CANADÁ

CANADÁ

Indígenas, métis e inuit son los tres pueblos aborígenes existentes en Canadá. El término “aborigen” es la denominación con la que aparecen en la Constitución del país y pretende ser una forma colectiva y respetuosa de referirse a ellos. El término indígenas, también llamados nativos, primeras naciones o poblaciones originarias, olvida a los inuit, por ejemplo, pero se les deja al margen del término para englobarles en otro pueblo aparte de origen esquimal. “Aborigen” se viene utilizando desde 1980 y en indígenas es lo que entenderíamos como “indios” –así están denominados en la Constitución de Canadá-, en los que se engloba a los pueblos abenaki, akaitcho, algonquino, anishinaabe, athapaskan, atikamekwa, blackfoot, cayuse, chippewa, colville, cowichan, cree, deh cho, ditidaht, dogrib, dunneza, gitksan, gwich’in, haida, haisla, heitsuk, hurón-wendat, iroquois (onondaga, cayuga, seneca, oneida, tuscarona y mohawk) , kaska, katzie, ktunaxa, kutchin, kwantlen, kwakiutl, lubicon cree, malecita, micmac, montagnais, musqueam, naskapi, na-cho nyak dun, nakoda, nicola, nisga’a, nuxálk, odawa, ojibway-chippewa, okanagan, oneida, palus, potawatomi, shatu, sinixt, st’at’imc, tahltan, tanana, tasltine, tlingit, tsimshian, tsuu t’ina, walastakwewinowok, wasco, wishram, yakima y yupik.

Según el censo del año 2006, el número de aborígenes ascendía a 1.678.235 (con ancestros aborígenes) mientras que se identificaba como tal sólo 1.172.790 de ellos, representando casi el 4% del total de la población de Canadá. Un total de 698.025 pertenecerían a las primeras naciones, 389.785 serían métis (es un término de origen francés, métis-mestizo, hijo de europeos e indias que ha pasado a la denominación de pueblo originario en la actualidad) y 50.485 inuit. El resto ofreció varias respuestas.[1] Aproximadamente el 63% vive en las reservas y el resto o bien en ciudades (preferentemente los métis) o en “áreas remotas”, en referencia a la zona ártica del país donde residen los inuit y dos de los pueblos de las primeras naciones, gwich’in y shatu. Como es habitual, una cosa son las cifras gubernamentales y otra la de los propios pueblos dándose la circunstancia que al menos en este país existe la categoría de “indios no registrados”, identificados como desciendes de quien, en algún momento, se dejó enredar por las estipulaciones de alguno de los muchos decretos que aprobaban los blancos dominantes, como casarse con un blanco o vender alguna tierra, y a raíz de adoptar esa decisión pasaban, automáticamente, a perder la condición de “indio registrado”. Desde 1985 estos “indios no registrados” mantienen litigios legales para volver a ser integrados junto al resto, pero desde ese año sólo unos 100.000 lo han logrado cuando se calcula que en esta situación hay medio millón. Además, se da el hecho de que en muchas partes de Canadá hay comunidades de “indios no registrados” o sin estatuto que siguen siendo indistinguibles del resto. La ley canadiense, a pesar de que su primer ministro ha perdido perdón públicamente a los aborígenes (2008) por el tratamiento que se les ha proporcionado desde la constitución de Canadá como nación independiente,[2] se sirve de este tipo de distinciones arbitrarias y fáciles de aplicar tanto para minimizar el número de población aborigen como para cuestiones administrativas, en especial, las relativas a la tierra.

Dado que este país no es muy conocido en lo que se refiere a los pueblos originarios del continente, en contraste con los latinoamericanos, vamos a introducir una serie de datos socioeconómicos para ayudar a comprender mejor su situación en base a los que ofrece la ONU[3] relativos al año 2010: el 60% de los niños de las zonas urbanas vive por debajo del umbral de pobreza, el índice de tuberculosis entre los pueblos de las naciones originarias es 35 veces más alto que el de la población no aborigen –en el caso de los inuit la proporción sube hasta las 150 veces- , el porcentaje de suicidios es 11 veces superior a la media nacional, cerca del 70% de los estudiantes de naciones originarias que viven en las reservas jamás termina la enseñanza secundaria y representan el 19% del total de población reclusa de Canadá –recuérdese que son el 4% del total poblacional del país-. Y algo que no menciona la ONU pero sí el Instituto de Salud Infantil de Manitoba: los niños aborígenes están sufriendo cada vez en mayor proporción un tipo de diabetes, denominada “tipo 2”, que es habitual en adultos y no en jóvenes y mucho menos en niños puesto que se relaciona con la obesidad.[4]

Como se puede apreciar, entre los golpes de pecho del primer ministro y la realidad hay un abismo. Es interesante recordar que Canadá es uno de los cuatro países que se opusieron de forma expresa a que la ONU adoptase la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y que en el momento de enviar este libro a imprenta aún no lo había hecho, a pesar del perdón reclamado por su primer ministro. Por cuestiones políticas internas, en Quebec (única provincia de mayoría francófona en el país) se está discutiendo la adhesión a la DDPI a iniciativa de la Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador,[5] compuesta por los pueblos abenaki, algonquino, cree, hurón-wendat, micmac, mohawk, montagnais y naskapi. Si la iniciativa tiene éxito –se presentó en mayo de 2010 y en septiembre aún no se había resuelto- Quebec se convertiría en la primera provincia en adherirse a la Declaración y sentaría un precedente que arrastraría, sin duda, al resto de Canadá a hacer lo mismo.

La historia de marginación y discriminación contra los pueblos originarios de Canadá viene de muy lejos, desde mucho antes de la independencia del país. Pero dado que en este libro nos estamos remitiendo a la etapa actual partiremos desde 1999. Ese año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó al país para ver el grado de cumplimiento de una serie de reformas para mejorar la situación de las “poblaciones autóctonas” y, entre ellas, la aplicación del derecho a la autodeterminación. En este aspecto el gobierno canadiense, como es lógico siguiendo su trayectoria en la ONU, no había movido un dedo. Ni en este ni en ninguno, pese a reconocer que “la situación de las poblaciones indígenas sigue siendo el problema más apremiante de derechos humanos con que se enfrentan los canadienses”.[6] El Comité de la ONU volvía a insistir en ello y que, al menos, trasladase información al respecto a los pueblos originarios al tiempo que le reclamaba una mayor proporción de tierras y recursos a los pueblos originarios “y sus instituciones”, haciendo hincapié en que el derecho a la autodeterminación requiere, entre otras cosas, “que todas las poblaciones puedan disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y que no se les prive de sus medios de subsistencia”.[7] Al mismo tiempo, instaba a Canadá a asignar los recursos suficientes para eliminar los obstáculos que impedían a los aborígenes disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales.

No es que el gobierno canadiense se diese mucha prisa en ello, pues hasta el año 2005 no llegó a un acuerdo con los pueblos originarios –el llamado Acuerdo de Kelowna, alcanzado tras año y medio de negociación- destinado a allanar las diferencias socioeconómicas entre canadienses originarios y no originarios. Pero, como suele ser habitual, dicho acuerdo no se cumplió. Se seguía así la tradición: firma de un acuerdo, antaño llamados tratados, e incumplimiento inmediato del mismo una vez lograda la “pacificación”. El Acuerdo de Kelowna se firmó al más alto nivel entre el gobierno federal, las provincias y territorios y los aborígenes con una duración de diez años para “romper el ciclo de pobreza” entre los indígenas. Al menos a cinco años de su firma, los resultados están a la vista según la ONU.

A mayor abundamiento, Canadá fue elegido en 2006 miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un escándalo para los pueblos originarios, no sólo de Canadá, sino del mundo entero que aprobaron una resolución, enviada a la ONU, pidiendo que se reevaluara la pertenencia de Canadá al CDH.[8] No fueron escuchados, pero sirvió para que Canadá moderase un tanto su actitud a nivel interno ya que, a nivel externo, se presentaba como un adalid de los derechos humanos. Un ejemplo fue en las ocupaciones de tierras donde se inició un tímido diálogo entre las partes cuando antes, sencillamente, se recurría a la policía para desalojarlas. Otro, la decisión de modificar la ley para permitir que las primeras naciones asumiesen un mayor control de la educación en las reservas. Y uno más, y de calado, fue el aceptar a los pueblos inuit (inuvialuit), gwich’in y sahtu como partes en el proceso de construcción de un gasoducto en el noroeste del país. Estos tres pueblos habían logrado el reconocimiento de sus tierras en diferentes procesos desde 1982 y el ofrecimiento del gobierno era que fuesen propietarios de una tercera parte del proyecto.

Aquí hay que detenerse un poco en la cuestión de los inuit. Fueron los primeros aborígenes canadienses que lograron el reconocimiento de sus tierras y el establecimiento de gobiernos autónomos en ellas en un proceso que se extendió desde 1982 a 2006. En esos años fueron logrando, de forma progresiva, sus gobiernos en Nunatsiavut (Labrador); Nunavik (Québec); Nunavut; y la Región del Asentamiento de inuvialuit de los Territorios del Noroeste. En estos territorios el inuktitut es la lengua de uso común y para cuestiones oficiales, que en el ámbito administrativo tiene el rango de lengua oficial junto al inglés y francés. Aquí se mantienen las actividades tradicionales de caza, el tendido de trampas y la pesca siguen siendo prácticas sociales, culturales y económicas vitales para la comunidad, pero en Nunavut y en los Territorios del Noroeste se está acentuando desde comienzos del siglo XXI la pesca comercial y presencia de industrias extractivas (diamantes, uranio y oro) con el consentimiento de los inuit, que han establecido convenios con las empresas tanto de empleo como de impacto ambiental y participación en los beneficios económicos.

Este ejemplo está siendo seguido por otras empresas de mucho mayor calado, como es el caso de las petrolíferas y gasísticas. En los Territorios del Noroeste una de la principales industrias de gas de Canadá pretende iniciar la construcción de un oleoducto que atravesaría no sólo las tierras inuit, sino las de las primeras naciones gwich’in y sahtu. Estos tres pueblos han dado su aprobación al proyecto y han constituido una empresa, Aboriginal Pipeline Group, para participar en el mismo en calidad de tercer socio. Es un megaproyecto puesto que se estima va a tener una extensión de 1.300 kilómetros y gran parte del gas se exportaría a EEUU. Sin embargo, casi la mitad del oleoducto atravesaría territorio de los deh cho, que manifestaron no comenzar si quiera a pensar en su posible participación en el proyecto si antes no se delimitan legalmente sus tierras. Era una reclamación territorial que mantenían desde hacía años sin que se hubiese procedido a la misma. No hay nada como una amenaza en cuestión económica. De inmediato, el gobierno se prestó a negociar la delimitación de las tierras deh cho y un acuerdo de autogobierno.

El tímido cambio realizado en Canadá como consecuencia de las críticas recibidas cuando fue elegido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU iba siendo ya de un calado algo mayor. La situación pareció dar un giro cuando el primer ministro pidió perdón a los aborígenes en una sesión oficial en la Cámara de los Comunes (junio de 2008). En realidad, no le quedaba más remedio que hacerlo. Se estaban dando a conocer sentencias judiciales e informes que reconocían la magnitud de “los abusos físicos, sexuales y de otra índole” que habían tenido lugar en los Internados Escolares Indígenas desde el siglo XIX. Uno de esos informes, elaborado por la Royal Commission on Aboriginal Peoples era demoledor, aunque por boca de uno de sus integrantes “ninguna parte de nuestra investigación produjo más repulsa y vergüenza que la historia de los internados escolares. … el increíble daño –pérdida de vida, denigración cultural, destrucción de respeto propio y autoestima, ruptura de familias, impacto de estos traumas en generaciones venideras y el grave halo de triunfalismo cultural que subyace tras esta cruel agresión- heriría profundamente la sensibilidad de cualquiera que permitiera que esta historia se depositara en su subconsciente”.[9] Los niños indígenas eran separados de sus padres y obligados a asistir a internados escolares para “integrarse a la sociedad oficial”.[10] En esas escuelas se les prohibía hablar sus lenguas ancestrales, se les impedía el contacto con sus padres, abuelos, culturas y se cometía contra ellos todo tipo de abusos, como decían las sentencias. Incluso a los hermanos se les colocaba en internados diferentes para que no tuviesen contacto entre sí. Este sistema de internados se mantuvo hasta 1969. Ante la magnitud de los abusos, mantenidos durante 140 años, el Parlamento, tras la petición de perdón oficial, creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación y adoptó una resolución solicitando adoptar en el ordenamiento legal la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Pero esa comisión sólo sirvió para mostrar la situación de los pueblos originarios de forma cruda, sin que se diesen los pasos necesarios para eliminarla y ponerles al mismo nivel que el resto de ciudadanos de Canadá.

Los internados comenzaron a cerrar en 1969 no por iniciativa gubernamental, sino por la de los pueblos originarios. La primera nación nisga’a fue quien dio el primer paso ante los tribunales. Si bien no ganó por fallos procedimentales, puso la base para el comienzo del cambio. Los pueblos originarios dejaron de ser invisibles. Era una reclamación por la tierra que puso al descubierto todo lo demás. Eso provocó que en 1973 se crease la Oficina de Reivindicaciones de los Pueblos Aborígenes, aunque desde ese momento no se ha avanzado mucho. Han pasado ya casi 40 años y desde entonces sólo se han firmado 17 acuerdos sobre reivindicaciones territoriales, aunque hay decenas aún pendientes. No es extraño, por lo tanto, el comportamiento del gobierno ni su empecinamiento al oponerse a firmar la Declaración de Derechos de la ONU, en contra del criterio de los pueblos originarios, de su parlamento y del mundo.

Reconocer derechos a los pueblos originarios implica reconocer sus territorios, con la potestad de su autogobierno y control de los recursos naturales existentes en ellos. Y por ahí prácticamente ningún gobierno pasa, por mucha autodefinición democrática que hagan. Canadá no es diferente. Si históricamente ni Canadá ni EEUU cumplieron los tratados que firmaron con los pueblos originarios, mucho menos iba a producirse en la actualidad. Una comisión del Senado estudió el grado de cumplimiento de los nuevos tratados, denominados “modernos”, llegando a la conclusión que su fracaso se debe a razones estructurales y “al legado paternalista y colonialista que aún subyace en la práctica política institucional y en el Departamento de Asuntos Indios”. Al mismo tiempo, recomendaba “una nueva política nacional de implementación de reclamación de tierras” y la creación de una nueva Comisión de Tratados Modernos, con presencia aborigen, para preveer la implementación de acuerdos globales de reclamos de tierras “incluyendo los aspectos financieros”.[11]

Ni que decir tiene que también cayó en saco roto esta recomendación. La expansión de la minería y empresas petrolíferas se anteponía a cualquier otra consideración, lo que llevó a los pueblos originarios a reiniciar sus protestas contra ellas y, como respuesta, la criminalización de las mismas. El Tribunal Supremo de Canadá sentenció que cuado una primera nación cuenta con un título de posesión de la tierra cuenta con el derecho a decidir el uso que se le da a dicha tierra. Este es el quid de la cuestión. Si se realizan las demarcaciones que reclaman los pueblos originarios pasan a ser propietarios legales de ellas y, en consecuencia, sólo si permiten un uso industrial es posible explotar esos recursos. Es lo que han hecho, como se ha mencionado más arriba, los inuit, gwich’in y sahtu. Pero no todos opinan igual. Es el caso de los algonquino. Varios de sus dirigentes y jefes comunitarios fueron encarcelados por oponerse a prospecciones mineras para extraer platino en unas tierras que están en reclamación, aún no demarcadas. Según la ley, es el consejo de la comunidad quien gobierna la misma pero sólo tiene potestad en cuestiones educativas, sanitarias o educacionales, no territoriales. Encarcelarles era un escarmiento claro. Pero los algonquino no estaban solos. Tampoco los lubicon cree quieren la extracción de petróleo de sus tierras, también no cedidas aún. Y los tahltan se niegan a que se explote la madera de sus bosques.

Unas actitudes que no podía consentir el gobierno. Así las cosas, el año 2009 propuso una modificación legal por la que se aplicaba una nueva modalidad: la “renuncia” a los títulos de propiedad de las tierras de los pueblos originarios si no se llegaba a un acuerdo en la demarcación de las mismas. La oposición a esta medida fue de tal calibre que se vio obligado a renunciar a la renuncia, valga la redundancia, aunque aprobó el método de la “no afirmación”, que venía siendo lo mismo aunque en un lenguaje mucho menos agresivo. No era una cuestión banal, puesto que el excesivo coste de los trámites judiciales, como consecuencia de dilatarse en el tiempo la resolución de las reclamaciones –hay casos en los que alguna lleva 23 años sin resolverse- obligaba a las primeras naciones con pocos integrantes a retirar la demanda y aceptar un tipo de acuerdo lesivo para sus intereses. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU volvió a ocuparse de Canadá ese mismo año y volvió a constatar que el país ponía todo tipo de trabas a la delimitación y demarcación de tierras de los pueblos originarios, en especial de las primeras naciones. Por eso, instó a Canadá a que “iniciara de buena fe negociaciones basadas en el reconocimiento y la reconciliación” [con las primeras naciones] y a que “estudiara las formas de facilitar el establecimiento de pruebas de los títulos de propiedad de la tierra de los aborígenes en los procedimientos ante los tribunales”. Para el CDH, la “buena fe” por parte del gobierno era un requisito imprescindible para la solución de las reclamaciones territoriales, reconocía que se habían dado pasos en ese sentido, pero explicitaba que no se podía avanzar si no había “más voluntad política en relación con la aplicación, mecanismos institucionales adecuados y procedimientos de vigilancia más estrictos en todos los niveles”.[12] Mencionaba expresamente el intento del gobierno de explotar petróleo en tierras de los lubicon cree pese al rechazo de éstos.

Canadá sigue manteniendo una clara política discriminatoria con sus pueblos originarios. Pero consigue que el mundo piense de otra manera con gestos tan simpáticos como iniciar los juegos olímpicos de invierno de 2010 con un homenaje a los primeros cuatro pueblos que poblaron el territorio de lo que hoy es este país[13] o colocar en el reverso de las medallas con que se premia a los mejores deportistas de cada especialidad a los animales tradicionales de caza y sustento de estos pueblos. Imagen, cosmética, fotos. La realidad va por otro lado, mucho más siniestro. No sólo se mantiene el empecinamiento retardatario en titular las tierras de los pueblos originarios, sino que el gobierno está aprovechando la crisis económica para recortar los fondos federales destinados a los pueblos indígenas, en concreto los destinados a la salud mental de los “supervivientes” del régimen escolar por el que el primer ministro pedía perdón.[14]