GUATEMALA

GUATEMALA

Uno de los países con mayor población indígena del continente aunque, si hay que hacer caso al censo oficial de 2002, de una población total de 11’2 millones de habitantes apenas 4’5 millones se identificaban como indígenas.[1] Eso supondría el 39% del total de la población. Pero un informe del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en 2004 elevaba esa proporción al 66%, volviéndose a poner de manifiesto que todas estas cifras, sobre todo las oficiales, hay que tomarlas con mucha cautela. Diga lo que diga el censo es indudable que Guatemala es una sociedad indígena en muchos aspectos, tiene una identidad indígena predominante que no ha podido ser borrada a lo largo de la historia.

Los pueblos indígenas son achí, akateco, awakateco, chortí, chuj, itzá, ixil, jacalteco, kaqchikel, k’iché, mam, mopan, poqomam, poqomchí, q’anjob’al, q’eqchí, sakapulteco, sipakapense, tektiteko, tz’utujil, uspanteko, xinka y garífuna. Las mayores concentraciones de poblaciones indígenas se concentran en los departamentos al norte y al occidente de la Ciudad de Guatemala, especialmente en el Quiché, Alta y Baja Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos. Cerca del 70% continúa viviendo en zonas rurales, mientas que el resto o bien ha emigrado a las ciudades o bien a México y/o a Estados Unidos. Es una consecuencia directa de la falta de tierra que viene de la etapa colonial y remarcada con la independencia de la metrópoli que se tradujo en que estos pueblos (todos del tronco maya a excepción de los xinca y garífuna) fueron despojados de sus tierras, quedando las comunitarias en zonas altas, lo que les ha obligado desde entonces a trabajar como jornaleros en temporadas de cosecha o a emigrar hacia otros países. Con tan alto porcentaje de población residente en el campo no es extraño el dato de que el 84% de los indígenas es pobre, de ellos el 24% en situación de extrema pobreza, el analfabetismo es del 41’7% y la desnutrición alcanza al 34% de los niños. En cuanto al nivel de analfabetismo, en los departamentos de Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Baja Verapaz y Sololá está en el 61%, cifra que se eleva hasta el 87’5% en el caso de las mujeres. Las lenguas mam, k’iche, tz’utujil, kaqchikel, q’eqchí, poqomchí, kanjobal, jacalteco, chuj e ixil tienen una presencia significativa en muchos planos del país y, en menor medida, las chortí, poqomam, uspanteko, sakapulteco, mopan, awuakateco e itzá.

Al igual que ocurrió en El Salvador, durante los años del conflicto armado la población indígena fue el componente mayoritario de la guerrilla y en ella se cebó la represión. Como está reflejado en las páginas iniciales de este libro, el 83% de los muertos ocasionados por el Ejército (se calcula que 200.000 personas fueron asesinadas) fueron indígenas. Un verdadero etnocidio que no ha llamado mucho la atención en el mundo, al que se sumó el arrasamiento y destrucción de pueblos y comunidades. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH),[2] establecida tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, afirma que la violencia contra las poblaciones indígenas transformó radicalmente las comunidades; las estructuras tradicionalmente comunitarias como las cofradías y los concilios de ancianos fueron abolidas o sometidas a controles militares y, al mismo tiempo, el reclutamiento de muchos indígenas por parte de las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), con un carácter claramente paramilitar, exacerbó las divisiones entre la población.

Con los Acuerdos de Paz se produjo una reforma constitucional que incluyó los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento del país como multiétnico y plurinacional. Sin embargo, no se ha pasado de ahí. No ha sido posible su plasmación normativa en el ejercicio de esos derechos. La oligarquía criolla y el poderoso sector económico continúan obstruyendo incluso los intentos más sencillos para reconocer los derechos de los indígenas, especialmente los colectivos como consecuencia de la escasa fuerza política y social de los indígenas, muy al contrario de lo que sucede en otros países –Bolivia, Perú, Ecuador- donde también son una parte importante de la población total. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocía con sorpresa que “si bien los Acuerdos de Paz, en especial el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, representaron la oportunidad histórica para superar los flagelos de la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas, es el Acuerdo con menor grado de cumplimiento, a pesar de su obvia trascendencia en el país”.[3]

Pero la conmemoración del décimo aniversario de los Acuerdos de Paz fue aprovechada para un cierto resurgir en aspectos como la denuncia del Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, la explotación de minería a cielo abierto en territorios indígenas y la construcción de grandes empresas hidroeléctricas. A ello ayudó la política gubernamental, que ante los devastadores efectos provocados por un huracán en 2005 privilegió la reconstrucción de los bienes y empresas de los sectores oligárquicos dejando en el máximo abandono a las comunidades indígenas que habían quedado totalmente destruidas por dicho huracán a pesar de haberse dicho justamente lo contrario, que iba a privilegiar la reconstrucción en las zonas más pobres. Tras años de postración, se retomaron las movilizaciones indígenas en forma de paros, tomas de carreteras y celebración de consultas (referéndums) en varias poblaciones para conocer la opinión de los pobladores sobre las concesiones otorgadas por el gobierno para la explotación minera de níquel, hierro, cromo y magnesio en sus tierras. Las empresas no tuvieron en menor reparo en iniciar costosas campañas publicitarias para desautorizar las consultas y se publicaron artículos en revistas especializadas afirmando que “el éxito de GlamisGold [una de las empresas mineras sobre las que se realizaba una consulta, en este caso en la localidad de Sipacapa] en cuanto a las Relaciones Publicas relacionadas con el Proyecto Marlin es crucial. Es una situación que se debe ganar, y la realidad es que la industria necesita una respuesta coordinada. Las ramificaciones se sentirán no solo por la compañía, sino por la industria minera a nivel mundial”.[4] Lastima para ellos que la población indígena de esa localidad fuese casi en su totalidad analfabeta. Pero el mensaje no iba dirigido a ellos, sino a otros. A los funcionarios gubernamentales con fuertes vinculaciones con este tipo de empresas; a los bancos e instituciones financieras internacionales que otorgan créditos para “ayuda al desarrollo” de las comunidades indígenas –por ejemplo, el Banco Interamericano para el Desarrollo es quien más “incentiva” la plantación de palma africana y caña de azúcar para los agrocumbustibles, cuya extensión ha pasado de 31.000 hectáreas en 2003 a 83.000 hectáreas en 2008-,[5] para los llamados medios de comunicación que sólo comunican hacia y desde un lado y para los jueces, que no se viesen tentados a validar los derechos y reivindicaciones indígenas en sus sentencias. Ya dejaba claro el redactor que “es una situación que se debe ganar”.

Ni qué decir tiene que los indígenas rechazaron amplísimamente esas explotaciones. Por ejemplo, las 42 comunidades del municipio de Ixchiguán en el departamento de San Marcos, manifestaron un rotundo rechazo al establecimiento de proyectos mineros a cielo abierto en su territorio, debido a la destrucción y contaminación de las fuentes de agua. No obstante, el gobierno, asumiendo ese mensaje de “se debe ganar” trasladado desde las empresas, no reconoció las consultas al no considerarlas legalmente vinculantes (con lo que incumplía de forma fragante el Convenio 169 de la OIT) y siguió adelante con los proyectos lo cual, a su vez, fue contestado por la toma de tierras por parte de los indígenas q’ecqchí de 16 comunidades y tuvo lugar la consiguiente represión. Datos oficiales del gobierno –Ministerio de Energía y Minas- establecen en 136 los permisos de explotación minera existentes en Guatemala, de los que 67 se llevan a cabo en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal, todos ellos con un altísimo porcentaje de población indígena especialmente los tres primeros. Y en todas esas explotaciones las empresas son de matriz canadiense. En virtud de la Ley de Minería –impulsada dentro del programa de reajuste estructural impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- se reduce el porcentaje de beneficios que percibe el Estado a sólo un uno por ciento y se permite a las empresas extranjeras adquirir el 100% de la propiedad de las empresas, estando exentas al mismo tiempo del pago de impuestos como el agua y la maquinaria importada. A estos datos mineros hay que añadir 64 proyectos hidroeléctricos.

Como consecuencia, el problema de la tierra surgió al primer plano. Desde 2005 existía una Mesa Intersectorial de Diálogo y Participación de Política de Desarrollo Rural Integral que apenas había logrado reunirse ante el boicot de los empresarios a que se discutieran temas como la expropiación de las tierras ociosas puesto que eso atentaría contra el principio de propiedad privada. El gobierno optó por apoyarse en los empresarios y elaboró unas propuestas agrarias en las que no reconocía la propiedad comunal ni la expropiación de esas tierras ociosas e impulsando para ellas el arrendamiento.[6] Las organizaciones indígenas y campesinas rechazaron de plano el plan del gobierno por su “estrecha y sólida conexión entre los intereses gubernamentales y la Cámara del Agro, particularmente en los temas referidos a la situación agraria y los derechos de los Pueblos Indígenas”.[7]

En una de cal y otra de arena, tras la aprobación de este plan agrícola el gobierno reconoció que los pueblos indígenas son objeto de exclusión social y de diversas manifestaciones de racismo. Claro que antes de este golpe de pecho había sido criticado por el comité de la ONU que se encarga de este tema y el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo le había dejado en evidencia al constatar la interrelación existente entre el racismo y la discriminación, por un lado, y el mantenimiento de un sistema económico claramente desigual, por otro. Además, Guatemala había sido visitada por Evo Morales, el presidente de Bolivia, y ese fenómeno había generado un importante resurgimiento político del movimiento indígena, hasta entonces muy débil y fraccionado, que se plasmó en la organización Winaq (gente, en el idioma maya) liderada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

Este simple hecho provocó que los partidos tradicionales impulsasen la presencia de indígenas en sus filas y candidaturas en las elecciones de 2008, aunque en un segundo plano a nivel nacional. En el ámbito municipal, los candidatos indígenas de diferentes organizaciones se hicieron, por primera vez en el país, con la alcaldía en 129 de los 332 municipios existentes. Un incremento cuantitativo de la participación indígena pero a través de espacios políticos conservadores, bien abiertamente derechistas o pretendidamente socialdemócratas. En cualquier caso, ambas opciones usan a los indígenas como símbolos, no como participación real y efectiva con cuotas de poder. Un columnista de un periódico oligárquico que en los últimos años ha ido abriendo tímidamente sus páginas a la información relativa a los indígenas lo reconocía de forma gráfica: “Hay algunos diputados mayas, pero éstos no cuentan; no sé si porque sólo están allí de relleno o por complicidad (…) A los actuales dipu-mayas tal vez no hay que echarles mucha culpa porque están allí de relleno o por complicidad con partidos dirigidos por ladinos cuyo esquema mental es que siguen mandando ‘indios’”. [8]

La mayoría de estos alcaldes representan al partido en el gobierno que preside Álvaro Colom y fue la respuesta indígena a una campaña con etiqueta socialdemócrata que tenía como uno de sus principales lemas “Gobierno de esperanza para los pobres e indígenas”. Tanto a nivel gubernamental como municipal se iniciaron diferentes programas educativos, sanitarios y de aumento de la productividad en el medio rural que fueron bien acogidos por los indígenas. Incluso hubo un gesto de gran simbolismo: la presencia de la bandera maya en los actos públicos. Sin embargo, a la hora de iniciar transformaciones en las relaciones de propiedad o de la tierra la cosa no fue muy diferente respecto a la actitud mantenida por gobiernos anteriores. Las comunidades de los pueblos indígenas reimpulsaron la consulta en sus municipios para que la población decidiese sobre las explotaciones mineras, esta vez en muchos más lugares y abarcando a un mayor número de personas. Hasta 400.000 indígenas participaron en las mismas. El resultado se volvió a repetir, un rotundo rechazo a este tipo de explotaciones. Y la respuesta del gobierno volvió a ser la misma: las consultas no son legales al no contar con el aval ni de la ley ni del Tribunal Supremo. Ni una mención al Convenio de la OIT ni a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la ONU un año antes de las elecciones y que contó con el voto favorable de Guatemala. Por lo tanto, todas las acciones que impulsaron estas comunidades eran ilegales y, en calidad de tales, competencia de la policía. Las actividades de protesta no sólo contra la minería, sino el petróleo fueron reprimidas y se declaró el estado de excepción en una zona (San Juan de Sacatepéquez) habitada mayoritariamente por el pueblo kakchiquel, que se había significado en las movilizaciones.

Ante este comportamiento del gobierno los representantes q’eqchí de 43 comunidades han presentado una demanda ante la CIDH por violación de sus derechos y uso tradicional a los recursos naturales sin que en el momento de elaborar este libro haya sido resuelta. Al mismo tiempo realizaron el primer encuentro nacional en defensa del territorio y la naturaleza en el que dejaban patente que el rechazo a los megaproyectos que se expresaba en algunas comunidades no era el único, que era un rechazo extensivo a todas las comunidades y organizaciones indígenas en Guatemala y que ellos no se iban a conformar con la promesa de “regalías” (pequeña participación en los beneficios) sino que lo que reivindicaban era su derecho al territorio. “Lo que queremos es que el interés colectivo prevalezca sobre los intereses de unos pocos, porque la destrucción que hacen las empresas mineras y petroleras a la naturaleza es irreversible”.[9]

El derecho indígena sobre el territorio es cuestionado una y otra vez en la práctica por un Estado que lo asume sobre el papel a nivel internacional, puesto que a nivel nacional aún no lo ha incluido dentro de su normativa legal. Para la élite tradicional criolla –el racismo es un elemento determinante en la historia, pasada y actual de Guatemala- los pueblos indígenas sólo tienen derechos, y con limitaciones, en el aspecto cultural pero no, desde luego, en lo referente a la tierra. Ello aumenta la vulnerabilidad de una población que sigue manteniendo unos índices de pobreza escalofriantes y que se traducen en un simple dato: la ONU dice que en 2010 hay una diferencia de 13 años entre la esperanza de vida de los indígenas y no indígenas, más para estos últimos como es lógico por lo que venimos relatando.[10] El modelo de desarrollo existente en el país no ha cambiado y no tiene visos de hacerlo sin una mayor presencia indígena en el ámbito político. La explotación de los recursos naturales a nivel masivo, las represas, los agrocombustibles están arrasando con las pocas tierras fértiles de las comunidades indígenas, su hábitat tradicional, sus lugares sagrados.

La movilización es inevitable y necesaria. La única posibilidad que tienen los indígenas de hacer valer sus derechos frente a una oligarquía ladina que sólo cede en algunos de ellos a través de la presión y al constatarse que la represión, como durante la guerra interna, no elimina las ansias de emancipación de estos pueblos. San Juan de Sacatepéquez tuvo muertos, heridos y detenidos pero logró el compromiso del gobierno de suspender el otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera. Habían logrado la solidaridad activa de otras comunidades, como San Miguel Ixtahuacán que salieron a cortar carreteras para auxiliar a sus hermanos, prácticamente cercados por la policía y protestar también contra las mineras en su municipio. El movimiento se extendía y el gobierno se vio obligado a ceder y a firmar un acuerdo[11] al que se resistió cuanto pudo. Las empresas, mientras tanto, a lo suyo: financiar a partidos políticos y diputados para aprobar restricciones al contenido del acuerdo, el amedrentamiento, las amenazas y las agresiones intimidatorias contra los principales dirigentes de la comunidad kakchiquel[12] que se caracteriza por estar en la vanguardia a la hora de defender su derecho al territorio y sus recursos naturales ante la invasión de la minería extractora.

El país se mueve “desde abajo”, por lo que hay que reconducir el proceso “desde arriba” para que los privilegios de que se disfruta este sector oligárquico no se pongan en cuestión. Otorgar algo para no perder nada. Esa es la reacción del gobierno y algunas fuerzas que lo sustentan. En 2009 se propuso una reforma constitucional que incluyese algunos derechos indígenas para reducir los altos niveles de pobreza en que viven para construir “un Estado más representativo, más plural y multiétnico”. Está clara entonces cuál es la situación en Guatemala, ni hay estado representativo, ni plural, ni multiétnico. Si estos aspectos le hubiesen interesado a la oligarquía no se estaría hablando en el siglo XXI de ello. Pero las movilizaciones indígenas han hecho que se preocupe algo al menos porque también las organizaciones indígenas hacen propuestas que no se pueden dejar de oír como la que habían hecho a comienzos de ese año, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, que había llegado hasta el congreso guatemalteco de la mano de  la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Asociación Política de Mujeres Mayas y la Defensoría Maya. El gobierno creó entonces la Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado para que el movimiento no se le fuese de las manos y que desde esta institución salgan las propuestas de reforma que atañan directamente a los pueblos indígenas como la eliminación de la discriminación racial, la ley de consulta –meramente consultiva, no vinculante-, los lugares sagrados, la educación bilingüe, la jurisdicción indígena… o sea, todo lo que ahora no hay. Tampoco hay soberanía de la tierra, pero eso ni siquiera se discute. Lo otro es lo políticamente correcto, la tierra es ya una cuestión de poder puesto que en Guatemala el 2% de la población posee el 90% del terreno nacional.

La oligarquía ladina puede que acepte aprobar algunas de esas cuestiones, pero el meollo de la cuestión no es si se aprueban, sino si se desarrollan aunque sean relativamente fáciles y poco comprometidas. Por eso los pueblos indígenas reaccionaron con escepticismo, máxime cuando la propuesta de reforma no toca lo principal: la economía y el territorio. Y cuando en esa propuesta de reforma se incluyen aspectos como los recursos naturales e hídricos, pero no la consulta previa a las comunidades indígenas sino una participación subsidiaria de las mismas, queda claro que sigue muy vigente el lema de cambiar todo para que todo siga igual. Forma, no fondo. Las organizaciones indígenas han presentado propuestas muy diferentes sobre la conservación y manejo de los recursos naturales en tierras comunales, el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su potestad para beneficiarse de la explotación de esos recursos que han llegado hasta las instancias oficiales. Allí siguen. Mientras tanto, el Estado se niega a ofrecer información detallada sobre las actividades extractivas y sus impactos ambientales y sociales, incrementa la expansión de cultivos de caña de azúcar y palma de aceite (imprescindibles para los agrocombustibles) en las zonas indígenas, criminaliza los movimientos sociales e indígenas y está comenzando a resurgir, otra vez, el paramilitarismo vinculado tanto a los organismos policiales como a los terratenientes y a las grandes compañías. Es algo que no sólo ocurrió en San Juan de Sacatepéquez, sino en El Estor e Ixcán. Y en otros pueblos, el Ejército o bien está asentado dentro del recinto de las compañías mineras a modo de protección o “protegiendo los proyectos de desarrollo”.

Es mucho lo que hay que cambiar en Guatemala para que los indígenas, un tercio del país para el gobierno, mayoría clara de dos tercios para otras instancias como la ONU, logren el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos. Para ello no bastan las buenas intenciones, sino un cambio político que termine con el concepto de “los valores y conceptos que han hecho grande a la civilización occidental” (sic) que recoge algunos aspectos del orden constitucional de Guatemala. Un paso en esa dirección la dieron, por vez primera en el país, la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso emitiendo un dictamen favorable a la iniciativa de ley de consulta (octubre 2009) y la Corte Constitucional cuando en una sentencia de diciembre de 2009 daba la razón a la comunidad kakchiquel de San Juan de Sacatepéquez -¡otra vez ellos!- en su conflicto con una empresa cementera y minera y, de forma relevante, en la falta de consulta previa y el consentimiento previo e informado de la comunidad tomando en consideración no sólo el Convenio 169 de la OIT sino toda la legislación internacional al respecto. Pero, aún sentando un precedente, la Corte Constitucional también daba la razón al gobierno, e indirectamente a la empresa, al afirmar que no se puede paralizar su actividad dado el interés nacional de la industria cementera. Dos “intereses contrapuestos” frente a los que, al final, la justicia no es ciega ni imparcial y se decanta por el de la empresa anteponiendo el derecho colectivo de Guatemala (“un elemento estratégico de la economía nacional y un bien indispensable para el desarrollo social”) al derecho colectivo de una comunidad concreta (sic).[13] Es decir, sí al derecho a la consulta previa pero limitando, y mucho, la conformidad o no de las comunidades indígenas. Sí pero no a la legislación internacional que acoge en un hecho inédito de por sí por el simple hecho de hacerlo. Si la iniciativa del Congreso tenía previsto incluir la consulta como obligatoria y determinante, la justicia se encargaba de delimitar por dónde debía ir su aprobación.

Claro que en Guatemala, como en muchos otros países del continente de Abya Yala, no se hacen las cosas porque sí. El país había recibido la visita del Relator de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer el acceso de los pueblos indígenas a la justicia y había cuestionado al Estado por la desigualdad existente[14]. Al mismo tiempo, Guatemala tenía que “examinarse” ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Organización Internacional del Trabajo. Algo tenía que ofrecer si quería que su imagen internacional no quedase definitivamente por los suelos, ya muy deteriorada con cuestiones como la impunidad pasada y presente de múltiples asesinatos, dado que dos meses antes de esta sentencia de la Corte Constitucional el CEDR había manifestado por enésima vez y con una contundencia inesperada su “preocupación profunda por el arraigo profundo del racismo y la discriminación racial contra los pueblos maya, xinca y garífuna existentes dentro del territorio del Estado parte y la insuficiencia de políticas públicas en materia de eliminación de la discriminación racial”, exhortando a Guatemala a aprobar “el proyecto de política nacional denominada ‘Por una convivencia armónica e intercultural’ encaminada a eliminar la discriminación racial y a tomar medidas especiales a favor de los pueblos históricamente discriminados, indígenas y afrodescendientes”.[15]

Sin embargo la resolución de la Corte Constitucional no satisfizo a la OIT, quien en su informe de 2010 exigió la suspensión “inmediata” de las actividades mineras en San Juan de Sacatepéquez en tanto se produjese el diálogo entre indígenas, empresa y gobierno “y se evaluase con la participación de los pueblos interesados la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente de las actividades previstas y la medida en que los intereses de los pueblos indígenas se verían perjudicados”.[16] Pero no se circunscribió a un caso particular, sino que lo extrapoló al resto del país: “la Comisión insta al Gobierno que se sirva adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el establecimiento de mecanismos apropiados de consulta y participación tal y como está previsto en el Convenio”,[17] reclamando además información sobre las medidas transitorias adoptadas para proteger los derechos a la tierra de los pueblos indígenas hasta que no se avance en la regularización de tierras.

Y tampoco está muy contento que digamos el CEDR con las explicaciones que ofrece el gobierno de Guatemala y las políticas que impulsa. El informe (marzo de 2010) no deja títere con cabeza: critica el racismo institucional y comunicacional, pide el reconocimiento del sistema tradicional de justicia indígena y la presencia de intérpretes en juicios contra indígenas, condena los asesinatos de indígenas y defensores de los derechos humanos, solicita la reforma del marco legal que rige la explotación de recursos naturales de manera que se establezcan mecanismos de consulta previa con las poblaciones afectadas sobre el impacto de dichas explotaciones sobre sus comunidades y realiza otra serie de recomendaciones y críticas al Estado en cuestiones de salud, educación y acceso al agua potable.[18]

El gobierno pareció no darse por enterado, pero las comunidades indígenas estaban muy al tanto de todo ello y los alcaldes comunales de San Miguel Ixtahuacán, una localidad que había jugado un papel también destacado junto a San Juan de Sacatepéquez en el rechazo a la minería, presentaron una petición oficial al Presidente de Guatemala y a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos para que se suspendiesen de inmediato, como reclamaba la OIT, las operaciones mineras en San Juan de Sacatepéquez, Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.[19] Ni querían ni podían dejar que, otra vez más, una solicitud internacional quedase en el olvido. Tampoco estaban dispuestos a ello los pobladores. Ocho municipios de Huehuetenango declararon libres de minería y megaproyectos sus territorios. Sentencias, movilizaciones, acciones, rechazo. El miedo comenzó a recorrer la espina dorsal de las grandes empresas y se sacaron un as de la manga: un informe empresarial acerca del impacto en los derechos humanos de una de sus minas,[20] esa que había sido denunciada por la comunidad de Sipacapa y que había iniciado una guerra “que había que vencer”. Ahora sí son importantes los derechos humanos, ambientales y sociales.

¿Había entrado el buen juicio en las compañías mineras? En absoluto, preparaban el terreno para que el gobierno, cuando se viese obligado a tomar una decisión en la línea marcada por la OIT, tuviese en cuenta sus puntos de vista. Y así lo hizo. El vicepresidente afirmó enfáticamente que la mina “no viola los derechos humanos” y, por lo tanto, el presidente Colom hizo lo que estaba cantado: no acatar la resolución de la OIT –y de la CIDH, que en ese lapso de tiempo también había reclamado el cierre- por no “tener fundamento”.

Nueva movilización, nueva crítica internacional y el gobierno ya no tuvo más remedio que cumplir la legislación internacional. El 23 de junio de 2010 se vio obligado a anunciar el cierre de esa mina, en concreto, en tanto no haya diálogo y estudios ambientales.[21] Un triunfo del pueblo indígena de Guatemala que ofrece una interesante experiencia de lucha y resistencia al resto de pueblos originarios en Abya Yala que no se queda en estos éxitos sino que sigue adelante en su camino hacia la emancipación dejando clara su voluntad de autodeterminación y control de los recursos naturales en sus tierras. En septiembre, la comunidad qe’qchí de Lanquín sometió a consulta a la población (“¿Aceptan que se desarrollen proyectos hidroeléctricos, mineros, áreas protegidas y megaproyectos que afecten la vida, el bienestar de nuestros hijos e hijas, familias, nuestras tierras y el territorio?”) el intento gubernamental de autorizar el ingreso de empresas en su territorio sin la consulta legal pertinente. De nuevo el gobierno incumpliendo y de nuevo la población indígena respondiendo. Ni qué decir tiene que esa consulta recogió un abrumador rechazo a la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas (14.490 votos en contra de los proyectos y 24 a favor)[22] en un impresionante ejercicio de participación y decisión del pueblo en la toma de decisiones.

[3] CIDH. Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala. 29 de diciembre de 2003, OEA/Ser.L/V/II.118.

[6] Gobierno de Guatemala: Política de Desarrollo Rural Integral. Septiembre de 2006.

[8]Prensa Libre, 27 de junio de 2007.

[13] Corte de Constitucionalidad. Expediente 3878-2007. Guatemala 21 de diciembre de 2009.

[15] Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 12º y 13º informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2008. Guatemala. 17 de septiembre de 2009. CERD/C/GTM/12-13

[16] OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169. Guatemala.

[17] Ibid.

[18] CEDR. Observaciones Finales. Guatemala 76º período de sesiones, 15 de febrero a 12 de marzo de 2010. CERD/C/GTM/CO/12-13