MÉXICO

MÉXICO

Puede parecer un contrasentido, pero en los Estados Unidos de México no hay datos exactos para saber cuántos pueblos indígenas hay y cuantos idiomas hablan. No es ya la consabida diferencia entre las cifras que ofrecen gobierno e indígenas, sino que en este caso son las propias instituciones oficiales del gobierno mexicano las que manejan cantidades diferentes. Para el Instituto Nacional de Geografía y Estadística son 9.533.126 los indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, como se la conoce en México) dice que son 10.220.862 y el Consejo Nacional de Población eleva el número hasta los 12’4 millones. En todos los casos son cifras relativas al año 2005 y el porcentaje del total de la población en México oscilaría entre el 10% y el 12% dependiendo de cuáles sean las que se toman como referencia.

Tampoco es fácil responder a la pregunta de cuántos pueblos originarios hay. El número de pueblos indígenas se equipara generalmente al de lenguas y mientras que para la CDI habría 85 lenguas y 62 pueblos -dado que agrupa como un solo pueblo a algunas variantes lingüísticas del zapoteco, el mixteco, el chinanteco y el popoluca- el Programa Universitario México Nacional Multicultural de la Universidad Autónoma habla de la existencia de 76 pueblos porque agrupa a los mixtecos como un solo pueblo sin considerar las variantes lingüísticas y cree que algunos pueblos han perdido su lengua. Por si no hubiese suficiente con estas significativas disparidades, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas afirma que hay 68 lenguas que corresponden al mismo número de pueblos. La relación, por lo tanto, debe tomarse en base a los diferentes criterios de estas tres instituciones agrupando lenguas y pueblos a la vez: aguacateco, akateco, amuzgo, ayapaneco, cakchiquel, chatino, chichimeca jonaz, chinanteco, chocho, chol, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, chuj, cochimí, cora, cucapá, cuicateco, guarijío, huasteco, huave, huichol, ixcateco, ixil, jacalteco, kanjobal, kekchi, kikapú, kiliwa, kumiai, lacandón, mame, matlatzinca, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, motocintleco, náhuatl, ocuilteco, oluteco, ópata, otomí, paipai, pame, papabuco, pápago, pima, popoloca, popoluca, purépecha, quiché, sayulteco, seri, solteco, tacuate, tarahumara, tepehua, tepehuan, texistepequeño, tlapaneco, tojolabal, totonaca, triqui, tzeltal, tzotzil, yaqui, zapoteco y zoque. En unas 17.000 localidades (en su mayoría con una población inferior a los 2.500 habitantes -varias de ellas forman un municipio-, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero) entre el 30% y el 70% de la población habla alguna lengua indígena.

El control político ejercido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante setenta años conllevó el asentamiento de fuertes oligarquías, basado en el nepotismo y corrupción, a nivel municipal y estatal. Los intereses agrocomerciales, junto a una creciente concentración de tierras en manos de grandes empresas, presionó a las comunidades indígenas y campesinas, incapaces cada vez más de sobrevivir del producto de sus tierras. En 1992 fue reformada la constitución abriendo el camino a la privatización de las tierras comunales indígenas en el marco de un proceso de desarrollo económico integrado a la globalización, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que llevó grandes cambios al mundo rural, en donde viven la mayoría de los indígenas. Como se ha apuntado en las primeras páginas de este libro, desde la década de 1930 México ha basado su política indigenista en la educación, la reforma agraria y la infraestructura de carreteras y comunicaciones con el objeto de “integrar a los indios a la nación”. Sin embargo, no lo logró del todo. Los pueblos indígenas no sucumbieron por completo a este histórico proceso de aculturación y mantuvieron su identidad, conscientes y orgullosos.

Tal vez por ello, México fue uno de los primeros países del continente en firmar, en 1990, el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas aprobado un año antes. Ese hecho fue rápidamente utilizado por los pueblos originarios para reclamar la puesta en práctica de los derechos ahí recogidos, máxime cuando la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994 había conseguido que el país asumiese la necesidad de impulsar unas demandas sociales que si bien en su origen eran prioritariamente indígenas no lo eran de modo exclusivo. El levantamiento zapatista se había producido el mismo día que entraba en vigor el TLCAN (Canadá, EEUU y México) concebido por el gobierno mexicano como la estrategia fundamental de su política económica que seguía de forma lineal la estrategia diseñada por el FMI y el Banco Mundial: crecer en base a la demanda externa (exportar) y el impulso de la inversión extranjera con el argumento que el crecimiento generaría empleos y permitiría disminuir la pobreza. Esta estrategia se enmarcaba, además, en el impulso al Área de Libre Comercio para las Américas que se comenzaba a desarrollar a nivel continental. Ambos, TLCAN y ALCA, prácticamente prohibían a los países exigir requisitos de cualquier tipo a las empresas –grandes transnacionales- que invirtiesen en los países e, incluso, no eran necesarias unas reglas mínimas de comportamiento por lo que los Estados no podían establecer política alguna que implicase un deber para estas empresas y que jugasen un papel positivo en el desarrollo y bienestar de la población. Se maximizaban las ganancias, pero sin la menor exigencia de contraprestación en términos de colaboración al desarrollo de los países. Y, en el caso indígena, se iniciaba una expoliación a gran escala de los recursos naturales existentes en sus territorios. Esto estaba en el origen del levantamiento zapatista y formaba parte integral de sus demandas.

Como consecuencia de la combinación de dos formas de lucha, social y armada, el EZLN logró iniciar un proceso de negociación con el gobierno cuyo eje central fueron las reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenas aunque el proceso de diálogo se estructuró en torno a varias mesas de trabajo que abarcaban aspectos mucho más amplios de los exclusivos indígenas. Aquí no fue posible acuerdo alguno. Sólo lo hubo en el tema indígena, plasmado en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar (1996) y presentado como un pacto social sobre el que se sustentase una “profunda reforma del Estado” donde los pueblos indígenas tuviesen una nueva situación “nacional y local”. Esa nueva situación quedaría establecida en el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, su derecho a la libre determinación “asegurando la unidad nacional”, el fortalecimiento de un nuevo federalismo en México ampliando la participación y representación políticas de los indígenas, su acceso pleno a la justicia, la promoción de sus manifestaciones culturales, educación y capacitación, salud, alimentación, empleo, etc. Todo ello se enmarcaba dentro del Convenio 169 de la OIT. [1]

Al confiar en la buena voluntad del gobierno los zapatistas cometieron un error estratégico que sirvió para que hubiese un cambio en apariencia mientras todo seguía igual. Un año más tarde, la OIT tuvo que dar un toque de atención al gobierno pidiendo explicaciones sobre por qué no se había iniciado la aplicación de los Acuerdos,[2] que sólo fue posible en 2001 a raíz de una importante movilización de los pueblos indígenas demandando su aplicación completa. Se reformaron entonces algunos artículos de la Constitución que, siendo un avance respecto a lo que había, se quedaron muy cortos (cuando no incumpliendo, lisa y llanamente, los Acuerdos de San Andrés) en cuanto al reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, derechos territoriales y representación política. Los zapatistas, en calidad de firmantes de los acuerdos en los que teóricamente se asentaba la reforma constitucional, afirmaron que no se respondía “en absoluto” con las demandas de los pueblos originarios, ni del Congreso Nacional Indígena ni del propio EZLN y que traicionaba los mismos “en lo general y en lo particular”. De forma especial, “en lo relativo a puntos sustanciales como la autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación general, entre otros”.[3]

Un organismo oficial como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –surgido como consecuencia de esta reforma constitucional y supliendo la desaparición del viejo, paternalista e integracionista Instituto Nacional Indigenista (creado en los años 40 a raíz del Convenio de Pátzcuaro)- lo reconocía así, añadiendo el calificativo de “insuficiente” a esas reformas dado que “en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los indígenas no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los procedimientos judiciales; los factores que provocan este problema son diversos: van desde el desconocimiento de su existencia o contenido, a la velada discriminación, pasando, en ocasiones por la falta de normas de procedimiento para asegurar su observancia”. [4]

Esta crítica no era para menos. Los Acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el Gobierno federal daban una salida política al conflicto social y armado que se plasmaba en la iniciativa legislativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (COCOPA), creada tras los acuerdos, que a pesar de no recoger todos los aspectos establecidos en los Acuerdos de San Andrés fue aceptada por el EZLN y por la mayoría de las organizaciones indígenas. Pero eso ocurrió durante un gobierno del PRI y su sucesor, el Partido de Acción Nacional, no se sintió vinculado a ellos. En realidad, el nuevo presidente, Vicente Fox, había enviado al Congreso el texto íntegro y sin modificar de la Ley COCOPA pero durante el trámite parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado todos los partidos, incluido el de la Revolución Democrática (PRD), votaron en contra. Así, la reforma constitucional recogió algunos aspectos propuestos por la COCOPA pero se apartó significativamente en otros, que son de importancia fundamental para los pueblos originarios. En consecuencia, el movimiento indígena la rechazó y más de 300 municipios indígenas presentaron “controversias constitucionales” ante la Suprema Corte de Justicia para solicitar la nulidad del procedimiento, pero no fueron aceptadas por improcedentes.

La Constitución reconoce el derecho a la libre determinación y dispone, en consecuencia, la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas pero establece que la misma, junto a la vigencia de los derechos que les reconoce, queda encomendada a las instituciones públicas, federales, estatales y municipales. Es decir, la limita y circunscribe a los intereses del Estado que son, en lo relativo a los pueblos indígenas, tan limitados como la propia representación indígena: según la Constitución sólo puede haber representantes indígenas en la esfera municipal. Todo muy lógico si se tiene en cuenta que estas reformas constitucionales tuvieron lugar cinco años después de los Acuerdos de San Andrés y que el gobierno se vio obligado a realizarlas tras unas importantes movilizaciones. Pero el hacer esas reformas no suponía que contase con los indígenas durante el proceso de elaboración de las mismas. Y no lo hizo.

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, en concreto, debía hacerse en las constituciones y leyes de las entidades federativas pero sólo en algunos estados (Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Durango, Jalisco, Puebla, Morelos, Querétaro y Jucatán) de los 32 en que está dividido administrativamente el país se cumplió el requisito constitucional y en algunos de ellos se había reconocido a los pueblos indígenas asentados en territorios de esos estados antes, incluso, de la reforma constitucional.

México presumía de Carta Magna y así la presentaba en el mundo –apoyándose también en la CDI y en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, creado también a raíz de esa reforma- pero la discriminación contra los indígenas se incrementaba. Una de las actividades más visibles que ha presentado México en el exterior, la educación indígena bilingüe e intercultural que es, sin duda, un aporte a sus derechos culturales, no dice que los resultados muestran unos índices muy por debajo de la media del Estado. Los supuestos beneficios del TLCAN no alcanzaban a los pueblos originarios, por el contrario crecían los bajos índices de desarrollo humano y social, la extrema pobreza y la insuficiencia de servicios sociales. La mayor parte de la población indígena se encuentra en los municipios y estados más pobres, donde se mantiene una agricultura de subsistencia y autoconsumo en un medio ambiente agreste y duro, en donde la tierra no da para alimentar a la familia, obligando a la gente cada vez más a emigrar, incluso al extranjero, para solventar sus necesidades. En su gran mayoría, los indígenas de estas regiones son campesinos minifundistas y jornaleros. En los tres estados con mayor población indígena -Chiapas, Guerrero y Oaxaca- la tasa de alfabetización y el índice de esperanza de vida al nacer son los más bajos de México y la pobreza, la más alta. Es precisamente en ellos, no sólo pero sí de forma destacada, donde se mantiene con mayor intensidad la identidad cultural: lengua, organización e instituciones sociales, espiritualidad y cosmovisión, ritos y ceremonias, medicina, literatura oral y otras expresiones artísticas.

Era evidente que el gobierno tenía poca intención de cumplir a carta cabal con lo acordado e, inclusive, con la normativa internacional que él mismo había adoptado. Más bien lo que hizo fue servirse de los Acuerdos para impulsar leyes claramente contrarias a los mismos aunque bajo la apariencia de cumplirlos. Fue el caso de la Ley Indígena, favorable a las grandes corporaciones transnacionales, y de la reforma de Ley de Aguas Nacionales que permitía a personas privadas y entidades públicas adquirir títulos de concesión sobre manantiales enclavados en territorios campesinos sin el conocimiento de los directamente afectados, así como títulos de concesión sobre los cauces de corrientes que nacen y atraviesan comunidades indígenas, sin que éstas puedan tocar una sola gota de dichas aguas. Las pocas regulaciones que existían para un aprovechamiento público de las aguas desaparecieron para dejar su uso al arbitrio de las reglas del libre mercado, es decir, privatización del agua y despojo de las aguas y tierras indígenas y campesinas.

El antecedente de la construcción de grandes presas y grandes negocios náuticos como en Sonora, Baja California y Baja California del Sur que afectaría a los pueblos yaqui y mayo, con muchas de sus comunidades viéndose amenazadas de desalojo para la construcción de carreteras que faciliten el acceso hacia las playas y zonas deportivas. No son los únicos pueblos indígenas afectados por unas decisiones que se han tomado, además, sin cumplir con el requisito de consulta previa e informada. La privatización del agua para uso de grandes corporaciones (Iberdrola, Eurus, Gamesa, Preneal, Endesa, Unión Fenosa, Walt Mart) afecta también a los chatino, mixteco y zapoteco. Hay que tener muy en cuenta que este tipo de políticas se enmarcaba en el Plan Puebla-Panamá, rebautizado en 2008 como Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica con la incorporación de Colombia, y en el que se acentúa la presencia del capital transnacional en la explotación de los recursos naturales de todos los países que forman parte de este acuerdo, del TLC y, básicamente, en los territorios indígenas. Ahora está llegando también a Chiapas, donde poblaciones enteras con mayoría tzeltal se enfrentan a la construcción de carreteras en un movimiento de protesta y rechazo que está llenando las cárceles de detenidos.

La lucha indígena y campesina por la tierra y sus recursos se agudizaron al calor de este tipo de políticas impulsadas por el gobierno. Se invadían tierras colectivas por madereros, ganaderos y agricultores privados, se acumulaban propiedades en manos de caciques locales para venderlas a buen precio a las grandes corporaciones y los indígenas aún pensaban en la posibilidad de recuperarlas por vía institucional, judicial y política. Pronto se dieron cuenta que no era posible. Esta situación tenía lugar de norte a sur del país y afectó a los pueblos zapoteco, mixe, mixteco, triqui, huichol, tarahumara, yaqui, cucapá, cochimí, kumiai, kiliwa, tzeltal, chol, tojolabal, maya, mazahua, otomí, tepehuano y tlapaneco. Todos ellos registraron 32 denuncias por violación de sus derechos colectivos, especialmente el derecho a la tierra y a sus recursos naturales. Para el gobierno, lo que había eran unos “focos rojos” –enfrentamientos entre comunidades- agrarios en los que estaban involucradas comunidades indígenas.

Una verdadera contrarreforma respecto a los Acuerdos de San Andrés que llegaron a su culmen con la aprobación de una serie de reformas a la ley minera. Con ellas se declaró prácticamente abierto el territorio para la explotación minera y se colocó de manera indistinta a pueblos, comunidades indígenas y comunidades agrarias con empresas en competencia con las tierras. En virtud de la ley, en caso que en sus tierras se realizase una exploración y explotación los pueblos y comunidades indígenas y agrarias tienen “derecho preferente” en la concesión, siempre y cuando logren mejorar cualquier oferta de empresas interesadas y reunan todos los requisitos técnicos y de solvencia económica.

Otra de las iniciativas del gobierno bajo el supuesto cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés fue la relativa al establecimiento de las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. El gobierno afirmó que cumplía lo firmado, pero lo hizo modificando la ley para que el acceso a las concesiones de frecuencias fuese por subasta pública, lo que ponía en desventaja evidente a pueblos y comunidades indígenas y llevaba al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU a expresar su preocupación por la “discriminación racial hacia los pueblos indígenas en los medios de comunicación, incluyendo la emisión de representaciones estereotipadas y denigrantes hacia los pueblos indígenas”.[5] Estas empresas, con estos antecedentes, eran las que iban a optar a las licencias, preferentemente radiofónicas, en las comunidades indígenas aunque éstas hicieron frente a tan flagrante desigualdad poniendo en marcha una red de radios comunitarias, muchas de ellas en situación alegal, bajo constantes amenazas de cierre y persecuciones penales por “incumplir la ley”.

Como respuesta a esta actitud gubernamental, los zapatistas crearon los gobiernos indígenas autónomos en Chiapas y en Michoacán y Oaxaca se impulsaron autonomías similares en una iniciativa que fue rápidamente contestada –con la aquiescencia del gobierno- por formaciones paramilitares, presentes en todo el país desde mucho antes del levantamiento zapatista, y la cooptación de organizaciones indígenas y agrarias a quienes se procuró la titularidad de tierras previo desalojo de las comunidades zapatistas (se calcula que después del levantamiento zapatista de 1994 en todo el estado de Chiapas fueron tomadas de forma comunal unas 250.000 hectáreas) y no zapatistas. Esto fue presentado como un enfrentamiento entre indígenas y campesinos –los “focos rojos”-, lo que dejaba manos libres al gobierno, por una parte, y justificaba la militarización de esos estados, por otra. Nada se decía del papel de los tribunales agrarios, en los que los casos de corrupción eran evidentes, con favoritismos claros hacia comunidades indígenas y campesinas proclives al gobierno. Tampoco era un caso circunscrito a Chiapas. En otros estados, como Oaxaca, los huave vieron cómo se les despojaba de 30.000 hectáreas por este procedimiento. Un patrón recurrente en las zonas conflictivas era, y sigue siendo, la criminalización de las actividades de protesta, denuncia, resistencia y movilización social lo cual implicaba la fabricación de delitos difíciles o imposibles de demostrar, la detención ilegal de los acusados, los abusos físicos o la dilatación en el proceso judicial además de acoso policial, amenazas y enjuiciamientos a autoridades y líderes comunitarios y miembros de organizaciones indígenas y sus defensores.

Los gobiernos y municipios autónomos, al estar constituidos al margen de la institucionalidad administrativa, han tenido serios problemas de funcionamiento porque el Estado ha tratado de desmantelarlos tanto por la fuerza como por la justicia. Así hay que entender el papel de la Corte Suprema Federal, que no tiene representación alguna indígena, cuando en diciembre de 2008 decidió “detallar el contenido esencial y el alcance” del derecho a la libre determinación de los indígenas. Quedó establecido en los territorios que ocupan, teniendo establecido el derecho a su explotación en concordancia con sus propias costumbres, el uso y disfrute preferente de los recursos naturales “salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas”, decididas por el gobierno federal. Es decir, el control de los recursos naturales se les retiraba quedando al arbitrio gubernamental de cuáles podían disponer y dónde.

Así, en el año 2008 se decretaron una serie de áreas naturales protegidas (más de un millón de hectáreas en total) que despojaban a los indígenas de derechos sobre ellas y se convertían, en muchos casos, en parajes turísticos operados por empresarios privados y escenarios de muestras folklóricas para turistas (Chichén Itza, Teotihuacan). Si los indígenas reclamaban su derecho a administrar esos lugares, sagrados para ellos, e iniciaban su gestión con gestos como la reducción del precio de la entrada, simplemente se les mataba como hizo la policía con los tojolabal en Chinkultic (Chiapas).[6] Las transnacionales (Ford, Coca Cola, Cementos Mexicanos) se hicieron con la explotación de grandes territorios, bien por compra o por decretos expropiatorios, en los que se inició la siembra de monocultivos exógenos a los tradicionales de maíz, milpa y frijol con lo que se eliminaba la base tradicional de la alimentación indígena. Es decir, su soberanía alimentaria. En Chiapas, por ejemplo, afectó al modo de vida de tzeltales, choles y tzotziles. En Chihuahua, gracias a la ley de bioseguridad, la transnacional Monsanto inició la siembra a gran escala de maíz transgénico a pesar del rechazo no sólo de las comunidades indígenas sino del Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación,[7] quien entendía que no se podía otorgar tanto poder a los monopolios del sector agroalimentario por el impacto negativo que tenían sobre el derecho de los campesinos a alimentarse y participar con su trabajo y producción en la sociedad añadiéndose, además, el control y aumento de los precios de los alimentos que habían subido hasta el 70% en el espacio de dos años. En Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca y Campeche las tierras se llenaron, más aún, de campos de extracción petrolífera, refinerías e instalaciones petroquímicas en territorios ancestrales de los pueblos indígenas sin que el beneficio de la renta petrolera llegase más allá de la dádiva conmiserativa.

México crece, dice el gobierno, gracias a estas políticas de entrega del país a las transnacionales en virtud del TLCAN pero eso no significa que ese crecimiento llegue a las comunidades indígenas. En Chiapas, ese año 2008, los datos oficiales reflejaban que el 54% de la población tenía problemas de desnutrición cuando es de ahí de donde sale el 20% de la producción petrolífera total de México, el 25 por ciento de gas y 50 por ciento de la electricidad.[8] El viejo dicho de “me vendes tu tierra o se la compro a tu viuda” sigue muy vigente.

El Congreso Nacional Indígena dio respuesta en una reunión a la que asistieron representantes de los pueblos cuicateco, mixteco, zapoteco, mixe, tzotzil, tzeltal, nahua, purépecha, triqui y chinanteco en la que se hacía un repaso a la situación del país y de los indígenas desde los Acuerdos de San Andrés enfatizando que los proyectos que afectan a sus comunidades “son derivados de programas y acciones de los malos gobiernos como el Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá (Plan Mesoamericano), el Plan Mérida, entre otros” y que el despojo, la depredación y etnocidio llegan a ellos “transformados en programas de agricultura, salud, educación, migración, telecomunicaciones, industria de la cultura, administración de instituciones y seguridad financiera” a través de áreas en las que gobiernos y empresas fomentan la privatización de tierras, territorios y recursos. De todos ellos hacían una extensa relación[9] y criticaban de nuevo la reforma constitucional por haber favorecido la aplicación de megaproyectos de las empresas transnacionales.

No lo decían por decir. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio en 2009 una muestra oficial de cómo el crecimiento se quedaba en la minoría que más tiene mientras se producía un empobrecimiento cada vez mayor de la mayoría de la población. En el caso de los pueblos indígenas las cifras no dejaban lugar a dudas: el 75% de los indígenas padece pobreza multidimensional, es decir, carece de ingresos suficientes para la adquisición de bienes y servicios y el 39’2% está en situación de pobreza extrema por presentar más de cuatro carencias sociales simultáneas (alimentación, educación, salud y vivienda). En ellos hay un nivel de desnutrición mucho más elevado que para el resto de la población, los niños crecen menos y en todo ello ha sido un condicionante fundamental el que se haya sustituido el maíz por otro tipo de alimentos (gracias a la usurpación de sus territorios por transnacionales que les usan para monocultivos exógenos y para los agrocombustibles) “de pobre contenido nutricional, que ha derivado en desnutrición y obesidad”. Las 22 escuelas peores están dirigidas a la población indígena y el 83’7% no tiene acceso a los servicios de salud, situación no sólo grave de por sí sino por el hecho de que la presencia de transnacionales mineras en sus tierras y la consiguiente aparición de agentes químicos en el agua como plomo y arsénico ocasiona a los pobladores indígenas anencefalia, cáncer, parálisis parcial o total, abortos espontáneos y meningitis. Los mapas que ofrece son muy ilustrativos sobre los estados y zonas donde más aguzada está dicha situación. Todas esas zonas coinciden con las de mayoría de población indígena.[10] Se pueden entender estos datos no sólo por razones históricas de racismo y olvido hacia los indígenas, sino por la marginación a que se ven sometidos en los propios presupuestos de México, que dedican escasamente poco más del 1% de los mismos a una población que sobrepasa el 12% del total del país. Ni siquiera en este aspecto hay proporcionalidad.

Para el gobierno federal “desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja”. Ni un atisbo de autocrítica. Así aparece reflejado en el segundo párrafo del Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2007-2012 donde se recoge con el mayor énfasis que “el combate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas representa una de las áreas de política pública de mayor relevancia para el desarrollo armónico de México”.[11] Transcurrido el ecuador del citado plan, de nuevo palabras vacías a tenor de lo recogido por el Coneval.

México encabeza la lista de la desigualdad en el mundo. Sólo en este país nueve hombres poseen fortunas que suman 55.100 millones de dólares (42.380 millones de euros), mientras millones de escolares y preescolares de 19 estados de la república padecen “desnutrición moderada y muy alta”. El neoliberalismo, la desarticulación del Estado, la voracidad del mercado y la crisis económica profundizan la brecha entre ricos y pobres. No son datos ofrecidos por ningún izquierdista, son del Banco Mundial que demuestran que desde 1980 la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso se aceleraron hasta convertir al país en el más desigual no sólo en América Latina, sino en el mundo. [12]

Como se puede suponer, son los indígenas quienes se llevan la peor parte. Pero, como también se puede suponer, los indígenas hace ya tiempo han dicho ¡basta! Es un movimiento que ya no se puede parar ni con la militarización ni con los asesinatos legales del propio Estado o ilegales de los paramilitares tolerados por este mismo Estado. El pueblo náhua de Santa María de Ostula (Michoacán), que agrupa a 49 asentamientos, ha reivindicado el derecho a la autodefensa indígena y ha recuperado 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por caciques (junio de 2009). Retomando el camino iniciado por los zapatistas, la proclama náhua advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia por lo cual, frente a esta “guerra de exterminio neoliberal” los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 de la Constitución de México, a “organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios”. Y en ese derecho está incluida la autodefensa, que cobra vida con la formación de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas de organización comunales, en tanto no violen los derechos humanos.[13] No es una iniciativa dirigida en exclusiva contra los caciques. Las tierras comunales se encuentran amenazadas por dos proyectos sobre los que no han sido consultados: un proyecto turístico y la construcción de una carretera complementaria del proyecto. Ambos buscan meter al mercado las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región. La reivindicación de la autodefensa indígena es un viejo y profundo anhelo de los pueblos originarios en México y una indicación del rumbo que su lucha ha tomado: la construcción de la autonomía de facto. Ya que el gobierno federal no lo impulsa, en aplicación de las normas internacionales y como reiteradamente le reclaman los organismos internacionales –el último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU- para que revise las disposiciones constitucionales relativas a la consulta con los pueblos indígenas y adopte “todas las medidas necesarias para garantizar la consulta efectiva de los pueblos indígenas para la adopción de decisiones en todos los ámbitos que repercuten en sus derechos”,[14] lo han hecho ellos mismos.

Ostula no es el primero. En México existe una amplia gama de experiencias autonómicas de los pueblos indígenas que van desde las muy emblemáticas juntas de buen gobierno zapatistas, a la policía comunitaria en Guerrero y al municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, entre muchas otras que se ejercen en los hechos. Todas ellas entrañan un amplio esfuerzo organizativo y han cobrado carta de legitimidad, porque legalidad la tienen y sobrada aunque el gobierno siempre les ha tachado de “espurios” y ha invocado la “razón de Estado” para impedir su concreción.

La construcción de las autonomías indígenas pasa necesariamente por la reivindicación de esos pueblos como actores políticos centrales, con sus autoridades y formas de organización propias, lo mismo que por la defensa del territorio, los recursos naturales y la potenciación de sus recursos culturales, como la lengua y las prácticas rituales propias, entre otras cosas.

[2] La Jornada, 31 de mayo de 1997.

[3] Comunicado del EZLN del 29 de marzo de 2001.

[5] Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 68º período de sesiones. 20 de febrero al 10 de marzo de 2006. CERD/C/MEX/CO/15

[12] Isabel Rueda Peiro, “La creciente desigualdad en México”, IIEc-UNAM, México, 2009.

[14] Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, 8 a 26 de marzo de 2010. CCPR//C/MEX/CO/5.