370 millones de indígenas

El organismo multinacional –de naciones- establece en unos 370 los millones de personas que forman alrededor de 5.000 poblaciones indígenas en 70 países del mundo y que, históricamente, han estado sometidas a la opresión, exclusión de los procesos de toma de decisiones, marginación, explotación, asimilación forzosa y represión cuando han tratado de luchar por sus derechos. Incluso hoy día se mantiene en la mayoría de estos países esa situación. Pese a la disparidad de continentes, países, lenguas y culturas sus problemas, quejas e intereses suelen ser muy semejantes, de forma especial en todo lo referente a la tierra y a mantener su identidad y patrimonio cultural. A pesar de algunos avances y de las declaraciones bienintencionadas, aún queda mucho camino por recorrer. La ONU sabe que por el simple hecho de haber aprobado unas cuantas declaraciones de derechos no se ha solucionado el problema. Y así lo tiene que reconocer muy a su pesar: “Pese a los esfuerzos realizados en los últimos 40 años para mejorar las condiciones y aumentar el reconocimiento de los derechos indígenas por medio del derecho y la política, el recurso a los tribunales, el diálogo nacional y el aumento de las oportunidades de dirección, todavía no se ha logrado dar cabida plenamente a los derechos indígenas”.[23]

Los pueblos originarios siguen siendo los más numerosos entre los pobres, los analfabetos y los desempleados. Constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, pero suponen el 15% del total de pobres de solemnidad que hay, según la ONU, en el planeta. También representan la tercera parte de los 900 millones de indigentes de las zonas rurales. Es decir, que ser indígena equivale a ser pobre por definición. Por dar algunos datos, los índices de pobreza entre los indígenas son mucho más altos que entre el resto de la población de Abya Yala en países como Paraguay (7’9 veces), Panamá (5’9 veces), México (3’3 veces), Guatemala (2’8 veces) o Estados Unidos (2 veces). Es una realidad que no se puede ocultar con unas cuantas fotografías de niños sonrientes ataviados con los trajes típicos de sus pueblos ni con declaraciones de buenas intenciones que luego no se plasman en políticas activas a nivel interno o se distorsionan hasta tal punto que las hacen irreconocibles. En no pocos de los países de Abya Yala se utiliza el discurso de multiculturalidad e integración política y social por parte de una clase política no indígena en lo que no cree lo más mínimo y que sólo lo utiliza como una mera cuestión funcional.

En el continente americano las cifras oficiales hablan de 29 millones de indígenas identificados (sin contar EEUU y Canadá), aunque hay quien eleva el número hasta los 39 millones (es el caso del Programa México Nación Multicultural de la Universidad Autónoma de México, que sí incluye a los que habitan en EEUU y Canadá) e, incluso, a los 50 millones (Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe). Teniendo en cuenta que durante siglos se “invisibilizó” a los indígenas y se hizo todo lo posible por desculturizarlos hasta llegar en no pocas ocasiones a lograr que ellos mismos renegasen de su condición de indígenas –negándose a inculcar a sus hijos su propia lengua, perdida en muchos casos, para así tener alguna salida económica y social- la pretensión de realizar un censo de población indígena en el mundo es bastante problemática puesto que los censos suelen ser oficiales y, por ello mismo, se suele obviar la parte de población originaria que ha emigrado a ciudades fuera de sus tradicionales territorios. Por lo tanto, hay que tomar con mucha cautela cualquier tipo de cifra oficial puesto que los censos están viciados en origen. Si bien son como la tarjeta de presentación de los Estados en una época donde prima lo “políticamente correcto”, al menos en el plano teórico, sólo hay que tomarles como un mero indicador a la baja y nunca como una verdad absoluta. Hay que reflejar que en los últimos años los resultados de los censos y encuestas muestran ciertos avances, a veces significativos, en la identificación de la población indígena pero también continúan los prejuicios excluyentes (tal vez el más significativo sea el de El Salvador), debilidades teóricas de las categorías usadas (como en México) y disparidad en los criterios. La norma en este libro será partir de la cifra oficial pero teniendo siempre en cuenta lo que se acaba de reseñar.

Los estados con baja población indígena tienden a incluirles, como se ha dicho, en una postura de “lavado de cara” de su política sobre la cuestión indígena, lo que queda bien en la escena política internacional. Los estados con alta población originaria hacen justamente lo contrario en un intento de mantener el poder de la clase dirigente que, con la excepción de Bolivia, no es indígena (Guatemala es el caso más evidente, la mayoría de la población es indígena pero gobierna la minoría criolla). Sea cual fuese la cifra, lo que indican los estudios de las condiciones socioeconómicas de los pueblos originarios en América es que la situación de marginación y pobreza se ha perpetuado con el tiempo y que la ratificación por muchos de estos países del Convenio 169 de la OIT -hasta el momento lo han hecho Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Paraguay, Perú, Venezuela, Países Bajos, Noruega, Nicaragua y Dinamarca- o el voto favorable a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU no se han trasladado a la legislación interna.

Aún cuando los pueblos indígenas hayan podido tener más oportunidades de educación o capacitación en virtud de las nuevas normativas, nacionales e internacionales aprobadas en las últimas décadas no han llegado siquiera a una mínima igualdad ni les ha servido para reducir la pobreza que los diferencia de la población no indígena. Pese a todos los adelantos positivos, en mayor o menor grado, logrados en el establecimiento de normas de derechos humanos a nivel internacional los pueblos indígenas siguen enfrentando graves violaciones cotidianas de esos derechos. Cuestiones como la violencia y la brutalidad, la perpetuación de las políticas de asimilación, la marginación, el despojo de sus tierras, la expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos a la tierra, los efectos del desarrollo en gran escala, los abusos de las fuerzas militares, los conflictos armados y un conjunto de violaciones de otra índole son una realidad para las comunidades indígenas de todo el planeta.

Esta conclusión es válida para los países cuyos pueblos indígenas constituyen una pequeña fracción de la población general como, en el continente americano, es el caso de Canadá, EEUU, Argentina o Chile así como en países en que una gran parte de la población es indígena, como en Guatemala, Perú y Bolivia aunque en este último país el cambio puesto en marcha por el presidente indígena Evo Morales augura un futuro mucho más prometedor.

Para los pueblos originarios todo este camino por el reconocimiento de sus derechos –aunque en muchas ocasiones no se cumplan- ni ha sido, ni es, un proceso fácil. Y tampoco hubiese sido posible si en América Latina, a finales del siglo XX, no se hubiese ido conformando una nueva situación política en la que los pueblos originarios comenzaron a mostrar unos nuevos contornos y búsqueda de posibilidades dentro de un mundo que históricamente les había marginado y ninguneado. Fue a raíz de las conmemoraciones del V Centenario del “Descubrimiento” de América –rebautizado como “Encuentro entre Dos Mundos” al constatarse el rechazo que tal denominación causaba en los pueblos originarios- cuando el movimiento indígena latinoamericano, que ya venía mostrando un alto nivel de organización desde finales de la década de 1970, inició una serie de reivindicaciones masivas en cuestiones vitales para ellos: el derecho a la tierra, a sus territorios ancestrales, a sus lenguas y a su propia autodeterminación frente a, o junto a, los estados nacionales de los que forman parte. Hasta ese momento, tanto en ámbitos políticos como culturales, la forma mayoritaria en que se veía a los indígenas era como una gente que se aferraba, en una muestra de barbarismo, a sus tradiciones por lo que, en consonancia, se les despreciaba. Si querían incorporarse a la sociedad, tenían que asumir una cultura diferente y unos valores diferentes, más “modernos”. Era algo inherente a la propia configuración social: durante la etapa colonial el término “indio” se aplicaba a aquellos que no conocían la cultura occidental. Y tras la consecución de la independencia y prácticamente hasta la actualidad, el término “indio” se utiliza de forma despectiva: “indio sigue siendo indio porque la vida republicana de nuestros países lo continúa manteniendo en una situación de verdadera conquista y ha soslayado esa realidad, lo que se prueba, por ejemplo, con los criterios utilizados para determinar su problema, que lo reduce principalmente al ámbito cultural”.[24]

Así, vemos que en los últimos años los gobiernos –aparte de los propios pueblos indígenas- han iniciado la recuperación de algunas tradiciones, se impulsa la educación en la lengua materna y, en el mejor de los casos, se establece la oficialidad de esa lengua en las regiones o territorios donde se habla, pero poco más. Salvo en Bolivia, Paraguay y Venezuela en ningún otro país las lenguas indígenas tienen carácter oficial en todo el territorio del Estado. En Brasil y Chile sólo son lenguas de educación. En el resto, se consideran oficiales bien donde se hablan o “en los lugares donde predominan” (Perú). Y hay donde ni siquiera se contempla el tema, como es el caso de El Salvador y Honduras. Por lo tanto, no se abandona el discurso y la práctica de la homogeneización cultural ni del monolingüismo y en ello juegan un papel importante la política comunicacional de los gobiernos y la prensa. Cuando los propios movimientos indígenas intentan organizar un sistema de comunicación propio se les dificulta por medios legales hasta hacerlo imposible, tal y como sucede en México o se enfrentan a represalias por dar cobijo e impulso a las reivindicaciones indígenas como en Ecuador y Perú.

Puede lector, lectora, que consideres que se está dando una visión muy pesimista. Pero son las propias instituciones internacionales, las mismas que aprueban declaraciones de derechos, quienes un tiempo más tarde hacen una evaluación de los mismos y llegan a conclusiones desoladoras. La ONU reconoce, tres años después de la aprobación de la DDPI, que “a menudo la educación que se proporciona a los indígenas es irrelevante”[25] puesto que “los estudiantes indígenas con frecuencia se dan cuenta de que la educación que el Estado les ofrece promueve el individualismo y una atmósfera competitiva, en lugar de formas comunitarias de vida y cooperación. No se les enseñan técnicas de supervivencia ni de trabajo adecuadas para las economías indígenas, y en muchos casos regresan a sus comunidades con una enseñanza oficial que es irrelevante o inapropiada para sus necesidades. Se ven obligados a buscar empleo en la economía nacional, lo que termina en un círculo vicioso de fragmentación social, éxodo de profesionales y falta de desarrollo, sobre todo porque los trabajos y los sueldos a los que pueden aspirar en muchos casos no están a la altura de sus logros académicos”.[26]

Se puede pensar que tres años, los transcurridos entre la aprobación de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y esta evaluación, no es nada. Pero mientras no haya un cambio del modelo político y económico, aún sin dudar que se han hecho algunos esfuerzos bien por convicción o por imposición de lo “políticamente correcto”, la realidad es la que es y no se ve solución alguna en el futuro que cambie la situación de estos pueblos. Incluso en los países donde el nivel general de escolarización de los pueblos indígenas ha aumentado, como, por ejemplo, varios países de América Latina y Canadá, “la diferencia de calidad en la escolarización persiste, lo que da pobres resultados en la educación de los pueblos indígenas”, como dice al ONU. En Canadá, por ejemplo, cerca del 70% de los estudiantes de las naciones originarias que viven en las reservas no termina la educación secundaria, lo que repercute a la hora de llegar al mercado laboral y al desempleo, más alto (entre el 4 y el 5% más) que la media. O la cárcel, puesto que si la población indígena en Canadá supone sólo el 4% del total, el número de presos indígenas alcanza un porcentaje del 19% del total de la población reclusa. Las condiciones de pobreza extrema, exclusión y aislamiento no son un buen presagio para los programas de educación sostenibles y multiculturales destinados a los pueblos indígenas porque no se pueden hacer cestos nuevos con material viejo.

No obstante, sí hay cambios en marcha. Si bien no puede decirse que todo parta de 1998, a raíz del triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de ese año en Venezuela, lo cierto es que gracias a ese impulso tomaron una fuerza inusitada procesos que ya venían desarrollándose en Bolivia, Ecuador y otros países. Y en él, jugó un papel muy destacado el tema racial. Es algo que se venía produciendo desde el mismo momento de la independencia de los países americanos de sus respectivas metrópolis: la unión del problema racial y de las relaciones de poder entre criollos, mestizos, negros e indígenas.

Es cierto que no fue un fenómeno unánime, puesto que entre los independentistas y revolucionarios hubo quienes propugnaron la igualdad no sólo entre mestizos y blancos, sino también con negros e indígenas. Este era un principio fácil de asumir cuando negros e indios eran minoría dentro de los nuevos países, pero no cuando constituían claramente la mayoría hasta llegar en algunos a las dos terceras partes de la población. Era el caso de Perú y de la revuelta que protagonizó Tupac Amaru, como relataba el intendente de Venezuela a Carlos III: “Si hubiese tenido [la rebelión] un jefe de alta esfera en la clase de los blancos me persuado que hubiera sido muy difícil o imposible el desempeño de reducirlo o vencerlo, y no se sabe si el mal se ha extinguido o si cuando menos se piensa volverá a descubrirse con violencia inexpugnable”.[27]

No se puede olvidar que durante la etapa colonizadora española el objetivo era, fundamentalmente, la explotación económica por lo que el desarrollo autóctono de formas políticas, económicas y sociales quedaba supeditado a una sociedad piramidal, con la cúspide bien blindada: los blancos, fuesen criollos o metropolitanos. Eso favoreció la aparición de grupos oligárquicos que consideraban a los otros grupos, incluyendo a la incipiente clase media mestiza –los blancos siempre se esforzaron por convertir a los mulatos, hijos de hacendados y esclavas negras, en ciudadanos de segunda categoría-, excluidos de toda actividad que no fuese la de ser sujetos de explotación económica y así han procurado mantenerse hasta casi finales del siglo XX. Los criollos (blancos), hijos de los metropolitanos nacidos en América, y sus descendientes –en tanto en cuanto la mezcla racial les hubiese respetado en cuanto a la tonalidad de piel o a las dimensiones del patrimonio- siempre se han considerado descendientes directos de los autores de la primera expoliación y, durante siglos, no han hecho otra cosa que seguir el camino iniciado por sus antecesores. Los pocos que intentaron dentro del proceso independentista una alianza con las poblaciones indígenas y mestizas, llegando a proponer la entrega de tierras de cultivo a los mestizos para crear pequeñas propiedades agrarias y a los indígenas la recuperación de sus tierras comunales –como fue el caso de los mexicanos Manuel Hidalgo y José María Morelos- fueron pronto derrotados poniendo de manifiesto la importancia de la tierra. Para unos, convertidos en terratenientes y controladores, de hecho, de la oligarquía criolla, imprescindible para asegurar y fomentar su control político y económico. A otros, se les arrebataba en una usurpación histórica y se les convertía en mano de obra esclava o semiesclava cuando no se les exterminaba sin más.

No hay que perder de vista que la propiedad de la tierra es el gran eje vertebrador de las luchas indígenas en todo el planeta y a lo largo de los siglos. En el caso del continente americano, la posesión de la tierra se convirtió en el móvil del desarrollo capitalista y esa posesión tuvo como origen la apropiación privada de las tierras de dominio público y la supresión, por aniquilación o desplazamiento, de las comunidades indígenas fundamentalmente. Los nuevos países, salidos de la lucha independentista contra las metrópolis española, portuguesa y británica, entraron en una frenética dinámica de delimitar fronteras, consolidar regímenes de propiedad privada del suelo, impulsar la especialización productiva (monocultivo) e, incluso, convocar al capital y a la mano de obra extranjera por los prejuicios raciales (sobre todo en el sur del continente) que llevaban a reducir a lo estrictamente imprescindible la utilización de indígenas aún como mano de obra.

La tierra así adquirida se obtuvo en su enorme mayoría de las aldeas y comunidades indígenas, entre las que no existía el concepto de propiedad privada y no poseían títulos legales para evitar la calificación de sus tierras como “yermas”, una argucia utilizada para arrebatárselas. Ha sido una política agraria que ha potenciado el latifundio –fortaleciendo así a una oligarquía reacia a cualquier tipo de cambio- que, a su vez, expuso a los indígenas desposeídos al mercado laboral en condiciones de superexplotación, tanto legal como ilegal, y que ha sido el sustento de un sistema que aseguraba a esta oligarquía la dominación económica, social, política y cultural en dos dimensiones: una tácita y restrictiva, que ha tenido como fin el mantenimiento del control de toda participación y organización política de sectores y grupos ajenos a la élite dominante, y otra expresa y participativa pero limitada sólo a la élite con acceso al poder para dar una imagen de liberalismo, democracia y hasta modernidad.

Cuando los movimientos indígenas comenzaron a recuperarse de su postración y a lograr un cierto reconocimiento, al menos simbólico, de sus reivindicaciones los blancos criollos, en la cúspide de la pirámide social, consideraron que su poder tradicional podía desmoronarse e iniciaron toda una serie de maniobras, desde las clásicas golpistas a las más modernas “integracionistas”, para evitar el cambio que se apuntaba y que amenazaba, directamente, su estatus y poder. De pronto se comenzó a hablar de derechos para quienes durante siglos habían sufrido uno de los genocidios humanos y culturales más brutales que ha conocido la humanidad. En un intento de reconducir un movimiento que exigía un protagonismo social, político y económico se inició un proceso, que dura hasta hoy, en el que el reconocimientos de estos derechos ha saltado al centro de la vida política de la práctica totalidad de países latinoamericanos. En mucha menor medida, en los países del norte del continente. Ni ha sido ni es un proceso iniciado por las buenas, por un cambio “de los de arriba”, sino por el temor de éstos al empuje “de los de abajo”.

Las élites gobernantes se han apresurado a modificar constituciones y a aprobar toda una batería de leyes que, en mayor o menor medida, reconocen los derechos de los pueblos originarios, como se ha dicho con anterioridad. Pero una cosa es aprobar leyes y otra cosa es ponerlas en práctica sobre todo si se constata la presencia de riquezas naturales en las tierras de los pueblos originarios. Este es el caso de todos los países, pero hay que mencionar uno, Brasil, y de un presidente, Luis Ignacio “Lula” da Silva, que a pesar de su prestigio nacional e internacional no ha dudado en dejar de lado a los indígenas a la hora de adoptar un “Plan de Aceleración del Crecimiento” que implica la construcción de cientos de plantas hidroeléctricas en tierras indígenas de la Amazonía sin haberles consultado previamente a los pueblos que las habitan si aceptaban el mismo o no. Y la consulta previa, libre e informada y de buena fe es un requisito imprescindible para poner en marcha cualquier proyecto en los territorios indígenas según el Convenio 169 de la OIT y la DDPI de la ONU, además de la autonomía y la libre determinación.

Al calor de la larga marcha de los pueblos indígenas por su visibilización y la consiguiente cascada de declaraciones internacionales por el reconocimiento de sus derechos, se ha llegado a una situación en la que el derecho al autogobierno se ha constituido en el punto central de las luchas de los pueblos indígenas en todo el mundo y, en 2009, se ha hecho realidad en algunas partes, como es el caso de Groenlandia y Bolivia. Son las dos situaciones en donde la reivindicación indígena ha llegado más lejos, por ahora.

Kalaallit Nunaat (Groenlandia, que significa país de los seres humanos) de los inuit –que son el 85% del total de la población de 57.000 habitantes-,  aún no es un estado independiente. En noviembre de 2008 votó por una abrumadora mayoría (75’54%) a favor de la ampliación de su estatuto de autonomía, donde incluso se reconoce el derecho de autodeterminación. El nuevo estatuto entró en vigor el 1 de junio de 2009, coincidiendo con los 30 años de la autonomía groenlandesa, una de las dos que reconoce Dinamarca; la otra, Islas Feroe, ya alcanzó un estatus similar en 2005. El nuevo estatuto, que sustituye al aprobado en 1979, reconoce a los groenlandeses como pueblo con derecho a la autodeterminación: el idioma groenlandés (kalaallisut) como única lengua oficial, amplía al máximo las competencias que puede asumir el gobierno autonómico y otorga a éste el control de los hipotéticos ingresos procedentes del subsuelo. Otros logros son las nuevas competencias en política penitenciaria, policía, tribunales, extranjería y control de fronteras y transporte aéreo. Siguen bajo el control danés la constitución, nacionalidad, Tribunal Supremo, defensa y seguridad, política monetaria y de divisas y política exterior. Groenlandia (Kalaallit Nunaat) es claramente el espejo donde se miran muchos pueblos indígenas. Sobre todo, los que viven en Canadá y Estados Unidos de América.

Bolivia, por el contrario, sí es un Estado independiente. Con la aprobación en 2009 de la nueva Constitución, declarando al país un “Estado plurinacional y comunitario”, la mejora de los derechos de los pueblos originarios adquiere un punto de no retorno. Su artículo 1 representa toda una declaración de principios: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.[28]

Bolivia es hoy el país que hay que tomar como ejemplo, en el aspecto normativo, para constatar que los derechos indígenas a la libre determinación, cultura y territorio que reconoce la normativa internacional se incluyen en la nacional de forma concreta y no general, en supuestos determinados y de crucial significación como las cuestiones legislativas que afectan a los pueblos indígenas y la explotación de los recursos naturales no renovables.

Es evidente que la simple aprobación de un texto legal no significa ni su puesta en práctica ni su cumplimiento, como se ha criticado con anterioridad, pero en la nueva realidad de Bolivia es algo más que un proyecto o una declaración de intenciones: es la constatación de la voluntad de la mayoría -y no hay que perder de vista que esa mayoría en Bolivia es indígena- de construir una institucionalidad propia, que incorpora elementos nuevos y que representa un modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta, hasta el momento, el modelo conocido y que supone una homogeneización superficial y una pretendida “unidad” basada en la discriminación y exclusión cultural.

Bolivia es el más claro exponente de un proceso construido “desde abajo” que ha llegado hasta “arriba” a través de victorias democráticas –no sin escaramuzas oligárquicas de calado- con la esperanza que desde ahí, al controlar los resortes del poder, se avance en una perspectiva más amplia y estructural. Es lo que en este país se ha denominado “la expectativa de los nadie” y que, al llegar arriba, se encuentran con una parafernalia de poder montada para sustentar a los sectores que han dominado desde la etapa colonial. El dilema es servirse de esas mismas estructuras y ponerlas al servicio de las reivindicaciones históricas de los indígenas o desmontarlas para construir un nuevo Estado desde una lógica absolutamente diferente, comunal del servicio desde el poder. Por el momento, el gobierno de Evo Morales está apostando por lo primero. Liberarse de las ataduras políticas y jurídicas del viejo Estado no es fácil y hay que sortear una y otra vez las resistencias y complots de la oligarquía criolla. Ya lo dijo Antonio Gramsci hace casi un siglo: “una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer”.

La nueva Bolivia está constreñida hoy por los límites de una democracia formal construida por las minorías que siempre han controlado el país y mantienen un importante poder de veto que puede impedir el crecimiento de este nuevo país que acaba de nacer (ver la referencia a este país). Si se llegó hasta donde se podía llegar es una muestra de los límites que tienen los pueblos indígenas para alcanzar sus metas dentro de una democracia hecha a medida de los criterios capitalistas neoliberales. Si se frenó de forma consciente para acumular fuerzas y seguir avanzando mientras se consolidan las posiciones logradas sólo el tiempo y la organización de los pueblos indígenas lo puede decir. No ha pasado mucho tiempo desde que se aprobó la Constitución Política del Estado y aún quedan por desarrollarse muchas de sus vías, pero son las organizaciones indígenas quienes deben actuar para que no se queden en lo que se quedan en otros países sin normas tan desarrolladas: un compendio de buenas intenciones y para salvar la cara en el ámbito internacional.