona en la que se continúa la destrucción de territorio indígena y no son pocas las amenazas de muerte que colonos y/o mestizos, por sí mismos o en nombre de los terratenientes de la zona, vierten contra los principales dirigentes indígenas si continúan exigiendo al gobierno la aplicación de la ley. Lo mismo ha sucedido con la ley de costas, que pretende nacionalizar las tierras hasta 200 metros desde la línea de costa y trasladar su administración a las alcaldías –de gran importancia para los procesos de autogobierno y titulación de tierras indígenas- y que fue paralizada por la presión de los empresarios del sector turístico y posteriormente aprobada tras incluir en su articulado que dicha ley no afecta ni restringe los derechos adquiridos antes de su entrada en vigor, con lo que no se afecta los intereses empresariales.

Un aspecto reseñable es el referente a la justicia indígena, reconocida por la Constitución aunque implementada sólo de forma efectiva en la Costa Atlántica. El ordenamiento jurídico nicaragüense reconoce que los delitos y faltas cometidos por miembros de los pueblos indígenas en esta zona que supongan una pena igual o inferior a cinco años de cárcel pueden ser juzgados por el derecho indígena, siendo el acusado quien elige qué sistema judicial prefiere que se le aplique: indígena o estatal. Este aspecto es importante puesto que en la parte sur de la Costa Atlántica, habitada mayoritariamente por el pueblo rama, se está comenzando a generar un conflicto de importancia. La demarcación del territorio de este pueblo se encuentra con muchas dificultades no tanto por la indecisión del gobierno como por la presencia, cada vez mayor, de colonos procedentes de otras partes de Nicaragua. La ley nicaragüense indica que la invasión de tierras tiene carácter penal, por lo que sería de aplicación en estos casos la justicia indígena. Pero se da la circunstancia que los colonos no lo son, por lo que muy probablemente éstos se acogerán a la justicia estatal, con la consiguiente extrapolación de un conflicto local al ámbito nacional. Pese a los innegables avances logrados en los últimos años tras el retorno del FSLN al gobierno, aún hay muchas contradicciones, como ésta de la justicia, por resolver en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas.

COSTA RICA

La población total era de 3.810.179 habitantes en el año 2000, según el censo -el próximo será el 2011- que incluía por ver primera a los indígenas. Las cifras aportadas entonces fueron de 63.876 personas pertenecientes a 8 pueblos (bríbri, brunca, cabécar, chorotega, guaymí-ngobe, huetar, maleku-guatuso, y teribe-térraba) que se distribuyen en 22 territorios reconocidos legal y administrativamente.[1] Aquí vive el 42’3% de los indígenas y el resto en otras partes de Costa Rica aunque el censo establece que aproximadamente otro 37% vive en los cantones -organización territorial de ámbito municipal- aledaños de estos territorios como consecuencia que estas tierras están ubicadas en su mayoría en las zonas más alejadas e inhóspitas del país aunque, como se verá, cuentan con la mayor riqueza de biodiversidad de Costa Rica. Un aspecto que llama la atención en un primer momento es el hecho de que dentro de los territorios habiten no indígenas (en un porcentaje total del 18%), lo cual puede deberse, por una parte, a que no se reconocen como indígenas como consecuencia de una pérdida de la tradición cultural y de la política seguida desde la colonia de “desindianización” y por otra, a la inmigración de pobladores de otras zonas del país. Se da la circunstancia que en siete de los territorios reconocidos hay más habitantes de estas características (en porcentajes que oscilan entre el 52% y el 88%) que quien se reconoce como indígena. Los pueblos bribri y cabécar son los más numerosos, con dos terceras partes del total, mientras que el más frágil es el chorotega, con 995 personas.

Costa Rica fue uno de los primeros países centroamericanos en incluir los derechos indígenas en su ordenamiento legal. Ya en 1939 se declaró área “inalienable y exclusiva” la tierra ocupada por los indígenas y en 1959 adquirieron un rango superior al de la ley al adoptar Costa Rica el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo. En 1973 se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), en 1977 se promulga una Ley Indígena y en 1992 se ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Pero toda esta normativa no les ha servido a los pueblos originarios para salir de la exclusión social y así lo reconoce el mismo censo. Salud, educación, agua potable, electricidad, comunicación, transporte, telecomunicaciones… cualquier variable de calidad de vida que se tome es desfavorable a los indígenas comparados con el resto de la población e incluso entre ellos mismos dependiendo de si se vive dentro o fuera de los territorios, de ahí esa referencia importante a que el 37% de los indígenas vive no dentro de ellos, sino en las cercanías. No renuncian a vivir en sus tierras pero las condiciones en las que se desarrolla su existencia les hacen alejarse así sea unos cuantos kilómetros. Por dar algunos datos: la escolaridad media de los niños no indígenas es de 7’6 años mientras que la de los niños indígenas se reduce más de la mitad, a los 3’4 años; se cataloga como “en buen estado” el 27% de las viviendas (48% en los aledaños de los territorios, 65% en el resto del país); el 46’5% posee agua en la vivienda proveniente de un sistema de acueducto, el 38% electricidad (90% en el resto del país en ambos). Según el censo, sólo el 7’6% de los indígenas manifiesta tener sus necesidades básicas satisfechas, mientras que es el 60’4% quien afirma lo mismo en el resto de Costa Rica.[2]

Este país no se diferencia de la realidad del continente: existen instrumentos jurídicos que viabilizan la tutela de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, lo que no existe es la voluntad política de las autoridades legislativas y ejecutivas de aplicarlos. El primero de ellos, el relativo a la tierra. Eso es algo que viene desde el mismo momento en que se declaró “inalienable y exclusiva” para los indígenas (1939) pero pese a ello se ofreció a colonos no indígenas provocando la situación actual reseñada más arriba y que se mantiene sin que el sistema jurídico, no ya el legislativo, haya apenas emitido un par de resoluciones al respecto puesto que hay casos confirmados en los que esos pobladores no indígenas adquirieron tierras por medio de engaños cuando no por la fuerza.[3] En la poca jurisprudencia al respecto se distingue con claridad entre “las personas no indígenas poseedores de buena fe” y “personas no indígenas sin derecho de posesión” que, todavía, se mantienen en ellas. El caso de los primeros es comprendido por los indígenas, el de los segundos no.

Ese año 2000 las organizaciones indígenas enviaron un documento al gobierno recordatorio de los casos pendientes de demarcaciones de tierras, exigiendo una ley de biodiversidad que protegiese sus territorios de la explotación masiva de los recursos naturales en ellos existentes y recordando el derecho de consulta previa al que, según la legislación internacional, está obligado el gobierno en estos casos ligándolo con una reivindicación permanente: la autonomía de sus territorios que venían reclamando desde 1992, una vez había adoptado Costa Rica el Convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas solicitaban la adopción de nuevas normas jurídicas y directrices gubernamentales “en el sentido de asegurar que se promuevan actividades empresariales y comerciales en nuestros territorios caracterizadas por el derecho de los indígenas a decidir nuestras propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, cuando estas afecten nuestras vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupamos”.[4]

No lo decían porque sí. Una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema les había dado la razón en un conflicto con una empresa hidrocarburífera y el Ministerio de Medio Ambiente por tres concesiones efectuadas sin realizar la consulta previa. Amparándose en la falta de normas, el gobierno no había exigido la paralización de las exploraciones en marcha a raíz de la resolución judicial. Desde el momento en que Costa Rica se adhirió al Convenio 169 de la OIT el Parlamento venía discutiendo un proyecto de ley denominado Desarrollo Autónomo de los Indígenas sin que se hubiese avanzado en dirección alguna. Cuestiones técnicas –sobre si tenía que ser urgente u ordinaria su tramitación- y políticas –el nulo interés de los partidos en desarrollar los derechos indígenas- mantenían paralizada su tramitación ocho años después.

Otros cuatro años más tarde, en el 2004, las organizaciones indígenas elaboraron un extenso dossier en el que con el expresivo título de “La CONAI: La Expresión Colonial para los Indígenas en la Costa Rica del Siglo XXI”[5] se identificaba a uno de los principales responsables de sus males y exigiendo a los poderes públicos su desaparición al tiempo que una modernización de los aparatos administrativos y un plan consensuado de todas las entidades gubernamentales que mantenían relaciones o tenían planes con los indígenas.

No tuvo el menor efecto. El parlamento siguió ausente y tuvo que ser de nuevo la Sala Constitucional quien decretase la inconstitucionalidad de la jurisprudencia agraria que exigía la participación de la CONAI en todo proceso de reclamo de tierras que activaran las organizaciones y comunidades indígenas. Una entidad gubernamental, con la aparente misión de defender los intereses de los pueblos originarios, se había acabado convirtiendo en la mano visible del Estado para controlar esos mismos intereses impidiendo el ejercicio de la autonomía indígena. En realidad, sustituía a los pueblos y comunidades indígenas y se consideraba a sí misma, y también lo hacía el Estado, como la “propietaria” de esas reivindicaciones. La Sala Constitucional emitía una sentencia de muerte para la CONAI, pero el Estado no iba a ejecutarla. Tuvo que pasar otro lustro casi, hasta 2008 y con los indígenas convertidos en lo que alguien ha denominado “una comunidad invisible”,[6] para que el Parlamento retomase para su discusión el proyecto de ley de Desarrollo Autónomo con un eje central en el debate, la desaparición de la CONAI y de las Asociaciones de Desarrollo que representan a las comunidades indígenas y que son vistas por ellos como estructuras paraestatales que sustituyen a las formas legítimas de gobierno indígena.

La CONAI se ha mantenido durante más de 30 años como “entidad representativa” de los pueblos originarios en contra del criterio de éstos y con apoyo político y gubernamental lo que ha permitido “mantener con ello a un pequeño grupo de funcionarios de dicha institución que se manejan a su antojo, sin respeto y acatamiento de los controles jurídicos establecidos, tales como las asambleas y la elección de los miembros de la Junta Directiva”[7] y que en numerosas ocasiones ha impuesto a las comunidades indígenas cuáles debían ser los límites de sus territorios y cómo tenían que explotarlos. No sólo ni únicamente eso. La CONAI ha establecido como norma, en contra de lo establecido en la propia jurisprudencia, como se ha dicho, que las tierras que no están tituladas como indígenas –por ejemplo, las que tienen como propietarios a los no indígenas auque las hayan adquirido de mala fe y no tengan, por lo tanto, derecho a ellas- no pueden regirse por los criterios relativos a los derechos indígenas, sino a lo que establezca el Instituto de Tierras y Colonización. Con ello lo que hacía era abrir la puerta de entrada a los proyectos extractivos, tan de moda en todo el continente en los últimos años, y evadir el requisito de consulta previa para explotar los recursos naturales en territorios indígenas.

Las Asociaciones de Desarrollo, integradas formalmente por indígenas, se han convertido en el sustituto de las autoridades comunitarias indígenas puesto que es con aquellas y no con éstas con quien el Estado mantiene relaciones y las ha convertido en el titular registral de las tierras. Así pues tienen potestad para decidir qué se explota y qué no, pero siempre teniendo como premisa que el subsuelo pertenece “en exclusiva” al Estado. Adiós a una autonomía que no tienen, pero que reivindican los pueblos indígenas apelando tanto al Convenio 169 de la OIT como a lo establecido por la Sala Constitucional. Esto significaba, entre otras cosas, que el gobierno de Costa Rica podía negociar a su antojo el TLC con EEUU (el nombre oficial es Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos) que en uno de sus artículos más controvertidos establecía la posibilidad de obtener “derechos de fitomejorador” sobre géneros y especies vegetales como derechos de propiedad intelectual, lo que afectaba directamente al derecho sobre el conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas y semillas y especies que utilizan para el cultivo, alimentación y medicina.

El TLC era un peligro evidente y las organizaciones indígenas, agrupadas en la Mesa Nacional Indígena, decidieron dejar de ser una “comunidad invisible” recurriendo al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en 2007 con una demanda al Estado de Costa Rica por su política incoherente con la realidad de los pueblos indígenas y por mantener en sus programas la intención de integrarles a un proceso de desarrollo ajeno a sus realidades e irrespetuoso con sus derechos y cosmovisiones. Denunciaban, en concreto, a la CONAI por sus políticas “de gran daño a los pueblos indígenas” y por obstruir todas las estrategias que estos pueblos han desarrollado para alcanzar su autonomía. Por ello reclamaban al CEDR que instase a Costa Rica a mostrar “su compromiso con los derechos humanos proclamados en conferencias y eventos internacionales” y aprobase “el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los pueblos indígenas, iniciativa que vendría a instrumentalizar el Convenio 169 de la OIT y a la vez que se pondría a tono con los instrumentos de derechos humanos internacionales y la jurisprudencia internacional en materia indígena”.[8]

Obviamente, el país que se considera a sí mismo como el más democrático de Centroamérica y casi del continente latinoamericano estaba obligado a responder y es la razón por la que se descongeló el proyecto que dormía el sueño de los justos desde el año 2000, justificándose diciendo que había sido discutido y consensuado con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Cierto, pero entonces el retraso no ya es sólo injustificable, sino claramente lesivo para sus derechos tal y como ellos mantenían. En caso de aprobarse, los indígenas obtendrían el derecho a la propiedad de sus territorios y sobre los sitios históricos, ceremoniales y de interés cultural de cada pueblo, además de potestad para el autogobierno, establecer su sistema educativo y planes de desarrollo comunitario en los que decidir si se explotan o no los recursos naturales existentes en su territorio y, en caso de aceptar, en qué forma puesto que entonces se habría aplicado otro principio que reivindicaban con insistencia, la consulta previa.

Por ello el gobierno aceleró toda una batería de leyes que iban a dificultar ese ejercicio de la autonomía. Una de ellas la Ley de Biodiversidad, que permite a las transnacionales patentar y apropiarse de “las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas o culturales en dominio publico”,[9] es decir, del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y campesinas sobre los usos de la biodiversidad. La Sala Constitucional volvió a tumbar el proyecto legislativo por incumplir el precepto de la consulta previa. Ello ponía en entredicho la misma firma del TLC, por lo que el gobierno, empresarios y partidarios del TLC utilizaron todos los medios a su alcance para presionar intentando revertir la decisión judicial con el curioso argumento que “Costa Rica no podría cumplir con los plazos [de aprobación del TLC] que se comprometió a respetar” y prometiendo “hacer todo lo posible y lo que esté a su alcance para que no se afecte la efectiva incorporación de Costa Rica al TLC, que otorgará oportunidades de mayor inversión, aumento de las exportaciones y creación de más y mejores fuentes de empleo”.[10] Por ello, ni corto ni perezoso, el gobierno planteó eliminar el requisito de la consulta previa en esa ley y así “agilizar” la aprobación del TLC,[11] que hizo en octubre de ese año 2008.

En su respuesta al CERD el gobierno no decía todo esto ni que incumplía las sentencias de su propia Sala Constitucional en lo que a los derechos de los pueblos indígenas se refiere. Por el contrario, se miraba al ombligo afirmando que “históricamente, Costa Rica se ha distinguido en la comunidad internacional por su profunda vocación de respeto, protección, observancia y promoción de los derechos humanos, de manera que su vigencia efectiva y plena realización constituyen el eje central de sus políticas nacionales y hacia el exterior”. Sin el menor rubor insistía en que el esfuerzo internacional que realiza se corresponde con “una práctica interna del Estado costarricense de ampliar la gama de derechos reconocidos, a la vez que construye mecanismos de tutela y exigibilidad, con amplio acceso para la población” entre la que están, lógicamente, los indígenas y se vanagloriaba de haber impedido el archivo del trámite de ley de Desarrollo Autónomo otorgando una “prórroga cuatrienal 2009-2014” para que pudiese ser aprobado.[12] Es decir, que un año más tarde aún se seguía discutiendo su articulado y el gobierno ¡después de casi 20 años! fijaba una hipotética fecha de aprobación en el 2014.

El racismo latente en la sociedad costarricense, los intereses políticos vinculados a los económicos volvían a retrasar una ley beneficiosa para los indígenas y lesiva para esos intereses. El mes de septiembre de ese año 2009 se devolvió a la comisión “para que se corrija un error involuntario que estaría afectando presupuestos de la Universidad de Costa Rica”.[13] Argucia legal para tapar unos intereses económicos directamente vinculados con el partido en el gobierno en la construcción de un gran megaproyecto hidroeléctrico denominado “Proyecto Diquís”, el más grande de América Central. Costa Rica, el país en el que está la sede central de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les burlaba con alevosía sin que ese organismo internacional le dedicase un solo informe periódico ante un hecho tan flagrante de violación de los derechos indígenas.

De nada habían servido requerimientos a favor de la ley como el de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, una instancia oficial del gobierno, reclamando su aprobación en estos términos: “Como toda ley puede ser perfectible, pero ello no debe continuar siendo obstáculo para no aprobarlo. Como es sabido los pueblos indígenas viven en niveles de pobreza mucho más altos que el resto de la población; esa situación se manifiesta en la carencia de recursos económicos, en la falta de acceso a la tierra y en la dificultad de acceso a los servicios públicos. Es precisamente por esto que la nueva legislación podría constituirse en una oportunidad para que el Estado costarricense planifique y desarrolle acciones concretas para la superación de la pobreza en los pueblos indígenas. Por tales razones, la Defensoría de los Habitantes insta respetuosamente a las señoras y señores diputados/as a aprobar la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas para darle vigencia a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente en el Convenio 169”.[14] Y tampoco habían servido las apelaciones de la OIT[15] reclamando la adopción de la ley y solicitando “información detallada” sobre la manera en que se regulan las cuestiones indígenas, “en particular la cuestión de las tierras reivindicadas por indígenas y en posesión o propiedad de personas no indígenas”.

Así que los pueblos originarios no han tenido más remedio que recurrir a la movilización. El año 2010 ha comenzado con varias protestas, la más sonada al iniciar un encierro en el Parlamento con el apoyo de algunos de los diputados, siendo desalojados prácticamente de inmediato. La razón es la misma a lo largo del tiempo: el estatuto de autonomía. Como dicen los indígenas en su comunicado[16] “no fueron capaces de darnos respuesta oral o escrita, afirmativa o negativa sobre este Proyecto que tiene 17 años de transitar por los corrillos legislativos”. Así siguen.

HONDURAS

El censo oficial sitúa en 8.045.990 la población, de la que 496.600 pertenecería a los pueblos indígenas chortí, lenca, miskito, nahua, pech o paya, tawahka o sumo y tolupán o xicaque. De nuevo la disparidad de cifras puesto que el número de indígenas según sus propias organizaciones es de 607.300 a quienes hay que sumar un número cercano a las 200.000 personas de los negros del Caribe y garifunas. Son, con mucho, el sector más pobre y abandonado del país. Los organismos de la ONU estiman que viven en una situación de “extrema pobreza” en unas 4.000 aldeas,[1] condición determinada a lo largo de los siglos, desde la colonización española, por la falta de acceso a la educación, salud, seguridad, acceso a la tierra y a sus recursos naturales. El territorio reclamado por los pueblos indígenas es de aproximadamente 2 millones de hectáreas, sobre una extensión nacional de 11’2 millones, y solo el 10% de ellos tiene un título de propiedad de las mismas asegurado.

Si hay un país en el continente americano donde formalmente se reconozca a los pueblos indígenas y en la práctica apenas se hayan implementado disposiciones para que salgan de su “invisibilidad” socio-política y su extrema pobreza, ese es Honduras (también habría que poner a Chile y El Salvador en este dudoso “lugar de honor”). Formalmente tienen reconocimiento legal en la Constitución, derecho para definir y mantener su propia forma de gobierno para tratar sus asuntos, potestad para usar y explotar las tierras que les pertenecen y a participar en las decisiones que les afectan, directa o indirectamente. En la práctica no ocurre nada de eso. No lo dice un radical, sino el propio Banco Mundial[2] y la situación no ha evolucionado ni un ápice desde que esa tajante afirmación se realizó en 2003. Y eso a pesar que Honduras cuenta, desde 2001, con una estrategia de “reducción de la pobreza” que hace mención a los “pueblos étnicos”.

Hubo un ligero movimiento para cambiar la situación cuando Manuel Zelaya accedió a la presidencia en el año 2006. Era un político más de la alternancia conservadora en el poder desde la independencia de España, ligado al sector de la madera, y la oligarquía no mostró la menor preocupación puesto que era uno de los suyos. Su política económica así lo manifestaba. Pero a medio mandato inició un cambio político, con cambios que tenían como objetivo favorecer a la población más postergada (la red solidaria, bono tecnológico a los pequeños agricultores, merienda escolar y transferencias directas a ciertos grupos vulnerables, entre otros) e iniciativas legislativas que favorecían, siquiera indirectamente, a los pueblos indígenas puesto que en varias de estas medidas se les mencionaba como “sectores marginalizados”. Es una calificación verídica, pero que casi se queda corta puesto que los indígenas son los más pobres de toda la población de Honduras y no tienen participación alguna en la economía. Sus ingresos principales provienen cultivo de maíz, frijol, café, la pesca y venta de artesanías.

Este dato sirve para entender por qué los indígenas recibieron con los brazos abiertos la ley forestal elaborada por el gobierno de Zelaya. Hay que tener en cuenta que los indígenas de Honduras, como en la mayor parte del continente, viven en zonas selváticas o boscosas. Esta ley, aunque no otorgaba a los indígenas los derechos que tienen recogidos en la Constitución –y que les otorga también la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la ONU en 2007, votada afirmativamente por Honduras- abría nuevas perspectivas de aumento y diversificación de ingresos a los pueblos indígenas, sobre todo con la explotación maderera. Otra iniciativa que se acercaba a los pueblos indígenas fue la elaboración de un proyecto de ley que pretendía reorientar las tierras indígenas hacia ellos mismos, aunque con muchas limitaciones.

La situación de los pueblos originarios no se debe únicamente a la desidia, desinterés y opresión a que se ven sometidos por todos los gobiernos hondureños, sino también a su propia desunión. Y a la intervención de organizaciones internacionales de todo tipo, que les están convirtiendo en meros receptores de unas cuantas ayudas con lo que palian, muy poco, su situación cotidiana pero que les impide coordinarse y reivindicar de forma conjunta al Estado sus derechos y tierras. Ellos mismos lo denuncian. Al menos los negros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que ha venido acusando a las instituciones internacionales, públicas y privadas, de imponer a los pueblos indígenas y negros “una visión de desarrollo, vinculada a los programas de inversión e impulsando la redacción de leyes ambiguas, destinada a destruir nuestros usos y costumbres”.[3]

En Honduras, de la mano de instituciones como el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) o en Banco Mundial, se pretende impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas y negros bajo la óptica del libre mercado, con lo que se rompe la tradición comunitaria. Se incentivan los proyectos individuales dentro de las comunidades y se coloca en un segundo lugar la puesta en marcha de mecanismos de regularización de los territorios dejando en el aire todas las cuestiones relacionadas con la titulación, ampliación y saneamiento de los pueblos indígenas. Ello se hace aprovechándose del altísimo nivel de analfabetismo existente (23% reconocido de forma oficial en personas de más de 15 años, “a lo que debe sumarse el porcentaje de analfabetos en desuso, lo que hace de la situación de escolaridad un problema crítico”)[4] y de la desesperada situación de muchas de las comunidades e individuos, que no dudan en venderse al mejor postor con la finalidad de salir de su penuria cotidiana acogiéndose al apartado de “compensaciones económicas” por la venta de tierras. Esto cuando se hace por las buenas. Por las malas, sus tierras son invadidas por campesinos empobrecidos para sembrar maíz (muchas veces transgénico), frijoles o café; por empresarios madereros que aducen son tierras sin roturar (identificar como indígenas), y por traficantes de droga para sembrar sus cultivos. Es lo que le está ocurriendo al pueblo tolupán desde el año 2008.

El BID va mucho más allá. Bajo su influencia, desde 2004 y también con el el gobierno de Zelaya, se estaba elaborando un anteproyecto de Ley para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que diluía los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT hasta hacerlos desaparecer en la práctica. Los funcionarios gubernamentales encargados del “tema indígena” hablaban por activa y por pasiva de la necesidad de “regular” el Convenio 169 en lo referente a las tierras, omitiendo el concepto de territorio y evitando mencionar en la ley el marco jurídico bajo el que se titularían, si es que eso se hacía. Es una vieja tradición del BID, que elabora y promueve planes semejantes en México, Panamá o Perú con la finalidad de convertir los territorios ancestrales en propiedades individuales partiendo del concepto de que la propiedad comunal es un impedimento para el desarrollo.

Queda claro que el Estado no está libre de culpa en esta política. Como parte del Plan Puebla-Panamá, hoy denominado Proyecto Mesoamericano, Honduras ha abierto su territorio a todo tipo de planes económicos entre los que destacan los megaproyectos hidroeléctricos, las concesiones mineras a cielo abierto, la explotación de petróleo, el cultivo de palma africana para uso de los biocombustibles y proyectos turísticos que atentan contra la soberanía y supervivencia de los pueblos y comunidades indígenas. Eso por no hablar de las bases militares estadounidenses, en constante ampliación.

El tema turístico tiene una mención especial. En Honduras, desde comienzos de esta centuria, existen las Zonas Libres Turísticas que, como su nombre indica, son “libres” en referencia a que no forman parte de las tierras tradicionales indígenas, ni siquiera en calidad de “lugares sagrados”. Los indígenas vienen rechazando esta norma con insistencia y han llegado a ocupar los sitios arqueológicos, como el pueblo chortí, tanto para oponerse a esta medida como para llamar la atención sobre su histórico abandono. Este tipo de acciones las han realizado los chortí (de ascendencia maya) trece veces desde 1997 y sólo han abandonado su actitud cuando han arrancado algún compromiso al gobierno. La última acción de este tipo, llevada a cabo en la principal zona arqueológica de Honduras, Copán, duró tres días y tuvo lugar en junio de 2010.

El golpe de Estado que tuvo lugar en junio del año 2009 para desalojar de la presidencia a Zelaya no hizo sino empeorar las cosas para los pueblos indígenas dado que la mayoría de ellos tomaron partido por quien había iniciado, aún tímidamente, ciertos cambios legislativos en su beneficio. Habían apoyado propuestas concretas como la adhesión a la Alianza Bolivariana para las Américas puesto que ésta recoge un amplio apartado sobre la reducción de la pobreza y los derechos de los pueblos indígenas, la reorientación de los recursos a favor de los pueblos originarios en el marco del tema tierra/territorio y su aspiración de limitar los privilegios de los grupos tradicionalmente más favorecidos en la sociedad hondureña. Zelaya había llegado, además, a aceptar retirar del Congreso una propuesta de ley indígena que no contaba con el apoyo de la mayoría de los pueblos originarios en busca de un acuerdo con ellos a través de la Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras, de la que sólo se mantenían alejados los garifunas, división que luego fue aprovechada por los golpistas. Comenzaba a ser el presidente del país que más receptivo se había mostrado con las reivindicaciones indígenas y negras aunque ello no era óbice para que las diferentes organizaciones de estos pueblos expresasen su rechazo rotundo a los proyectos económicos y a leyes que beneficiaban los proyectos hidrocarburíferos por considerarles un atentado contra la biodiversidad, los ecosistemas y que “sólo busca beneficiar a las empresas transnacionales y el interés geoestratégico de los Estados Unidos en la región”.[5]

El golpe de Estado sirvió para que se acelerase una coordinación entre las diferentes organizaciones indígenas y sectores sociales y populares que ya se venía produciendo desde comienzos del año 2009, constituyéndose el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que se convirtió en uno de los baluartes del Frente Popular de la Resistencia, reclamando el retorno de Zelaya primero al país –había sido expulsado del mismo tras el golpe- y después a la presidencia. Esta coordinación sirvió también para que los pueblos indígenas viesen una clara oportunidad de reclamar sus derechos en forma colectiva, más allá de la denuncia del golpe de Estado, y el protagonismo lo llevaron los pueblos lenca, tolupán y chortí. Los pueblos indígenas, históricamente postergados, habían visto en la presidencia de Zelaya un tímido rayo de luz y tenían una profunda preocupación ante la resistencia de los poderes fácticos a que la población fuese consultada sobre cuestiones políticas y/o económicas de calado –la excusa para el golpe de Estado fue una consulta a la población, que no era vinculante, sobre la participación ciudadana en la vida política- haría muy difícil la aplicación del derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, tal como está garantizado en múltiples estándares internacionales y que han sido ratificados por el Estado de Honduras. De hecho, fueron los indígenas articulados alrededor del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –donde el pueblo lenca es mayoría- quienes con más insistencia apoyaron la consulta propuesta por Zelaya y la instalación de una Asamblea Constituyente que recogiese una nueva Carta Magna en la que estuviesen reconocidos todos y cada uno de sus derechos, en especial los colectivos.

Esta nueva situación no la habían previsto los golpistas, que se aumentase la conciencia política en general y de los pueblos indígenas en particular, aunque el incremento de la represión que se viene produciendo desde entonces contra unos y otros no provoca buenos augurios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado que los pueblos indígenas y garifunas han sido los más afectados por el golpe de estado.[6] No obstante, se ha iniciado ya un camino sin retorno en Honduras para que los pueblos indígenas y negros recuperen su lugar y tengan un papel protagonista en el país.

Sobre el método

Este libro es un trabajo de síntesis que sólo pretende ser una guía introductoria para quienes tengan interés en acercarse a la realidad sociopolítica actual de los pueblos originarios en el continente americano. Se edita cuando comienzan en América Latina los fastos de la celebración del bicentenario de la independencia de las metrópolis europeas en las que los pueblos indígenas, hasta el momento del envío a imprenta, no están representados.

A buen seguro que habrá quien encuentre lagunas en la exposición, quien eche en falta más elementos etnológicos y/o antropológicos y quien considere que se han cargado las tintas en los aspectos económicos. Habrá, también, quien considere que se tenía que haber organizado la relación de pueblos originarios por índice alfabético; quien crea más conveniente agruparles por identidad lingüística; quien crea que se debería haber optado por los cuadros antes que por la simple relación y los enlaces transfronterizos entre ellos, y quien prefiera el simple recorrido geográfico de Norte a Sur –criterio etnocentrista- o de Sur a Norte –para enfrentar de forma gráfica y reivindicativa el criterio etnocentrista-. Habrá, incluso, quien cuestione la forma aquí elegida, el criterio alfabético por países, al entender que las fronteras son artificiales y ocultan la realidad de unos pueblos que son en muchas ocasiones transfronterizos.

Es obvio que la división territorial en países no coincide en muchos casos con la ocupación indígena del espacio puesto que mucho antes de que se formalizasen esas fronteras, y mucho antes de que llegaran los europeos, y mucho antes de otros imperios, con sus expansiones y ocasos, los pueblos indígenas ya ocupaban las zonas que hoy mantienen a duras penas, por lo que tiene más sentido hablar de “pueblos en” Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, etc. que de “pueblos de” los países del continente. Más aún si se tiene en cuenta que los estados nacionales conformados a partir del proceso independentista de las metrópolis europeas no sustituyeron, ni anularon, las profundas raíces históricas de los pueblos indígenas quienes antes que boliviano o peruano, por ejemplo, se reconocen quichua o aymara, mohawk antes que canadiense o estadounidense, lenca antes que hondureño o salvadoreño, mapuche antes que argentino o chileno, etc.

Habrá también quien cuestione la grafía (tucano-tukano, zápara-sápara, huaorani-waorani, yekuana-yekwana, quichua-kichwa) aunque, en líneas generales, se ha seguido el criterio oficial, tal y como se recoge en los diferentes países, y con la finalidad de reducir en la medida de lo posible la confusión que se pudiese producir ante la variedad de nombres y designaciones, orales o escritas, de un mismo pueblo, lengua o nacionalidad. Esta misma norma es la autoimpuesta a la hora de mencionar a los pueblos originarios con denominaciones diferentes en función de su transfronteralidad, como por poner un caso los wichí (Argentina)-weenhavek (Bolivia), o de una distinta denominación en un mismo país, caso de los paéz-nasa en Colombia o los a’i-cofán en Ecuador.

A nadie le faltará razón. Sin embargo, se ha optado por esta presentación para facilitar no ya la lectura sino la búsqueda y, si ello es posible, la comprensión de una realidad de la que mucho se habla y en la que poco se profundiza. Aquí no se trata de profundizar, sino de abrir un camino para continuar transitando por él en otras ocasiones. También hemos optado por eludir a propósito la reseña histórica, sobre la que hay bibliotecas enteras, y hacer hincapié en la situación socioeconómica actual dejando al margen el único aspecto en el que los pueblos indígenas sí han comenzado una nueva era, como la posibilidad de educarse en su propia lengua aún con las importantes limitaciones y condicionantes que resalta la propia ONU, ya reseñadas con anterioridad en el inicio de este libro. Para los indígenas tan importante como la lengua y su cultura es la tierra. Forma parte de su cosmovisión. Ahora bien, mientras que los derechos culturales son concedidos y reconocidos incluso de buena gana por los gobiernos, con la tierra ocurre exactamente lo contrario. Cultura y lengua quedan bien para aparentar y defender en instancias internacionales que se cumple con los mandatos y se tiene un gobierno “políticamente correcto”, pero esa cosmética se deshace en pedazos cuando los indígenas reclaman no sólo su derecho a la tierra, sino a ser consultados sobre las cuestiones que les atañen directamente y a su autoorganización y autodeterminación. No se les niega la posibilidad de hablar su propia lengua, ni educarse en ella, pero sí la posibilidad de gobernar sus territorios y disponer de sus recursos.

Con ello se quiere poner de relieve –y la redundancia ayuda a comprender mejor el mensaje-, lo que se ha venido manteniendo a lo largo de las páginas iniciales: una cosa son las leyes y declaraciones aprobadas a favor de los pueblos originarios, en los ámbitos nacionales e internacionales, y otra muy distinta es la realidad a que se siguen enfrentando estos pueblos. O dicho en un lenguaje más jurídico: igualdad de iure frente a desigualdad de facto. Es una situación que se produce en todo el continente de Abya Yala, con independencia que en unos países se estén produciendo procesos emancipatorios muy ilusionantes para las poblaciones indígenas y en otros no se haya apenas avanzado en el reconocimiento e implementación de sus derechos. Por eso al hacer la exposición de cada país, en la mayoría de ellos se parte de fechas tempranas, finales del siglo XX, casi coincidiendo con la aprobación por parte de la OIT del Convenio 169, sin entrar en consideraciones anteriores o sólo muy tangencialmente teniendo en cuenta los movimientos indígenas que se hubiesen producido y la relevancia que tenga una determinada situación en el presente. Tal es el caso del latifundismo menonita en Paraguay.

Y como hay que hacer esa declaración de honestidad que se reclama en las primeras páginas, verás lector, lectora, que se desarrollan más las situaciones en unos países que en otros. Una de las razones es que son en los que los movimientos indígenas son más avanzados. Otra, que son los que el autor conoce mejor de muy primera mano. Por ello, antes que tú lector, lectora, entres en el desarrollo de las situaciones de cada país, debes recibir las disculpas del autor por los fallos y omisiones que puedas encontrar. Y también debes ser algo comprensivo, algo comprensiva, ante el trabajo aquí abordado.

Una última consideración: dado que el material que se ofrece va a ser volcado en internet, muchas de las notas ofrecidas hacen referencia a páginas web para que quien lo siga a través de la red tenga un fácil acceso a las fuentes reseñadas. La consulta de la mayoría de ellas, para no reflejarlo de manera reiterada e innecesaria en las notas, se realizó entre el 1 de mayo y el 1 de octubre de 2010.

370 millones de indígenas

El organismo multinacional –de naciones- establece en unos 370 los millones de personas que forman alrededor de 5.000 poblaciones indígenas en 70 países del mundo y que, históricamente, han estado sometidas a la opresión, exclusión de los procesos de toma de decisiones, marginación, explotación, asimilación forzosa y represión cuando han tratado de luchar por sus derechos. Incluso hoy día se mantiene en la mayoría de estos países esa situación. Pese a la disparidad de continentes, países, lenguas y culturas sus problemas, quejas e intereses suelen ser muy semejantes, de forma especial en todo lo referente a la tierra y a mantener su identidad y patrimonio cultural. A pesar de algunos avances y de las declaraciones bienintencionadas, aún queda mucho camino por recorrer. La ONU sabe que por el simple hecho de haber aprobado unas cuantas declaraciones de derechos no se ha solucionado el problema. Y así lo tiene que reconocer muy a su pesar: “Pese a los esfuerzos realizados en los últimos 40 años para mejorar las condiciones y aumentar el reconocimiento de los derechos indígenas por medio del derecho y la política, el recurso a los tribunales, el diálogo nacional y el aumento de las oportunidades de dirección, todavía no se ha logrado dar cabida plenamente a los derechos indígenas”.[23]

Los pueblos originarios siguen siendo los más numerosos entre los pobres, los analfabetos y los desempleados. Constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, pero suponen el 15% del total de pobres de solemnidad que hay, según la ONU, en el planeta. También representan la tercera parte de los 900 millones de indigentes de las zonas rurales. Es decir, que ser indígena equivale a ser pobre por definición. Por dar algunos datos, los índices de pobreza entre los indígenas son mucho más altos que entre el resto de la población de Abya Yala en países como Paraguay (7’9 veces), Panamá (5’9 veces), México (3’3 veces), Guatemala (2’8 veces) o Estados Unidos (2 veces). Es una realidad que no se puede ocultar con unas cuantas fotografías de niños sonrientes ataviados con los trajes típicos de sus pueblos ni con declaraciones de buenas intenciones que luego no se plasman en políticas activas a nivel interno o se distorsionan hasta tal punto que las hacen irreconocibles. En no pocos de los países de Abya Yala se utiliza el discurso de multiculturalidad e integración política y social por parte de una clase política no indígena en lo que no cree lo más mínimo y que sólo lo utiliza como una mera cuestión funcional.

En el continente americano las cifras oficiales hablan de 29 millones de indígenas identificados (sin contar EEUU y Canadá), aunque hay quien eleva el número hasta los 39 millones (es el caso del Programa México Nación Multicultural de la Universidad Autónoma de México, que sí incluye a los que habitan en EEUU y Canadá) e, incluso, a los 50 millones (Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe). Teniendo en cuenta que durante siglos se “invisibilizó” a los indígenas y se hizo todo lo posible por desculturizarlos hasta llegar en no pocas ocasiones a lograr que ellos mismos renegasen de su condición de indígenas –negándose a inculcar a sus hijos su propia lengua, perdida en muchos casos, para así tener alguna salida económica y social- la pretensión de realizar un censo de población indígena en el mundo es bastante problemática puesto que los censos suelen ser oficiales y, por ello mismo, se suele obviar la parte de población originaria que ha emigrado a ciudades fuera de sus tradicionales territorios. Por lo tanto, hay que tomar con mucha cautela cualquier tipo de cifra oficial puesto que los censos están viciados en origen. Si bien son como la tarjeta de presentación de los Estados en una época donde prima lo “políticamente correcto”, al menos en el plano teórico, sólo hay que tomarles como un mero indicador a la baja y nunca como una verdad absoluta. Hay que reflejar que en los últimos años los resultados de los censos y encuestas muestran ciertos avances, a veces significativos, en la identificación de la población indígena pero también continúan los prejuicios excluyentes (tal vez el más significativo sea el de El Salvador), debilidades teóricas de las categorías usadas (como en México) y disparidad en los criterios. La norma en este libro será partir de la cifra oficial pero teniendo siempre en cuenta lo que se acaba de reseñar.

Los estados con baja población indígena tienden a incluirles, como se ha dicho, en una postura de “lavado de cara” de su política sobre la cuestión indígena, lo que queda bien en la escena política internacional. Los estados con alta población originaria hacen justamente lo contrario en un intento de mantener el poder de la clase dirigente que, con la excepción de Bolivia, no es indígena (Guatemala es el caso más evidente, la mayoría de la población es indígena pero gobierna la minoría criolla). Sea cual fuese la cifra, lo que indican los estudios de las condiciones socioeconómicas de los pueblos originarios en América es que la situación de marginación y pobreza se ha perpetuado con el tiempo y que la ratificación por muchos de estos países del Convenio 169 de la OIT -hasta el momento lo han hecho Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Paraguay, Perú, Venezuela, Países Bajos, Noruega, Nicaragua y Dinamarca- o el voto favorable a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU no se han trasladado a la legislación interna.

Aún cuando los pueblos indígenas hayan podido tener más oportunidades de educación o capacitación en virtud de las nuevas normativas, nacionales e internacionales aprobadas en las últimas décadas no han llegado siquiera a una mínima igualdad ni les ha servido para reducir la pobreza que los diferencia de la población no indígena. Pese a todos los adelantos positivos, en mayor o menor grado, logrados en el establecimiento de normas de derechos humanos a nivel internacional los pueblos indígenas siguen enfrentando graves violaciones cotidianas de esos derechos. Cuestiones como la violencia y la brutalidad, la perpetuación de las políticas de asimilación, la marginación, el despojo de sus tierras, la expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos a la tierra, los efectos del desarrollo en gran escala, los abusos de las fuerzas militares, los conflictos armados y un conjunto de violaciones de otra índole son una realidad para las comunidades indígenas de todo el planeta.

Esta conclusión es válida para los países cuyos pueblos indígenas constituyen una pequeña fracción de la población general como, en el continente americano, es el caso de Canadá, EEUU, Argentina o Chile así como en países en que una gran parte de la población es indígena, como en Guatemala, Perú y Bolivia aunque en este último país el cambio puesto en marcha por el presidente indígena Evo Morales augura un futuro mucho más prometedor.

Para los pueblos originarios todo este camino por el reconocimiento de sus derechos –aunque en muchas ocasiones no se cumplan- ni ha sido, ni es, un proceso fácil. Y tampoco hubiese sido posible si en América Latina, a finales del siglo XX, no se hubiese ido conformando una nueva situación política en la que los pueblos originarios comenzaron a mostrar unos nuevos contornos y búsqueda de posibilidades dentro de un mundo que históricamente les había marginado y ninguneado. Fue a raíz de las conmemoraciones del V Centenario del “Descubrimiento” de América –rebautizado como “Encuentro entre Dos Mundos” al constatarse el rechazo que tal denominación causaba en los pueblos originarios- cuando el movimiento indígena latinoamericano, que ya venía mostrando un alto nivel de organización desde finales de la década de 1970, inició una serie de reivindicaciones masivas en cuestiones vitales para ellos: el derecho a la tierra, a sus territorios ancestrales, a sus lenguas y a su propia autodeterminación frente a, o junto a, los estados nacionales de los que forman parte. Hasta ese momento, tanto en ámbitos políticos como culturales, la forma mayoritaria en que se veía a los indígenas era como una gente que se aferraba, en una muestra de barbarismo, a sus tradiciones por lo que, en consonancia, se les despreciaba. Si querían incorporarse a la sociedad, tenían que asumir una cultura diferente y unos valores diferentes, más “modernos”. Era algo inherente a la propia configuración social: durante la etapa colonial el término “indio” se aplicaba a aquellos que no conocían la cultura occidental. Y tras la consecución de la independencia y prácticamente hasta la actualidad, el término “indio” se utiliza de forma despectiva: “indio sigue siendo indio porque la vida republicana de nuestros países lo continúa manteniendo en una situación de verdadera conquista y ha soslayado esa realidad, lo que se prueba, por ejemplo, con los criterios utilizados para determinar su problema, que lo reduce principalmente al ámbito cultural”.[24]

Así, vemos que en los últimos años los gobiernos –aparte de los propios pueblos indígenas- han iniciado la recuperación de algunas tradiciones, se impulsa la educación en la lengua materna y, en el mejor de los casos, se establece la oficialidad de esa lengua en las regiones o territorios donde se habla, pero poco más. Salvo en Bolivia, Paraguay y Venezuela en ningún otro país las lenguas indígenas tienen carácter oficial en todo el territorio del Estado. En Brasil y Chile sólo son lenguas de educación. En el resto, se consideran oficiales bien donde se hablan o “en los lugares donde predominan” (Perú). Y hay donde ni siquiera se contempla el tema, como es el caso de El Salvador y Honduras. Por lo tanto, no se abandona el discurso y la práctica de la homogeneización cultural ni del monolingüismo y en ello juegan un papel importante la política comunicacional de los gobiernos y la prensa. Cuando los propios movimientos indígenas intentan organizar un sistema de comunicación propio se les dificulta por medios legales hasta hacerlo imposible, tal y como sucede en México o se enfrentan a represalias por dar cobijo e impulso a las reivindicaciones indígenas como en Ecuador y Perú.

Puede lector, lectora, que consideres que se está dando una visión muy pesimista. Pero son las propias instituciones internacionales, las mismas que aprueban declaraciones de derechos, quienes un tiempo más tarde hacen una evaluación de los mismos y llegan a conclusiones desoladoras. La ONU reconoce, tres años después de la aprobación de la DDPI, que “a menudo la educación que se proporciona a los indígenas es irrelevante”[25] puesto que “los estudiantes indígenas con frecuencia se dan cuenta de que la educación que el Estado les ofrece promueve el individualismo y una atmósfera competitiva, en lugar de formas comunitarias de vida y cooperación. No se les enseñan técnicas de supervivencia ni de trabajo adecuadas para las economías indígenas, y en muchos casos regresan a sus comunidades con una enseñanza oficial que es irrelevante o inapropiada para sus necesidades. Se ven obligados a buscar empleo en la economía nacional, lo que termina en un círculo vicioso de fragmentación social, éxodo de profesionales y falta de desarrollo, sobre todo porque los trabajos y los sueldos a los que pueden aspirar en muchos casos no están a la altura de sus logros académicos”.[26]

Se puede pensar que tres años, los transcurridos entre la aprobación de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y esta evaluación, no es nada. Pero mientras no haya un cambio del modelo político y económico, aún sin dudar que se han hecho algunos esfuerzos bien por convicción o por imposición de lo “políticamente correcto”, la realidad es la que es y no se ve solución alguna en el futuro que cambie la situación de estos pueblos. Incluso en los países donde el nivel general de escolarización de los pueblos indígenas ha aumentado, como, por ejemplo, varios países de América Latina y Canadá, “la diferencia de calidad en la escolarización persiste, lo que da pobres resultados en la educación de los pueblos indígenas”, como dice al ONU. En Canadá, por ejemplo, cerca del 70% de los estudiantes de las naciones originarias que viven en las reservas no termina la educación secundaria, lo que repercute a la hora de llegar al mercado laboral y al desempleo, más alto (entre el 4 y el 5% más) que la media. O la cárcel, puesto que si la población indígena en Canadá supone sólo el 4% del total, el número de presos indígenas alcanza un porcentaje del 19% del total de la población reclusa. Las condiciones de pobreza extrema, exclusión y aislamiento no son un buen presagio para los programas de educación sostenibles y multiculturales destinados a los pueblos indígenas porque no se pueden hacer cestos nuevos con material viejo.

No obstante, sí hay cambios en marcha. Si bien no puede decirse que todo parta de 1998, a raíz del triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de ese año en Venezuela, lo cierto es que gracias a ese impulso tomaron una fuerza inusitada procesos que ya venían desarrollándose en Bolivia, Ecuador y otros países. Y en él, jugó un papel muy destacado el tema racial. Es algo que se venía produciendo desde el mismo momento de la independencia de los países americanos de sus respectivas metrópolis: la unión del problema racial y de las relaciones de poder entre criollos, mestizos, negros e indígenas.

Es cierto que no fue un fenómeno unánime, puesto que entre los independentistas y revolucionarios hubo quienes propugnaron la igualdad no sólo entre mestizos y blancos, sino también con negros e indígenas. Este era un principio fácil de asumir cuando negros e indios eran minoría dentro de los nuevos países, pero no cuando constituían claramente la mayoría hasta llegar en algunos a las dos terceras partes de la población. Era el caso de Perú y de la revuelta que protagonizó Tupac Amaru, como relataba el intendente de Venezuela a Carlos III: “Si hubiese tenido [la rebelión] un jefe de alta esfera en la clase de los blancos me persuado que hubiera sido muy difícil o imposible el desempeño de reducirlo o vencerlo, y no se sabe si el mal se ha extinguido o si cuando menos se piensa volverá a descubrirse con violencia inexpugnable”.[27]

No se puede olvidar que durante la etapa colonizadora española el objetivo era, fundamentalmente, la explotación económica por lo que el desarrollo autóctono de formas políticas, económicas y sociales quedaba supeditado a una sociedad piramidal, con la cúspide bien blindada: los blancos, fuesen criollos o metropolitanos. Eso favoreció la aparición de grupos oligárquicos que consideraban a los otros grupos, incluyendo a la incipiente clase media mestiza –los blancos siempre se esforzaron por convertir a los mulatos, hijos de hacendados y esclavas negras, en ciudadanos de segunda categoría-, excluidos de toda actividad que no fuese la de ser sujetos de explotación económica y así han procurado mantenerse hasta casi finales del siglo XX. Los criollos (blancos), hijos de los metropolitanos nacidos en América, y sus descendientes –en tanto en cuanto la mezcla racial les hubiese respetado en cuanto a la tonalidad de piel o a las dimensiones del patrimonio- siempre se han considerado descendientes directos de los autores de la primera expoliación y, durante siglos, no han hecho otra cosa que seguir el camino iniciado por sus antecesores. Los pocos que intentaron dentro del proceso independentista una alianza con las poblaciones indígenas y mestizas, llegando a proponer la entrega de tierras de cultivo a los mestizos para crear pequeñas propiedades agrarias y a los indígenas la recuperación de sus tierras comunales –como fue el caso de los mexicanos Manuel Hidalgo y José María Morelos- fueron pronto derrotados poniendo de manifiesto la importancia de la tierra. Para unos, convertidos en terratenientes y controladores, de hecho, de la oligarquía criolla, imprescindible para asegurar y fomentar su control político y económico. A otros, se les arrebataba en una usurpación histórica y se les convertía en mano de obra esclava o semiesclava cuando no se les exterminaba sin más.

No hay que perder de vista que la propiedad de la tierra es el gran eje vertebrador de las luchas indígenas en todo el planeta y a lo largo de los siglos. En el caso del continente americano, la posesión de la tierra se convirtió en el móvil del desarrollo capitalista y esa posesión tuvo como origen la apropiación privada de las tierras de dominio público y la supresión, por aniquilación o desplazamiento, de las comunidades indígenas fundamentalmente. Los nuevos países, salidos de la lucha independentista contra las metrópolis española, portuguesa y británica, entraron en una frenética dinámica de delimitar fronteras, consolidar regímenes de propiedad privada del suelo, impulsar la especialización productiva (monocultivo) e, incluso, convocar al capital y a la mano de obra extranjera por los prejuicios raciales (sobre todo en el sur del continente) que llevaban a reducir a lo estrictamente imprescindible la utilización de indígenas aún como mano de obra.

La tierra así adquirida se obtuvo en su enorme mayoría de las aldeas y comunidades indígenas, entre las que no existía el concepto de propiedad privada y no poseían títulos legales para evitar la calificación de sus tierras como “yermas”, una argucia utilizada para arrebatárselas. Ha sido una política agraria que ha potenciado el latifundio –fortaleciendo así a una oligarquía reacia a cualquier tipo de cambio- que, a su vez, expuso a los indígenas desposeídos al mercado laboral en condiciones de superexplotación, tanto legal como ilegal, y que ha sido el sustento de un sistema que aseguraba a esta oligarquía la dominación económica, social, política y cultural en dos dimensiones: una tácita y restrictiva, que ha tenido como fin el mantenimiento del control de toda participación y organización política de sectores y grupos ajenos a la élite dominante, y otra expresa y participativa pero limitada sólo a la élite con acceso al poder para dar una imagen de liberalismo, democracia y hasta modernidad.

Cuando los movimientos indígenas comenzaron a recuperarse de su postración y a lograr un cierto reconocimiento, al menos simbólico, de sus reivindicaciones los blancos criollos, en la cúspide de la pirámide social, consideraron que su poder tradicional podía desmoronarse e iniciaron toda una serie de maniobras, desde las clásicas golpistas a las más modernas “integracionistas”, para evitar el cambio que se apuntaba y que amenazaba, directamente, su estatus y poder. De pronto se comenzó a hablar de derechos para quienes durante siglos habían sufrido uno de los genocidios humanos y culturales más brutales que ha conocido la humanidad. En un intento de reconducir un movimiento que exigía un protagonismo social, político y económico se inició un proceso, que dura hasta hoy, en el que el reconocimientos de estos derechos ha saltado al centro de la vida política de la práctica totalidad de países latinoamericanos. En mucha menor medida, en los países del norte del continente. Ni ha sido ni es un proceso iniciado por las buenas, por un cambio “de los de arriba”, sino por el temor de éstos al empuje “de los de abajo”.

Las élites gobernantes se han apresurado a modificar constituciones y a aprobar toda una batería de leyes que, en mayor o menor medida, reconocen los derechos de los pueblos originarios, como se ha dicho con anterioridad. Pero una cosa es aprobar leyes y otra cosa es ponerlas en práctica sobre todo si se constata la presencia de riquezas naturales en las tierras de los pueblos originarios. Este es el caso de todos los países, pero hay que mencionar uno, Brasil, y de un presidente, Luis Ignacio “Lula” da Silva, que a pesar de su prestigio nacional e internacional no ha dudado en dejar de lado a los indígenas a la hora de adoptar un “Plan de Aceleración del Crecimiento” que implica la construcción de cientos de plantas hidroeléctricas en tierras indígenas de la Amazonía sin haberles consultado previamente a los pueblos que las habitan si aceptaban el mismo o no. Y la consulta previa, libre e informada y de buena fe es un requisito imprescindible para poner en marcha cualquier proyecto en los territorios indígenas según el Convenio 169 de la OIT y la DDPI de la ONU, además de la autonomía y la libre determinación.

Al calor de la larga marcha de los pueblos indígenas por su visibilización y la consiguiente cascada de declaraciones internacionales por el reconocimiento de sus derechos, se ha llegado a una situación en la que el derecho al autogobierno se ha constituido en el punto central de las luchas de los pueblos indígenas en todo el mundo y, en 2009, se ha hecho realidad en algunas partes, como es el caso de Groenlandia y Bolivia. Son las dos situaciones en donde la reivindicación indígena ha llegado más lejos, por ahora.

Kalaallit Nunaat (Groenlandia, que significa país de los seres humanos) de los inuit –que son el 85% del total de la población de 57.000 habitantes-,  aún no es un estado independiente. En noviembre de 2008 votó por una abrumadora mayoría (75’54%) a favor de la ampliación de su estatuto de autonomía, donde incluso se reconoce el derecho de autodeterminación. El nuevo estatuto entró en vigor el 1 de junio de 2009, coincidiendo con los 30 años de la autonomía groenlandesa, una de las dos que reconoce Dinamarca; la otra, Islas Feroe, ya alcanzó un estatus similar en 2005. El nuevo estatuto, que sustituye al aprobado en 1979, reconoce a los groenlandeses como pueblo con derecho a la autodeterminación: el idioma groenlandés (kalaallisut) como única lengua oficial, amplía al máximo las competencias que puede asumir el gobierno autonómico y otorga a éste el control de los hipotéticos ingresos procedentes del subsuelo. Otros logros son las nuevas competencias en política penitenciaria, policía, tribunales, extranjería y control de fronteras y transporte aéreo. Siguen bajo el control danés la constitución, nacionalidad, Tribunal Supremo, defensa y seguridad, política monetaria y de divisas y política exterior. Groenlandia (Kalaallit Nunaat) es claramente el espejo donde se miran muchos pueblos indígenas. Sobre todo, los que viven en Canadá y Estados Unidos de América.

Bolivia, por el contrario, sí es un Estado independiente. Con la aprobación en 2009 de la nueva Constitución, declarando al país un “Estado plurinacional y comunitario”, la mejora de los derechos de los pueblos originarios adquiere un punto de no retorno. Su artículo 1 representa toda una declaración de principios: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.[28]

Bolivia es hoy el país que hay que tomar como ejemplo, en el aspecto normativo, para constatar que los derechos indígenas a la libre determinación, cultura y territorio que reconoce la normativa internacional se incluyen en la nacional de forma concreta y no general, en supuestos determinados y de crucial significación como las cuestiones legislativas que afectan a los pueblos indígenas y la explotación de los recursos naturales no renovables.

Es evidente que la simple aprobación de un texto legal no significa ni su puesta en práctica ni su cumplimiento, como se ha criticado con anterioridad, pero en la nueva realidad de Bolivia es algo más que un proyecto o una declaración de intenciones: es la constatación de la voluntad de la mayoría -y no hay que perder de vista que esa mayoría en Bolivia es indígena- de construir una institucionalidad propia, que incorpora elementos nuevos y que representa un modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta, hasta el momento, el modelo conocido y que supone una homogeneización superficial y una pretendida “unidad” basada en la discriminación y exclusión cultural.

Bolivia es el más claro exponente de un proceso construido “desde abajo” que ha llegado hasta “arriba” a través de victorias democráticas –no sin escaramuzas oligárquicas de calado- con la esperanza que desde ahí, al controlar los resortes del poder, se avance en una perspectiva más amplia y estructural. Es lo que en este país se ha denominado “la expectativa de los nadie” y que, al llegar arriba, se encuentran con una parafernalia de poder montada para sustentar a los sectores que han dominado desde la etapa colonial. El dilema es servirse de esas mismas estructuras y ponerlas al servicio de las reivindicaciones históricas de los indígenas o desmontarlas para construir un nuevo Estado desde una lógica absolutamente diferente, comunal del servicio desde el poder. Por el momento, el gobierno de Evo Morales está apostando por lo primero. Liberarse de las ataduras políticas y jurídicas del viejo Estado no es fácil y hay que sortear una y otra vez las resistencias y complots de la oligarquía criolla. Ya lo dijo Antonio Gramsci hace casi un siglo: “una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer”.

La nueva Bolivia está constreñida hoy por los límites de una democracia formal construida por las minorías que siempre han controlado el país y mantienen un importante poder de veto que puede impedir el crecimiento de este nuevo país que acaba de nacer (ver la referencia a este país). Si se llegó hasta donde se podía llegar es una muestra de los límites que tienen los pueblos indígenas para alcanzar sus metas dentro de una democracia hecha a medida de los criterios capitalistas neoliberales. Si se frenó de forma consciente para acumular fuerzas y seguir avanzando mientras se consolidan las posiciones logradas sólo el tiempo y la organización de los pueblos indígenas lo puede decir. No ha pasado mucho tiempo desde que se aprobó la Constitución Política del Estado y aún quedan por desarrollarse muchas de sus vías, pero son las organizaciones indígenas quienes deben actuar para que no se queden en lo que se quedan en otros países sin normas tan desarrolladas: un compendio de buenas intenciones y para salvar la cara en el ámbito internacional.

GUYANA

El censo de 2002 establece en 751.223 el número de habitantes, de los que 68.812 son indígenas (9’2% del total de la población)[1] pertenecientes a los pueblos akawaio, arekuna, kariña, lokono, makushi, patamona, waiwai, wapishana y warau que son denominados “amerindios” en la legislación para distinguirles de otros pueblos llegados bien en régimen de esclavitud durante la etapa colonial o a través de la emigración. Los pueblos waiwai (con unos 200 integrantes) y arekuna (alrededor del medio millar) son los menos numerosos, mientras que el lokono (16.000) es el principal en cuanto a número de componentes. Como de costumbre, hay disparidad entre las cifras oficiales y las de los pueblos indígenas. Estos últimos incluyen a los trio, taruma y atorad como etnias aún existentes –lo que no reconoce el censo oficial- aunque con una población muy disminuida debido a las epidemias, invasiones de sus tierras por colonos y empresas y la migración. Todos estos pueblos tienen vínculos de todo tipo con sus hermanos en Venezuela, Brasil y Surinam. También hay que mencionar que Francia mantiene una posesión colonial, la Guyana francesa, en la que viven los pueblos arawak, kalina, palikur, teko, wayampi y wayana. Y hay una zona que reclama Venezuela y no reconoce como parte de la Guyana independiente, al este del río Esequibo, que es la que aparece reflejada en el mapa.

La situación de los pueblos originarios es particular puesto que fueron de los primeros en todo el continente Abya Yala que obtuvieron derechos sobre sus tierras otorgados por los colonizadores holandeses. Ya en 1784 contaban con la “plena y libre propiedad” de las mismas y debido a que Guyana es un país surcado por decenas de ríos –su nombre significa “el país de las muchas aguas”- y de bosques, en gran parte selva húmeda impenetrable, lo que les permitió mantener sus territorios sin grandes agresiones hasta casi finalizar el siglo XX dado que los colonos europeos y los migrantes se mantenían en lugares donde podían establecer grandes plantaciones, aledaños a la selva, pero sin penetrar en ella y en la costa, donde hoy reside el 80% de la población de Guyana.

Aunque Guyana no ha reconocido el Convenio 169 de la OIT sí recoge en una ley especial, llamada Acta Amerindia, 63 comunidades y dos distritos especiales indígenas aunque ni en las comunidades ni en los distritos están englobados todos los pueblos originarios lo que significa, en la práctica, que quedan fuera del amparo de cualquier medida legal. Las comunidades que están reconocidas (en una extensión de 9.600 kilómetros cuadrados de los 38.000 que las autoridades del Estado reconocen como sus territorios ancestrales, aunque los indígenas reclaman 69.200 kilómetros cuadrados) cuentan con un amplio espectro de derechos, incluida la elección de representantes indígenas a la Asamblea Nacional, aunque el hecho de que haya comunidades al margen de esos derechos llevó a la Asociación de Pueblos Amerindios, en 1993, a plantear una reforma del Acta Amerindia y una reforma constitucional –acordada en 1999- que garantiza los derechos fundamentales de protección de su cultura y formas de vida (incluyendo sus lenguas) e introducir el concepto de autodeterminación.

Su práctico aislamiento hasta casi finales del siglo XX ha redundado en un sistema de gobierno propio y muy descentralizado, por ejemplo, en la toma de decisiones. Se mantiene el sistema utilizado durante la época colonial de “capitanes municipales” que son quienes gobiernan las comunidades denominadas Consejos Municipales. Es a estos consejos a quienes se otorgan los títulos de propiedad y cuentan con un elevado nivel de autogobierno que venía a sancionar la reforma constitucional acordada en 1999. Esta forma de gobierno indígena se coordina en asociaciones regionales y nacionales de las que una de sus máximas expresiones es la Asociación de Pueblos Amerindios. También hay otra, la Organización de Pueblos Indígenas Guyaneses que ha provocado más de un enfrentamiento no sólo entre los diferentes pueblos existentes en Guyana como entre los pueblos indígenas del Caribe agrupados en la Caribbean Organization of Indigenous Peoples (COIP) que engloba a representantes de los pueblos originarios de Trinidad y Tobago, Surinam, San Vicente, Dominica y Belice.

No obstante, la reforma constitucional pese a haberse acordado en trámite parlamentario no se aplicó y sigue pendiente en la actualidad. Una de las razones del por qué no se aplicó fue la presión de las compañías madereras y mineras, que en 1991 habían comenzado a invadir las tierras indígenas y las áreas protegidas. Esto, a su vez, era consecuencia del retraso en la demarcación de tierras y una cierta connivencia del gobierno que terminó siendo complicidad abierta al convertir en “estrategia nacional de desarrollo” la expansión de la minería con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas instituciones ya habían impulsado y financiado proyectos hidroeléctricos en la década de 1980 que conllevaban el desplazamiento de poblaciones indígenas akawayo y arekuna, aunque el BM terminó retirando la financiación al proyecto por la crítica internacional.

Con estos avales, Guyana se llenó de explotación de minas de bauxita, diamantes y oro (hay 14.500 concesiones reconocidas por la Comisión de Geología y Minas de Guyana)[2] que comenzaron a contratar trabajadores indígenas de las comunidades que no tienen reconocidos sus derechos a la tierra convirtiéndose en la mayoría de los 12.000 trabajadores que agrupa el sector minero. Tan cantidad de explotaciones mineras hace que el 25% de la superficie de Guyana esté dedicada en estos momentos a la explotación, exploración y prospección minera. De la importancia de este rubro para Guyana da muestra el hecho de que el primer ministro es a la vez el titular de la cartera de Minería.

Como se ha dicho, los pueblos originarios cuentan con un amplio reconocimiento de derechos y el Grupo de Trabajo sobre las Tierras Amerindias, establecido en 1990, es quien se encarga de todo lo relativo a los territorios ancestrales. No obstante, no cuenta con el apoyo de todos los pueblos indígenas por considerar que se trata de una instancia no participativa que ha dado prioridad a examinar los limitados títulos de propiedad otorgados, en lugar de responder a las reivindicaciones pendientes. Una de las funciones de este Grupo de Trabajo es proteger a los pueblos originarios de la explotación minera, tanto a pequeña como a gran escala, en sus tierras pero dicha protección es sólo efectiva en las tierras “legales”, es decir, en aquellas que cuentan ya con títulos de propiedad. En las otras, aún por demarcar, el gobierno sólo obliga a las empresas a consultar con los indígenas siempre que hagan prospecciones pero no hay ningún tipo de supervisión oficial sobre tal consulta, que queda al arbitrio de la empresa.

Por lo tanto, el impacto de la explotación minera sobre los pueblos indígenas es notable no sólo en el aspecto humano (mano de obra y prostitución, voluntaria o forzada, junto a consumo del alcohol y violaciones) sino en el relativo a la contaminación de los ríos y agua potable con la consiguiente disminución de la pesca y la caza, lo que acentúa aún más su situación de pobreza.

La situación es tan dramática que el gobierno decidió en 2006 abordar una nueva reforma del Acta Amerindia “para allanar el camino de los amerindios en los aspectos sociales, económicos y políticos”. Pero cuatro años después aún no ha entrado en vigor, de nuevo por presiones de las compañías mineras dado que en virtud de esa reforma el 20% de los beneficios que generasen las explotaciones debían ir a un fondo destinado al beneficio de los pueblos indígenas. Las empresas mineras consideraron muy alto el porcentaje y el gobierno no se ha atrevido desde entonces a aplicarla. Son las compañías mineras canadienses y brasileñas las que controlan totalmente el sector. La canadiense Vannesa Ventures, por mencionar una, tiene una concesión de dos millones de hectáreas en la cordillera Kanuku, densamente poblada de bosques, y parte del territorio ancestral de los pueblos makushi, waiwai y wapishana pese al rechazo que mostraron a la explotación de sus tierras.

Junto a la minería, los indígenas se enfrentan a la deforestación de la selva y los bosques tropicales. Como se ha dicho, el haber estado en un aislamiento práctico hasta finales del siglo XX ha permitido que gran parte de Guyana haya sido un ecosistema prácticamente virgen. Los indígenas sólo utilizaban sus recursos de forma sustentable. Pero con la liberalización impuesta y avalada por el BM y el FMI se ha iniciado un proceso constante de deforestación en una doble vertiente: permitir la explotación minera y la maderera. Una medida sugerida por estas instituciones internacionales es la creación de Parques Nacionales para dejar así el terreno libre a la explotación del resto de territorios, pero los pueblos originarios se oponen hasta tanto sus derechos territoriales sean totalmente reconocidos y la totalidad de sus tierras demarcadas. Este es un requisito imprescindible para detener las actividades depredadoras de las compañías mineras y madereras multinacionales que operan en el país.

No parece que el gobierno esté por la labor. Según los planes existentes, es posible la explotación de los bosques y selvas (que ocupan el 85% de la superficie del país) si el país recibe dinero a cambio para evitar la destrucción de todos los bosques fuera de las tierras protegidas. Es una iniciativa parecida a la que adoptó Ecuador en el Parque del Yasuní (ver este país) y por la que pretende lograr entre 270 y 1.600 millones de euros anuales. De nuevo la resistencia empresarial, que ha calificado la propuesta como “chantaje”[3] aunque la idea ha sido bien acogida por el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega, entre otros.

El gobierno se está dando mucha prisa en organizar “reuniones de sensibilización” con las comunidades indígenas (2009) para dar a conocer su iniciativa. Lo que no dice es cómo va a funcionar su plan si, al mismo tiempo, asegura a las empresas mineras y madereras que sus intereses y actividades no se verán afectadas y afirma también que va a desarrollar la industria del petróleo y del gas como “factor de desarrollo”.[4]

El segundo triunfo: la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU

Las buenas palabras llegaban a y desde todas las esferas. La parte final de la década de 1990-2000 había sido muy prolija en declaraciones y avances teóricos. No había ninguna reunión gubernamental o intergubernamental que se preciase en la que no se expresase categóricamente el compromiso de todos los países por reducir la pobreza y el hambre, disminuir las enfermedades, la inequidad entre los sexos, enfrentar la falta de educación, la falta de acceso al agua y saneamiento, detener la degradación ambiental… Claro que con muchos matices entre unos y otros. En la apariencia había coincidencia en asumir que la asimilación coercitiva que se había ejercido hasta ese momento ya no era “correcta” y, si se apura, permisible. Pero quedaba una brecha significativa, que no haría sino agrandarse entre quienes apoyan la integración de los indígenas en su capacidad individual (léase, libre mercado) y aquellos que apoyan la demanda de libre determinación colectiva. Por ejemplificarlo, el Banco Mundial había pedido a los países que reconociesen a los pueblos indígenas dentro de sus programas y políticas de desarrollo. EEUU y Canadá promovieron la aceptación de la diversidad –empezando por el lenguaje, “afroamericano”, “nativo-americano”, “primeros pobladores”, “primeras naciones”- y la tolerancia hacia las diferencias como algo que encajaba perfectamente en el mercado, se podía comprar y vender (véase el apartado correspondiente a EEUU y la forma tan peculiar de uso de tierra para los indígenas). En América Latina sirvió para acentuar aún más la diferenciación social y la imposición de políticas económicas depredadoras con un desprecio casi total por las normas, incluso las “políticamente correctas”.

El ambiente era propicio para que la Asamblea General de la ONU (septiembre de 2000) aprobase la Declaración del Milenio recogiendo una serie de objetivos, con el año 2015 como “meta mesurable y plazo definido”, para reducir la pobreza, la hambruna, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra la mujer. Pero había algo que se les “pasó por alto” a todos los gobiernos: los pueblos indígenas. Tanto, que ni siquiera un año más tarde eran incluidos por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en su “Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio”[20] -un documento de 67 páginas en las que sólo hay seis menciones a los indígenas, todas dentro de un contexto general- donde aborda los objetivos y compromisos señalados en la Declaración del Milenio, sugiere los pasos a seguir e interrelaciona el Sistema de Naciones Unidas con instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, gobiernos, organizaciones intergubernamentales, regionales y la sociedad civil. Es decir, en el debate entre los defensores de la capacidad individual (léase, libre mercado) y aquellos que apoyan la demanda de libre determinación colectiva el secretario general de la ONU se decantaba por los primeros, algo muy a tener en cuenta a la hora de analizar sobre qué pilares se sustenta el desarrollo y combate contra la pobreza. Alguien debió recordarle a Ban Ki-moon lo que dijo Albert Einstein: “nunca se puede solucionar un problema con la misma racionalidad que originó el problema”. Porque ¿cómo se va a reducir la pobreza si se continúa dando carta blanca al FMI, por mencionar sólo una de las instituciones claves en el criterio del secretario general de la ONU, para que imponga sus planes de ajuste estructural –que sólo han servido para garantizar que los países deudores cumplen con los pagos que exigen los acreedores- y sus políticas relacionadas con el pago de la deuda externa que han llevado a muchos países a la situación actual?

Fue el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI), un organismo asesor del Consejo Económico y Social de la ONU con el mandato de examinar las cuestiones indígenas, quien se dio cuenta que, de nuevo, habían quedado “olvidados” los pueblos originarios y decidió comenzar a trabajar en el desarrollo de indicadores sobre el bienestar de los pueblos indígenas para que fuesen incluidos dentro de la campaña estrella de la “comunidad internacional”.

Esta era la situación en la década 1995-2004 que la ONU había declarado “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo” para fortalecer la cooperación internacional en aras a resolver los problemas de las comunidades originarias. Al constatar que muy poco se había logrado y que millones de indígenas en el mundo continuaban siendo discriminados en todos los aspectos de su vida, se decidió ampliar ese decenio internacional hasta el 2015 para hacerlo coincidir los Objetivos de Desarrollo del Milenio e incluirles así en algo de lo que inicialmente habían sido si no excluidos, sí al menos no tenidos en cuenta. El balance que hacía el Banco Mundial de ese decenio no podía ser más desolador, aunque midiendo mucho sus palabras: “Los logros en materia de reducción de la pobreza de ingresos durante la década de los pueblos indígenas (1994-2004) fueron escasos (…) la brecha de pobreza indígena es más profunda y disminuyó de manera más lenta durante el decenio (…) ser indígena aumenta las probabilidades de un individuo de ser pobre, relación aproximadamente idéntica a comienzo y a fines del decenio”.[21]

Con estos mimbres, y no sin presión interna (dentro de la ONU) y externa por parte de los nuevos gobiernos que habían comenzado a surgir en países latinoamericanos -como Venezuela, Bolivia y Ecuador que, por cierto, han incorporado a sus constituciones los derechos de los pueblos indígenas reconociendo el valor de sus formas de organización social, lenguas, prácticas médicas y cosmovisión- y movimientos socio-políticos que habían venido apareciendo en todos esos años, en septiembre de 2007 fue aprobada por la Asamblea General la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (DDPI) que se ofrece en el anexo 1. Enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, así como su derecho a trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. Con ella se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que los pueblos indígenas se han convertido, en teoría, en nuevos sujetos del derecho internacional.

Es interesante reflejar que no fue una declaración adoptada por unanimidad: logró 144 votos a favor, recibió 4 en contra y 11 países se abstuvieron (Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania). Obsérvese la postura de Colombia, único país latinoamericano que lo hizo. Y más interesante aún es conocer quiénes se opusieron a la misma: Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. La justificación del voto en contra de la DDPI que ofrecieron estos países fue muy similar: rechazo a la autodeterminación, no adecuación a las normas legislativas internas en materia de propiedad de tierras y, algo que trasciende la anécdota, el hecho de que con esta declaración se cuestionase la explotación o uso de las tierras indígenas por parte de las Fuerzas Armadas de estos países. No obstante, Australia decidió reconsiderar su rechazo a la declaración y en abril de 2009 acordó su adhesión a la misma y Nueva Zelanda lo ha hecho en abril de este año 2010, también con motivo de la reunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Colombia, por su parte, anunció su adhesión en 2009 no sin antes manifestar algunas salvaguardias respecto a esta declaración de derechos en un intento de limitarles en la práctica interna (ver apartado de este país).

El relato en primera persona de una indígena yaqui que participó en todo el proceso sobre cómo fue posible la aprobación de la DDPI, las presiones de los países ante referencias como el derecho a la libre determinación, el consentimiento libre, previo e informado y los derechos tradicionales sobre tierras y recursos -intentando suavizar los términos y limitar su alcance, cuando no rechazarlos simple y llanamente- y los sentimientos que produjo entre los indígenas su aprobación arroja más luz que cualquiera otra consideración: “El 13 de septiembre de 2007 pude unirme, como coordinadora regional de Norteamérica (…) a los representantes indígenas invitados a sentarnos en la sala de la Asamblea General de la ONU para ver como aparecían en el enorme panel electrónico de votación de la Asamblea los 143 votos verdes a favor (más tarde se añadió otro voto positivo, totalizando 144), los 4 votos rojos en contra (todos saben ya quienes fueron) y las escasas 11 abstenciones (yo era una de los muchos que esperábamos más abstenciones). ¡Qué momento! Éramos por fin, a los ojos de la ONU, miembros plenos de la familia humana con derechos legales esenciales para nuestra supervivencia, dignidad y bienestar plenamente reconocidos (aunque no plenamente respetados aún). Pero, ¿qué es lo que habíamos conseguido finalmente después de todos esos años de luchas y negociaciones sobre el texto? Al final, pudimos unir nuestras fuerzas con muchos estados y pueblos indígenas de todo el mundo para mantener las disposiciones esenciales que habíamos comenzado a defender hacía 30 años, para que las cosas realmente cambiasen para los pueblos indígenas que intentan defender sus derechos en sus propias comunidades”.[22]

La primera victoria: el Convenio 169 de la OIT

El empuje de las organizaciones indígenas obligó a estos países a dar ese paso, que fue “sancionado” por la Organización Internacional del Trabajo (1989) al adoptar el Convenio 169 en el que se menciona expresamente el derecho al uso del idioma propio junto a otras cuestiones como el derecho a la tierra y sus territorios, a la consulta “de buena fe” cuando un gobierno tome una decisión que les incumba directamente, su propio sistema judicial, empleo, educación, etc. La importancia de este convenio es crucial puesto que utiliza el concepto de pueblos como sujeto colectivo, señala a los pueblos como titulares de derechos colectivos y establece una nueva relación entre los “pueblos indígenas y tribales” –así se denomina el Convenio- y los Estados nacionales al reconocer la diversidad cultural y étnica (ver anexo 2).

Así es como el tema también llega a Europa. El Tratado de Maastricht (1992) reconoció que “junto a las lenguas mayoritarias (inglés, español, francés, alemán, italiano), los sistemas educativos deben fomentar la enseñanza de las lenguas minoritarias (neerlandés, danés, sueco, portugués, etc.) y de las lenguas regionales”.[13] La lucha de los indígenas del continente americano arrojaba beneficios, también, para quienes habían sido sus colonizadores.

Poco a poco se iba abriendo un periodo democratizador que aceptaba la inclusión de las lenguas y culturas indígenas en los textos constitucionales. Esto era algo fácil y asumible por las oligarquías que continuaban dirigiendo con mano férrea los países de Abya Yala en términos políticos y económicos. Y, como si quisiera resarcirse de la actitud mantenida unos años antes al considerar a los indígenas como “menores de edad”, fue Brasil el primer país del continente en incorporar a su Carta Magna (1988) el reconocimiento de los derechos ancestrales de los indígenas, estableciendo el plazo de diez años para la demarcación de esas tierras e imponiendo por ley que la explotación de las riquezas que hubiese en el subsuelo de ellas sólo sería posible con la aprobación del Congreso y del Senado. También incluyó el deber de defensa de los patrimonios lingüísticos y culturales, y el derecho a la educación diferencial. Poco más tarde fue Colombia (1991) con la nueva Constitución aprobada tras el proceso constituyente con algunos de los antiguos grupos guerrilleros –calificada entonces como la más avanzada del continente en cuestiones indígenas- considerando lenguas co-oficiales las indígenas en sus territorios, implantando la enseñanza bilingüe y estableciendo la autonomía política, con presupuesto propio, para las tierras de los pueblos originarios. Luego fue el turno de Paraguay (1992) otorgando el rango de lengua co-oficial al guaraní en todo el país y dando al resto de lenguas indígenas la co-oficialidad en sus territorios; de Perú y Ecuador (1993), el primero considerando co-oficiales “el quechua, aymara y demás lenguas aborígenes en las zonas donde predominan” y el segundo yendo mucho más allá calificando al país de “multiétnico y multicultural”. Un año después, en 1994, Bolivia hizo lo mismo que Ecuador y la cúspide de la pirámide la ocupaba a finales del siglo XX Venezuela cuando con la nueva Constitución inspirada por Hugo Chávez al asumir la presidencia (1998) se califica a la República Bolivariana como “país multiétnico y pluricultural, con principio de igualdad de las culturas y co-oficialidad de las lenguas indígenas, además de educación diferencial”.

Los pueblos originarios tuvieron que esperar hasta 1993, una vez desaparecida la Unión Soviética y en crisis un modelo ideológico que para muchos gobiernos, de forma especial los occidentales, era la antítesis de lo que ellos propugnaban para que se iniciase una cierta etapa de “tolerancia” frente a las diferencias culturales y razas (con el desmantelamiento del régimen de apartheid en Sudáfrica como paradigma). Hasta ese momento los países capitalistas occidentales habían considerado la Declaración Universal de DDHH de 1948 poco menos que como el fin de la historia y ahí está para corroborarlo su actitud con el resto de declaraciones que la Asamblea General iba aprobando. La Declaración Universal de DDHH, guste o no que se diga, tiene un tufo claramente colonial. De repente, el capitalismo neoliberal triunfante se prestaba a ser más receptivo a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, una vez que había desaparecido su enemigo mayor, el socialismo, y siempre y cuando esas reivindicaciones no afectasen a la economía globalizada. La libertad de mercado por encima de todo. La vieja esencia del colonialismo seguía viva, pero no se podía hacer otra cosa ante la nueva situación internacional, desaparecido el enemigo principal y en auge tanto el movimiento indígena como sus apoyos.

En uno de sus múltiples golpes de pecho asumiendo su lentitud, cuando no culpabilidad e incapacidad para hacer cumplir sus propias resoluciones, recomendaciones y declaraciones de la ONU, estos países reconocían lo obvio: “Después de un prolongado período en el que los derechos económicos, sociales y culturales parecían haber quedado relegados al olvido, en los últimos años se han producido algunos avances importantes en ese campo. La Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, fue un hito importante en este proceso, ya que en ella se instó a que se hiciera un esfuerzo concertado para garantizar el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel nacional, regional e internacional” .[14]

Es entonces cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decide iniciar el examen del texto definitivo de un proyecto de declaración sobre los derechos y libertades de los pueblos indígenas, incluidos el mantenimiento y el desarrollo de características e identidades étnicas y culturales; la protección contra el genocidio y el etnocidio; los derechos relativos a las religiones, los idiomas y las instituciones educacionales; la propiedad, posesión y uso de las tierras y recursos naturales indígenas; la protección de la propiedad cultural e intelectual; el mantenimiento de estructuras económicas y modos de vida tradicionales; la protección del medio ambiente; la participación en la vida política, económica y social de los Estados interesados, especialmente tratándose de cuestiones que pudieran afectar a los pueblos indígenas; la libre determinación, el autogobierno o la autonomía de los pueblos indígenas en cuestiones relacionadas con sus propios asuntos internos y locales; los contactos y cooperación tradicionales a través de las fronteras estatales, y la observación de los tratados y otros acuerdos concertados con los pueblos indígenas.

Más de veinte años después de que la ONU hubiese iniciado el estudio sobre los pueblos originarios se adoptaba un documento que, en teoría, vinculaba a todos los integrantes del organismo multinacional. El lento avance del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional era dificultado, una y otra vez, por varios Estados que se oponían al reconocimiento del derecho a la autodeterminación y al control, por los indígenas, de los recursos naturales existentes en sus tierras ancestrales. Ya se ha dicho antes: tolerancia sí, pero siempre y cuando no afecte el tema a la cuestión económica, como se verá en el desarrollo de la situación de estos pueblos en la mayoría de los países del continente Abya Yala. Y aquí juegan un papel muy importante, tanto o más que algunos Estados, las compañías transnacionales. Es un hecho que la riqueza y el poder de gran parte de esas empresas son superiores a muchos Estados. Su influencia es tal que en muchas circunstancias no tienen que rendir cuentas de sus actos y los Estados, a veces, no quieren o no pueden tratar de regular sus actividades con medidas obligatorias y enérgicas, y es algo que se ve en la actualidad en la mayor parte de los conflictos existentes con los pueblos originarios de todo el mundo, bien sea en Argentina (petróleo y gas), en Chile (agua), en Guatemala y Perú (minería) o en cualquier otro país. Incluso Brasil, una potencia económica e industrial, ve cómo las compañías madereras devastan impunemente la Amazonía año tras año en muchas ocasiones en connivencia de intereses gobierno-empresas transnacionales.

Se pone de manifiesto en toda su crudeza la presencia de dos valores, dos visiones diferentes: el desarrollo capitalista neoliberal en forma de macroproyectos y el desarrollo alternativo basado en las identidades locales y en la cosmovisión indígena. Son conceptos antitéticos y relaciones de poder asimétricas. Sería largo explicar en qué consiste la cosmovisión, pero baste señalar que se refiere al conjunto de valores y sistemas de conocimiento que articulan la vida social de los pueblos originarios. Se ha definido como “el conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo, engloba todos los sistemas, los ordena y los ubica”.[15] Hay un enriquecedor debate sobre si los pueblos indígenas poseen una cosmovisión común o si cada uno cuenta con una forma particular de concebir la relación entre el hombre, la sociedad y el mundo natural y sobrenatural en Abya Yala, África, Asia, Oceanía… Lo cierto es que pese a esa diversidad, se pueden establecer una serie de rasgos generales que comparten todos los pueblos originarios en todo el mundo en lo referente a religión, política, economía y medio ambiente. Hay una estructura comunitaria, hay una intensa relación con la tierra que no separa naturaleza y cultura, orden natural y social, individuo y sociedad. Por poner algunos ejemplos, para los indígenas la muerte no es la desaparición física de alguien sino el olvido de sus lenguas y costumbres, la contaminación ambiental, la pérdida de la diversidad, el sufrimiento de los animales, la expulsión de sus tierras, la imposición de una sola cultura. Para el capitalismo neoliberal esto es sólo el progreso y la civilización globalizada. Para los indígenas el mundo tiene unos principios que lo ordenan y lo mantienen en equilibrio; cuando esos principios se rompen, viene la catástrofe. El capitalismo neoliberal discute su responsabilidad en el cambio climático y se resiste a la imposición de tímidas reformas para paliarlo como las acordadas en el Protocolo de Kyoto o la Declaración de Río. En la cuestión alimentaria, la cosmovisión indígena se opone radicalmente al modelo capitalista neoliberal: estrategia de auto-subsistencia y seguridad alimentaria de la familia y comunidad frente al concepto individualista de ganancia y beneficios, el producir alimentos para comercializarlos, especular en el mercado y en la bolsa para encarecer estos productos con el único fin del lucro. Esto es algo que también sirve para la salud, entendida como un aspecto lucrativo y mercantil por la industria farmacéutica mientras que para los indígenas una planta que cura es sagrada, está relacionada con la vida social, naturaleza, espíritus y antepasados.

Los pueblos indígenas nos ponen ante el espejo a toda la sociedad, incluida esa famosa “comunidad internacional” inexistente salvo cuando para los países capitalistas se trata de defender sus intereses que no son, ni de lejos, ni los de los pueblos en general ni los de los pueblos originarios en particular. No obstante, su lucha había logrado ya algún éxito notable, como el Convenio 169 de la OIT, y se transitaba ya sobre un camino sin retorno, al menos sobre el papel. Como consecuencia de las discusiones y de la presión externa de los propios pueblos originarios ese mismo año de 1993 la Asamblea General de la ONU proclamó el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo” y la década de 1995-2004 como el “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo” para fortalecer la cooperación internacional en aras a resolver los problemas de las comunidades indígenas. Fue algo premonitorio. La resistencia indígena había dado un paso significativo con el momento de esplendor guerrillero de Sendero Luminoso en Perú y el surgimiento del fenómeno zapatista en México (1994), diferentes en sus concepciones ambos pero coincidentes en el hecho de que los indios planteaban alternativas políticas (trascendiendo lo indígena en Perú, incluso hay quien defiende que ese movimiento armado ni siquiera lo tenía en cuenta) que iban mucho más allá de la inclusión de las cuestiones culturales en la agenda nacional e internacional. Sin olvidar, como se ha dicho, la importante presencia de indígenas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

La singularidad del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue doble: por una parte, su negativa a tomar el poder; por otra, los indígenas chiapanecos daban una respuesta a los cambios económicos puestos en marcha por el Gobierno de México al haber aceptado formar parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y Canadá y que suponía una amenaza real para su principal fuente de supervivencia: el acceso a la tierra. Desde que el TLC se firmó, en 1992, hasta que entró en vigor, 1994, “la liberalización económica, la reforma institucional del Estado y los programas sociales dirigidos por el salinismo [Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en esa época] significaron para un amplio sector de la población indígena de Chiapas una exclusión creciente de los mercados, el abandono del Estado y la manipulación política de un gasto social limitado”.[16] Era el aldabonazo que necesitaba un mundo con mala conciencia y a quien los zapatistas, por el hecho de haber manifestado públicamente que no querían tomar el poder, caían simpáticos. Si no querían tomar el poder, su planteamiento de reforma y democratización podía ser algo asumible y el Estado mexicano se aprestó a firmar los Acuerdos de San Andrés Larraínzar (1996) que recogían muchos de los aspectos del Convenio 169 de la OIT con el parabién de muchos países, europeos incluidos. Parecía se solucionaba, por las buenas, un conflicto surgido con una rebelión armada y con la que se obligó al Estado mexicano a dar este paso.

Aparentemente, un cambio en las relaciones de injusticia en el mundo que se recibía poco menos que con palmadas en la espalda de reconocimiento entre unos y otros. Se estaba casi en una nueva época que permitía informes como el de Desarrollo Humano del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo reconociendo lo siguiente: “aún vivimos en un mundo donde la quinta parte de la población del mundo en desarrollo está hambrienta al ir a dormir cada noche, donde la cuarta parte carece de acceso a necesidades básicas como el agua de beber no contaminada, y la tercera parte vive en estado de abyecta pobreza, tan al margen de la existencia humana que no hay palabras para describirlo”.[17] Buenas palabras para malas intenciones. En el lapso de tiempo entre la desaparición del enemigo ideológico del capitalismo y la elaboración de este informe sólo en África habían desaparecido cuatro millones de hectáreas de bosques, considerado el negocio como “actividad productiva generadora de conocimiento, exportaciones y divisas” para ayudar a los países africanos a salir de la pobreza. En realidad, no sucedía otra cosa que el pago de la deuda externa, que en el continente africano se paga casi siempre en especie: madera, en este caso. La extrema pobreza, la miseria, las enfermedades, la inmigración e, incluso, las guerras que el PNUD no encontraba palabras para describir generaban grandes beneficios para los bancos y las transnacionales como Rougier y Bolloré (Francia), Danzer (Alemania) y Wyma (Holanda), por citar sólo las de tres países europeos.[18]

Lo mismo sucedía en América Latina. En 1992 se había celebrado en Río de Janeiro la llamada “Cumbre de la Tierra” con la participación de 172 países de la que salió una declaración en la que se instaba a los Estados a “cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra [así, con mayúscula]” y se reconocía que todos los Estados “tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo”. Una política que debía ejercerse en forma que “responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras”.[19] Paradójicamente, las selvas tropicales comenzaron a ser objeto de una explotación despiadada. México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil vieron cómo desaparecían millones de hectáreas de masa forestal que para cientos de pueblos indígenas y comunidades campesinas no sólo era su medio de vida sino un espacio sagrado y el lugar donde se desarrolla su vida y su cultura.