Pueblos originarios en América

ARGENTINA

Es un país federal con una población de 40 millones de personas de las que 600.329 son consideradas descendientes o pertenecientes a uno de los pueblos indígenas reconocidos: atacama, ava-guaraní, aymara, calchaquí, chané, charrúa, chorote, chiriguano, chulupí, comechingón, diaguita, guaraní, huarpe, kolla, lule, mapuche, mbyá guaraní, mocovi, nivaclé, omaguaca, ona, pampa, pilaga, querandí, rankulche, tapieté, tehuelche, toba-qom, tonicote, tupí guaraní y wichí [1]. El censo incluye en el apartado de “otros” a los pueblos abaucán, abipón, ansilta, chaná, inca, maimará, minuán, ocloya, olongasta, pituil, pular, sanavirón, sashagan, tape, tilcara, tilián y vilela especificando que no se les ha contabilizado de forma individual debido a la “escasa cantidad de casos muestrales” y considerar que el número total de componentes de estos pueblos es de 3.864 personas. Los mapuche, con una población censada de 113.680, son los más numerosos y en sus dos terceras partes viven en la provincia de Neuquén.

No obstante, las organizaciones indígenas no consideran que sea éste un número creíble no sólo porque critican la metodología empleada para cuantificarles, sino porque en zonas urbanas donde vive gran cantidad de gente indígena la encuesta no pudo realizarse de manera intensiva y porque existen aún en el país muchas personas que disimulan su identidad indígena por temor a ser discriminadas. A buen seguro que tienen razón puesto que un estudio reciente de la Universidad de Buenos Aires establece que el 56% de los argentinos tiene “al menos un ancestro indígena”.

La mayoría de estos pueblos son transfronterizos, habitantes de regiones como el Chaco (a caballo entre Paraguay, Bolivia y Brasil) o la Patagonia (con Chile). Nómadas o sedentarios, cultivadores de tierra o cazadores-recolectores todos ellos se aferran a sus tierras, a su hábitat y luchan por conservarlo y expandirlo sin concebir el mismo como un bien económico, sino como un espacio de vida. Los mapuche, toba y kolla son los más numerosos de entre los censados mientras que los pueblos tapieté y ona son los que cuentan con menos integrantes, en cifra inferior a los 600 cada uno de estos pueblos. El número de lenguas es de 15, agrupadas en 7 familias lingüísticas.

A partir de la década de 1990, coincidiendo con el inicio del cambio en la normativa internacional impulsado por el Convenio 169 de la OIT, se produjeron avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina aunque aún no se había adherido formalmente al mismo. El acceso al territorio y puesta en marcha de sistemas de salud y educación interculturales, junto a la implementación de un sistema de consulta previa, libre e informada ante cualquier iniciativa que los afecte son algunos de ellos, así como el derecho a la propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, al reconocimiento de la personalidad de sus comunidades y a la participación en la gestión de sus recursos naturales. Este proceso se inició a partir de la reforma constitucional de 1994 y la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, en el año 2000, no necesariamente se tradujo en políticas públicas. No se puede decir, por lo tanto, que Argentina esté atravesando una etapa de “revalorización” de los indígenas en el terreno económico o político. En la estructura federal del Estado, el Congreso tiene competencia para dictar las leyes que reglamenten el nivel mínimo de realización efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y las provincias, concurrentemente, pueden dictar normas que sostengan una mayor protección. Sin embargo, no es así y en la práctica el reconocimiento de estos derechos es tan bajo que la mayoría de ellos, incluyendo los fundamentales, carecen de reglamentación legislativa.

Las principales decisiones oficiales en donde se hallan comprometidos la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas son adoptadas por los poderes públicos provinciales legislativo, ejecutivo y judicial con un altísimo nivel de vinculación política, económica e ideológica con los grupos privilegiados beneficiarios de las injusticias históricas cometidas en contra de los pueblos indígenas. Es algo que denunció ya en 2003 el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, una institución que desde 1997 se viene significando en el apoyo a las reclamaciones de los pueblos chorote, wichí, guaraníes y qom-toba, y que tenía que ver con la inacción gubernamental y provincial en adecuar la legislación interna al Convenio 169 de la OIT en aspectos clave para los indígenas como los derechos de participación y a la consulta previa en explotaciones mineras, hidroeléctricas y madereras.[2]

La resistencia a incorporar las normas internacionales al derecho interno no se traducía siquiera ni en la cuestión educativa puesto que la escolaridad primaria completa aún a día de hoy es muy baja; menores todavía los resultados en educación secundaria, y son casi inexistentes si se habla de educación superior, por hablar sólo de la cultura y la lengua, la cuestión estrella para la mayoría de los países cuando se refieren a los pueblos indígenas y la protección de sus derechos. Además, a primeros de 2010 el 90% de la población originaria en Argentina no recibía aún clases en su lengua de origen, lo que pone de manifiesto la falta de maestros de los diferentes pueblos y nacionalidades y de cargos docentes para este fin a pesar de las buenas intenciones legislativas a nivel federal.

Los pueblos indígenas han visto cómo se ha ido incorporando, con cuentagotas, alguno de sus derechos al ordenamiento legal. Si como muestra vale un botón, baste señalar lo que viene ocurriendo desde que a finales de 2006 el Congreso promulgó la ley de Emergencia sobre Posesión y Propiedad de las Tierras Comunitarias Indígenas, que generó unas grandes expectativas sobre el reconocimiento de las tierras de los pueblos originarios puesto que suspendió la ejecución de sentencias y actos de desalojo por un lapso de tiempo de cuatro años para realizar una titulación de las tierras indígenas que antes hubiesen sido inscritas como particulares.

Se establecía que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) era el encargado de hacerlo, de forma conjunta con el Consejo de Participación Indígena. Esta instancia, creada en el año 2004, es un órgano colegiado de 83 representantes, entre titulares y suplentes en representación de cada pueblo originario y provincia, elegidos por las comunidades indígenas. También se creó una Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales presidida por un dirigente del pueblo mapuche y un Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas por el que se pretendía consolidar la posesión tradicional de las tierras que ocupan comunidades originarias, los programas de regularización dominial (tierra de propiedad plena de la comunidad o del individuo) de tierras fiscales provinciales y nacionales y la gestión de compra de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Pero todas estas instituciones pronto terminaron convertidas en instancias poco más que decorativas. El INAI no era autónomo dado que las formas de elegir la representatividad indígena se halla en manos del Estado y no de los propios pueblos representados, tal como denunció el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial en uno de sus últimos informes.[3] La crítica de este organismo de la ONU implicaba que a pesar de que esa instancia se presentaba por el gobierno como un proceso de protagonismo de las comunidades y pueblos indígenas, en realidad era un organismo “intervenido por decisiones externas a los pueblos”. Lo que debería ser el principal espacio de presencia indígena en Argentina, a nivel estatal, quedaba reducido a una instancia cosmética. Y si esto es así en el Estado, no cuesta mucho imaginar que en las provincias, donde se adopta la mayoría de las decisiones relativas a los pueblos originarios, la participación indígena es de similar o inferior nivel o simplemente no existe, tal como ocurre en Neuquén. La situación en esta provincia se abordará más abajo con algunos ejemplos.

Con unas instancias decorativas antes que prácticas la ley de Emergencia sobre Posesión y Propiedad de las Tierras Comunitarias Indígenas fue boicoteada desde el primer momento por los propios gobiernos provinciales, que cedieron a la presión de los grandes grupos oligárquicos ante el temor que el cumplimiento de dicha ley pusiese de manifiesto la apropiación fraudulenta de esas tierras tras el proceso de independencia de la colonia y, de forma especial, a raíz de la campaña militar de ocupación de los territorios indígenas llevada a cabo entre 1879 y 1885. Se dificultaron los procesos de titulación de las tierras reclamadas por las comunidades originarias -ahora en manos de corporaciones y propietarios privados y entidades públicas- y ello llevó a la continuación de los desalojos y la represión contra los movimientos indígenas en todos los ámbitos, privados y oficiales, y en todas las provincias. Había casos que llevaban 20 años en los tribunales y seguían sin resolverse, como era el caso de una reclamación mapuche en Río Negro. Había otros en los que se obstaculizaban, negaban o rechazaban las demandas que se presentaban sobre la propiedad de la tierra indígena. En muchas comunidades se intimidaba, presionaba y perseguía a quienes insistían en sus denuncias o se les iniciaba un procedimiento penal por “usurpación de tierras”. O se llegaba a extremos de verdadero esperpento dentro de la tragedia que suponía para los pueblos indígenas cuando grandes empresas ponían algunas tierras a disposición de los pueblos originarios, como sucedió en 2006 en la provincia de Chubut, para que familias mapuche “desarrollaran sus procesos productivos”. Se vendió como un importante gesto de responsabilidad social por parte de la empresa y tuvo una gran acogida dentro de los medios de comunicación. Lo que sucedía es que esas tierras eran cualquier cosa menos productivas y por ello mismo los mapuche rechazaron tan generosa “donación”.[4]

Muchas de las tierras en litigio se consideraron “fiscales”, es decir, que el gobierno local tenía potestad de decidir a quién se las entregaba y en su mayoría se hizo “a terceros no indígenas”. De nuevo la ley y la trampa con los pueblos originarios. Sin embargo, éstos no cejaron en sus reivindicaciones y fue en una de las provincias, Jujuy, donde los indígenas pudieron ver por vez primera cómo la justicia obligaba al gobierno provincial a entregar un lote de tierras de los territorios ancestrales a los pueblos kolla, atacama, ocloya, omaguaca, quechua, tilián y guaraní al aplicar las disposiciones del Convenio 169 de la OIT. Era un fallo histórico por ser el primero en Argentina que emitía disposiciones generales para hacer efectiva la entrega de las tierras a las comunidades, a quienes reconocía como sujetos de derecho colectivo y como actores fundamentales en el proceso de definición de políticas públicas orientadas a cumplir con el marco jurídico que tutela sus derechos. Se resolvía así un largo pleito en el que las comunidades indígenas no sólo denunciaban el incumplimiento por parte del Estado si no que constataban cómo a través de órganos como el Instituto Jujeño de Colonización y la Dirección de Inmuebles la provincia vulneraba sus derechos al entregar a “terceros no indígenas” tierras en lugares señalados como territorio de las propias comunidades. Hasta ese momento, la provincia de Jujuy sólo había entregado tres títulos de propiedad comunitaria (y habían transcurrido seis años desde la ratificación por Argentina del Convenio 169 de la OIT).

Mientras, continuaba el saqueo de las riquezas naturales de los territorios indígenas. Una de ellas, la madera. La Ley de Bosques Nativos se había aprobado en 2007, pero aún no se había procedido a su reglamentación y ese vacío fue llenado con camiones y camiones de madera puesto que los gobiernos provinciales, como el de Salta, otorgaron casi a mansalva permisos de desmonte en cifras que superaban lo normal, si se entiende por normal el hecho de haberse producido, en el momento de aprobación de la ley a nivel federal, un aumento del 570% en esos permisos.

No era solo la madera. También el petróleo y el gas. Los mapuche denunciaron que se negociaba la extensión de concesiones petrolíferas que afectaban a 14 de sus comunidades y transnacionales como Repsol-YPF y Petrobras lograban prórrogas de hasta 10 años en sus concesiones. Las explotaciones agropecuarias, mineras y forestales crecían a un ritmo vertiginoso, tanto como para que Argentina pudiese presumir de un crecimiento económico que parecía imposible en un país que unos pocos años antes estaba sumido en una crisis económica y financiera desconocida (el llamado “corralito”). Un crecimiento que iba aparejado de altísimos niveles de deforestación (con pérdida del 75% de los bosques nativos originales[5]) y una expansión de la frontera agropecuaria hacia los territorios indígenas, además de la ya consabida acción económica de las empresas extractivas puesto que, según la Secretaría de la Minería de la Nación, el 75% de la superficie de Argentina se encontraba “inexplorada”.

No obstante, y pese a que el nivel organizativo de los indígenas era muy débil a nivel nacional dado que se centraban en la defensa de sus intereses más inmediatos, en los lugares en que viven se lograron acuerdos a nivel de pueblo (Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónoma, Confederación Mapuche del Neuquén) que dio fuerza a su reivindicación territorial logrando algunos éxitos parciales y concretos –con Jujuy como ejemplo- que sirvieron para que se pudiese lanzar una nueva ola de denuncias sobre sus territorios. Ello obligó al gobierno federal a aprobar leyes, como la de Emergencia de la Propiedad Comunitaria que ordenaba paralizar los desalojos de comunidades indígenas por un período de 4 años y realizar un “relevamiento” (estudio jurídico-técnico y catastral) de las tierras que tradicionalmente ocupan -con lo que se dejaba fuera las reivindicaciones de territorios ancestrales- durante los tres primeros años de la ley, o la que obligaba a los gobiernos provinciales a poner en marcha las medidas aprobadas y que fue adoptada prácticamente por unanimidad en el Congreso, con sólo 3 votos en contra. El gobierno federal, además, hizo un intento de incentivar la inscripción y reconocimiento de las comunidades indígenas en Argentina, contabilizando en todo el país 550 de las que entre 2007 y agosto de 2008 se habían inscrito 230 legalmente.

El gobierno mostraba buenas intenciones, tal y como testificaban los organismos internacionales tras votar a favor de la DDPI, pero era incapaz de reglamentar la aplicación de las leyes y lograr que se cumplieran por parte de las administraciones intermedias. En 2010 sólo 8 de las 23 provincias se mostraban dispuestas a cumplir los preceptos legales. Un ejemplo es que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sólo podía llevar a cabo con cierto grado de compromiso sus proyectos en esas ocho provincias, y eso no sin dificultades puesto que o bien no llegaban los fondos acordados o bien la burocracia retrasaba los proyectos, como ocurrió en Santa Cruz con los pueblos mapuche y tehuelche. Algunos de los pueblos originarios argentinos han llevado sus casos a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no han conseguido nada hasta el momento. Por todo ello, el gobierno no ha tenido más remedio que prorrogar hasta el 2013 todas las disposiciones de la ley, en especial la suspensión de desalojos y el programa de delimitación de tierras.

Mucho tiene que ver en lo ocurrido el monocultivo de la soja, una de las principales fuentes de exportación en la Argentina actual. En los últimos catorce años, Argentina ha vivido una expansión sin igual de este cultivo hasta llegar a los 18 millones de hectáreas que son, ni más ni menos, que el 50% del total de las tierras cultivables del país. Esta expansión hacia tierras casi vírgenes provocó enfrentamientos con los pueblos originarios (se calcula que serían unas 42 millones de hectáreas las cubiertas por bosques nativos), lo que llevó al Gobierno federal a aprobar en 2008 la Ley de Bosques.

En virtud de ella, se dictaba una moratoria en la tala y desmonte hasta que cada provincia realizase “de manera participativa” un plan de uso sustentable de los bosques nativos y se facultaba a los gobiernos provinciales no sólo para crear un fondo económico para preservar los bosques nativos, donde se ubican gran parte de los poblados de los indígenas, sino para decidir qué uso se les daba. Con esta ley, enmarcada en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la ONU un año antes, debían ser los pueblos indígenas quienes administrasen los recursos de “sus” bosques. Pero ni la ley ni las sentencias judiciales arredraron a los gobiernos provinciales ni a los terratenientes, que continuaron con el desmonte para ampliar el terreno de cultivo de la soja. El caso más llamativo se produjo en la provincia de Salta, una zona donde viven nueve de los pueblos indígenas de Argentina, y en la que se autorizó el desmonte de 400.000 hectáreas de bosque nativo. Los indígenas recurrieron, pero cuando la justicia paralizó el desmonte ya habían sido deforestadas 153.000 hectáreas.

La expansión del cultivo de soja estuvo en el origen del conflicto entre los “ruralistas” y el gobierno argentino durante la última mitad de ese año 2008, sin que los intereses de los pueblos originarios fuesen tenidos en cuenta lo más mínimo.

Y así ocurre también con los territorios indígenas con recursos naturales. Las disposiciones relativas a los recursos, especialmente la legislación de hidrocarburos, el código de minería, y los códigos de aguas y leyes de tierras provinciales, en ningún caso han incorporado los derechos de propiedad, consulta y participación que establecen tanto la Constitución como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los demás tratados internacionales de derechos humanos. La legislación reglamentaria interna, nacional y provincial, carece de la mínima adaptación a dichas normas. Esta omisión legislativa origina numerosos abusos por parte de las empresas extractivas y de los gobiernos provinciales, quienes no se consideran obligados al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Es el caso de lo que sucede con la minería o los hidrocarburos. Por ley, son los gobiernos de las provincias quienes tienen la propiedad de esos recursos y, como con el caso de la soja, por esta razón tampoco se ha contado con los intereses de los pueblos indígenas. En provincias como Chubut y Río Negro los gobiernos provinciales facilitaron en 2008 a una transnacional canadiense, Aquiline Resources, el control de 500.000 hectáreas de terreno, en su gran mayoría indígena, para exploración minera y prácticamente gratis puesto que sólo el 3% de los beneficios, si les hubiese, revertirían en la provincia.[6] El poder de los gobiernos provinciales es tal que prácticamente obligaron a la presidenta Cristina Fernández a vetar, en noviembre de ese año, una ley adoptada por amplia mayoría en el parlamento federal que restringía la actividad minera y la perforación petrolera en los glaciares del país y, en concreto, en la cordillera de los Andes donde otra transnacional canadiense, Barrick Gold, impulsa un importante proyecto minero. Los gobernadores habían llamado a la rebelión si la presidenta no vetaba una ley que “amenazaba” sus proyectos de desarrollo y a la que consideraban “excesiva” por prohibir la explotación minera o la perforación petrolera en los glaciares, al dar preeminencia a los aspectos ambientales sobre los económicos.

El caso de los glaciares ponía de manifiesto cómo la sobreexplotación de los recursos naturales ha llevado a la necesidad de buscar nuevos lugares de explotación tanto de minerales como del petróleo y gas. De los primeros -y aprovechando las facilidades otorgadas por el gobierno federal, que permite a las compañías mineras explorar los recursos disponibles en ni más ni menos que 5.000 kilómetros de la cordillera de los Andes, prácticamente toda su extensión- las provincias han comenzado a autorizar empresas mineras en territorios indígenas kolla (en Jujuy) o ampliar la minería del cobre a cielo abierto en la Patagonia y así se ha entrado en conflicto con los mapuche, que llevaron el caso del cobre a los tribunales logrando un momentáneo éxito al paralizar uno de estos proyectos en Neuquén, aunque ello provocó que el parlamento de esta provincia aprobase, con carácter de urgencia, una modificación de la ley que daba vía libre al proyecto estableciendo controles sobre el impacto medioambiental. De los segundos, en algunos lugares se ha obligado a las comunidades a firmar acuerdos con las petroleras, como también ha sucedido en Neuquén.

El caso de esta provincia es significativo de lo que ocurre en Argentina. La constitución de Neuquén –equivalente a lo que en el Estado español serían los estatutos de autonomía- reconoce todos los derechos de los pueblos indígenas que habitan en esta provincia, incluyendo la “personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” y añadiendo que ”ninguna de ellas será enajenable, ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos”, para lo que la provincia “asegurará su participación [de los indígenas]en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y promoverá acciones positivas a su favor”. Pero cuando estos pueblos, como fue el caso mapuche, se acogen a la ley esta, simplemente, se cambia, modifica o “reforma”. De forma muy democrática, eso sí.

Se da la circunstancia de que el nombre de esta provincia es de origen mapuche (Newken), al igual que la mayoría de sus ciudades (Zapala, Añelo, Chos, Cutral Co, Malal son sólo algunas), ríos (Limay, Aluminé, Chimehuin…), lagos (Traful, Meliquina, Curruhue…) y montañas (Domuyo, Cochicó, Palao…). A pesar de ello, la política oficial es “invisibilizar” a los mapuche. Está bien que se refleje su influencia en la historia y en la toponimia de la provincia, pero no que existan físicamente como individuos y, menos aún, como pueblo. Y eso a pesar que se trata de una de las principales provincias del país en orden a la presencia indígena, que llega a ser mayoritaria en algunas zonas concretas de una provincia que tiene una población indígena que supone el 20% del total de sus habitantes y, como se ha dicho al comienzo del relato de este país, en ella residen dos tercios del total de los indígenas mapuche en Argentina.

Neuquén no es más que el exponente, si se quiere el más duro, de lo que ocurre en Argentina con los pueblos indígenas. Si éstos organizan una movilización contra la minería en sus tierras, el gobierno facilita una “contramanifestación” a la que acuden empresarios, trabajadores mineros, profesores y estudiantes de diferentes ingenierías.[7] Si protagonizan una toma colectiva de tierras se los encarcela porque jueces y políticos consideran que “no es admisible” el ejercicio directo de esos derechos o bajo la acusación de “protesta excesiva” (sic) cuando intentan oponerse a los desalojos de lo que consideran sus tierras por parte de los terratenientes locales.[8] A pesar de todo, los mapuche han conseguido recuperar casi la mitad de las 114.000 hectáreas de lo que consideran sus territorios ancestrales.

La contestación indígena ante la generalización de este tipo de situaciones, en forma de movilizaciones duramente reprimidas la mayoría de ellas, llevó a la Confederación Mapuche del Neuquén a tomar dos iniciativas que han puesto en un serio aprieto al gobierno federal y al gobierno provincial. La primera, la creación del Observatorio de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas en 2009 con el objeto de realizar un soporte, en los ámbitos jurídicos y de las ciencias sociales, para el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en la región. En el informe 2009-2010, circunscrito a esta provincia, se documenta la “discriminación institucionalizada” puesto que no existen espacios dedicados exclusivamente a la elaboración de política indígena, ni se han creado áreas específicas para el tratamiento de las problemáticas que afectan a las comunidades indígenas, ni agencias públicas en donde se analicen las políticas que las involucran. Un ejemplo es que el presupuesto provincial no contempla ninguna partida para sostener el funcionamiento de las instituciones propias del pueblo mapuche, ni reservas especiales para atender a la aplicación de pautas diferenciadas para las áreas y reparticiones que traten con sus comunidades.[9] La segunda, la solicitud de intervención de la ONU para frenar los abusos, la discriminación y la criminalización de todos los pueblos originarios en Argentina, no sólo de ellos.[10]

El Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas tiene que intervenir ante esta solicitud, en la que hay denuncias concretas de discriminación racial y falta de respeto a la identidad cultural mapuche por parte del gobierno de Neuquén así como falta de titulación de territorios comunitarios “con la consecuente ausencia de protección de los derechos territoriales frente a los avances de los apropiadores ilegítimos, las empresas extractivas, las corporaciones turísticas y forestales”. Esto se traduce en que sólo cuatro de las 54 comunidades indígenas de la provincia cuentan con una titulación legal de sus tierras nueve años después de la ratificación por Argentina del Convenio 169 de la OIT y dos tras el voto favorable a la DDPI de la ONU. En el caso de los mapuche, aunque hayan recuperado más o menos la mitad de lo que consideran sus tierras, están en una situación de alegalidad y con procedimientos judiciales de desalojo pendientes de ejecución.

En los umbrales de la celebración del bicentenario de Argentina como estado independiente tanto el gobierno federal como el provincial tenían que reaccionar si no querían que esos fastos que se preparaban quedaran deslucidos por las reivindicaciones indígenas. No habían transcurrido dos semanas desde la interposición de esa denuncia ante la ONU cuando ya se había anunciado la formación de una serie de mesas sectoriales en casi toda la provincia.[11] Un mes después, la Defensora General de la Nación hacía un llamamiento a todos los defensores públicos a “resguardar los derechos de los pueblos originarios y su efectivo acceso a la justicia” al constatar “dificultades respecto del efectivo goce de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación, y también respecto de la igualdad ante la ley”.[12] Si lo que se pretendía con ello era parar la respuesta de la ONU, se falló. El Comité para la para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) veía con seria preocupación el hecho de que las provincias, y en concreto Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco y Neuquén se negasen a implementar las leyes federales que recogen los derechos indígenas sobre el control de los recursos naturales y recomendaba a Argentina frenar los desalojos y asegurar la propiedad comunitaria de estos pueblos. En caso de ser necesario ese desalojo, el CEDR estipulaba una “indemnización adecuada y reubicación en lugares dotados de servicios básicos, como agua potable, electricidad, medios de lavado y saneamiento, y servicios adecuados, entre otros escuelas, centros de atención sanitaria y transportes”,[13] con lo que se ponía de manifiesto que era una situación que no se producía en los desalojos efectuados hasta ese momento.

Es en este contexto en el que se ha iniciado el año 2010, el año del bicentenario de la independencia de la metrópoli española. El movimiento indígena está a la ofensiva y el Estado, a la defensiva. Se ha tenido que paralizar más de una explotación minera (Jujuy), se avanza en un proyecto de ley para transferir tierras de parques nacionales a comunidades mapuche (Neuquén) y se reglamenta la consulta previa a las comunidades. Este ha sido el momento elegido por los pueblos indígenas para establecer alianzas entre ellos (caso de los diaguita, kolla, mapuche y toba) e intentar llegar a acuerdos con los movimientos sociales con la finalidad de avanzar hacia una nueva “refundación” de Argentina que tenga en cuenta la plurinacionalidad y una nueva relación basada en el cumplimiento de la deuda histórica con los pueblos indígenas.

[1] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Resultados de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas. www.indec.mecon.ar/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp

[2]Telam  Buenos Aires, 29 de julio de 2003.

[3] CERD. Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención. Observaciones finales. Argentina. 16 de marzo de 2010.

[8] En el Expediente N° 3.383 del Juzgado Correccional de Cutral Co se imputó a dos representantes de la Comunidad Huenctru Trawel Leufú por haber “amenazado e intimidado” a empleados de la empresa de Seguridad Sacatuk S.R.L., que había sido contratada por Petrolera Piedra del Águila S.A. con el objeto de hacer valer la concesión para la exploración petrolífera que el Estado otorgó sin consultar, como establece la ley, con la comunidad. No se admitió que los mapuche hubiesen actuado en legítima defensa de sus derechos.

[10] Confederación Indígena Neuquina-Confederación Mapuche de Neuquén. “Discriminación, Desalojos Forzados y criminalización de Pueblos Indígenas en Neuquén, Argentina”. 5 de agosto de 2009.

[13] Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. 76º período de sesiones. 15 de febrero a 12 de marzo de 2010. CERD/ C/ARG/CO/19-20

BELICE

Ubicado al este de Guatemala y al sur de México, Belice es un país de habla inglesa –la oficial, aunque la mayoritaria es el castellano- que adquirió la condición de país independiente en 1981. Cuenta con una población de 372.000 habitantes de los que unos 35.000 pertenecen a cuatro pueblos indígenas: garifuna -descendientes de negros africanos y amerindios-, maya, maya q’eqchí y mopán.[1] Las organizaciones indígenas, agrupadas en el Belize National Indigenous Council, elevan esta cifra a los 40.000 y argumentan que la violencia que sacudió a Centroamérica en los años 80-90 del siglo pasado hizo que llegasen a Belice muchos indígenas procedentes de Guatemala y otros en busca de mejores condiciones de vida desde México (Yucatán). Muchos de ellos se han quedado y algunos se han nacionalizado. Esta disparidad de cifras se ha visto, y se verá, en otros países a lo largo de este repaso por el continente. Viven en su mayoría en la región sureña de Belice –por cierto, palabra de origen maya que significa “agua fangosa”-, la zona con un mayor índice de pobreza y estándares más bajos tanto en salud como en educación. Se hablan cuatro grandes familias lingüísticas, además del castellano y el inglés, tal como recoge el mapa.

El hecho de que Belice no se haya adherido al Convenio 169 de la OIT hace que su Constitución sea una de las más parcas a la hora de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Se limita a reconocer los derechos fundamentales clásicos como son la libertad sin prejuicio de “raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo o sexo” y prohibir la discriminación. Sin embargo, al comenzar el siglo XXI ha surgido en el país un movimiento, básicamente vinculado al sector de la educación, que ha comenzado a plantear con fuerza una reforma política y constitucional que incluya la cuestión “multiétnica e indígena”. Así, a comienzos del año 2000 se constituyó una comisión parlamentaria para estudiar dicha reforma llegando a la conclusión que no era necesaria puesto que ya Carta Magna vigente “cubría y protegía adecuadamente a todos los beliceños, sin importar el grupo étnico”.[2]

El haberse adherido Belice en 1991 a la carta de pertenencia a la Organización de Estados Americanos hizo que, tras esta decisión de la comisión parlamentaria para no reformar la constitución e incluir en la misma los derechos indígenas, los pueblos maya q’eqchí y mopán de una treintena de comunidades de Santa Cruz y Conejo, en el distrito de Toledo, recurriesen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invasión de sus tierras por madereros y petroleros con el apoyo del gobierno. En esas dos comunidades, con una extensión de 4 millones de hectáreas, vivían unos 14.000 indígenas.

Formalmente, y dado que Belice no ha suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le vincula. Pero aceptó responder a esa demanda con unos argumentos curiosos, cuando menos, y que le obligaban ya moralmente a cumplir la sentencia, fuese cual fuese. Una de sus justificaciones fue que “el tema del uso de la tierra y los recursos en Toledo es sumamente complejo para Belice, pues existen por lo menos cuatro grupos étnicos definidos en Toledo y más en el país en su conjunto” por lo cual, dada esta “diversidad étnica” el Estado debía considerar los intereses de todos sus ciudadanos “y adoptar un criterio equilibrado para la solución de los mayas, manteniendo en todo momento su neutralidad como representante de todos los ciudadanos de Belice”.[3] Pero esa pretendida neutralidad desaparecía cuando afirmaba, a renglón seguido, que “la cuestión de que los mayas de Belice meridional tengan o no derechos aborígenes en la zona, sigue sin estar clara”, remitiéndose al pasado colonial –antes de la independencia Belice era conocido como Honduras Británica- y a la jurisprudencia de la Commonwealth, comunidad británica de naciones a la que formalmente pertenece Belice.

La CIDH, el año 2004, rechazó todas y cada una de estas curiosas alegaciones gubernamentales y emitió un duro informe contra el gobierno beliceño por no reconocer el derecho a la propiedad comunal de las tierras que ocupaban los indígenas y otorgar el uso de los bienes y recursos en ellas existentes a terceros. Al mismo tiempo, exigía al gobierno que iniciase un proceso de demarcación, delimitación y titulación de las tierras indígenas de estas comunidades y “otorgarlas la protección necesaria para ejercer sus derechos de propiedad plena y equitativamente con los demás miembros de la población de Belice”.[4] Pocas veces había sido tan contundente la CIDH, que añadió un elemento más: la crítica al poder judicial por la “violación del derecho a la protección judicial en perjuicio del pueblo maya, al tornar ineficaces los procedimientos judiciales internos debido a un atraso irrazonable y al no brindarles, por tanto, un acceso efectivo a la justicia para la protección de sus derechos fundamentales”.[5] Además, y para que no quedase duda alguna sobre el carácter doloso con que había actuado el Estado, le exigía una reparación inmediata del daño ambiental que habían causado las concesiones madereras puesto que habían actuado tras habérselas otorgado concesiones oficiales de trabajo en unas tierras que no les correspondían.

La contundencia de esta resolución obligó a que el gobierno de Belice iniciase un tímido proceso de reforma en los ámbitos mencionados, aunque lo ralentizó –y mantuvo las concesiones mineras y petroleras- hasta que se solventase en la Corte Suprema el litigio judicial. Tuvieron que pasar otros tres años, hasta 2007, para que dicho tribunal reconociese a las comunidades maya q’eqchí y mopán el derecho de propiedad de las tierras que han habitado ancestralmente. El fallo de la Corte comenzó distanciándose un punto de la jurisdicción de la Commonwealth con una afirmación histórica: “Ya es tiempo de que desaparezca definitivamente la falsedad de que la adquisición de soberanía alcanza a la propiedad. El cambio de soberanía por sí mismo no afecta a los derechos indígenas sobre la tierra”. No obstante, luego recurre en más de una ocasión a la jurisprudencia de esta comunidad de naciones para justificar parte de la actuación gubernamental. Es decir, mantiene las prácticas coloniales, recogidas en esta jurisprudencia (el mantenimiento del valor de las concesiones de tierras otorgadas por la corona británica), frente a las del derecho indígena que, directamente, ignora. Un constante “doy, pero te quito” que permanece a lo largo de la sentencia en la que sí hay un dato relevante como la referencia, entre otros argumentos, al derecho internacional y los estándares que se han desarrollado durante las últimas décadas para la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas. De manera explicita, la Corte se refería a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y al hecho de que obligaba al Estado a aplicar sus contenidos puesto que el voto de Belice había sido afirmativo a la misma.

La Alianza de los Pueblos Mayas (tiene nombre en inglés, Maya Leaders Alliance) celebró como una victoria la sentencia y recalcó que la misma venía a reconocer el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos mayas al mencionar la DDPI de la ONU. Exigía la rescisión inmediata de las concesiones madereras, petroleras e hidroeléctricas existentes en ese territorio y en ello contaba con la colaboración de la Asociación de Alcaldes de Toledo quien exigía al gobierno, por su parte, un nuevo modelo de desarrollo económico en el que primase “la afirmación cultural, la salud, la educación y la protección del medio ambiente”. La Asociación de Pueblos Mayas hacía un llamamiento: “es tiempo de que el gobierno de Belice se dé cuenta de la realidad y termine con el largo retraso en su respeto a los derechos humanos de los mayas”.[6]

El gobierno no podía dejar de darse por enterado. Negoció un acuerdo con los pueblos maya q’eqchi y mopán reconociendo el derecho territorial y el derecho a los recursos naturales y se comprometió a ejecutar un plan de desarrollo para la zona aunque también anunció que iba a apelar la misma. Además, el país ha sufrido en los últimos veinte años un cambio radical en la composición étnica y lingüística como consecuencia de una migración importante desde países vecinos como consecuencia de la guerra que les asolaba, así fuese temporal esa migración. En Belice se mantiene como lengua oficial el inglés cuando ya no es la mayoritaria, sino el castellano. Los datos más conservadores dicen que el 60% de la población habla de forma cotidiana esta lengua y sólo utiliza el inglés para alguna cuestión oficial. Esto ha provocado que Belice haya iniciado un proceso de integración, al menos cultural, con Centroamérica y el que en las escuelas se esté comenzando a incluir la enseñanza en castellano. También que en el Parlamento se haya vuelto a retomar el tema de los derechos indígenas en la línea de asimilarse a los estándares de los países vecinos e introducir alguna enmienda constitucional en ese sentido.

El principio de la participación indígena en el diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo se ha vuelto en Belice un imperativo que cada vez será más difícil de soslayar. La apelación del gobierno a la sentencia de la Corte Suprema de 2007 se resolvió en junio de 2010, volviendo a dar la razón a los planteamientos indígenas: “la tenencia consuetudinaria de la tierra maya siempre ha existido y sigue existiendo en el sur de Belice”.[7] Un mazazo para los planes expansionistas del gobierno, que estaba negociando con compañías transnacionales madereras, mineras y petroleras en medio millón de hectáreas de las tierras ancestrales mayas puesto que la sentencia obliga al gobierno de Belice a frenar los arrendamientos, donaciones, concesiones y contratos a los que hubiese llegado o pudiera llegar con esas empresas. Los pobladores de municipios como San Pedro de Columbia, San Miguel o Silver Creek ya habían manifestado su oposición a estos proyectos empresariales, pero el gobierno había hecho caso omiso.

Al igual que con la sentencia anterior, también el gobierno ha anunciado ahora un recurso por considerarla “perjudicial para el interés público, lesiva para la unidad nacional y perjudicial para el desarrollo de la comunidad maya”.[8] Pero el hecho de haber ratificado la libre determinación de los pueblos originarios en Belice y que en el ejercicio de este derecho puedan bloquear los proyectos gubernamentales, supuestamente de desarrollo, hace suponer que el recurso gubernamental tiene nulas posibilidades de seguir adelante. El triunfo indígena habrá sido completo, a falta de poder aplicar en esos territorios su propio autogobierno.

BOLIVIA

El número de habitantes de Bolivia es de 10.426.160 siendo el 62% de ellos, mayor de 15 años, de origen indígena. El quechua (49,5%) y el aymara (40,6%), que están ubicados en los Andes occidentales, son los pueblos con mayor número y porcentaje de población; les siguen el chiquitano (3,6%) y moxeño (1,4%), que habitan en la Amazonía y el guaraní (2,5%) en el Chaco, convirtiéndose en un pueblo transfronterizo (también está presente este pueblo Argentina, Brasil y Paraguay). El restante 2’4% de la población originaria de Bolivia corresponde a los araona, ayoreo, bauré, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chiman, chipaya, chiriguano, ese ejja, guarasugwe, guarayo, itonama, joaquiniano, kallawaya, lecos, machineri, maropa, moré, mosete, movima, nahua (etnia), pacahuara, sirionó, tacana (etnia), tapieté, toromona, uru, yaminahua, yuqui, yuracare y weenhavek. Bolivia reconoce como pueblo a los afrobolivianos.

Varios de estos pueblos atraviesan una difícil situación debido o bien a que sus integrantes se están reduciendo peligrosamente (los araona, guarasugwe, machineri, moré, pacahuara, tapieté, yaminahua y yuqui cuentan con menos de 200 personas cada uno) o bien a que sus lenguas están a punto de desaparecer, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo desde 1994 –con un enfoque intercultural y bilingüe en la educación como respuesta a la heterogeneidad sociocultural del país- y, de forma especial, desde el acceso a la presidencia del país de un indígena aymara, Evo Morales, en 2006. En Bolivia se hablan actualmente más de una treintena de lenguas. La de los pueblos pacahuara, sirionó y yaminahua está en serio peligro de extinción dado que quien la habla es gente muy mayor (en este último caso se estima en no más de 50 los yaminahua que hablan su lengua). La lengua del pueblo leco está en peligro de muerte puesto que sólo una veintena de ellos, con una edad superior a los 70 años, la hablaban a primeros de 2010 sin que las nuevas generaciones hayan mostrado el menor interés en su conservación y recuperación.[1] Lo mismo ocurre con la de los maropa, cayubaba e itonama mientras que la lengua de los canichana se da ya por extinguida puesto que solo la hablaban cuatro miembros de este pueblo en ese mismo tiempo.

Esta situación es consecuencia de la propia historia de Bolivia, marcada por la violencia hacia los pueblos indígenas y, de forma especial, a raíz de la instauración de la dictadura de Hugo Bánzer en 1971 a través de un golpe de estado que hacía el número 187 en 146 años de vida como país independiente. A pesar de que de inmediato se inició una durísima represión contra los indígenas éstos no se arredraron y crearon la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (1976) aunque poco tiempo después quedó subsumida por las organizaciones mineras y, en consecuencia, las reivindicaciones indígenas subordinadas a las luchas obreras. La autoorganización indígena siguió adelante y en 1982 se constituye la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) con la participación de representantes de cuatro pueblos indígenas de esa zona del país: guaraní-izoceños, chiquitanos, ayoreos y guarayos y con la finalidad de “consolidar la titulación de territorios con administración indígena, fortalecer la unidad de los pueblos indígenas, promover la educación bilingüe, revitalizar la medicina tradicional y construir la igualdad entre hombres y mujeres” entre otros objetivos reseñados en su proyecto fundacional.[2] El salto organizativo y de influencia socio-política lo dio cuando como consecuencia del reforzamiento de la política capitalista neoliberal a partir de 1985, con la privatización de empresas públicas, cierre de minas y eliminación de subsidios comenzó un proceso de desintegración de las organizaciones de izquierda y el surgimiento de movimientos sociales de nuevo cuño e independientes de los partidos políticos tradicionales.

Así, en 1990, coincidiendo con el levantamiento indígena en Ecuador, se lleva a cabo la “Marcha por el territorio y la dignidad” hacia la capital, La Paz, que inicia el camino sin retorno en el proceso de fortalecimiento de los indígenas como actores sociales y que tiene su máxima expresión cuando un año más tarde el parlamento autoriza la presencia de militares estadounidenses con el objeto de iniciar operaciones para la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Esto provoca que la importante organización de cocaleros del Chapare entre a formar parte de la CIDOB, que va perdiendo poco a poco su carácter regional (del oriente boliviano) para pasar a ser nacional, lo que le permite impulsar una serie de reformas jurídicas y políticas como el reconocimiento, por parte del Estado, de la diversidad cultural del país, la plurinacionalidad y la educación intercultural bilingüe.

Este carácter nacional se asume oficialmente en 1998, cuando se celebra la XI Gran Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas con participación de 34 pueblos indígenas de las Tierras Bajas (formadas por siete de los nueve departamentos de Bolivia) que refundan la CIDOB como Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, manteniendo las siglas.

Es en el año 2000 cuando se produce el giro definitivo en el país andino como consecuencia de un nuevo enfrentamiento entre los indígenas y el Estado con el agua como protagonista y que era, al mismo tiempo, un exponente de cómo un acuerdo económico, el ALCA, iba a afectar a los pueblos originarios. El gobierno transfirió los derechos del agua potable y sus fuentes de una empresa estatal a una privada formada por capitales estadounidenses (75%) y nacionales (25%) lo que provocó un aumento del precio tres veces superior a lo que se venía pagando hasta ese momento. Como protesta por este hecho dos levantamientos se produjeron en abril y septiembre de ese año provocando no sólo una grave crisis a nivel gubernamental, sino que generaron “nuevos liderazgos con influencia decisiva en la vida nacional”.[3] La decisión gubernamental de privatizar el sistema de agua y el consiguiente aumento del precio del servicio generaron huelgas y cortes de carretera que obligaron a dar marcha atrás en esta pretensión. Lo mismo sucedió en septiembre, a pesar de la durísima represión. Aquí surgieron dirigentes aymaras de relieve en el país. Uno de ellos era Evo Morales, que ya se había destacado como uno de los principales referentes del movimiento de los campesinos cocaleros en el enfrentamiento con la decisión de autorizar tropas estadounidenses en la erradicación de los cultivos, logrando la suspensión de la misma.

Su notoriedad no había pasado desapercibida para EEUU. El embajador en Bolivia intentó frenar la candidatura de Morales a la presidencia del país en 2002 acusándole públicamente de pretender convertir a Bolivia en un “exportador de cocaína” y amenazó con la suspensión de la ayuda al país en caso de que ganase las elecciones. Logró justamente lo contrario puesto que si bien Morales no ganó, consiguió un crecimiento electoral tan notorio que se colocó en la antesala del triunfo que lograría, con mayoría absoluta, en 2005.

Pero antes de este hecho trascendental tuvo lugar la denominada “guerra del gas” que, a la postre, vino a allanar el camino hacia la presidencia a Evo Morales. Desde 1985 todos los gobiernos se habían caracterizado por impulsar unas políticas de “estabilización y ajuste” que hacía del país un exportador de materia prima que, en la práctica, facilitaba la apropiación de los recursos naturales por las empresas transnacionales, así como del proceso de generación y uso del excedente económico de los mismos. La situación estalló en 2003, produciéndose un gran movimiento social que fue la base del cambio posterior. La reivindicación principal giró en torno a la recuperación de los derechos de propiedad de los recursos hidrocarburíferos a favor del Estado. En ese momento, de hecho, el país estaba en manos de empresas extranjeras puesto que no sólo controlaban los hidrocarburos, sino las telecomunicaciones, la energía eléctrica, el transporte ferroviario y el aéreo. Además, eran mayoritarias en la minería, la agricultura, el comercio, la banca y la industria. El impulsor de esta venta del país fue Gonzalo Sánchez de Lozada en su primera presidencia de 1993 a 1997. Retornó a la primera magistratura del país en el año 2002 y retomó un plan de su antecesor para la construcción de un gasoducto hasta Chile (Bolivia no tiene acceso directo a mar) por el que se exportaría gas natural a Estado Unidos y México por parte del Consorcio Pacific LNG, conformado por Repsol YPF, British Gas, Pan American y la empresa compradora Sempra. En estos planes, Bolivia no tenía ni arte ni parte. Su papel se limitaba a la recepción de tributos en cantidades ridículas: el 18% de las ganancias. Como era la norma en Bolivia, las protestas populares se saldaron con decenas de muertos y centenares de heridos. Con la represión el gobierno pretendía desbloquear los nudos de comunicación, tomados fundamentalmente por indígenas reclamando el retorno de las riquezas naturales a manos del Estado. Pese a la represión, el presidente del gobierno terminó huyendo en octubre de 2003. Es en este clima en el que Morales consigue el triunfo por mayoría absoluta en 2005 con tres grandes promesas: nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente y el acceso de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio teniendo en cuenta la presencia en ellos de los recursos naturales.

En poco más de un año en la presidencia, Evo Morales puso en marcha una serie de medidas que lograron mejoras claras en la mayoría de los indicadores económicos principales, sólo posibles al permitir que expirase el acuerdo con el FMI y tener las manos libres para impulsar nuevas políticas económicas y de desarrollo. Una de las primeras de esas medidas fue aumentar el control estatal sobre los hidrocarburos, lo que permitió al país tener un crecimiento -siempre hablando en términos macroeconómicos- del 4’1% en este primer año de su gobierno, un porcentaje nunca visto en Bolivia en los 20 años que el país estuvo sujeto a las directrices del FMI y del Banco Mundial.

Esta iniciativa fue acompañada de unas propuestas normativas legales como fueron el Reglamento de Monitoreo Socio-ambiental y el Procedimiento de Consulta y Participación sobre Actividades Hidrocarburíferas en Pueblos Indígenas, Originarios y Campesinos que tenían como fin garantizar la participación de las organizaciones indígenas y campesinas en este tipo de actividades económicas dentro de sus territorios y para asegurar que antes de cualquier inicio empresarial en esos campos se hubiese realizado la consulta previa establecida en el ordenamiento legal internacional. Se iniciaba así, de forma conjunta, el camino hacia la ampliación de derechos en la futura constitución.

También se puso en marcha una iniciativa que, a la postre, ha demostrado ser importante para otorgar estabilidad al gobierno y evitar el enfrentamiento con los indígenas de los que él mismo forma parte: neutralizar al Ejército, que siempre había sido clasista y racista, al pasar a retiro a una serie de generales, ascender a mandos intermedios como coroneles y, lo más importante, abrir las academias militares a cadetes indígenas (vetados hasta ese momento). Era una medida que trascendía el simbolismo.

Morales ponía en práctica así dos de las exigencias del movimiento indígena: por una parte, el fin de las políticas de privatización, endeudamiento y exportaciones que exigían una explotación desaforada de los recursos y, por otra, la transformación del Estado impulsando reformas legales. No obstante, los esfuerzos por transformar el país dando un mayor protagonismo a los pueblos originarios encontraron una durísima oposición.

Primero de la judicatura. El Tribunal Constitucional estableció que la obligatoriedad en la consulta a las comunidades y pueblos indígenas no debía ser entendida como solicitud de autorización para desarrollar actividades de explotación hidrocarburífera en el país dado que el Convenio 169 de la OIT “impone el deber de consultar cuál será el daño que pueden sufrir sus intereses, para que sea debida y equitativamente indemnizado” [el pueblo indígena afectado], por lo que “esa consulta no puede ser entendida como la solicitud de una autorización, sino como un acto efectivo de consultar a los pueblos indígenas y tribales asentados en los territorios objeto de la explotación sobre la cuantificación del daño a sus intereses que sufrirán como efecto de dicha extracción; y mucho menos puede ser entendida como una facultad para impedir la explotación de la riqueza del subsuelo que pertenece al Estado, pues por encima de los intereses de grupo de cualquier índole, se encuentra el supremo interés de la mayoría, expresado por las autoridades del Estado”.[4]

Segundo, de los sectores tradicionales, criollos y empresariales, radicados en las provincias orientales del país y que hicieron que el año 2008 fuese uno de los más violentos de las dos últimas décadas. El siempre omnipresente tema racial en América.

El eje sobre el que pivotó la rebelión de los oligarcas fue el tema de la extensión de las tierras. Ya habían tenido un motivo de preocupación cuando las organizaciones indígenas decidieron acompañar la política del Gobierno en materia de tierra para desmantelar el llamado paquete de contrarreforma agraria impuesto por el gobierno anterior con propuestas y movilizaciones como la que impulsó la CIDOB con el propósito de reconducir el proceso agrario del gobierno, garantizando el acceso y reconstitución de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, así como el acceso a la tierra para miles de campesinos sin ella. La oligarquía latifundista y empresarial demostró que aún contaba con fuerza al parar la ley en el Senado, pero la posterior movilización indígena, masiva, logró que esta cámara legislativa aprobase finalmente la ley. En ella se hablaba de identificar las tierras improductivas que no estuviesen cumpliendo la llamada Función Económica Social para su reversión a los indígenas, se consideraba la expropiación de tierras para la reconstitución de la territorialidad indígena y se establecía la dotación de las tierras de forma comunitaria y no individual asegurando el control social en todo el proceso de saneamiento. Además, facultaba al Presidente de la República para entregar nominaciones jurídicas a comunidades indígenas y campesinas en caso de negación de la misma por las autoridades locales.

La moderada nacionalización de los hidrocarburos no había molestado expresamente a la oligarquía (según las encuestas el 90% de la población boliviana apoyaba la nacionalización), pero sí lo hizo la aprobación de una ley de reforma agraria que si se aplicaba en su literalidad supondría redistribuir entre los campesinos unos 123.000 kilómetros cuadrados de tierras ociosas e improductivas, una extensión equivalente a dos países, Austria y Suiza juntos, por dar un dato. En los dos primeros años de gobierno de Evo Morales sólo se había entregado a los campesinos el 11% de estas tierras ociosas en manos de terratenientes. No era una lucha frontal contra el latifundio, ni mucho menos, pero sí una medida que la oligarquía consideró una amenaza vital para su status quo puesto que es donde se ubica todo su poder: la propia Conferencia Episcopal de Bolivia, nada proclive a las reivindicaciones campesinas e indígenas, había reconocido que el 90% de las tierras productivas de Bolivia estaba en manos de 50.000 personas.

A partir de entonces los intentos para derrocar al gobierno de Morales no hicieron más que tomar diferentes formas. La más novedosa fue la reivindicación “autonomista” de una serie de departamentos: Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Sólo en estos departamentos triunfó la propuesta de la oligarquía de autonomía regional, abrumadoramente derrotada en el resto del país, pero desde ese momento, el objetivo fue derrocar a Morales. Al menos en uno de ellos, Santa Cruz, se llegó a prohibir la exhibición de la wiphala[5] (símbolo de identificación nacional y cultural de los andes amazónicos) prescindiendo del hecho que los cinco pueblos originarios – chiquitano, guarayo, ayoreo, guaraní y yuracaré- que habitan este departamento habían manifestado de forma tajante su apoyo a las propuestas gubernamentales y de forma especial al referéndum constitucional que estaba convocado para el año siguiente.

La llamada oposición y la élite económica consideraron que las reformas puestas en marcha eran una amenaza para su forma de vida y se valieron de todos los medios posibles para impedir que se consolidasen. Era, además, una lucha racista: “si no nos unimos los cambas [blancos, habitantes mayoritarios de estos departamentos], los collas [indígenas] nos van a querer arruinar, ya que lamentablemente tenemos un presidente indígena”.[6] Se podía decir más alto, pero no más claro. La estrategia de resistencia a la cuestión de las tierras y su extensión máxima se ocultó con esta estrategia autonomista de corte abiertamente separatista y racista que incluía la realización de referéndums departamentales. El gobierno hizo repetidos llamamientos al diálogo que fueron rechazados una y otra vez por los secesionistas quienes, por el contrario, redoblaron su campaña contando con el apoyo entusiasta de los medios de comunicación privados, nacionales e internacionales. Ni qué decir tiene que todos estaban, y están, en sus manos.

La respuesta indígena fue sorprendente. Muy mayoritariamente se abstuvo de votar y hubo sitios donde se declaró la autonomía, como el pueblo de Chiquitano de Lomerío (Santa Cruz), y en ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación –para lo que las autoridades locales se apoyaron en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU- no se permitió la celebración de referéndum alguno en su territorio. Esto exacerbó aún más a la oligarquía, que incrementó su violencia de corte racista, humillando y agrediendo públicamente en el centro de la ciudad de Santa Cruz a indígenas o a personas que portaban atuendos indígenas. También se atacó a delegaciones gubernamentales, de forma especial y reiterada la del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y se llegó al secuestro de dirigentes indígenas y campesinos. De muchos de estos casos quedó constancia gráfica y documental que dejaba patente la desesperación colonial de quienes no aceptan el cambio sociopolítico del país y la nueva correlación de fuerzas.

Sin embargo, no era más que un prefacio de lo que se avecinaba y una demostración de hasta dónde los sectores oligárquicos estaban dispuestos a llegar para mantener su poder. Se ocuparon plantas de gas; incendiaron y saquearon 140 instituciones públicas y empresas del Estado, así como oficinas de organizaciones no gubernamentales que trabajaban con pueblos originarios y se destruyeron sedes de organizaciones indígenas, como la nacional de la CIDOB que se ubicaba en Santa Cruz. La respuesta no tardó en llegar y en el departamento amazónico de Pando los campesinos e indígenas iniciaron una serie de movilizaciones de rechazo a estas actitudes. Una de ellas fue atacada causando más de 20 muertos y un centenar de heridos. Es lo que se conoce como “la matanza de Pando”, que fue respondida de inmediato por los indígenas bloqueando las carreteras del departamento de Santa Cruz y cercando la capital del mismo nombre. El Defensor del Pueblo fue bastante claro en la calificación de esta matanza: “ejecución de prácticas xenofóbicas y racistas contra personas provenientes de occidente y atropellando los derechos de los pueblos indígenas”.[7]

Para nadie era un secreto el componente racista de la rebelión oligárquica, alentada y apoyada por medios de comunicación de dentro y fuera de Bolivia, y sus consecuencias. Este aspecto fue resaltado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, órgano consultivo de la ONU, preocupada por unos medios de comunicación que no sólo “se alejan de su función social de informar y orientar con veracidad e independencia a la ciudadanía”, sino que “emiten informaciones que han tenido como consecuencia directa o indirecta, o han coadyuvado a la realización, de actos de violencia racista o de ataque contra organizaciones indígenas o de defensa de los derechos humanos”.[8] El racismo subyacente de toda esta crisis era evidente también para la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): “una clara persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturales y sociales”.[9] Lo mismo pensaba el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, quien entendía que esos ataques se producían “en el contexto de una política sistemática contra los esfuerzos del gobierno de Bolivia por garantizar los derechos indígenas”.[10] Sólo la gestión del gobierno impidió que indígenas y campesinos se tomasen la revancha por las muertes de Pando mientras, en un gesto sin precedentes, expulsó del país al embajador de EEUU por conspirar contra la democracia y promover la división de Bolivia.

La gestión gubernamental consistió en el inicio de un diálogo entre todos los prefectos (gobernadores) de los nueve departamentos del país, parlamentarios y ex parlamentarios, miembros del gobierno y del movimiento indígena que, no sin vicisitudes, terminó con una serie de modificaciones a diferentes artículos del texto constitucional que había sido aprobado por la Asamblea Constituyente. Así quedó listo el referéndum sobre la Nueva Constitución Política del Estado, votada en 2009. Por vez primera en la historia de Bolivia se aprobada una Carta Magna que responde a un reconocimiento y garantía de derechos y libertades en pie de igualdad y que establece un sistema político no importado, sino adaptado a las características plurales y complejas de composición de la propia ciudadanía articulándose, además, de forma muy cuidadosa la cuestión de las autonomías garantizando la igualdad de derechos entre las personas, comunidades y pueblos que constituyen Bolivia.

Durante los años de la presidencia de Evo Morales es notable el avance alcanzado en la cuestión de derechos de los pueblos indígenas. Y en el tema de la tierra. Se han titulado como tierras indígenas más de 31 millones de hectáreas, cifra enorme si se tiene en cuenta que en los veinte años anteriores a su llegada a la jefatura del país sólo se habían otorgado a los pueblos indígenas 9 millones de hectáreas. De esa cantidad, 11 millones de hectáreas se han titulado como propiedad colectiva, en la figura de tierras comunitarias de origen. Se comprende, entonces, que la principal organización empresarial de Bolivia hiciese campaña contra la “Constitución indigenista-socialista”.[11]

La propiedad colectiva de la tierra es una modalidad de propiedad agraria reconocida por la Constitución de 1994 y ampliada en la de 2009, donde los pueblos campesinos y comunidades indígenas desarrollan sistemas de organización económica, social y cultural comunitarios. Su estatuto legal, en virtud de ese reforzamiento que establece la Carta Magna aprobada en 2009, reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables, así como la facultad de aplicar sus normas propias, sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo con sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. La tierra comunitaria de origen puede ser titulada reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales y respetando la unidad territorial con identidad. La distribución y redistribución de tierras para el uso y aprovechamiento familiar se rige por las reglas de la comunidad, de acuerdo a sus usos y costumbres. El territorio indígena originario campesino, además, reconoce y garantiza los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares, y también respeta la sucesión hereditaria según los usos y costumbres de la comunidad.

El mismo día que se aprobó la Constitución (con un 61’96% de votos favorables), el 25 de enero de 2009, se decidió en otra consulta (en este caso el voto afirmativo fue del 80’65%) que la extensión máxima de las propiedades privadas agrarias pasase a ser de 5.000 hectáreas, superadas las cuales ya se considera la extensión de tierra como latifundio. Al mes de ello, el Estado recuperaba 36.425 hectáreas de tierra en la provincia de Santa Cruz por incumplir la Función Económica Social y darse, además, la circunstancia que se había descubierto que más de 50 familias guaraníes vivían en condición de servidumbre y trabajos forzados.[12]

Los datos son abrumadores, pero la respuesta de la oligarquía criolla –con la connivencia de sus homólogos, criollos o metropolitanos, en otras partes del mundo que controlan medios de comunicación- fue desconocer los resultados de ambas votaciones pese a que en el caso de la limitación de los latifundios no tenía carácter retroactivo y sólo se aplica a partir de la entrada en vigencia de la Constitución. Este sector, claramente racista, sólo entiende la lealtad constitucional cuando es a su favor. Había negociado con el gobierno cambios constitucionales que poco tiempo después, desconocía. Cuando se produjo al masivo voto reduciendo el número de hectáreas de las propiedades agrarias volvió a impulsar la violencia. Se puede negociar casi todo, venía a decir, menos la riqueza. Su riqueza. El hecho que la OIT acogiese con “sumo interés” todo el proceso, saludase el mismo y “tomase nota con satisfacción de la legislación aprobada” [13] tiene sin cuidado a este sector social, político y económico que cuando se convocaron estas cruciales votaciones seguía haciendo alarde de su racismo: “¿qué podemos esperar de un indio maldito?, y lo digo de corazón, porque no le tengo miedo, un cocalero, un sindicalista, ¿qué podemos esperar de un tipo que no sabe nada?”.[14]

El salto dado por los pueblos originarios en Bolivia es único en todo el continente americano. Han decidido asumir el riesgo de ser, de existir no sólo físicamente sino políticamente. Se han concienciado que para tener palabra hay que tener poder y han venido trabajando hasta lograrlo en la nueva Constitución Política del Estado[15], que establece que “se considera Nación y pueblo indígena originario campesino a toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”. En este texto legal se reconoce el derecho de los pueblos originarios a existir libremente; a su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión; a inscribir su identidad cultural junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal; a la libre determinación y territorialidad; a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado; a la titulación colectiva de tierras y territorios y a la protección de sus lugares sagrados; a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios; a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados; a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas; a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo; a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo; al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales; al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión; a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, respetando y garantizando el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan; a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios; a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, así como a la participación en los órganos e instituciones del Estado. Para el objetivo de este libro, obsérvese el rango constitucional que se otorga a una cuestión crucial: los pueblos indígenas disponen de los recursos renovables en sus territorios y participan en el aprovechamiento de los no renovables.

Es decir, la nueva Constitución de Bolivia comprende e incluye a las naciones y pueblos indígenas originarios no sólo como poblaciones, culturas y saberes plenamente reconocidos, sino también desde la perspectiva de los derechos. No solamente se trata de la declaración de derechos colectivos, sino que incluye un capítulo específico dedicado a los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Entre ellos está el reconocimiento de la justicia indígena: “la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía”, dice el texto constitucional.

Es un logro que traspasa las fronteras bolivianas y adquiere rango de interés internacional sobre todo por un aspecto: la plurinacionalidad. Un asunto recogido con interés en algunos países y con preocupación en otros porque en la Constitución de Bolivia no se queda en una mera declaración que define el Estado, sino que se transversaliza a lo largo de todo el texto constitucional. Es decir, la plurinacionalidad llega a todos los rincones, desde el reconocimiento efectivo de las lenguas indígenas junto al español (puesto que no sólo las reconoce, sino que las pone en paridad) a los órganos legislativos, judiciales o constitucionales (donde desaparecen los cupos y se apuesta por organizar las instituciones de forma que realmente resulten representativas de la diversidad de pueblos constituyentes del Estado). Es lo que un destacado catedrático español ha calificado como “constitucionalismo emancipatorio”.[16] Ahora sí que un país del continente americano está iniciando de forma clara su proceso de descolonización. Si bien ese camino se inició hace doscientos años al emanciparse las élites de las metrópolis europeas, el colonialismo hacia los pueblos indígenas se mantuvo y reforzó a nivel interno a través de todo tipo de normas y comportamientos supremacistas políticos, económicos y jurídicos.

Sin embargo, no todo es un camino de rosas. Las organizaciones indígenas criticaron duramente la decisión del gobierno de aprobar una ley que desvirtuaba partes del texto constitucional, sobre todo en lo referente a la participación política. Así, se consideró una “transgresión constitucional” el que el número de escaños especiales para la Asamblea Legislativa Plurinacional fuese únicamente de siete, muy lejos de los 36 que solicitaban los indígenas. No obstante, esta crisis no minó el apoyo a Morales, reelegido como presidente en diciembre de 2009 con una mayoría histórica del 64’22%, y sus propuestas de refundación del país aunque se han producido movilizaciones, alentadas por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, que han llegado a poner contra las cuerdas al gobierno.

Con altibajos, la alianza de las organizaciones indígenas con el partido que sustenta al presidente, el Movimiento Al Socialismo, se ha venido manteniendo logrando la inclusión de algunos candidatos en las listas partidarias, sobre todo tras alcanzar un compromiso con Morales para colocar en las listas a aquellos candidatos que fueran elegidos por las propias organizaciones indígenas (lo que se cumplió sólo parcialmente) dado que el partido en el gobierno priorizó a la clase media urbana en un intento de conseguir la mayoría en unas ciudades en las que asustaba un poco la idea de la “ruralización” de la política si se iba de la mano de las organizaciones indígenas. Hay que tener en cuenta que el 65% de la población vive en áreas urbanas para entender todo esto.

Y el desencuentro va a más. A mediados de 2010 las organizaciones indígenas lanzaron una nueva oleada de marchas y manifestaciones reclamando al gobierno una aplicación rápida y estricta de los parámetros recogidos en la Constitución. Es algo que no se ha entendido muy bien puesto que la CIDOB y el gobierno de Morales han mantenido no pocas coincidencias programáticas y han sido aliados frente a la estrategia golpista de la oligarquía criolla. El propio presidente llegó a identificar a la CIDOB, sin mencionarla, con la oligarquía: “como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG”.[17]

Es comprensible que el gobierno haya sentido esta convocatoria de marchas como una agresión. Pero también debería haber comprendido que una vez derrotada la estrategia desestabilizadora de la oligarquía criolla, la CIDOB volviese a plantear que existe una nueva relación que la sitúa frente a un Estado de nuevo cuño, que ha incluido nuevos derechos en el texto constitucional pero que tiene que hacer realidad lo de Estado Plurinacional. Y, más en concreto, la elaboración de una propuesta de autonomía indígena que la propia CIDOB ha presentado para su discusión con el gobierno, a quien se reconoce la facultad para gobernar pero también a las organizaciones indígenas la facultad de proponer.

Prácticamente desde que comenzó 2010 la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías una ley en este sentido, con más coincidencias que desacuerdos. Éstos eran, por una parte, que los pueblos indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige que se haga en referéndum y, por otra, la demarcación de autonomías que sobrepasan los límites departamentales actuales puesto que un mismo pueblo indígena no se limita a una sola zona de un departamento.

Estas propuestas no son otra cosa que el intento de lograr su proyección como pueblo y colectividad, en el Estado boliviano, para relacionarse en condiciones de igualdad y autodeterminación -económica, política y social- con los otros espacios territoriales bolivianos, independientemente del número de su población. Esto es así porque la CIDOB, en esta ocasión, representa a los habitantes de las llamadas Tierras Bajas, es decir, el espacio boliviano que abarca el Oriente, Chaco y la Amazonía que, a su vez, representa las dos terceras partes de Bolivia y en el que hay la mayor diversidad étnico-cultural y lingüística aunque sólo cuenta porcentualmente con poco más del 8% del total de la población indígena del país. Pero son estos pueblos quienes, históricamente, más han sufrido la “tutela” de iglesias o patronos que les han tenido excluidos y sometidos negándoseles la posibilidad de ser considerados casi como personas. No hablemos, por lo tanto, de relaciones de poder o política. La implementación de las autonomías indígenas tendría que revertir esta situación y requiere establecer gobiernos propios que tomen en cuenta la complejidad de los sistemas políticos tradicionales.

Como todo lo nuevo, corre riesgos. El sueño de la autonomía indígena comenzó a materializarse el 1 de agosto de 2009 en los municipios Jesús de Machaca y Charazani (La Paz), Tarabuco y Mojocoya (Chuquisaca) y Chayanta (Potosí) y dos tierras comunitarias de origen San Antonio de Lomerío (Santa Cruz) y Rajaypama (Cochabamba). Un año después los municipios en los que los indígenas se regirán por sus propias normas, usos y costumbres son once. Es un proceso que se está materializando de forma lenta y no sin riesgos. Las autonomías indígenas “podrían derivar en espacios ‘de nadie’ (o de contrabandistas, narcotraficantes, especuladores de la tierra, pirateros, supuestos empresarios privados, agro industriales y forestales, mineros y menonitas, brasileros y bolivianos que deterioran la calidad del medio ambiente), si las instancias administrativas de éstas no cumplen con su función, principalmente de administrar justicia; incluso con respecto a individuos indígenas que valiéndose del desconocimiento de sus representados y de su situación de poder en las centrales -organizaciones políticas nuevas creadas a partir del fortalecimiento del movimiento indígena en las comunidades- o esgrimiendo poderes públicos violan leyes que favorecen a éstos amparándose en procedimientos propios”.[18] Algunas corrupciones han sido detectadas entre dirigentes de ciertas comunidades al pactar en su nombre y beneficio con empresas extractivas, aunque por el momento no en los once municipios autónomos.

Las presiones de esas compañías extractivas no han tardado en presentarse a nivel nacional tampoco. La empresa estatal  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se está convirtiendo en la portavoz del lobby empresarial petrolero al criticar las “demandas sobredimensionadas” de las comunidades indígenas porque “frenan las inversiones”.[19] Todo porque guaraníes y weenhayek de la región del Chaco de Tarija se oponen a que la brasileña Petrobras y la británica British Gas (BG) realicen operaciones petroleras en sus territorios en tanto no desarrollen proyectos productivos allí y den empleo a sus habitantes. Una reivindicación muy revolucionaria y desestabilizadora, a lo que se ve, para las transnacionales pero que ha surtido su efecto. En el momento de escribir este libro, el gobierno ha anunciado la modificación del reglamento de consulta indígena para fijar límites a la compensación que las comunidades pueden recibir por los daños que las actividades de las empresas extractivas causen en su territorio. Ya no serán las negociaciones directas entre comunidades y empresas quienes establezcan los pagos, sino que se harán por ley en un rango que oscilará entre el 0’5% y el 1’5% del monto de la inversión.[20] El gobierno había anunciado que aunque marchasen todos los indígenas del país no iba a violar ni a transgredir la Constitución. No lo ha hecho, pero con esta normativa claramente la limita.

El Estado se ha dado mucha prisa en legislar a favor de las empresas. Sería deseable, e indispensable, que el accionar del Estado en este ámbito salvaguardase los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en su interrelación con los no indígenas y eso se tradujese en marcos institucionales de derecho y de responsabilidad administrativas. Por ejemplo, establecer por ley la consulta previa en la explotación minera, inexistente en la actualidad. Esto incluye también a las tierras comunitarias de origen puesto que el nuevo ordenamiento legal reconoce su forma de vida diferenciada de la economía campesina y de otras lógicas económicas y, por lo tanto, no es posible reducir estos territorios, ocuparlos o redistribuirlos y, hoy por hoy, siguen vigentes las certificaciones de derechos y venta ilegal de estas tierras.

El conflicto ha terminado con una tregua que no soluciona las cuestiones pendientes, sólo las aplaza. Se ha establecido un preacuerdo entre el gobierno y la CIDOB que establece que “en todas las estructuras de gobierno plurinacional se designen autoridades provenientes de los pueblos indígenas propuestos a través de la CIDOB y sus organizaciones regionales”, algo que se recoge en la Constitución. Estos representantes serán finalmente elegidos por el gobierno, pero dentro de los propuestos por la organización indígena.


Hay una nueva Bolivia aunque todavía quedan resabios muy incrustados de la vieja. Sin potenciar a las naciones y pueblos originarios, tal y como está recogido en el ordenamiento legal surgido de la Constitución de 2009, todo queda en papel mojado o en medidas simplemente cosméticas. Tiene que haber una refundación real del Estado, y ello lleva a una descolonización física y mental, ya en marcha pero aún enfrentando grandes resistencias. Tal vez el caso más llamativo, y que tiene que ver con el interés del gobierno en lograr y mantener el apoyo de la clase media de las ciudades, es el hecho que se está buscando un camino intermedio entre las reivindicaciones indígenas y el poder centralista del Estado: traspasar los poderes a los gobernadores y alcaldías, algunas de ellas en manos indígenas sí, pero en su mayoría se mantienen como espacios de poder de las élites locales. Sin una subordinación de lo plurinacional –y así lo reconocen los indígenas- a las necesidades funcionales del Estado la nueva Bolivia no funcionará; pero para que todo el engranaje siga su marcha emancipatoria hay que dejar de pensar que a los indígenas se les manipula y pasar a ampliar el ámbito de decisiones: el régimen de autonomías para los pueblos indígenas.

La historia de Bolivia deja bien patente que los pueblos originarios han hecho todo lo posible por no tolerar su marginación política y social. Lo segundo lo están logrando, mal que bien, y lo primero lo continúan peleando. Saben, además, que sus tierras son muy ricas en recursos naturales y que el Estado necesita estos recursos para mejorar la economía. Pero saben, también, que la lógica extractora y depredadora les ha llevado a la destrucción y no están dispuestos a que esta situación continúe. Y menos en la Bolivia actual.

[1] Mily Crevels, “Bolivia amazónica” en Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina”, op. cit.

[3] Mailer Mattié, Op. cit.

[4] Tribunal Constitucional. Líneas jurisprudenciales: Consulta a comunidades, pueblos indígenas y originarios/No entendida como solicitud de autorización. 21 de agosto de 2006.

[5] Palabra que tiene su origen de las palabras aymaras “Wiphay” que es una expresión de alegría y “phalax”, que es el sonido producido por el flamear de una bandera.

[6]Declaraciones de David Torrico, presidente del denominado Comité Cívico de Pando al diario La Razón el 4 de julio de 2006. Camba es una palabra de origen bantú llegada a América con la esclavitud y que pasó al español boliviano y andino a través del guaraní, lo que no debe conocer el segmento racista que la usa. Originalmente significa compañero o camarada. Quienes reivindican y usan el término no sólo en Bolivia, sino en toda América Latina, defienden un continente no indígena y unos intereses económicos socialmente desiguales. Es, en definitiva, una mentalidad y una ideología no ya supremacista, sino racista.

[13] OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Bolivia.

[14] Manifestaciones de Ruth Lozada, dirigente del denominado Comité Cívico Femenino en Santa Cruz, recogidas por la Agencia Boliviana de Información el 30 de agosto de 2008. http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?10516

[15]Congreso Nacional de la República de Bolivia. http://www.fndr.gov.bo/doc_normas/CPE.pdf

[16] Bartolomé Clavero, “Bolivia: Entre constitucionalismo colonial y constitucionalismo emancipatorio” http://alainet.org active/30311&lang=es

[18]Mercedes Nostas Ardaya y Alicia Tejada Soruco: “Bolivia, los pueblos indígenas y su relación con el nuevo Estado”, http://www.alainet.org/active/39312&lang=es

BRASIL

Hablar de este país es hacerlo de casi la mitad de los pueblos originarios existentes en los países de habla no inglesa y francesa del continente americano. Según el censo de 1991 el porcentaje de indígenas en relación a la población total brasileña era de 294.000 personas, pero la nueva encuesta censal del año 2000 elevaba a los 734.000 el número de quienes se auto identificaron como indígenas, la mayor tasa de crecimiento entre todas las categorías de color o raza en una población total de 184 millones.[1] Que en diez años se triplicase la cifra sólo se puede explicar por razones que van más allá del crecimiento vegetativo, en especial por la autoafirmación indígena de una parte de la población urbana que en el censo anterior no se había identificado como tal. Un dato que refuerza esta hipótesis es que el número de indígenas que se estimaba residente en ciudades o capitales era del 12% mientras que en el año 2000 el porcentaje ascendía al 18’1%.

Hay 241 pueblos indígenas en Brasil: aikaná, ajuru, akuntsú, amanayé, amawáka, amondawa, anambé, aparai, apiaká, apinaye, apuronâ, arapáso, arara, araweté, arikapu, ariken, arikosé, aripuaná, aruá, ashaninka, assurini, atikum, ava-canoeiro, awá, aweti, bakairi, banavá-jafí, baniwa, barasona, baré, bocotudo, bororo, cinta larga, cocal, deni, desana, diahoi, enawené-nawê, fulni-ô, guajá, guajajara, guarany-kaiwá o nhandéwa, guaraní-mbyá, guató, galibi, galibi-marworno, gavião, hahaintsú, himarima, hixkaryana, ikpeng, ingaricô, irantxe, issé, jabuti, jamamadi, jaminawa, jarawara, javae, jenipapo, jeripancó, jihaui, juma, juriti, juruna, ka’apor, kadiwéu, kaingang, kaixana, kaimbé, kalabassa, kalapalo, kalibi, kalina, kamayurá, kamba, kambeba, kambiwá, kanamanti, kanamari, kanela, kanindé, kanoê, kantaruré, kapinawá, karafawyána, karaja, karapana, karipuna, kariri, kariri-wucuru, kariri-xocó, karitiana, karo, katawixi, katitaulú, katukina, katwená, kaxarari, kaxinawá, kaxixó, kaxuyana, kayabi, kayapó, kayuisna, kiriri, kiriri-barra, kisedje, kobema, koiala, kokama, korubo, kubeo, kujubim, kulina, kuikuro, kinikinawa, kraho, kreen-akarôre, krenak, krikati, kwaza, macuxi, maku, makuna, makuráp, makuxi, manairisu, mapidiam, manxinéri, marimam, marubo, matipu, matis, matses, mawaiâna, mawé, mayoruna, maxakali, maxineri, mehináko, mekén, metuktire, miguelem, miranha, miriti, munduruku, mura, mutum, mynky, nafukuá, nambikwara, naravute, nawa, nukuni, ofaié, orowin, paiter, pakaanova palikur, panará, pankararú, parakanã, pareci, parintintin, patamona, pataxó, pataxó hã hã hãe, paumari, paumelenho, pirahâ, pira-tapúya, pitaguari, potiguara, poyanawa, rikbaktsa, sakirabiap, saturé-mawé, shanenawa, suriána, suruí, suyá, suruí, tabajara, tapayuna, tapeba, tapirapé, tapuya, tariána, taurepang, tembé, tenharin, terena, timbira-gavião, tingui-botó, tiriyó, torá, tucano, tukúna, tupari, tupinambá, tupiniquim, turiwara, tuxá, tuyúca, tremembé, trumai, truká, umutina, uru eu wau wau, urupá, waiãpi, waimiri-atroari, waiwái, wapixana wanana, warekena, wassú, wuaura, wayampi, wayána-apalai, yamamadi, yanomami, yawalapiti, yawanáwa, ye’kuana, xakriabá, xavante, xerente, xeréu, xeta, xipaya, xiquitano, xocó, xokleng, xucuru, zo’e, zoró y zuruahâ.

Los pueblos juma, diahoi, karipuna, ava-canoeiro, aruá, arara, kraho, tapayuna, galibi, patamona, barasona, karapana, makuna, siriána, miriti, arikapu, kujubim, orowin, mynky, kanoê, kwaza, tuxá, xeta y ofaié cuentan con menos de un centenar de integrantes, mientras que los pankararú, trumai, maku, jabuti, kulina, zuruahâ, paumari, jarawara, banavá-jafí, matipu, aweti, zo’e, assurini anambé, amanayé, apiaká y uru eu wau wau no llegan a los doscientos miembros cada uno. Esto significa que una cuarta parte de los pueblos indígenas de Brasil está en una situación extremadamente frágil y vulnerable, con grandes posibilidades de extinción en un futuro no muy lejano. De estos pueblos sólo los ofaié, xeta, kalabassa, tuxá y pankararú viven fuera de la Amazonía y hay uno, el ava-canoeiro, que tiene su hábitat dentro y fuera del territorio amazónico indistintamente. Este pueblo tiene ya prácticamente extinguida su lengua dado que en el momento del censo sólo la hablaban 20 personas, mientras que en otros como los akuntsú y juma hablan sus lenguas menos de una treintena de personas en cada uno.

También hay evidencias de algunas decenas de pueblos aislados (unos los cifran en 22, otros en 46) aunque existen discrepancias sobre si son en realidad pueblos o grupos de pueblos que han huido de rancheros y madereros. La Fundación Nacional del Indio considera que algunos de estos grupos son kanoê y mekén, sobrevivientes de ataques a sus aldeas que se internaron en partes impenetrables de la selva en 1995. En Brasil de considera “indios isolados” a aquellas sociedades indígenas sobre las cuales se tiene poca o ninguna información y que evitan mantener contactos regulares “y pacíficos” con otros pueblos de la “sociedad nacional”.

La forma de vida de los pueblos indígenas en Brasil es muy variada, hay quienes mantienen una cultura selvática autosuficiente con mínimo contacto con el exterior y les hay que a través de la agricultura y de otras formas de producción se han relacionado intensamente con el mundo no-indígena, un proceso que se viene dando desde hace una treintena de años como consecuencia de la expansión del proyecto industrial y desarrollista acelerado e impulsado por los gobiernos militares entre los años 60 y 80. Como respuesta al mismo, que invadía los territorios ancestrales, los indígenas iniciaron un proceso de movilización y asociación que les ha llevado a participar en la vida política del país como sujetos activos. Ante este hecho, el gobierno no tuvo más remedio que constituir la Fundación Nacional del Indio en 1967 con unos criterios paternalistas hasta el extremo de constituirse en “tutor legal” de los indígenas, como se ha indicado al principio de este libro al relatar el caso del xavante nombrado presidente del Tribunal Russell. Durante las dictaduras militares, un general fue el presidente de la FUNAI y la misión de esta institución era “integrar al indio en el menor espacio de tiempo para no estorbar el desarrollo nacional”, dividiendo a los indígenas en “silvícolas” y “aculturados”. Los primeros tenían algún tipo de derechos, como impedir su muerte a manos de hacendados codiciosos o explotadores de minas sin escrúpulos junto a una mayor prevención ante enfermedades contagiosas o la aparición de casos de hambre como resultado de las modificaciones que los especuladores, públicos y privados, provocaban en sus tierras pero no como política de defensa hacia ellos sino con la finalidad de “conservarlos vivos” para que pudiesen “participar” en el proyecto de desarrollo nacional. Los “aculturados”, antaño llamados “salvajes”, no tenían derecho alguno.

La situación se mantuvo sin cambios hasta 1987. Hubo, como es lógico, resistencias abiertas de sectores “indigenistas” de la sociedad brasileña y de los propios indígenas, significándose los del Mato Grosso. Dividido en norte y sur, en los dos Estados del mismo nombre habitan 51 pueblos indígenas, la cuarta parte de los existentes en Brasil. Y son ellos quienes inician un proceso de asociación reivindicando la adopción de medidas políticas capaces de asegurar la continuidad de sus tierras y tradiciones. Es la primera vez que los indígenas hablan por sí mismos, sin contar con los “intermediarios” indigenistas anteriores, fuesen misioneros o antropólogos. Surge así la Unión de Nacionalidades Indígenas que logra modificar esas ansias de integración desarrollista, pero es respondida por el reforzamiento de la FUNAI, a quien se le otorga un nuevo objetivo: establecer los “criterios de indianidad”.

De nuevo la resistencia, pero en esta ocasión ya había desaparecido la dictadura militar y estaba en marcha un proceso constituyente (1988) que superaba la doctrina de “asimilación natural” impuesta por los militares y reconocía “con carácter permanente” derechos originales inherentes de los pueblos indígenas por su condición de ocupantes históricos iniciales y permanentes de sus tierras: organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que originalmente ocupan, “competiendo a la Unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes”.[2] No sólo se reconocía la obligación del Estado de demarcar, proteger y respetar las tierras sino que al considerar las mismas como parte de los derechos originales de los pueblos indígenas se reconocía que estos derechos anteceden todo acto administrativo del gobierno.

¿Victoria de los pueblos indígenas? En absoluto. A pesar de este reconocimiento expreso, la Constitución establece que es el Congreso quien tiene toda la potestad de legislar cuestiones tan sensibles como autorizar la explotación de recursos naturales de áreas indígenas. La cuestión recurrente en todo el mundo. Y, a pesar de ello, dada la estructura federal de Brasil son los gobiernos de los Estados quienes, en la práctica, vienen a tener la última palabra y la ejercen en muchos casos, por ejemplo, con la creación de nuevas municipalidades que se insertan en áreas indígenas para crear focos de población nueva e iniciar planes para el desarrollo de esa nueva área metropolitana. De esta forma si no se viola la Constitución, al menos se la rodea y, por supuesto, erosiona.

Pero, además, el nuevo ordenamiento jurídico se pegó un tiro en el pie al mantener la diferenciación de los pueblos indígenas impuesta por las dictaduras militares de “silvícolas” y “aculturados” en el Código Civil. En él se incluye a los “silvícolas” en la categoría de “incapaces relativos” junto con los del grupo de 16 a 21 años. Esta incapacidad legal no impide que posean los derechos comunes, de propiedad, reunión, tránsito, etc.; y están protegidos por una presunción legal. Esta incapacidad se extingue en la medida en que los indígenas “silvícolas” se adaptan a la “civilización del país”. La tutela era ejercida por la FUNAI. Así lo regulaba el Estatuto del Indio, también de la etapa militar (1973), y subdividía a los indígenas en “aislados”, en “vías de integración” e “integrados”.[3] Este estatuto se mantuvo vigente ¡hasta el año 2008! Ni qué decir tiene que fue la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 2007 quien provocó la reacción del gobierno en ese sentido, que se justificó por la tardanza en hacerlo argumentando que al aprobarse la Constitución se habían incorporado a su articulado la facultad de que comunidades y organizaciones indígenas pudiesen iniciar juicios en defensa de sus intereses y derechos, lo que suponía, de hecho, la inexistencia del precepto de tutela legal recogido en el Código Civil.

Leyes favorables, situaciones injustas. La doble cara de la moneda, el binomio fatal para todas las poblaciones originarias del continente. Los pueblos indígenas en Brasil se enfrentan a problemas legales y a una desastrosa situación sanitaria y nutricional. No es algo nuevo para ellos, aunque sí el hecho de que el Estado confirmase ya en 1995 –sobre una base de estudio de 300.000 indígenas, la casi totalidad de los censados entonces (ver arriba)- que dos terceras partes de ellos se encontraban en “situación grave” en cuanto a salud, alimentación y educación y que en 198 de las 297 áreas estudiadas había problemas de invasión de tierras, destrucción del medio ambiente y contaminación por el ejercicio de actividades mineras y agropecuarias.

La Constitución tenía ya casi una década de vigencia. Su articulado establece que las áreas indígenas son “bienes” de Brasil y están sujetas a la jurisdicción federal aunque, al mismo tiempo, se reconocen los derechos originales de los indígenas sobre ellas, derechos que anteceden a los del Estado. Reconoce también que sobre las tierras les cabe a los indígenas posesión permanente y usufructo exclusivo del suelo, ríos y lagos, así como la participación en los beneficios de la explotación de las riquezas del subsuelo, hídricas y energéticas. La contradicción es evidente. Si el Estado se reserva la potestad sobre estas tierras, a los indígenas les queda poco margen de autonomía –sin hablar de nula autodeterminación- sobre ellas. La cuadratura del círculo se logra con la clasificación de las tierras en “ocupadas” y “reservadas”. Sólo de éstas últimas son los verdaderos propietarios y sobre las que deciden. Pero es el Estado quien decide cuál es cuál.

Se calcula que en Brasil las tierras indígenas suponen unos 100 millones de hectáreas y sobre algo menos de la mitad tendrían estos pueblos algún reconocimiento jurídico de propiedad que, en la práctica, se ve continuamente amenazada, usurpada o reducida por distintas acciones. En primer lugar por las invasiones e intrusiones ilegales de madereros, mineros, agricultores o para asentamiento de pobladores no indígenas. En segundo lugar, por ataques judiciales y políticos contra la estabilidad de los derechos ya establecidos o de la consolidación de aquellos en proceso. Se llegó a dar el caso que un Estado, el de Roraima, ofreció asesoramiento legal gratuito a los reclamantes de tierras de los ingaricô, macuxi, patamona, taurepang, waimiri-atroari, wapixana, waiwaí, yanomami y ye’kuana. El hecho de que muchas de esas reclamaciones fuesen desestimadas por la FUNAI y la justicia no quita valor a la actitud del Estado de Roraima en contra de los indígenas. En segundo lugar, por decisiones de establecer infraestructuras de caminos, obras públicas o de energía sin el debido acuerdo de las poblaciones indígenas afectadas.

Se ha dicho antes que una de las formas de burlar los derechos reconocidos en la Constitución es la creación de nuevas municipalidades que se insertan en áreas indígenas para crear focos de población nueva e iniciar planes para el desarrollo de esa nueva área metropolitana. En estos momentos es uno de los principales escollos que dificultan la aplicación firme de los preceptos constitucionales y legales sobre tierras indígenas dado que se realizan en zonas total o parcialmente reclamadas y/o demarcadas como áreas indígenas. Se desconoce la estructura de gobierno indígena al tiempo que se acentúa o se intenta la división entre ellos al cooptar a alguno de los dirigentes de la comunidad para participar en el gobierno municipal, lo que conlleva privilegios y el consiguiente abandono de la cultura, lengua y tradición por no hablar de una nueva visión de la tierra ligada a su enriquecimiento personal. Ello favorece la adopción de medidas para legalizar a los ganaderos o agricultores que habían invadido las tierras de los pueblos originarios, creando focos de conflicto permanentes y provocando enfrentamientos armados. Algunos de los pueblos que han recurrido a ellos para defender sus tierras son xucuru y guaraní.[4] Los indígenas afirman que si bien en un primer momento los invasores manifestaron que sólo querían criar ganado no pasó mucho tiempo para que empezaran a cometer ataques contra ellos, impidiéndoles criar, pescar y cazar donde lo hacían ancestralmente. Igualmente demolían sus casas y cultivos llegando en muchas ocasiones al asesinato. Además “los garimpeiros trajeron al área indígena enfermedades, alcoholismo, prostitución, destrucción del medio ambiente y contaminación de los ríos”.[5] A ellos les matan y ellos también han matado, en mucha menor proporción, desde luego. La lucha, no sólo armada sino bloqueos de carreteras para evitar la llegada de suministros a los invasores y los recursos a todo tipo de instancias judiciales, nacionales e internacionales, ha logrado reducir algo este tipo de acciones intrusivas.

El tema de los garimpeiros (obreros mineros que buscan todo tipo de piedras preciosas, fundamentalmente oro, diamantes y esmeraldas utilizando para ello la técnica del aluvión, que arrasa laderas, y usando mercurio como sustancia que amalgama el oro) es de especial gravedad en Brasil. Los yanomani son testigos de ello. Ya en 1989 se detectaron comunidades de yanomani que presentaban niveles de contaminación por mercurio muy superiores a lo considerado aceptable por la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, lejos de mejorar su situación, ha empeorado. A pesar de haberse demarcado y homologado su territorio, sigue siendo invadido de forma incesante por los garimpeiros que trabajan solos pero financiados, abastecidos y apoyados políticamente por grupos de capacidad financiera y peso político en el país, y particularmente en los Estados de Amazonas y Roraima. Si eso no fuese así no se entendería la existencia de pistas de aterrizajes clandestinas como las que periódicamente se descubren.

El año 2002 se produjo el triunfo electoral de Luiz Inácio “Lula” da Silva en las elecciones presidenciales y generó grandes expectativas entre el movimiento indígena. Una de sus primeras medidas fue la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Se esperaba una acción rápida y decidida en favor de la demarcación de tierras y protección de sus recursos naturales junto a un tratamiento preventivo de la violencia de que seguían siendo víctimas y la aplicación de medidas eficaces para reducir la impunidad de todo tipo gubernamental, policial y judicial existente en el país a la hora de condenar a violadores de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los conflictos por la tierra se generalizaron en todo el país: los dos Mato Grosso, Pernambuco, Bahía, Roraima… Los sectores anti-indígenas pensaron que el nuevo gobierno iba a favorecer a los indígenas y pretendieron situarle ante unos hechos consumados. Sin embargo, era un temor infundado. La negativa de “Lula” a firmar la ratificación de las tierras de Raposa-Sierra do Sol (véase nota más abajo) dejaba bien a las claras la apuesta del nuevo gobierno por mantener no ya el modelo económico, sino el no enfrentamiento con los sectores económicos, políticos y financieros que habían hecho campaña en su contra. “Lula” quería estabilidad y sólo la iba a conseguir renegando, una vez más, de lo planteado en la campaña electoral respecto a los indígenas. La política de “frases bellas”, como fue calificada, contra la de hechos duros y crudos.

No sólo era “Lula” o su gobierno quien no cumplía, sino la FUNAI. Los pueblos kayapó, mundurukú, parintintin, tenharin, karitiana, karipuna, mura, jiahui y sature-mawé criticaron a este organismo por su política de demarcación de tierras, demasiado permeable a los intereses no ya de los invasores, sino de quienes argumentaban derechos sobre las mismas en base a confusos documentos de finales del siglo XIX y principios del XX. Aún en ese caso, lo que debía prevalecer era la consideración constitucional de los “derechos originales” de los indígenas, es decir, anteriores a la constitución de Brasil como país e, incluso, de la llegada de los conquistadores europeos.

El gobierno estaba claramente a la defensiva ante estas críticas y eso le llevó a aceptar la recomendación de la CIDH de proceder a la demarcación de la tierra de Raposa-Sierra do Sol, para evitar la condena de la OEA, a principios de 2005 aunque la decisión presidencial, pues había sido el propio “Lula” quien lo había ordenado, fue paralizada por el Tribunal Supremo al aceptar un recurso de los hacendados a quienes afectaba dicha demarcación.[6] Como consecuencia de la ratificación del convenio de la OIT se produjo en 2004 una importante reforma constitucional en el terreno judicial que, entre otros extremos, refuerza el valor interno de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Brasil de forma que llega a hacérseles “equivalente a las enmiendas constitucionales”.

Por lo tanto, las críticas le llegaban ahora al gobierno tanto por incumplir la legislación internacional como la nacional, siempre con el tema de la tierra como referente. El Consehllo Indigenista Missionário, una de las organizaciones más activas en la defensa de los indígenas, publicó un informe en el que se especificaban las 413 tierras indígenas reservadas, homologadas y registradas y se indicaba que de ellas 226 aún seguían sin regularizarse en todo el país.[7] La mayoría en los estados “conflictivos” ya mencionados: los dos Mato Grosso, Rondonia, Amazonas… Pareciese que el gobierno sólo actúa bajo presión puesto que apenas conocerse ese informe se regularizaron diez de ellas en el Amazonas y se hizo un anuncio público de hacer lo propio con otras 90 en 2006 aunque con una importantísima matización, hecha por boca del presidente de la FUNAI: “los pueblos indígenas del Brasil tienen demasiada tierra, hasta ahora no hay límites para sus reivindicaciones agrarias, pero estamos llegando a un punto en que el Tribunal Supremo deber definir un límite”.[8]

No eran declaraciones dichas porque sí. Los conflictos armados se recrudecían, de forma especial en Mato Grosso do Sul. Este estado es uno de los más ricos del país en cuestiones agrícolas y el mayor exportador de granos de todo Brasil. Las organizaciones indígenas y diferentes movimientos solidarios consideran que sólo entre 2005 y 2006 fueron expulsados de sus tierras por el agrocomercio 48.000 de ellos pertenecientes a los pueblos terena, chamacoco, xavante, kadiweu y kaimbé, entre otros. Mientras esto acontecía, tanto en este Estado como en el otro Mato Grosso los gobernadores pedían una moratoria en la demarcación de tierras. El gobierno prefería enfrentar la rebelión de los indígenas antes que la de los gobernadores, jueces y policías dado que las cifras oficiales no podían ser más elocuentes: en Mato Grosso do Sul se había aumentado la violencia en un 214%.[9] No se podían dejar las cosas así y, otra vez, se actuó con medidas más aparentes que reales. Con dos años de retraso respecto al calendario que había anunciado, “Lula” reconoció la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), de la que formaban parte 20 dirigentes indígenas de diferentes partes del país junto a 12 integrantes del Gobierno y dos de organizaciones no gubernamentales.

Pero ya nada podía parar el descrédito gubernamental, acentuado a raíz de la decisión de incentivar a gran escala la producción de agrocombustibles (etanol) provocando una acelerada compra-venta de tierras que bloqueaba aún más las posibilidades de delimitación de los territorios indígenas, a pesar de que el mismísimo “Lula” se tuvo que implicar en el tema impulsando la Agenda Social de los Pueblos Indígenas y un Plan de Aceleración del Crecimiento Indígena, con la mira puesta en el año 2010, con los objetivos de delimitar 127 territorios indígenas, recuperar las áreas indígenas degradadas, fortalecer las lenguas en peligro de extinción y “llevar los beneficios del Gobierno federal a todas las aldeas y a la población indígena urbana del país, fortaleciendo a las organizaciones indígenas para el ejercicio del control social de las acciones gubernamentales”.[10] Junto a ello, un aumento del presupuesto de la FUNAI. Pero, al mismo tiempo, anunció la privatización de 90.000 hectáreas de la Amazonía.[11] Y, en paralelo, el Congreso de Brasil iniciaba la discusión de un proyecto de ley para regular la minería en las tierras indígenas, rechazado por la mayoría de las organizaciones de los pueblos originarios por afectar a sus actividades tradicionales de caza, pesca y agricultura.

La situación llegó a la ONU. Su Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas visitó el país por primera vez y después de reconocer que Brasil “tiene importantes medidas legales y constitucionales de protección para los pueblos indígenas, y su Gobierno ha desarrollado una serie de  programas importantes en materia de derechos indígenas a la tierra, el desarrollo, la salud y la educación” consideró que eran necesarios “esfuerzos adicionales” para asegurar que los pueblos indígenas son capaces de ejercer plenamente su derecho a la libre determinación en el marco de un Estado brasileño “respetuoso de la diversidad”. Eso significaba, para el Relator Especial de la ONU, que los indígenas tenían que “ejercer control sobre sus vidas, las comunidades y tierras y participar en todas las decisiones que les afecten, de conformidad con sus propios patrones culturales y estructuras de autoridad”. ¿Por qué lo decía? Pues por existir un “paternalismo arraigado hacia los pueblos indígenas, por una aparente falta de entendimiento entre gran parte del público y los medios de comunicación de las cuestiones indígenas y al oponerse las fuerzas políticas”. Las recomendaciones tenían que ir en esa línea y la primera fue que el gobierno debería “desarrollar e implementar una campaña nacional de educación sobre las cuestiones indígenas y el respeto a la diversidad en asociación con los pueblos indígenas y con el apoyo de Naciones Unidas”. La segunda, “mejorar el control de los pueblos indígenas sobre sus comunidades, territorios y recursos naturales, incluido el reconocimiento efectivo de las  instituciones de autoridad de los pueblos indígenas y las leyes consuetudinarias”. La tercera, “facilitar un mayor poder de decisión de los pueblos indígenas sobre la prestación de servicios por parte del Gobierno en sus comunidades”. La cuarta, que se garantizase a la FUNAI la financiación y personal suficientes para “proceder con eficacia con el proceso de demarcación y registro de tierras indígenas de conformidad con la reglamentación internacional”.[12]

Ahí quedo la cosa, sin la menor trascendencia puesto que el gobierno hizo caso omiso de ese informe y sus recomendaciones. Un juez brasileño de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocía sin sonrojo que Brasil incumplía el Convenio 169 de la OIT.[13] La oligarquía brasileña arremetía contra el Convenio 169 (noviembre de 2008) calificándole de “barrera para el desarrollo y afrenta a la unidad nacional” al otorgar potestad a los indígenas de intervenir en las decisiones macroeconómicas por lo que pedía, simple y llanamente, su anulación.[14] No es extraño, por lo tanto, que los indígenas continúen muriendo a manos de hacendados, empresarios de todo tipo y garimpeiros. El proceso económico desarrollista impulsado por el gobierno, sobre todo a raíz de la decisión de incentivar la producción de etanol, ha provocado un aumento considerable de deforestación en tres Estados amazónicos: Pará, Mato Grosso y Rondonia. Junto a ello, el plan hidroeléctrico de aumentar casi en un 50% el número de centrales en el país supuso que se viesen afectadas las tierras indígenas pues se planeó construir un total de 247 en la Amazonía. De llevarse a efecto este plan de construcción de centrales hidroeléctricas se verían afectadas considerablemente las tierras de los pueblos enawenê-nawe, nambikwara, pareci, mynky, rikbaktsa, karitiana y karipuna. Pero según una sentencia del Tribunal Supremo en la que se daba la razón a los indígenas en un conflicto de tierras (ver nota 6) ya no es necesaria la consulta previa a los pueblos afectados por cuestiones de este tipo si el gobierno las considera “de interés público” o bien “de interés para la Defensa Nacional”. Dicha sentencia no es en nada conforme con la Constitución, la reinterpreta de forma restrictiva aunque, en apariencia, se hubiese dado la razón a una histórica demanda indígena. Es la norma en Brasil: una de cal para los indígenas y diez de arena. Y lo más sangrante es que esta reinterpretación del texto constitucional se produce sin participación alguna del Congreso. Un dato: la sentencia del Tribunal Supremo Federal se refiere en todo momento a los indígenas como “indios” –también se recoge así en el epígrafe capítulo de la Constitución que habla de ellos, aunque luego sí se refiere a pueblos- y en ningún caso les menciona como pueblos, sino como “grupos tribales”. Y tampoco era una sentencia acorde con la legislación internacional, tal y como había recomendado el Relator Especial de la ONU en su informe. Por eso la OIT en su informe anual de 2010 vuelve a insistir en que “se deberán efectuar estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos”.[15]

Sin embargo eso no arredró al presidente ”Lula” que, en febrero de este año, aprobó la construcción de la que será tercera central hidroeléctrica más grande del mundo en el estado amazónico de Pará –después de 20 años de discusión- y que anegará 516 kilómetros cuadrados de superficie en la que hay 30 tierras indígenas a pesar de las dudas técnicas sobre la viabilidad del proyecto, que se justifica en la necesidad de satisfacer de energía a 23 millones de personas. No hay dudas sólo técnicas, también jurídicas sobre su licitud. La Procuraduría de la República (fiscalía) ha pedido que se cancele la licitación para construir esta macrocentral eléctrica al considerar el proyecto “una afrenta a las leyes ambientales”.[16] Pero el proyecto va a seguir porque “Lula” ya ha dicho que nada lo va a parar[17] y ya se está constituyendo un consorcio de empresas, bajo la tutela de la estatal Eletrobras, para participar en el proyecto.[18]

La postura de Brasil respecto a los pueblos indígenas existentes en el territorio del país es, en realidad, la del miedo a la autonomía indígena. Más de doscientos pueblos, casi igual número de lenguas y una existencia en territorios amplios y ricos ponen de los nervios a todos los poderes, sean considerados “progresistas” o no. A pesar del innegable arco legislativo que establece sus derechos, ninguno de los gobiernos democráticos que han sucedido a las dictaduras militares ha hecho cambio alguno en las estructuras político-administrativas del Estado y mucho menos en la línea de ir hacia la transformación del Estado actual en uno plurinacional, en la línea que se viene haciendo en otros paises latinoamericanos. Se acepta sin excesivos problemas la diversidad cultural, se fomenta con más entusiasmo que eficacia la educación (2.517 escuelas para los indígenas que atienden a un total de 178.000 alumnos), se cuenta con representantes indígenas en procesos electorales (en las elecciones de 2008 para prefectos y consejeros municipales resultaron electos seis indígenas como prefectos y viceprefectos junto a otros 74 consejeros) y se dan pasos hacia la autonomía, inducidos y apremiados por los organismos internacionales al haberse ratificado normas, derechos y convenios, en cuestiones importantes pero menores como la salud (en Brasil existen los Distritos Sanitarios Indígenas Especiales) pero se tiene un excesivo temor a que este tipo de estructuras desemboquen en algo político que ponga en cuestión un modelo económico determinado y la explotación de territorios y recursos. O, por decirlo claramente, hay miedo al ejercicio de la autonomía y autodeterminación de los pueblos.

Brasil ratificó el Convenio de la OIT tres años más tarde se haberse aprobado y de inmediato la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007; en ambos documentos aparece ese derecho. La participación y representación política de los pueblos indígenas en las instancias de poder legislativo del Estado, el reconocimiento de sus territorios como unidades regionales autónomas, donde el pueblo que ahí vive pueda ejercer sus formas propias de gobierno y justicia y no como meras tierras demarcadas como parcelas o unidades productivas, son dimensiones ausentes del texto constitucional y de las leyes que lo desarrollan. Tampoco lo recoge el Tribunal Supremo en la sentencia reseñada más arriba. Por el contrario, establece nuevas cortapisas a estos derechos en lo que se ha dado llamar “salvaguardas” y que limitan hasta extremos que hacen desaparecer cualquier tipo de autonomía indígena.

Desde que se creó la Comisión Nacional de Política Indigenista (abril de 2007) se vienen realizando encuentros anuales para discutir un estatuto –el vigente es de 1973, elaborado por los militares- que recoja definitivamente los derechos y deberes de los indígenas sin que se haya llegado a parte alguna, al menos en el momento de enviar este libro a imprenta. Para lo que sí ha servido este tipo de reuniones es para que los indígenas se agrupen alrededor de una organización de representación federal, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). Ahora los indígenas tienen una sola voz para hacer oír sus propuestas, reivindicaciones y demandas.

[4] Consellho Indigenista Missionàrio. Organismo de la iglesia católica creado en la década de 1970 y uno de los primeros en movilizar a la sociedad a favor de la causa indígena. Uno de los prelados de mayor prestigio e influencia que impulsó la creación del CIMI fue Pedro Casaldáliga. http://www.cimi.org.br/

[5] Asamblea General de Líderes del Área Raposa-Sierra do Sol. Presentación de recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 3 de diciembre de 1995. La CIDH les dio la razón aunque la situación sigue manifestándose en los mismos términos en la actualidad. En 2004 se formalizó una denuncia contra el gobierno de Brasil en la Organización de Estados Americanos al no haberse producido la demarcación de la tierra. En 2009 los indígenas volvieron a ponerse en pie de guerra, ocupando tierras, para obligar a los tribunales a una decisión definitiva. http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/45299-NN/tribunal-brasileno-analiza-ocupacion-de-territorio-indigena-en-el-roraima/

[6] El caso Raposa-Sierra do Sol se resolvió definitivamente el año 2009 al dar la razón el Tribunal Supremo a la reivindicación indígena. Las tierras quedaron demarcadas en 1’8 millones de hectáreas, la extensión que habían reclamado los indígenas ingarikó, makuxi, taurepang, patamona y wapixana desde el principio, y se reintegraban al mismo 10.000 hectáreas ocupadas por un hacendado y varios colonos. Si se les hubiese hecho caso desde el principio se hubiesen evitado los muertos (10), heridos y detenidos habidos durante un proceso que se prolongó desde 1993, todos de la parte indígena.

[8] Folha de São Paulo, 12 de enero de 2006.

[9] Folha de São Paulo, 8 de enero de 2008. http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u361051.shtml

[10] Folha de São Paulo, 21 de septiembre de 2007.

[12] Consejo de Derechos Humanos, 12º período de sesiones. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Brasil. A/HRC/12/34/Add.2. 26 de agosto de 2009

[15] OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Pueblos indígenas y tribales. Brasil.

CANADÁ

Indígenas, métis e inuit son los tres pueblos aborígenes existentes en Canadá. El término “aborigen” es la denominación con la que aparecen en la Constitución del país y pretende ser una forma colectiva y respetuosa de referirse a ellos. El término indígenas, también llamados nativos, primeras naciones o poblaciones originarias, olvida a los inuit, por ejemplo, pero se les deja al margen del término para englobarles en otro pueblo aparte de origen esquimal. “Aborigen” se viene utilizando desde 1980 y en indígenas es lo que entenderíamos como “indios” –así están denominados en la Constitución de Canadá-, en los que se engloba a los pueblos abenaki, akaitcho, algonquino, anishinaabe, athapaskan, atikamekwa, blackfoot, cayuse, chippewa, colville, cowichan, cree, deh cho, ditidaht, dogrib, dunneza, gitksan, gwich’in, haida, haisla, heitsuk, hurón-wendat, iroquois (onondaga, cayuga, seneca, oneida, tuscarona y mohawk) , kaska, katzie, ktunaxa, kutchin, kwantlen, kwakiutl, lubicon cree, malecita, micmac, montagnais, musqueam, naskapi, na-cho nyak dun, nakoda, nicola, nisga’a, nuxálk, odawa, ojibway-chippewa, okanagan, oneida, palus, potawatomi, shatu, sinixt, st’at’imc, tahltan, tanana, tasltine, tlingit, tsimshian, tsuu t’ina, walastakwewinowok, wasco, wishram, yakima y yupik.

Según el censo del año 2006, el número de aborígenes ascendía a 1.678.235 (con ancestros aborígenes) mientras que se identificaba como tal sólo 1.172.790 de ellos, representando casi el 4% del total de la población de Canadá. Un total de 698.025 pertenecerían a las primeras naciones, 389.785 serían métis (es un término de origen francés, métis-mestizo, hijo de europeos e indias que ha pasado a la denominación de pueblo originario en la actualidad) y 50.485 inuit. El resto ofreció varias respuestas.[1] Aproximadamente el 63% vive en las reservas y el resto o bien en ciudades (preferentemente los métis) o en “áreas remotas”, en referencia a la zona ártica del país donde residen los inuit y dos de los pueblos de las primeras naciones, gwich’in y shatu. Como es habitual, una cosa son las cifras gubernamentales y otra la de los propios pueblos dándose la circunstancia que al menos en este país existe la categoría de “indios no registrados”, identificados como desciendes de quien, en algún momento, se dejó enredar por las estipulaciones de alguno de los muchos decretos que aprobaban los blancos dominantes, como casarse con un blanco o vender alguna tierra, y a raíz de adoptar esa decisión pasaban, automáticamente, a perder la condición de “indio registrado”. Desde 1985 estos “indios no registrados” mantienen litigios legales para volver a ser integrados junto al resto, pero desde ese año sólo unos 100.000 lo han logrado cuando se calcula que en esta situación hay medio millón. Además, se da el hecho de que en muchas partes de Canadá hay comunidades de “indios no registrados” o sin estatuto que siguen siendo indistinguibles del resto. La ley canadiense, a pesar de que su primer ministro ha perdido perdón públicamente a los aborígenes (2008) por el tratamiento que se les ha proporcionado desde la constitución de Canadá como nación independiente,[2] se sirve de este tipo de distinciones arbitrarias y fáciles de aplicar tanto para minimizar el número de población aborigen como para cuestiones administrativas, en especial, las relativas a la tierra.

Dado que este país no es muy conocido en lo que se refiere a los pueblos originarios del continente, en contraste con los latinoamericanos, vamos a introducir una serie de datos socioeconómicos para ayudar a comprender mejor su situación en base a los que ofrece la ONU[3] relativos al año 2010: el 60% de los niños de las zonas urbanas vive por debajo del umbral de pobreza, el índice de tuberculosis entre los pueblos de las naciones originarias es 35 veces más alto que el de la población no aborigen –en el caso de los inuit la proporción sube hasta las 150 veces- , el porcentaje de suicidios es 11 veces superior a la media nacional, cerca del 70% de los estudiantes de naciones originarias que viven en las reservas jamás termina la enseñanza secundaria y representan el 19% del total de población reclusa de Canadá –recuérdese que son el 4% del total poblacional del país-. Y algo que no menciona la ONU pero sí el Instituto de Salud Infantil de Manitoba: los niños aborígenes están sufriendo cada vez en mayor proporción un tipo de diabetes, denominada “tipo 2”, que es habitual en adultos y no en jóvenes y mucho menos en niños puesto que se relaciona con la obesidad.[4]

Como se puede apreciar, entre los golpes de pecho del primer ministro y la realidad hay un abismo. Es interesante recordar que Canadá es uno de los cuatro países que se opusieron de forma expresa a que la ONU adoptase la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y que en el momento de enviar este libro a imprenta aún no lo había hecho, a pesar del perdón reclamado por su primer ministro. Por cuestiones políticas internas, en Quebec (única provincia de mayoría francófona en el país) se está discutiendo la adhesión a la DDPI a iniciativa de la Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador,[5] compuesta por los pueblos abenaki, algonquino, cree, hurón-wendat, micmac, mohawk, montagnais y naskapi. Si la iniciativa tiene éxito –se presentó en mayo de 2010 y en septiembre aún no se había resuelto- Quebec se convertiría en la primera provincia en adherirse a la Declaración y sentaría un precedente que arrastraría, sin duda, al resto de Canadá a hacer lo mismo.

La historia de marginación y discriminación contra los pueblos originarios de Canadá viene de muy lejos, desde mucho antes de la independencia del país. Pero dado que en este libro nos estamos remitiendo a la etapa actual partiremos desde 1999. Ese año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó al país para ver el grado de cumplimiento de una serie de reformas para mejorar la situación de las “poblaciones autóctonas” y, entre ellas, la aplicación del derecho a la autodeterminación. En este aspecto el gobierno canadiense, como es lógico siguiendo su trayectoria en la ONU, no había movido un dedo. Ni en este ni en ninguno, pese a reconocer que “la situación de las poblaciones indígenas sigue siendo el problema más apremiante de derechos humanos con que se enfrentan los canadienses”.[6] El Comité de la ONU volvía a insistir en ello y que, al menos, trasladase información al respecto a los pueblos originarios al tiempo que le reclamaba una mayor proporción de tierras y recursos a los pueblos originarios “y sus instituciones”, haciendo hincapié en que el derecho a la autodeterminación requiere, entre otras cosas, “que todas las poblaciones puedan disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y que no se les prive de sus medios de subsistencia”.[7] Al mismo tiempo, instaba a Canadá a asignar los recursos suficientes para eliminar los obstáculos que impedían a los aborígenes disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales.

No es que el gobierno canadiense se diese mucha prisa en ello, pues hasta el año 2005 no llegó a un acuerdo con los pueblos originarios –el llamado Acuerdo de Kelowna, alcanzado tras año y medio de negociación- destinado a allanar las diferencias socioeconómicas entre canadienses originarios y no originarios. Pero, como suele ser habitual, dicho acuerdo no se cumplió. Se seguía así la tradición: firma de un acuerdo, antaño llamados tratados, e incumplimiento inmediato del mismo una vez lograda la “pacificación”. El Acuerdo de Kelowna se firmó al más alto nivel entre el gobierno federal, las provincias y territorios y los aborígenes con una duración de diez años para “romper el ciclo de pobreza” entre los indígenas. Al menos a cinco años de su firma, los resultados están a la vista según la ONU.

A mayor abundamiento, Canadá fue elegido en 2006 miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Un escándalo para los pueblos originarios, no sólo de Canadá, sino del mundo entero que aprobaron una resolución, enviada a la ONU, pidiendo que se reevaluara la pertenencia de Canadá al CDH.[8] No fueron escuchados, pero sirvió para que Canadá moderase un tanto su actitud a nivel interno ya que, a nivel externo, se presentaba como un adalid de los derechos humanos. Un ejemplo fue en las ocupaciones de tierras donde se inició un tímido diálogo entre las partes cuando antes, sencillamente, se recurría a la policía para desalojarlas. Otro, la decisión de modificar la ley para permitir que las primeras naciones asumiesen un mayor control de la educación en las reservas. Y uno más, y de calado, fue el aceptar a los pueblos inuit (inuvialuit), gwich’in y sahtu como partes en el proceso de construcción de un gasoducto en el noroeste del país. Estos tres pueblos habían logrado el reconocimiento de sus tierras en diferentes procesos desde 1982 y el ofrecimiento del gobierno era que fuesen propietarios de una tercera parte del proyecto.

Aquí hay que detenerse un poco en la cuestión de los inuit. Fueron los primeros aborígenes canadienses que lograron el reconocimiento de sus tierras y el establecimiento de gobiernos autónomos en ellas en un proceso que se extendió desde 1982 a 2006. En esos años fueron logrando, de forma progresiva, sus gobiernos en Nunatsiavut (Labrador); Nunavik (Québec); Nunavut; y la Región del Asentamiento de inuvialuit de los Territorios del Noroeste. En estos territorios el inuktitut es la lengua de uso común y para cuestiones oficiales, que en el ámbito administrativo tiene el rango de lengua oficial junto al inglés y francés. Aquí se mantienen las actividades tradicionales de caza, el tendido de trampas y la pesca siguen siendo prácticas sociales, culturales y económicas vitales para la comunidad, pero en Nunavut y en los Territorios del Noroeste se está acentuando desde comienzos del siglo XXI la pesca comercial y presencia de industrias extractivas (diamantes, uranio y oro) con el consentimiento de los inuit, que han establecido convenios con las empresas tanto de empleo como de impacto ambiental y participación en los beneficios económicos.

Este ejemplo está siendo seguido por otras empresas de mucho mayor calado, como es el caso de las petrolíferas y gasísticas. En los Territorios del Noroeste una de la principales industrias de gas de Canadá pretende iniciar la construcción de un oleoducto que atravesaría no sólo las tierras inuit, sino las de las primeras naciones gwich’in y sahtu. Estos tres pueblos han dado su aprobación al proyecto y han constituido una empresa, Aboriginal Pipeline Group, para participar en el mismo en calidad de tercer socio. Es un megaproyecto puesto que se estima va a tener una extensión de 1.300 kilómetros y gran parte del gas se exportaría a EEUU. Sin embargo, casi la mitad del oleoducto atravesaría territorio de los deh cho, que manifestaron no comenzar si quiera a pensar en su posible participación en el proyecto si antes no se delimitan legalmente sus tierras. Era una reclamación territorial que mantenían desde hacía años sin que se hubiese procedido a la misma. No hay nada como una amenaza en cuestión económica. De inmediato, el gobierno se prestó a negociar la delimitación de las tierras deh cho y un acuerdo de autogobierno.

El tímido cambio realizado en Canadá como consecuencia de las críticas recibidas cuando fue elegido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU iba siendo ya de un calado algo mayor. La situación pareció dar un giro cuando el primer ministro pidió perdón a los aborígenes en una sesión oficial en la Cámara de los Comunes (junio de 2008). En realidad, no le quedaba más remedio que hacerlo. Se estaban dando a conocer sentencias judiciales e informes que reconocían la magnitud de “los abusos físicos, sexuales y de otra índole” que habían tenido lugar en los Internados Escolares Indígenas desde el siglo XIX. Uno de esos informes, elaborado por la Royal Commission on Aboriginal Peoples era demoledor, aunque por boca de uno de sus integrantes “ninguna parte de nuestra investigación produjo más repulsa y vergüenza que la historia de los internados escolares. … el increíble daño –pérdida de vida, denigración cultural, destrucción de respeto propio y autoestima, ruptura de familias, impacto de estos traumas en generaciones venideras y el grave halo de triunfalismo cultural que subyace tras esta cruel agresión- heriría profundamente la sensibilidad de cualquiera que permitiera que esta historia se depositara en su subconsciente”.[9] Los niños indígenas eran separados de sus padres y obligados a asistir a internados escolares para “integrarse a la sociedad oficial”.[10] En esas escuelas se les prohibía hablar sus lenguas ancestrales, se les impedía el contacto con sus padres, abuelos, culturas y se cometía contra ellos todo tipo de abusos, como decían las sentencias. Incluso a los hermanos se les colocaba en internados diferentes para que no tuviesen contacto entre sí. Este sistema de internados se mantuvo hasta 1969. Ante la magnitud de los abusos, mantenidos durante 140 años, el Parlamento, tras la petición de perdón oficial, creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación y adoptó una resolución solicitando adoptar en el ordenamiento legal la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Pero esa comisión sólo sirvió para mostrar la situación de los pueblos originarios de forma cruda, sin que se diesen los pasos necesarios para eliminarla y ponerles al mismo nivel que el resto de ciudadanos de Canadá.

Los internados comenzaron a cerrar en 1969 no por iniciativa gubernamental, sino por la de los pueblos originarios. La primera nación nisga’a fue quien dio el primer paso ante los tribunales. Si bien no ganó por fallos procedimentales, puso la base para el comienzo del cambio. Los pueblos originarios dejaron de ser invisibles. Era una reclamación por la tierra que puso al descubierto todo lo demás. Eso provocó que en 1973 se crease la Oficina de Reivindicaciones de los Pueblos Aborígenes, aunque desde ese momento no se ha avanzado mucho. Han pasado ya casi 40 años y desde entonces sólo se han firmado 17 acuerdos sobre reivindicaciones territoriales, aunque hay decenas aún pendientes. No es extraño, por lo tanto, el comportamiento del gobierno ni su empecinamiento al oponerse a firmar la Declaración de Derechos de la ONU, en contra del criterio de los pueblos originarios, de su parlamento y del mundo.

Reconocer derechos a los pueblos originarios implica reconocer sus territorios, con la potestad de su autogobierno y control de los recursos naturales existentes en ellos. Y por ahí prácticamente ningún gobierno pasa, por mucha autodefinición democrática que hagan. Canadá no es diferente. Si históricamente ni Canadá ni EEUU cumplieron los tratados que firmaron con los pueblos originarios, mucho menos iba a producirse en la actualidad. Una comisión del Senado estudió el grado de cumplimiento de los nuevos tratados, denominados “modernos”, llegando a la conclusión que su fracaso se debe a razones estructurales y “al legado paternalista y colonialista que aún subyace en la práctica política institucional y en el Departamento de Asuntos Indios”. Al mismo tiempo, recomendaba “una nueva política nacional de implementación de reclamación de tierras” y la creación de una nueva Comisión de Tratados Modernos, con presencia aborigen, para preveer la implementación de acuerdos globales de reclamos de tierras “incluyendo los aspectos financieros”.[11]

Ni que decir tiene que también cayó en saco roto esta recomendación. La expansión de la minería y empresas petrolíferas se anteponía a cualquier otra consideración, lo que llevó a los pueblos originarios a reiniciar sus protestas contra ellas y, como respuesta, la criminalización de las mismas. El Tribunal Supremo de Canadá sentenció que cuado una primera nación cuenta con un título de posesión de la tierra cuenta con el derecho a decidir el uso que se le da a dicha tierra. Este es el quid de la cuestión. Si se realizan las demarcaciones que reclaman los pueblos originarios pasan a ser propietarios legales de ellas y, en consecuencia, sólo si permiten un uso industrial es posible explotar esos recursos. Es lo que han hecho, como se ha mencionado más arriba, los inuit, gwich’in y sahtu. Pero no todos opinan igual. Es el caso de los algonquino. Varios de sus dirigentes y jefes comunitarios fueron encarcelados por oponerse a prospecciones mineras para extraer platino en unas tierras que están en reclamación, aún no demarcadas. Según la ley, es el consejo de la comunidad quien gobierna la misma pero sólo tiene potestad en cuestiones educativas, sanitarias o educacionales, no territoriales. Encarcelarles era un escarmiento claro. Pero los algonquino no estaban solos. Tampoco los lubicon cree quieren la extracción de petróleo de sus tierras, también no cedidas aún. Y los tahltan se niegan a que se explote la madera de sus bosques.

Unas actitudes que no podía consentir el gobierno. Así las cosas, el año 2009 propuso una modificación legal por la que se aplicaba una nueva modalidad: la “renuncia” a los títulos de propiedad de las tierras de los pueblos originarios si no se llegaba a un acuerdo en la demarcación de las mismas. La oposición a esta medida fue de tal calibre que se vio obligado a renunciar a la renuncia, valga la redundancia, aunque aprobó el método de la “no afirmación”, que venía siendo lo mismo aunque en un lenguaje mucho menos agresivo. No era una cuestión banal, puesto que el excesivo coste de los trámites judiciales, como consecuencia de dilatarse en el tiempo la resolución de las reclamaciones –hay casos en los que alguna lleva 23 años sin resolverse- obligaba a las primeras naciones con pocos integrantes a retirar la demanda y aceptar un tipo de acuerdo lesivo para sus intereses. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU volvió a ocuparse de Canadá ese mismo año y volvió a constatar que el país ponía todo tipo de trabas a la delimitación y demarcación de tierras de los pueblos originarios, en especial de las primeras naciones. Por eso, instó a Canadá a que “iniciara de buena fe negociaciones basadas en el reconocimiento y la reconciliación” [con las primeras naciones] y a que “estudiara las formas de facilitar el establecimiento de pruebas de los títulos de propiedad de la tierra de los aborígenes en los procedimientos ante los tribunales”. Para el CDH, la “buena fe” por parte del gobierno era un requisito imprescindible para la solución de las reclamaciones territoriales, reconocía que se habían dado pasos en ese sentido, pero explicitaba que no se podía avanzar si no había “más voluntad política en relación con la aplicación, mecanismos institucionales adecuados y procedimientos de vigilancia más estrictos en todos los niveles”.[12] Mencionaba expresamente el intento del gobierno de explotar petróleo en tierras de los lubicon cree pese al rechazo de éstos.

Canadá sigue manteniendo una clara política discriminatoria con sus pueblos originarios. Pero consigue que el mundo piense de otra manera con gestos tan simpáticos como iniciar los juegos olímpicos de invierno de 2010 con un homenaje a los primeros cuatro pueblos que poblaron el territorio de lo que hoy es este país[13] o colocar en el reverso de las medallas con que se premia a los mejores deportistas de cada especialidad a los animales tradicionales de caza y sustento de estos pueblos. Imagen, cosmética, fotos. La realidad va por otro lado, mucho más siniestro. No sólo se mantiene el empecinamiento retardatario en titular las tierras de los pueblos originarios, sino que el gobierno está aprovechando la crisis económica para recortar los fondos federales destinados a los pueblos indígenas, en concreto los destinados a la salud mental de los “supervivientes” del régimen escolar por el que el primer ministro pedía perdón.[14]

CHILE

La población indígena es de 1.060.786 personas, según el censo del año 2006, lo que equivale a 6,6% de la población del país. Los mapuche son la mayoría más significativa (87,2%). El resto de pueblos indígenas son aymará (7,8%), atacameño o lickanantay (2,8%), diaguita (0,8%), quechua (0,6%), colla (0,3%); rapanui (0,2%); kawashkar o alacalufe –se les denomina de estas dos maneras- (0,2%) y yagán o yámana (0,1%).[1] No obstante hay un pueblo más, el selknam u ona que no es reconocido como tal por la legislación chilena. Dos terceras partes de esta población indígena reside en zonas urbanas.

No fue hasta 1992, como la mayoría de países, cuando Chile comenzó a incorporar a su legislación algunos derechos de los pueblos indígenas recogidos en el ordenamiento jurídico internacional y comenzó por lo fácil, una Ley Indígena que reconoce a los indígenas derechos sobre sus tierras, lenguas y culturas pero no sus organizaciones tradicionales ni a ellos mismos como pueblos, sino como etnias. Tampoco lo hace con sus derechos políticos (autonomía, autogestión, justicia) ni sobre territorios ni recursos naturales. Bien sea por convencimiento propio de los legisladores –los gobiernos de la llamada “Concertación Democrática” mantuvieron una mayoría más o menos cómoda tras la dictadura hasta que perdieron las elecciones de 2010- o por la fuerte interiorización de la “cultura” pinochetista lo cierto es que tuvieron que pasar diez años para que en la reforma constitucional de 2002 se ampliase algo el apartado de derechos para los indígenas que ni siquiera satisfizo a los más timoratos constitucionalistas chilenos: “la reforma concordada resulta insuficiente, ya que concierne sólo a comunidades de pueblos originarios, y por distintas razones, no se admite el reconocimiento de ‘pueblos indígenas’, aunque nuestro Tribunal Constitucional ha aceptado el alcance del concepto ‘pueblos’ del Convenio 169 sin que ello fuere un principio de autodeterminación y puerta abierta a la desmembración del Estado-nación”.[2] Y aún tuvieron que pasar muchos años más, hasta 2008, para que el Chile democrático ratificase el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y tras recibir un varapalo internacional puesto que lo que pretendía el gobierno, presidido entonces por Michelle Bachelet, era poder hacerlo con una “declaración interpretativa”, o sea, que el gobierno interpretaba lo que había que cumplir y lo que no de dicho convenio. Al gobierno no le quedaba más remedio si quería continuar con su imagen de progresista puesto que en 2007 se había aprobado por la ONU la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, curiosamente, con el voto favorable de Chile que votaba fuera lo que no hacía dentro.

Esta actitud tal vez pueda explicar el empecinamiento obsesivo del gobierno chileno contra las reivindicaciones indígenas, el tratamiento casi exclusivamente policial que hace de ellas y el hecho de que, a pesar de las reiteradas declaraciones para adecuar la legislación interna a la internacional y a planes como el “Re-conocer: Pacto social por la multiculturalidad” anunciado por la presidenta Bachelett en 2008 y que incluía la creación de una “unidad indígena” en cada ministerio, apenas se haya pasado de las palabras.

La adopción de la normativa internacional puso en marcha, en 2009, una reforma sobre el “reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas” (que no de los derechos) que no debió ser del agrado del Relator Especial de la ONU puesto que proporcionó un tirón de orejas al gobierno al indicar en un informe que la consulta a los pueblos indígenas sobre algo que les iba a afectar debía ser “con carácter previo” y no, como pretendía el gobierno, cuando el cambio constitucional estuviese listo para implementarse. Indicaba también que debía realizarse “de buena fe para generar confianza entre las partes” y “a través de las adecuadas instancias representativas indígenas” –todo ello es un repaso de la normativa internacional- para terminar concluyendo que “la consulta efectiva con los pueblos indígenas en este proceso es fundamental para la validez y legitimidad del nuevo texto constitucional a adoptarse, y para asegurar que dicho texto realmente corresponde a las aspiraciones y derechos humanos de los pueblos indígenas dentro del marco de una sociedad democrática y las normas internacionales a las que el Estado de Chile adhiere”.[3] Con buenas palabras, el enviado de la ONU venía a criticar formas y contexto de dicha reforma. Pero al gobierno le daba lo mismo puesto que, en la línea “interpretativa” con la que quería ratificar el convenio de la OIT, respondió por boca del Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas que eso no se podía hacer en el país y que lo pertinente era “un proceso gradual, de aproximaciones sucesivas que permitan lograr en el futuro un mecanismo adecuado, consensuado y plenamente conforme a los estándares internacionales”. Y así la realizó a pesar del rechazo de todos los pueblos indígenas y amparándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que “el derecho a la consulta” no es una “negociación obligatoria”.

Chile fue, además, uno de los últimos países del continente que incorporó el concepto y prácticas de Educación Intercultural Bilingüe y lo hizo a través de instituciones como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que no tiene el menor arraigo entre los indígenas[4] por varias razones entre las que destaca que su programa principal, el Fondo de Tierras Indígenas, es un mecanismo de recolocación de las comunidades indígenas no a sus tierras ancestrales sino a las que “ofrezca el mercado”. A ello hay que añadir una crisis de legitimidad de los representantes indígenas en esta institución, respaldados únicamente por 13.000 votos puesto que las elecciones fueron boicoteadas por la mayoría de organizaciones y pueblos indígenas.

Estas situaciones no son más que el exponente de que la situación de los pueblos originarios en este país deja mucho que desear, tal y como reconocen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial quienes, a lo largo de 2009, emitieron varias recomendaciones al Gobierno chileno para que solucionase la “grave desprotección” de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la violación de los derechos humanos.[5] Los datos indican que el 35’6% de la población indígena vive en situación de pobreza, el 59% de sus viviendas no tiene alcantarillado, el 35% no cuenta con electricidad y la escolarización de los niños es de 7’3 años de media frente a los 9’5 años del resto de niños no indígenas.[6] A esta situación se sumaba la alarma surgida en los organismos internacionales cuando un grupo de senadores derechistas, siguiendo la tradición oligárquica, planteó una reforma constitucional en la que bajo la apariencia de reconocer los derechos de los pueblos indígenas se “desaparecían” con importantes matizaciones como que no son los pueblos los sujetos de los derechos que se les reconoce a nivel internacional sino las comunidades y que sólo pueden organizar su vida de acuerdo a sus costumbres y tradiciones “siempre que ello no contravenga la Constitución y las leyes”.[7] Es decir, se rebajaba la normativa internacional cuando debe ser asumida por la nacional y no al revés.

La situación que preocupaba a los organismos internacionales tiene en la persecución que sufre el pueblo mapuche su más trágico exponente. La respuesta del gobierno ante las críticas que se le hacían –y hacen, es un conflicto aún por resolver- se resume en “está en tramitación parlamentaria”, “después de tres años de tramitación hay un informe final”, “se encuentra en segundo trámite constitucional” o “la ley antiterrorista sólo ha sido aplicada en un número limitado de oportunidades, frente a hechos de violencia que dada su naturaleza y/o la gravedad de los medios empleados, han hecho necesaria, desde el punto de vista jurídico penal, la aplicación de una legislación que establece penas más rigurosas”.[8] Hay que mencionar que las únicas violencias realizadas por los indígenas, en este caso mapuche, se limitan a la quema de vehículos de empresas que operan o pretenden hacerlo en sus tierras y en ningún caso a ataques a personas. El CERD, organismo de la ONU que acogió esta respuesta, expresó su satisfacción por la creación de diversas instituciones tendientes a promover y a coordinar las políticas públicas en materia indígena, como el plan “Re-conocer” o las medidas tomadas para integrar la medicina tradicional de los pueblos indígenas en el sistema de salud del Estado pero volvió a mostrar su crítica y “preocupación” por la lentitud con la que se abordaba la creación de una institución nacional de derechos humanos y, de forma especial, por la aplicación de la Ley Antiterrorista “aplicada principalmente a miembros del pueblo Mapuche, por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales, relacionados con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales”.[9] Por si quedase alguna duda de cómo actúa Chile en relación con los pueblos indígenas, el organismo de la ONU criticaba el que no se consultase con ellos las decisiones que les afectan, que apenas hubiese representación de los mismos en el Parlamento y la lentitud en el proceso de demarcación de tierras y la inexistencia de un mecanismo específico para el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la tierra y a sus recursos naturales.

A lo largo de la historia de Chile como país independiente, los mapuche han sido uno de los pueblos más reprimidos. Ya en los inicios del siglo XX el Estado dispuso de la tierra mapuche para donarla a colonos europeos, impulsando el “blanqueamiento” de la población –de la que están muy orgullosos muchos chilenos-, y después, sólo después, radicó a los mapuche en las tierras sobrantes. No se había concluido el proceso de radicación mapuche y ya, de inmediato, se estaba proponiendo la división de la propiedad comunitaria para reducirla a propiedad individual. La resistencia del pueblo mapuche en defensa de la propiedad comunitaria de su tierra impidió que tales políticas se desarrollasen hasta sus últimas consecuencias en la primera mitad del siglo XX.

Un breve paréntesis se vive entre 1970 y 1973 con la política de reforma agraria del gobierno de Salvador Allende, que permitió cierta recuperación mapuche de tierras. El proceso se truncó violentamente por el sangriento golpe de estado del 11 septiembre de 1973. Terratenientes, carabineros y militares se ensañaron con los mapuche que habían osado recuperar tierras, “un capítulo de racismo y genocidio brutales que la Comisión de Verdad y Reconciliación sobre los crímenes de la dictadura, comisión de carácter oficial, no ha sabido o no ha querido registrar”.[10] El régimen de Pinochet aplicó en territorio mapuche una sistemática política de liquidación de la propiedad comunitaria. Hasta tres mil comunidades fueron pulverizadas en más de cien mil hijuelas (tierras que pasan de padres a hijos y se dividen entre ellos) de propiedad individual. Un plan aplicado rigurosamente con fondos del Banco Mundial, que no es la única institución de la órbita de Naciones Unidas que respalda e incluso impulsa en Chile políticas genocidas hasta el día de hoy. La intención genocida llegaba a exhibirse abiertamente. La primera versión del decreto privatizador, de 1978, afirmaba sin ambages que, una vez divididas sus comunidades, los mapuche “dejarán de ser indígenas”, supuesto comprendido en el tipo delictivo definido por la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

La autoorganización de este pueblo, iniciada en 1997, ha llevado a un enfrentamiento directo con el Estado que ha respondido de una forma dual. Por una parte, aplicando la Ley por Conductas Terroristas ante expresiones de resistencia que sólo han provocado víctimas en el lado mapuche, condenada por la ONU ya desde 2004 como una “aberración jurídica” toda vez que los hechos se refieren a daños en cosas y no atentados indiscriminados y con desprecio a la vida humana[11] y vuelta a condenar por el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas para quien “la clasificación de los delitos cometidos [por los mapuche] como actos de terrorismo puede ser irrelevante e inapropiado según las normas internacionales pertinentes”.[12]

Por otra, realizando políticas para conseguir el fin de la opresión cultural e identitaria, la recuperación de haciendas territoriales y el reconocimiento de una “verdad histórica” por la que el Estado chileno se compromete a generar “un nuevo trato” a este pueblo –y, por extensión, al resto de pueblos originarios- que, por el momento, sólo queda en un mero asistencialismo a través de los proyectos oficiales, como es el caso del llamado “Orígenes”. En este marco, el Estado, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y su Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, ha traspasado unas 200.000 hectáreas a los mapuche que han favorecido a más de 10.000 familias. Pero los mapuche consideran que es insuficiente ya que estiman que harían falta otras 200.000 hectáreas más. Además, muchas de esas tierras se titulan de forma individual y no comunal, el proceso es muy lento, deja fuera a muchas comunidades y no existen programas de apoyo.[13]

La génesis del enfrentamiento actual entre los mapuches y el Gobierno viene dada por el incumplimiento por éste de un compromiso adquirido en 2008 para la adquisición de tierras para 115 comunidades, puesto que sólo se han adquirido tierras (a un precio mucho más alto del de mercado, con lo que se favorece la especulación) para 47 comunidades. La adjudicación arbitraria para algunas de esas comunidades, en contra del criterio de ocupación tradicional mapuche, elevó las protestas a un extremo que hoy por hoy muestra una difícil solución máxime cuando se incrementa el número de presos políticos mapuches al tiempo que la represión se cobra cada vez más muertos. Y todo ello en un ambiente de impunidad judicial, sin que a los presos mapuche se les apliquen las garantías jurídicas debidas o a los policías se les encause por las muertes, y de continua depredación medioambiental puesto que se ha mantenido e intensificado la actividad forestal, hidroeléctrica y la salmonicultura en las tierras mapuches. El gobierno es consciente de lo que significa este tipo de actividades, por lo que elaboró un “código de conducta responsable” de obligado cumplimiento para las empresas públicas y voluntario para las privadas pero que, de forma significativa, no vio la luz dada la oposición de las empresas privadas, que vieron en ella una amenaza a sus inversiones.

El gobierno está en manos de las empresas, nacionales y transnacionales, y ello facilita la expansión empresarial minera hacia territorios indígenas, unas veces con apoyo gubernamental y otras sin él lo hace que todo el débil entramado legal chileno referente a los pueblos indígenas quede en papel mojado. Esta situación no es más que la consecuencia del modelo económico vigente en el país, calificado como “primario exportador” -cuyos principales rubros mineros, madereros y acuíferos se asientan en territorios y recursos indígenas- que, sostenido por una clase política a la que sale un sarpullido cada vez que trata la cuestión indígena, convierte el tema de la tierra en un permanente foco de conflicto. Si a ello se le suma que a las pocas tierras restituidas a los indígenas no se les proporciona el apoyo financiero suficiente para un desarrollo propio, se entenderá que algunas de ellas se hayan visto obligadas a suscribir contratos de arriendo a terceros no indígenas. Una situación a la que se vieron abocados ante la negativa de todos los gobiernos postpinochetistas a abordar este asunto. La desidia mayor hay que achacársela a Bachelett, quien no impulsó ninguna reforma en lo referente a la minería pese a haberlo solicitado de forma expresa el Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades de los Indígenas. Por el contrario, apoyó de forma activa megaproyectos e inversiones en territorios indígenas, de forma especial mapuche y diaguita. El más conocido es el minero “Pascua-Lama”, ubicado en tierra de este último pueblo y que afectará a los glaciares existentes en esa zona del país (Guanaco, Toro I, Toro II y Esperanza) que surten de agua el sistema hidrológico (ríos Estrecho y Chollay) que da sustentabilidad al territorio diaguita.[14] El grave impacto en los recursos hídricos de la comunidad ha sido reconocido por la Dirección General de Aguas, solicitando la aplicación de sanciones a la transnacional aunque no se suspende la ejecución del macroproyecto.

No obstante, la presión indígena sí ha logrado algunos cambios, como la aprobación (2009) de una modificación de la ley de aguas que reconoce y resguarda el uso consuetudinario de los espacios costeros de los pueblos originarios, permitiendo el mantenimiento de tradiciones y uso de los recursos naturales. Aquí el poder judicial jugó un importante papel, dando la razón a demandas en ese sentido interpuestas por pueblos como el aymara. Otro de los logros, obligado el gobierno por la adopción de la normativa internacional, fue el incremento de fondos para la compra de tierras en beneficio de “personas y comunidades indígenas” aunque se dio prioridad a la titulación individual frente a la comunal y, de esta forma, se fragmenta el territorio indígena y se pierde el sentimiento de pertenencia a la comunidad fortaleciendo el ansia individualista.

[1] Gobierno de Chile, Encuesta de Caracterización Económica Nacional en 2006.

[2] Francisco Zúñiga Urbina, “Reformas constitucionales para un Estado Social y Democrático de Derecho”, Colección Ideas, julio 2003.

[3] Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas: Principios internacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile. 24 de abril de 2009.

[4] Arturo Fernández y Nallely Argüelles, “Chile Patagónico”, en Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina. UNICEF, AECID y FUNPROEIB Andes. 2009.

[5] “La situación de los pueblos indígenas en Chile: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior”, 14 septiembre de 2009, Consejo de Derechos Humanos A/HRC/12/34/Add.6.

[6]Jorge Calbucura y Fabien Le Bonniec, “Territorio y territorialidad en contexto post-colonial”, Ñuke Mapuföralget Working Papers No. 30, Chile, 2009.

[7] El Ciudadano, marzo de 2009, año V, nº 66.

[8] Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Respuesta a la lista de cuestiones que deben abordarse en relación con los informes periódicos 15º, 16º, º7º y º8º del Estado de Chile que serán examinados por el CERD el 13 y 14 de agosto de 2009.

[9] Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Chile. CERD/C/CHL/CO/15-18, 13 de agosto de 2009.

[10] Bartolomé Clavero, “Amenazas genocidas consumadas: caso mapuche” http://alainet.org/active/31694&lang=es

[11] Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 33º período de sesiones (8 al 26 de noviembre de 2004). Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Chile, E/C.12/1/Add.105.

[13]Jorge Calbucura y Fabien Le Bonniec, Op. cit.

[14] Ricardo Rodríguez, “Pascua Lama: ecocidio y genocidio en Los Andes” http://www.nodo50.org/ceprid/territorios/la/la16.htm

COLOMBIA

El censo oficial del año 2005 establece en 41.468.384 el número de habitantes del país, de los que 1.392.623 son indígenas, 4.311.757 negros (afrocolombianos), 30.377 raizales (de lengua creole) y 4.858 gitanos (rom) aunque estos últimos elevan a los 8.000 el número de su población. Raizales y rom son reconocidos como grupo étnico desde 1999.[1] Los indígenas forman parte de los pueblos achagua, amorúa, andoke, arhuaco, awa, barasona, barí, betoye, bora, cañamomo, carapana, chimila, chiricoa, cocama, coconuco, coreguaje, coyaima, desano, dujo, emberá, emberá chamí, emberá katio, eperara siapidara, guainía, guambiano, guanaca, guane, guayabero, hitnu, inga, kamëntsa, kankuamo, karijona, kawiyarí, kofán, kogui, kubeo, kuiba, kurripako, letuama, makaguaje, makuna, masiguare, matapí, miraña, mokana, muisca, nasa-paez, nonuya, nukak maku, ocaina, piapoco, piaroa, piratapuyo, pisamira, puinave, sáliba, senú, sikuani, siona, siriano, taiwano, tanimuka, tariano, tatuyo, tikuna, totoró, tsiripu, tucano, tule-kuna, tuyuka, uitoto, u´wa, vichada, wanano, waunan, wayuu, wiwa, yagua, yanacona, yaruro, yauna, yeral, yuko, yukuna, yuri y yurutí. En Colombia hay también una importante presencia de indígenas otavalos que han emigrado desde Ecuador, así como otros procedentes de Bolivia, Perú y, en menor medida, Brasil, Panamá y hasta México pero la legislación colombiana no les reconoce derechos en calidad de indígenas en su territorio. Y hay otros pueblos que no aparecen en la lista oficial, pero que son reclamados como tales por las diferentes organizaciones indígenas en el país. Es el caso de los andakie, bara, hupdu, juhup, jujupda-jupda, kakua, macahuan, makusa, muiane, pacabuy, pastos, quillacinga, tamas, tanigua, wipiwi, witoto, yarí, yamalero y zenú.

En la zona andina y la costa atlántica vive cerca del 85% de la población indígena, pero son escasamente una docena de pueblos. Se concentran principalmente en los departamentos de La Guajira, Cauca, Nariño y Córdoba los cuales representan el 60% de los indígenas de Colombia. Por su parte, los departamentos en los cuales la población indígena representa un alto porcentaje del total de su población son Guainía (61,5%), Vaupés (58,1%), La Guajira (42,4%), Amazonas (39,8%) y Vichada (39,6%). Algunos de los pueblos originarios están en un nivel crítico para su supervivencia. El guanaca, el pisamina y el nonuya cuentan con apenas un centenar de miembros y otros como el kawiyarí, el ocaina, el taiwano y el yauna rondan o sobrepasan por poco las doscientas personas.

Por su parte, la población afrocolombiana, con presencia en todo el país, es mayoritaria en el departamento del Chocó (74%) y hay un alto porcentaje en Cauca, Nariño y Valle. En estos tres departamentos vive el 44% de la población afrocolombiana del país. Los raizales viven en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En cuanto a la población rom, se encuentra localizada principalmente en las ciudades de Barranquilla (40,5%), Cartagena, Cali y Bogotá.

Como consecuencia del proceso de negociación llevado a cabo entre el Estado y algunos grupos guerrilleros que se desmovilizaron a comienzos de la década de 1990 –uno de ellos, el Movimiento “Quintín Lame” de corte indigenista había insistido en la presencia de indígenas en las instituciones nacionales- se aprobó la Constitución en 1991 que reconoce con amplitud los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el aspecto lingüístico (las lenguas y dialectos son oficiales en sus territorios, la enseñanza en ellos es bilingüe) como en el cultural y en lo referente a la tierra. En este aspecto se menciona que “las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables” y se reconoce como entidad territorial a los territorios indígenas.

La Carta Magna especifica que estos territorios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, pueden gobernarse por autoridades propias, administrar recursos y establecer tributos y participar en las rentas nacionales, pero no faltaron juristas que consideraron que estas atribuciones sólo les daban capacidad de control, cooperación, promoción y coordinación, pero no de autoridad ejecutiva directa,[2] y que en ese carácter serían más bien instancias que podrían ser utilizadas por los municipios o departamentos para el desarrollo de las tareas que a éstos corresponden. La autonomía quedaba así muy devaluada en términos políticos puesto que, de hecho, en muchos casos las autoridades de los municipios no tenían en cuenta los valores culturales indígenas, tal y como tenía que reconocer el mismo gobierno a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos: “Los títulos sobre sus resguardos en la mayoría de los casos no gozan del reconocimiento por parte de los funcionarios oficiales. Algunas instituciones y órganos de poder en las regiones no ven con buenos ojos la conformación de organizaciones zonales y regionales con voceros de varias comunidades empeñados en defender sus derechos étnicos y a sus territorios”.[3] Al conflicto con las municipalidades se sumaba otro entre los propietarios de grandes extensiones (que recurrían, y luego intensificaron esta política, a los escuadrones de la muerte ligados a los terratenientes) y las comunidades indígenas y otro más entre los intereses de pequeños campesinos y sus organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que deseaban la propiedad individual de terrenos, y los intereses de las comunidades indígenas que luchaban por la propiedad comunal de las mismas. Esa propiedad comunal era, y aún lo es, vista por ellos no sólo como garantía de la inalienabilidad del dominio, sino del mantenimiento de sus formas probadas de producción agrícola y la supervivencia de sus estructuras políticas, sociales y culturales. Incluso había otro factor de conflicto para los indígenas: la guerrilla, que supeditaba la emancipación indígena a su hipótesis de lucha de clases, tal y como había venido haciendo históricamente la guerrilla latinoamericana.

Cierto es que la Constitución acababa de comenzar a rodar, pero se ponía de manifiesto una tendencia existente que no iba a hacer más que ampliarse y consolidarse con el tiempo pese a que se seguían aplicando leyes, como la que en 1993 estipulaba que los resguardos indígenas (territorio con límites establecidos por la ley que es ocupado por uno o varios pueblos indígenas, es una creación colonial española que se ha mantenido como estructura administrativa a lo largo del tiempo) se beneficiarían de un porcentaje de los recursos presupuestarios del país mediante transferencias proporcionales a su población. La aprobación de estos derechos dio pie a una serie de reivindicaciones de las comunidades negras y también ese año de 1993 consiguieron la demarcación de sus territorios.

En total, a las comunidades indígenas se les ha reconocido legalmente 34 millones de hectáreas que están distribuidas en 710 resguardos (donde se asientan unas 800.000 personas) y a las negras 4 millones de hectáreas en 132 resguardos territoriales. Los datos oficiales dicen que estos resguardos ocupan el 30% del territorio de Colombia, pero hay una gran diferencia entre unos departamentos y otros y entre unos resguardos y otros. Así, en el departamento del Amazonas hay un resguardo que engloba a seis municipios con una extensión de más de cinco millones de hectáreas mientras que otros, especialmente en el sur del país, tienen una extensión que oscila entre las 60 hectáreas y las 12.000 hectáreas, lo que genera una gran precariedad para las comunidades que se asientan en ellos. Como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos de los otorgamientos de tierras se habían hecho en terrenos baldíos y la situación se mantiene en la actualidad.

El proceso de paz iniciado en 1991 daba sus frutos, aunque muchos de los acuerdos puntuales y bilaterales del gobierno con los diferentes grupos guerrilleros quedaban sólo en el papel. Sin embargo, en cuanto a los pueblos indígenas es innegable que a lo largo de esos años, y hasta 1998, se fue dando cuerpo legal a los derechos reconocidos en la Constitución en una variada y hasta cierto punto extensa legislación al tiempo que se creaba la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con presencia de éstos.

Si con el gobierno en cuanto tal la situación no era de especial enfrentamiento si lo era con el Ejército, los paramilitares (vinculados estrechamente a los terratenientes) y la guerrilla. Sólo entre octubre de 1996 y el mismo mes de 1997 fueron asesinados 25 dirigentes indígenas (que se sumaban a los 87 asesinados entre 1990 y 1996) y las comunidades se veían envueltas en una espiral de violencia en la que las fuerzas públicas de seguridad del Estado y los paramilitares se convertían en los principales verdugos, en un nivel muy superior al de la guerrilla, los narcotraficantes y la delincuencia común. Se producían ataques que tendían a desplazar a las poblaciones indígenas de sus asentamientos, llevándolas a incrementar el caudal de refugiados internos. Ante esta situación algunas comunidades indígenas anunciaron su neutralidad frente al conflicto armado, declarando que se negarían a colaborar con las partes armadas, aún con el Ejército. No todos tenían el mismo grado de responsabilidad en los ataques que sufrían los indígenas. La CIDH elaboró un informe en el que certificaba que el asesinato de indígenas, dirigentes principalmente, tenía como finalidad “amedrentarlos y apoderarse de sus tierras” y que la relación entre paramilitares y las fuerzas públicas de seguridad del Estado era, “a veces”, estrecha.[4]

En 1998 se produjeron dos hechos cruciales para dar un vuelco a una situación que venía siendo favorable a los pueblos originarios en el ámbito legislativo: la puesta en marcha del Plan Colombia y el comienzo de las negociaciones para formar parte del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). El ALCA había sido diseñado en 1994 como parte de una estrategia de EEUU de convertir el continente americano en una sola área de libre comercio en el año 2005, para lo cual se eliminarían progresivamente las barreras al comercio y a la inversión y teniendo como precedente el suscrito ese mismo año entre Canadá, Estados Unidos y México, denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las negociaciones para el ingreso de los diferentes países en esta estructura económica se iniciaron formalmente en abril de 1998 y a partir de ese momento, y en consonancia con la aplicación militar del Plan Colombia, se comenzó un desaforado proceso de aprobación de leyes que abrían espacios a uno y otro, ambos complementarios. El ALCA pretendía regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio, que establecen no restringir las operaciones militares en ningún país, por lo que se convertía en un elemento imprescindible para arropar la estrategia militar contra los grupos guerrilleros que habían rechazado la desmovilización y como protección incuestionable para el Ejército a la hora de combatir a quienes obstaculizasen los acuerdos que se alcanzasen en el ámbito económico.

Una de las primeras medidas que el gobierno puso en marcha en 1998 para allanar el camino hacia la firma del ALCA fue eliminar la necesidad de establecer las “licencias ambientales”, es decir, se terminaba con la obligatoriedad de que las empresas consiguiesen una autorización del ámbito competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pudiese producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Este hecho ya ponía sobre aviso a los pueblos indígenas, a pesar de contar con potestad para controlar este tema en sus resguardos, y pronto se llegó al conflicto puesto que la laxitud con que se aplicaba la “no licencia ambiental” comenzó a obstaculizar el desarrollo de la jurisdicción especial indígena para casos como el control de los recursos naturales, el territorio y el ejercicio de la autoridad indígena. Se comenzaba ya a hablar de la explotación de los recursos naturales a gran escala y comenzaban las contradicciones constitucionales sobre quién es el propietario del suelo y del subsuelo.

En Colombia los recursos minerales del subsuelo pertenecen al Estado, pero se considera como “reserva minera indígena” el área de los resguardos. En virtud de ello, los indígenas pueden pactar con terceros el desarrollo de actividades de exploración y explotación de recursos minerales, y sus autoridades tienen derecho a señalar dentro de las zonas mineras indígenas lugares no explorables ni explotables por su significado social o religioso.[5] Pero el gobierno hizo caso omiso de la ley y aprobó la explotación petrolera en territorio u’wa por parte de transnacionales y la compañía colombiana Ecopetrol. Era el principio de la aprobación de una serie de megaproyectos en todo el territorio colombiano y, por consiguiente, en los resguardos indígenas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), surgida en 1982, consideraba que los proyectos que se iban a iniciar tendrían una incidencia directa en casi la cuarta parte de las hectáreas de tierras indígenas, muchas de ellas en zonas de selva frágil como la Amazonía con lo que supondría un peligro añadido para la suma debilidad demográfica de los pueblos originarios de esa zona del país dado que casi la mitad de los pueblos que allí habitaban tenían en esos momentos una población inferior a los 500 miembros.

Si el ALCA estaba definido desde el primer momento no ocurría lo mismo con el Plan Colombia, diseñado como un proceso simultáneo a la negociación de paz que permitiera ir financiando proyectos sectoriales ligados a los acuerdos logrados. Apuntaba además a la rehabilitación e inversión principalmente en zonas afectadas por la violencia, cultivos ilícitos o de conflictos ambientales, sobre la base de una articulación de las comunidades y del Estado. Surgió estrechamente ligado al discurso político de paz del entonces presidente Andrés Pastrana. Sin mucha difusión, en su momento, el denominado Plan Colombia fue dado a conocer en diciembre de 1998 en Puerto Wilches y allí el presidente expresó que “la guerrilla podrá participar en la preparación, conformación y ejecución de los proyectos del Plan Colombia”.[6] Como elemento importante en el marco de una negociación de paz, el Plan Colombia formó parte de los preacuerdos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) con anterioridad a su instalación oficial, el 7 de enero de 1999, y altos representantes del gobierno se lo expusieron así a la comandancia de esta organización guerrillera.[7] Eran los inicios de las conversaciones de paz que se iban a iniciar en San Vicente del Caguán y en las que se iba a hablar de casi todo pero con una mesa de relieve: política agraria integral, explotación y conservación de los recursos naturales y estructura económica y social.[8] Un hecho ante el que los sectores oligárquicos reaccionaron con rapidez y virulencia puesto que si se llegaba a un acuerdo se haría prácticamente imposible la aplicación del ALCA. A los tres meses de negociaciones se produjo la primera crisis, que daba inicio a la ruptura final: los militares criticaban las “excesivas concesiones” a la guerrilla, los empresarios hablaban sobre el hecho de que se había ofrecido a las FARC-EP “la posibilidad de co-gobierno” y EEUU exigía “un plan detallado de lucha contra la guerrilla”, lo que obligó a un reposicionamiento del gobierno, incapaz de resistir las presiones.[9] A partir de ahí se acentuó el aspecto militar del Plan Colombia y se incardinó con la aplicación de la normativa que impulsaba el ALCA.

Las negociaciones para constituir esta área de libre comercio a nivel continental se mantenían en secreto, aunque los países iban dando pasos hacia la firma definitiva adaptando sus normas en el sentido de lo que se había diseñado. De forma significativa, los únicos que ofrecían información sobre lo que estaba pasando eran los empresarios agrupados en el Foro Empresarial de las Américas.[10] No fue hasta el año 2000 que se hicieron públicos algunos de los documentos con los acuerdos adoptados. En ese momento los indígenas se comenzaron a dar cuenta que la tierra dejaba de ser el hábitat de las comunidades y se volvía una mercancía a ser aprovechada en función del mayor rendimiento posible, lo que llevó a la ONIC a tomar la decisión de retirarse de todas las mesas de negociación que mantenía abiertas con el gobierno sobre derechos humanos, concertación y territorios indígenas.

Los temores se convirtieron en realidad cuando el gobierno, ya presidido por Álvaro Uribe, presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, cuyos planes se incardinaban con los propuestos en el ALCA aunque de manera poco detallada para no levantar protestas entre los campesinos e indígenas. Se planteaba un PND con el propósito de “cerrar la brecha no sólo entre pobres y ricos, sino también entre la ciudad y el campo, entre hombres y mujeres, entre regiones, generaciones y grupos étnicos” pero dejando bien claro que se enmarcaba “en la búsqueda de un ALCA que sea un acuerdo equilibrado que contribuya a la eliminación de barreras innecesarias al comercio, que estimule el flujo de bienes, servicios e inversiones, y que mejore las disciplinas existentes en la Organización Mundial del Comercio”. De esta manera, la posición oficial se acogía a los presupuestos del ALCA promoviendo, a través del mismo, la integración económica y el libre comercio fundamentados en medidas ya conocidas en Colombia durante el proceso de apertura como disminuir las ayudas internas a los productores y eliminar las barreras arancelarias, pero sobre todo promover la liberalización de la circulación de mercancías y capitales en torno a un nuevo paradigma, el comercio internacional como regulador de todos los ámbitos incluido el social, ambiental y cultural. No solamente se dejaban de lado sus implicaciones políticas y socioeconómicas, sino lo más importante: el impacto sobre la supervivencia de sectores tradicionales como la economía campesina o las sociedades indígenas.[11]

Eso desató la ira de las comunidades indígenas y de sus organizaciones. Se consideraba que el gobierno tenía como objetivo la eliminación de los derechos culturales, organizativos y territoriales de los pueblos originarios y que, para lograrlo, no hablaba ya de derechos legítimamente adquiridos por los indígenas, sino de privilegios que había que desmontar. Dicho y hecho. Se aprobaron nuevas normas para los procesos de legalización de territorios, entre ellas la de que debía existir un “concepto etnológico” previo al inicio de cualquier trámite de resguardo o que cuando hubiese presencia de población campesina o negra en esos territorios susceptibles de ser legalizados no se podría continuar con los trámites. La ONIC fue contundente: “Todas estas medidas están claramente orientadas a frenar la legalización de los territorios indígenas a pesar de que su derecho ya ha sido reconocido en la Constitución Política. Y resulta claro que con ellas se va a legalizar la política de invasión de los territorios indígenas, motivada por grupos paramilitares puesto que es bien sabido que en varias zonas del país dichos grupos, a través de la colonización, pretenden desalojar a las comunidades indígenas para más adelante facilitar los procesos de siembra de cultivos ilícitos, realización de megaproyectos, explotación de recursos, monocultivos, entre otros”.[12] Para la organización indígena no era más que una nueva vuelta de tuerca para acomodar la legislación colombiana a las exigencias del ALCA, que se manifestaba en hechos concretos como la modificación de la ley de reforma agraria que favorecía a los grandes monocultivos agroindustriales y la ley forestal para permitir la colonización, la realización de megaproyectos y monocultivos. Uno de los elementos más polémicos y controvertidos de la ley forestal fue el establecimiento del denominado “vuelo forestal” -referente al bosque existente o una plantación futura, con independencia del suelo- con una condición jurídica independiente de la tierra para facilitar su enajenación aunque, formalmente, se excluía a los territorios indígenas.

Sin embargo, la resistencia de los diferentes pueblos latinoamericanos –Colombia no fue una excepción- y, sobre todo la decidida actitud de Brasil y, en menor medida, Venezuela en contra del ALCA dio al traste con la pretensión inicial. Ya no era posible crear un área de libre comercio desde Alaska a la Tierra de Fuego, por lo que EEUU optó por dar un viraje en su política e iniciar un proceso bilateral con aquellos gobiernos que le eran más afines. Uno de ellos, el colombiano. El 22 de noviembre de 2006 el Congreso aprobaba el Tratado de Libre Comercio con un texto que obligaba a Colombia a la mercantilización de todos los territorios y los recursos naturales, con lo cual, sin necesidad de mencionarlo expresamente, se ponía en cuestión el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales y sus recursos a pesar de afirmar el gobierno que había logrado que los Estados Unidos reconocieran la importancia de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados con ella: la soberanía del Estado sobre estos recursos, la necesidad de contar con el consentimiento previo del Estado y las comunidades tradicionales para obtener acceso al material genético relacionado con la biodiversidad y de distribuir equitativamente con las comunidades los beneficios obtenidos por el uso de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales. Como se verá más tarde, nada o muy poco de ello era cierto. Las movilizaciones no tardaron en producirse. En los departamentos de Cauca, Nariño, Valle, Tolima y Meta se inició una campaña de recuperación de tierras que fue violentamente reprimida, acusando a los indígenas de “terroristas”. El gobierno justificó su actuación como “legítima y legal” pese a haber aplicado una ley que había sido declarada inconstitucional. Sin embargo, para el Relator de Derechos Humanos de la ONU fueron “detenciones arbitrarias”.

En toda Colombia los pueblos indígenas expresaban su rechazo a la política económica que impulsaba el gobierno al calor del TLC. Los pueblos indígenas barí y u’wa se oponían a la explotación petrolera de sus territorios y este último pueblo reclamaba, además, la titulación de sus tierras como elemento clave para el desarrollo de su cultura de acuerdo con su visión del mundo. Lo mismo hicieron los nasa, guambiano, kankuamo, wiwa, kogui y sikuani enfrentándose al Estado ante la negativa a reconocerles sus derechos al territorio. Era un proceso que fortalecía el movimiento indígena y le consolidaba a nivel organizativo. El pueblo embera, uno de los más numerosos en Colombia con cerca de 100.000 personas, celebró su Congreso Nacional Embera con la asistencia de 3.000 personas provenientes de todos los departamentos del país reclamando, en el caso concreto de los embera chamí y embera katío, la titulación, saneamiento, ampliación y protección de resguardos y a nivel general reafirmando su rechazo absoluto a la modificación de la ley de reforma agraria que planteaba el gobierno.

Eso por la base. En las dirigencias, el gobierno inició un proceso de cooptación que logró buenos resultados, especialmente en la zona amazónica, descabezando algunas organizaciones y logrando que se redujese la presencia indígena en el parlamento e instituciones intermedias como consecuencia del hecho de haber pedido el voto para los partidos que sustentaban al presidente Uribe. Y ello pese a presentar estos partidos candidatos que apoyaban la firma del TLC y los megaproyectos en territorios indígenas en abierta contradicción con los puntos de consenso del movimiento indígena en su conjunto. Uno de esos dirigentes cooptados, awa, resultaría electo en el senado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia y jugaría un destacado papel en la elaboración de leyes agrarias muy lesivas para los intereses indígenas como el Estatuto de Desarrollo Rural.

Desaparecía uno de los sectores más visibles de oposición. Daba la impresión que el gobierno había logrado controlar la disidencia interna y la crítica hacia el TLC cuando surgió un factor con el que no contaba: la oposición del Partido Demócrata de EEUU a que este país ratificase la firma. Dos elementos fueron determinantes para esta decisión, las nulas salvaguardas medioambientales, tal y como habían denunciado los pueblos indígenas, y el asesinato de sindicalistas. En un intento de contentar a los demócratas estadounidenses, Colombia volvió a reformar el texto del TLC sin que, de nuevo, se tuviesen en cuenta las demandas indígenas a pesar de que su postura se había visto refrendada con la declaración de inconstitucionalidad de la ley forestal, entre otras cuestiones por no haberse realizado la consulta previa con ellos como demanda el ordenamiento legal colombiano.

Era necesario entonces un nuevo Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2006-2010, pero apareció con los mismos vicios que el anterior, reforzados. Se expandía la frontera agrícola, se proporcionaba seguridad jurídica ante las reclamaciones a los inversores y se daba carta blanca a la realización de un inventario exhaustivo de las riquezas contenidas en el subsuelo que desembocó en una subasta de títulos mineros (una sola empresa transnacional, Anglo Gold Ashanti, presentó a través de sus filiales colombianas 2.114 solicitudes en 21 departamentos que afectaban a una superficie superior a los cuatro millones de hectáreas)[13] que tocaba de lleno tierras indígenas embera en cuatro departamentos, Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó. En este último departamento, también en tierras del pueblo embera, se aprobaron zonas de exploración petrolífera.

El plan hace una declaración de principios: “este plan no copia el anterior, pero tampoco lo ignora”. Evidente, como el hecho de asentarse en la política de “seguridad democrática” impulsada por el presidente Álvaro Uribe desde el mismo momento de alcanzar la primera magistratura del país: “La seguridad democrática es también una herramienta para generar confianza, inversión y crecimiento. Hay un vínculo entre la seguridad y la cohesión social. La seguridad provee condiciones para la inversión, y esta permite que se alcancen objetivos sociales. La seguridad democrática es, por lo tanto, un medio para la erradicación de la pobreza. La seguridad y las libertades se requieren para que el inversionista tenga confianza. El crecimiento sólo se da cuando hay un respeto firme a los derechos más básicos: la vida, la libertad, la propiedad individual en un ambiente de conveniencia social. Es en este contexto que se da el crecimiento económico necesario para que crezca el empleo, para que crezcan los ingresos laborales y para que crezcan los recursos para la política social. Esto, junto con una política social efectiva, sella la unión entre todos los colombianos, y legitima la seguridad y las libertades públicas”.[14] Obsérvese la referencia a la propiedad individual. Nada por tanto sobre la propiedad comunal y colectiva de las comunidades indígenas aunque en el apartado que les dedica (20 páginas de un total de 740) hay una gama de declaraciones de intención sobre todos los aspectos de la vida societaria. En materia de territorialidad se identifican como “acciones prioritarias” formular un programa nacional de adquisición de tierras y mejoras “con base en los estudios existentes a la fecha” –con lo que ya se invalidaban y anulaban posteriores reivindicaciones- y las solicitudes realizadas por las comunidades, elaborar un estudio de caracterización territorial que sirviese de base para el diseño e implementación del Plan Nacional de Tierras, implementar mecanismos para permitir la solución concertada de los problemas de jurisdicción sobre territorios indígenas con las instancias pertinentes y apoyar el desarrollo de proyectos de conservación, recuperación y uso sostenible de los recursos naturales, ejecutados por los pueblos indígenas.[15] Todo ello, como no podía ser menos, con constantes apelaciones a la coordinación con las organizaciones de los pueblos originarios.

La realidad iba por otro lado. A través de la legislación transversal, de forma principal sobre los recursos naturales, se iban minando los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas porque la política de libre comercio abunda en el efecto de ningunear los reconocimientos constitucionales e internacionales. Además, la justicia constitucional iba relajando la doctrina garantista de los derechos indígenas que elaboró inmediatamente tras la Constitución y las acciones militares de la larga y cruenta guerra civil no parecían sino una baza más del gobierno para avanzar en la agresión contra esos derechos. Tal vez lo más significativo de este ambiente fuese la aprobación del Estatuto de Desarrollo Rural (2007), que suponía el mayor golpe normativo y político que había recibido la población originaria en años. Las organizaciones indígenas lo catalogaron como “hijo de la parapolítica”, por el estrecho vínculo entre políticos y paramilitares puesto que fue tramitado con el aval de congresistas presos o investigados por esos vínculos.

El Estatuto de Desarrollo Rural adecuaba la legislación agraria y la configuración territorial del país a las exigencias del TLC con EEUU, permitía a los latifundios ociosos eludir la extinción de dominio y representaba una auténtica contrarreforma agraria en beneficio de terratenientes y empresarios agrícolas. Incluso la Procuraduría General de la Nación advirtió en su momento que “podría prestarse para el lavado de activos”, en referencia a los paramilitares que se habían hecho con tierras. La única representante indígena en el Congreso, una wayúu, dijo en la votación que con esa ley se legalizaban las tierras adquiridas con escrituras fraudulentas. La ONIC añadió que suponía un atropello a normas y derechos fundamentales para los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente como la libre determinación y el manejo y control de los territorios, así como “un cambio de los usos del suelo”. La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) manifestó su rechazo al estatuto rural por considerarlo “una ley excluyente, marginal, que además perpetuará el gran latifundio mafioso y especulativo, generando de paso un mayor y criminal desplazamiento de miles de pobladores rurales”.[16]

El tema de la legalización de las escrituras fraudulentas que mencionaba la diputada wayúu era el más grave. Consiste en un título, aunque no hubiese sido expedido por ninguna autoridad con potestad para ello, que se considera válido si tiene más de cinco años aunque la tierra haya sido conquistada por medios ilícitos y criminales, algo corriente en Colombia donde la Contraloría Estatal –órgano encargado de examinar la legalidad y corrección de los gastos públicos- reconoció que más de 4 millones de hectáreas fueron ocupadas por estos grupos paramilitares mediante métodos violentos. El escándalo era de tal calibre que el gobierno buscó un cierto aval por parte de los grupos indígenas convocando la Comisión de Territorios Indígenas, pero los representantes abandonaron la reunión al constatar que lo que en realidad se pretendía era una legitimación del Estatuto de Desarrollo Rural. De haberlo hecho, habrían dado carta de naturaleza a una práctica expoliadora puesto que por el contenido del Estatuto los pueblos waunan, embera, eperara, tule y awá veían seriamente amenazados sus derechos; los pueblos nuhkak y yuri, nómadas o seminómadas, tendrían que sedentarizarse o limitar su nomadeo únicamente a las zonas en las que lo han venido haciendo durante años de forma “regular y permanente”, sin tener en cuenta un hipotético cambio territorial por razones de caza, en un proceso similar al ya iniciado por los sikuani y tsiripu, quienes se habían visto obligados a abandonar su tradición nómada para poder constituir un resguardo territorial propio. A todo ello se sumaba la criminalización de las ocupaciones de tierras: “El Ministerio del Interior y de Justicia-Dirección de Etnias, se abstendrá de autorizar, iniciar o subsidiar los procedimientos de negociación directa o de expropiación previstos en esta ley si los predios rurales respectivos, pretenden ser reivindicados o adquiridos por medio de la violencia. Las mejoras adquiridas en esas condiciones, pasarán a ser propiedad de los legítimos dueños de la tierra”.[17]

Los puentes con los pueblos indígenas estaban muy deteriorados, pero se rompieron con una decisión que dejaba bien a las claras las intenciones del gobierno: Colombia se abstuvo en la votación de la ONU sobre la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Fue uno de los 11 países que lo hicieron y a punto estuvo de votar en contra junto a su aliado EEUU. Hasta el último momento procuró, de forma conjunta con EEUU, que no se incluyese en la DDPI el derecho a la libre determinación y planteó modificaciones varias al articulado en cuestiones tan sensibles como tierras, territorios y recursos sin perder de vista el objetivo central de la política del gobierno de Álvaro Uribe, la “seguridad democrática”, de ahí que hiciese casi lo imposible por lograr que no se restringiese la presencia militar en los territorios indígenas. Finalmente, no se atrevió a votar en contra de la DDPI pero los pueblos originarios tomaron buena nota y rompieron todos los “espacios de concertación” con el gobierno que habían sido diseñados por éste en el PND. No tenía ningún sentido hablar con quien les conculcaba derechos y le pusieron una condición para retomar el diálogo: adoptar la DDPI como parte fundamental del ordenamiento jurídico interno de Colombia.

La DDPI fue adoptada por la ONU en septiembre de 2007. Bajo su aval, aunque no hubiese sido votada por Colombia, en diciembre los indígenas iniciaron una campaña de recuperación de tierras en poder de los terratenientes en el departamento del Cauca. Cerca de 10.000 indígenas se dedicaron a recuperar sus tierras ancestrales. La respuesta del Gobierno fue la violencia y la acusación de vínculos con la guerrilla de las FARC-EP. La movilización se extendió a otros departamentos como Tolima y en muchos lugares se impulsaron reclamaciones judiciales por parte de los pueblos embera chamí, wiwa, awá, kankuamo y kogui en contra de actividades económicas a gran escala en sus territorios. Se producía en la práctica una división de las luchas. Mientras en la zona andina se luchaba por la tierra contra los terratenientes en la amazónica se luchaba por la conservación y defensa de los territorios contra los hacendados, madereros y mineros. Al calor de estas movilizaciones la ONIC realizó un congreso de enorme trascendencia: terminó con un llamamiento a la desobediencia legislativa frente a las leyes agrarias que facilitaban aún más la ejecución de megaproyectos del tipo palma aceitera, banano y plátano, con lo que se reforzaba la alianza con los sectores campesinos no indígenas, otro llamamiento a “liberar la madre tierra” y se tomó la iniciativa de iniciar la transformación de la ONIC en un órgano de “gobierno propio” –el Consejo de Gobierno- que trataría directamente con el Estado en igualdad de condiciones, en el marco de una reforma que incluyese la conformación de un parlamento indígena y de un Consejo Nacional de justicia indígena.[18]

Había que dar tiempo para que estas resoluciones de calado llegasen a todas las comunidades indígenas, se habían logrado algunas victorias como que la justicia obligase a la derogación de la ley forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural por inconstitucionales[19] (las dos iniciativas en materia agrícolas más importantes para el gobierno, que elevó aún más el importante enfrentamiento que mantenían el Ejecutivo que presidía Álvaro Uribe y la Corte Constitucional por la “parapolítica”)[20] y más de medio año después volvieron las marchas indígenas con un marcado carácter político: denuncia de la connivencia gubernamental con los paramilitares y el repetitivo asesinato de indígenas, campesinos, afrocolombianos, sindicalistas y jóvenes de los suburbios, algunos de ellos presentados como “falsos positivos”; exigencia de protección de los derechos territoriales de las comunidades vulnerados por las empresas extractivas y agronegocios promocionados por el gobierno, y crítica del neoliberalismo no sólo económico, sino cultural y político. Y tal vez lo más importante: la necesidad de reconstruir moral y democráticamente a Colombia y de formular un nuevo modelo de desarrollo incluyente. De forma significativa, recuperaron el término quichua “minga”, trabajo colectivo, para denominar su movilización. En ella, con un papel protagonista innegable del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), participaron los pueblos nasa-paez, guambiano, coconuco, yanacona y embera, asistieron representaciones a nivel de dirigencias de otros pueblos y a la misma se sumó un importante sector de la población afrocolombiana.

La respuesta del gobierno fue al principio intentar su deslegitimación afirmando el mismo presidente Uribe que “siendo un 3% de la población, poseen el 27% del territorio nacional”, lo que convertía a los indígenas en “los verdaderos terratenientes del país y no los paramilitares”.[21] Una manipulación muy al estilo de otros dirigentes latinoamericanos, por ejemplo en Perú, que también tienen intereses en que se firme un TLC con EEUU. En el caso de Colombia es conocido, y así está referenciado por múltiples instancias de todo tipo que el 90% de esos territorios son las selvas húmedas en el Amazonas; o páramos andinos en el Pacífico (las principales reservas de agua del país, donde nacen los principales ríos), o desiertos como el de la Guajira o tierras agotadas por el sobrepastoreo que le dieron los ganaderos, antes de que los indígenas iniciaran sus luchas para recuperar estas tierras de sus resguardos en la década de 1970.[22] Es decir, en su mayoría es tierra no cultivable. Por ello, los indígenas tampoco se quedaron cortos en la contundencia de su contestación: “El presidente y el ministro de Agricultura manipulan cifras e interpretan diversos hechos de manera distorsionada para que otros sectores y la ciudadanía en general perciban que recibimos privilegios inmerecidos o que, peor aún, somos culpables de sus problemas y dificultades. Esto es falso y no tiene sustento en la realidad. La pobreza y la injusticia social nos afectan a todos y son responsabilidad de las políticas de Estado de las que somos víctimas”.[23]

Se desmontó la campaña gubernamental de deslegitimación y el gobierno recurrió a su gran arma, la criminalización. El presidente Uribe decretó el estado de conmoción interior que faculta al gobierno a adoptar cuantas medidas estime necesarias y proporcionadas, pudiéndose incluso llegar a suspender temporalmente la vigencia de leyes mediante meros decretos. Las acusaciones gubernamentales sobre la “infiltración” de las movilizaciones indígenas por las FARC-EP aumentaron[24] aunque se añadía una preocupación especial por el hecho de que en las movilizaciones se hubiese incluido un rechazo expreso al TLC con EEUU. Pero pese a la represión, con muertos incluidos, el gobierno se vio obligado a retroceder. El 4 de noviembre de 2008 el presidente Uribe ofreció la compra de tierras a indígenas paez y guambiano para solucionar una parte del conflicto (uno de sus orígenes se remontaba a una masacre cometida por el Ejército en 1991, sancionada por una sentencia de la CIDH que ordenaba al Estado a una reparación a la comunidad afectada consistente en la titulación de propiedad de 23.000 hectáreas de las que en el momento de la marcha sólo se habían entregado cerca de 16.000 aunque habían transcurrido dieciséis años de aquello; a estas tierras se refería la oferta presidencial) y la instalación de una mesa de diálogo con representantes indígenas para tomarse en consideración la posibilidad aceptar la DDPI de la ONU. Esta era una de las peticiones de la “minga” indígena junto a la autonomía política en sus territorios, un diálogo sobre el TLC, rechazo a la política de “seguridad democrática” por haber provocado la militarización de sus tierras y el inicio de un proceso de paz con la guerrilla para solucionar un conflicto armado que también les afecta a ellos. El gobierno, que no había tenido en cuenta a los indígenas durante años, mucho menos a la hora de abstenerse en la votación en la ONU, parecía rectificar en su política.

Parecía, puesto que pronto anunció que en la mesa iban a estar expertos propuestos por el gobierno para ajustar la DDPI a “salvedades en tres puntos constitucionales”: el subsuelo (“perteneciente a todos los colombianos y no a ningún grupo étnico particular”), la presencia de la Fuerza Pública (“hay que buscar enlaces constructores de confianza entre las comunidades indígenas y las Fuerzas Armadas de Colombia, en todos los sitios de presencia de las poblaciones indígenas”) y la consulta previa (“el Gobierno Nacional está de acuerdo con las consultas, sin que ellas tengan la posibilidad de veto”).[25] El uso de la expresión “grupo étnico”, recurrente en toda la administración Uribe, quita fuerza al concepto de “pueblo” y, de esta forma, se elimina el derecho a la libre autodeterminación. La mención al Ejército vuelve a poner de relieve el eje central de toda la política, la “seguridad democrática”, con una presencia militar que se considera poco menos que innegociable y permanente. Si la consulta no tiene capacidad de veto ¿para qué sirve? Los pueblos indígenas mencionados a lo largo de esta exposición de país han venido manifestando por activa y por pasiva su rechazo a la política extractivista de los recursos del subsuelo, por lo que la mesa pretendida por el gobierno no tenía otra finalidad que salvar la cara y se quedaba en la mera consulta informativa, un “hemos decidido esto y punto”. Eso de que la consulta tiene que ser “de buena fe”, como recoge el Convenio de la OIT, ratificado por Colombia y por ello obligatorio como norma jurídica interna, no va con el gobierno.

Además, el Ejecutivo presidido por Uribe hacía piña con las grandes empresas agroindustriales que controlan, por poner un ejemplo, 230.000 hectáreas del valle del Cauca que no han sido transferidas a los indígenas, pese a las promesas en ese sentido, y en las que se siembran productos rechazados por ellos como la caña de azúcar para producir biocombustibles. Los agroempresarios y el gobierno aducen que estas tierras se vuelven improductivas porque los indígenas no las hacen trabajar al ritmo de las grandes empresas modernas sin tener en cuenta la cosmovisión, el que por tradición y visión del mundo, el manejo de la tierra por los indígenas es muy diferente a los pretendidamente usos “modernos” y capitalistas. Un comentario publicado en el periódico de más prestigio en Colombia dice todo de un pensamiento que no es individual, del firmante, sino representante de un colectivo, el criollo-oligárquico en ese país y en el resto del continente que habla del pensamiento racista y supremacista en el que se sustenta el rechazo a las reclamaciones y reivindicaciones indígenas: “La exigencia de más tierra para ellos es una locura. Hablemos sin eufemismo, pero los indígenas por lo que menos se caracterizan es por ser trabajadores. Así, algunos pretendan descalificar estas palabras, los nativos colombianos desde la época de la conquista han demostrado no gustarle mucho el trabajo, de ahí, que los españoles se vieron abocados a traer esclavos de África. Por lo tanto, la entrega de tierra es contraproducente. Ellos, entienden en su ‘malicia indígena’ que si el Estado colombiano les entrega tierras cada vez que protesten, lo más seguro es que al paso que vamos ni siquiera Bogotá va hacer suficiente en el futuro para satisfacerlos”.[26]

Mientras los medios de comunicación hacían lo posible por denigrar los objetivos de la “minga” indígena el gobierno se embarcaba en costosas campañas publicitarias sobre el número de tierras entregadas, extensión, reconocimiento de derechos, protección social y bondades de un TLC que era, en cualquier caso, “innegociable”.[27] Sin embargo, todos esos esfuerzos ya no lograban evitar que las críticas le llegasen desde todos los lados. Colombia se encontraba ante la espada y la pared a nivel interno e internacional. En el plano interno, el mes de enero de 2009 la Corte Constitucional emitió un fallo revolucionario sobre varios aspectos cruciales para los indígenas: el peligro de exterminio físico o cultural como consecuencia del conflicto armado interno; procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado, directos o indirectos; el interés de los actores no indígenas sobre la tierra indígena, derivado de factores como los recursos naturales, su valor militarmente estratégico, su valor económico o la distancia de centros urbanos por unas partes interesadas “que pueden ser actores armados o no armados, legales e ilegales, y a menudo se entrelazan”, y el desplazamiento forzado.

La Corte Constitucional entendía que se había producido “una violación severa y simultánea de múltiples disposiciones constitucionales, que afectan tanto los derechos fundamentales individuales de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado, como los derechos fundamentales colectivos de estas etnias” y que ello implicaba, así mismo, “un incumplimiento grave de los deberes de prevención y protección del Estado colombiano, y activa obligaciones de actuación inmediata en los ámbitos preventivo y de atención”[28]. El fallo repasaba todos los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución y llegaba a la conclusión que se habían violado casi todos ellos, por lo que ordenaba (sic) a los organismos responsables del gobierno el diseño e implementación de un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Por el Desplazamiento en que se deberían aplicar los parámetros constitucionales de participación de las organizaciones que abogan por los derechos de los pueblos indígenas, así como de líderes de los pueblos originarios más afectados por el desplazamiento y, junto con ello y de forma coordinada, “unos planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno de los pueblos identificados en la presente providencia: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoye, Sikuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa y Kuiva”. En total, 34 pueblos de los 84 reconocidos oficialmente en Colombia. La política de la administración Uribe respecto a los pueblos originarios quedaba por los suelos. Lo relevante no sólo era la sentencia en sí, sino el hecho de haber tenido como referente para su elaboración toda la documentación aportada por la ONIC. En ella se recoge, por ejemplo, que de 2002 a 2009 –etapa de Álvaro Uribe en la presidencia del país- habían sido asesinados en Colombia 1.032 indígenas.[29]

En el ámbito internacional las cosas no le iban mucho mejor, por lo que no tuvo más remedio que anunciar su adhesión, con matices, a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Fue en mayo de 2009 en el marco del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Su representante dijo que el gobierno había enviado una nota al Secretario General de las Naciones Unidas expresándole el apoyo de Colombia “a los derechos afirmativos y especiales de los pueblos indígenas, a la promoción de la libre determinación y al respeto del pluralismo y de la diversidad étnica y cultural”, razón por lo cual expresaba “su apoyo unilateral a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a su espíritu y a los principios que inspiran su contenido” no sin reiterar que lo hacía “a pesar de que esta Declaración no es una norma jurídicamente vinculante para el Estado, ni constituye prueba alguna de la conformación de disposiciones de naturaleza convencional o consuetudinaria vinculantes para Colombia, se encontró que algunos aspectos de esta Declaración entran en franca contradicción con el orden jurídico interno colombiano, lo cual llevó al Estado colombiano a abstenerse de votarla[30]. Lo dicho, aceptaba la DDPI con matices y a regañadientes.

Colombia intentaba curarse en salud ante la anunciada visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, dos meses más tarde. Pero al gobierno no le salió muy bien la jugada puesto que el Relator no sólo ratificó punto por punto un informe anterior de 2004, afirmando con rotundidad que “la situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante”, sino que añadía que esa evaluación [del informe de 2004] sigue siendo aplicable hoy, a pesar de algunas iniciativas importantes del Gobierno de Colombia durante los últimos años”.[31] Esto lo dijo en el país, antes de retornar a la ONU y ponerse a elaborar el informe final, que sólo estaría listo un año más tarde. Aprovechando esta visita del Relator Especial, el Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que la situación en Colombia es “grave, crítica, dramática y profundamente preocupante y no hay suficiente conciencia en la sociedad sobre la tragedia que afecta a estos pueblos originarios”.[32]

El presidente Uribe se había amparado hasta ese momento en su alta popularidad entre la población –en lo que ha tenido mucho que ver el papel jugado por los medios de comunicación- para arremeter contra las propuestas indígenas, negras y campesinas y todo aquello que se mostrase crítico con su política neoliberal y de “seguridad democrática”. Pero el año 2009 fue el comienzo del fin de toda una carrera política basada en el desprecio hacia el crítico y adversario político. El escándalo de los llamados “falsos positivos”, los casos de corrupción y prácticas clientelistas dentro de los diferentes estamentos del Estado con implicación directa de dos hijos del presidente, el aumento del paro debido al estancamiento de la economía, la quiebra del sistema de salud, la agresiva política exterior hacia Venezuela y Ecuador y la instalación de bases militares de EEUU en territorio colombiano hicieron que se terminara la luna de miel con la opinión pública e, incluso, estamentos políticos e institucionales que no solo le habían apoyado sino adulado.

Los más críticos resultaron ser los jueces. Un sector de ellos, al menos. No sólo por fallos como los de la Corte Constitucional contra algunas de sus leyes, verdaderos “buques insignia” de la política de la Administración Uribe cuando fueron aprobadas, sino los de la Corte Suprema de Justicia al intentar limpiar el aparato del Estado de relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo vinculando a políticos con todo ello y acusándoles de “crímenes contra la humanidad”. También algunos jueces de departamentos, como en Chocó, donde su Tribunal Administrativo ordenó que once empresas agrícolas y ganaderas devolviesen a las comunidades negras las tierras que habían usurpado por medios violentos. Por el contrario, seguía habiendo jueces que reinterpretaban aspectos constitucionales, como la exención del servicio militar para los indígenas, en los que se apoya el Ejército para establecer programas como la red de informantes, los soldados campesinos y los “soldados por un día” para niños, niñas y jóvenes –calificados como “programas con carácter voluntario” por el Ministerio de Defensa y que son parte fundamental de la política de defensa y “seguridad democrática”- que luego provocan represalias por parte de la guerrilla.

Amparados por esa actitud crítica de un sector de los jueces, los pueblos indígenas volvieron a movilizarse en contra de la política agraria del gobierno, ahora favoreciendo la plantación de agrocombustibles. Una nueva “minga” indígena en la que ya se incluían de forma abierta y decidida campesinos negros y mestizos abogando por un orden económico, jurídico y político muy diferente del existente en Colombia y en la que se ofrecían cifras sobre la pobreza estructural de la sociedad colombiana (54% de media nacional, en el caso de los indígenas el 63% y prácticamente la mitad de la población indígena sin posibilidad de cubrir sus necesidades alimenticias mínimas diarias), inaccesibilidad a los servicios de salud (14’7% a nivel nacional, en el caso de los indígenas el 32’4%) y analfabetismo (7’9%, en el caso de los indígenas el 17’7%) que reflejaban una realidad social muy diferente a la recogida en las estadísticas oficiales.[33]

Resultaron ser, además, unas cifras conservadoras. El Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de las Poblaciones Indígenas hizo público en enero de 2010 el informe de la visita reseñada más arriba.[34] Por no abundar en los detalles, reflejaba que en temas como la mortalidad materna si la media en Colombia era del 73’1 de muertes por cada 100.000 nacidos vivos en el caso de los indígenas las cifras oscilaban entre el 125’9 del Cauca, el nivel más bajo, y el 386 de Guainía, el más alto, similitudes que se mantenían en la mortalidad infantil (15’6 de cada 1.000 nacidos vivos a nivel nacional, 21’2 en Cauca y 40’5 en Guanía). El Relator reconocía los esfuerzos del gobierno en algunos aspectos sociales y su disposición a reconocer los derechos de los indígenas, pero indicaba que ello no se llevaba a cabo con la urgencia que requería la situación. Recomendaba avanzar en la adopción de políticas públicas y leyes centrales y adecuadas para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, “incluida una ley sobre los procedimientos de consulta, con la participación plena y efectiva de las autoridades y representantes indígenas”, en un proceso que debería ser “compatible con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas”; urgía al Estado a buscar una salida negociada al conflicto armado con inclusión de la sociedad civil “y en especial a las autoridades indígenas, para la construcción de una paz verdadera y duradera en Colombia”, y a adoptar todas las medidas necesarias “de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos”, para investigar seriamente las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. A la guerrilla le reclamaba abstenerse de reclutar niñas y niños indígenas en actividades relacionadas con las hostilidades por considerarlo “una grave violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario” y a la Fuerza Pública le pedía respetar la autonomía de los pueblos indígenas y concertar con las autoridades indígenas “las condiciones de cualquier presencia necesaria dentro sus territorios, de conformidad con el artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”. En lo referente a la tierra, el Relator consideraba que el Estado debía “aclarar con prontitud” las competencias de las autoridades en los procesos legales sobre resguardos para garantizar el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los territorios indígenas y “armonizar la política pública de desarrollo económico del país, en especial en lo que se refiere a los ‘megaproyectos’ relativos a la extracción de recursos o infraestructura, con los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas” siguiendo la línea marcada por la Corte Constitucional sobre la consulta previa en este y otros aspectos.

Lo mismo, aunque de un modo más drástico, solicitó la OIT en su informe de revisión sobre el cumplimiento del Convenio 169: “suspender inmediatamente la implementación de proyectos que afectan a las comunidades indígenas y afrodescendientes hasta que no cese toda intimidación en contra de las comunidades afectadas y sus miembros y se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza”.[35]

Las críticas, a pesar del alto nivel de dónde provenían y la contundencia de las mismas, no hacían mucha mella en el gobierno, empeñado en su política económica neoliberal, el TLC y lo que fuese hasta el extremo de retorcer la sentencia de la Corte Constitucional sobre el derecho indígena a la consulta previa. El gobierno decía que consultaba con las comunidades indígenas. Es cierto, había consulta, sí, pero con “indígenas no representativos de las comunidades y por procedimientos que no garantizaron un consentimiento previo, libre e informado”, según volvió a sentenciar la Corte ante una práctica común del gobierno sobre las actividades extractivas. La Corte declaró nulas las consultas realizadas en estas condiciones, disponía la suspensión de las actividades empresariales realizadas con esta cobertura ilegal y ordenaba “a todas las autoridades” el cumplimiento de la sentencia, de forma especial en la explotación y exploración de cobre, oro, molibdeno y otros minerales que se realizaban en los departamentos de Antioquia y Chocó.[36] El hecho de que hubiese sido el Ministerio del Interior y Justicia quien hubiese organizado esas consultas daba un relieve especial a cómo se interpreta toda la cuestión económica y al papel determinante que tiene el aparato militar a la hora de imponer acuerdos que, de hecho, facilitan la presencia invasora de las empresas extractivas. La Corte lo mencionaba, y ordenaba (sic) “al Ministerio de Defensa Nacional que analice objetivamente y subsane las razones por las cuales las comunidades indígenas y afrodescendientes que ancestralmente habitan en la región irrigada por los ríos Jiguamiandó, Uradá y Murindó, no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad”.

En esta situación es en la que en el momento de escribir este libro se está produciendo en Colombia el relevo presidencial. Las elecciones fueron ganadas por quien fuese ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, lo que no ofrece buenas perspectivas a la hora de un cambio significativo en la política impulsada por su predecesor en lo referente a los pueblos indígenas. Antes de producirse el relevo se aprobó una directiva presidencial sobre la consulta previa calificada como “un ejemplo mundial” para su discusión en el Congreso que fue recibida por los indígenas con escepticismo, de una parte, y abierto rechazo, de otra, al considerar que se vuelven a desconocer los estándares internacionales sobre la consulta previa. Cómo aborde el nuevo presidente y su gobierno este tema será un indicativo muy visible sobre si hay un cambio de rumbo voluntario, no obligado por instancias internacionales o por movilizaciones indígenas, o se mantiene la cerrazón respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en Colombia.

[1] Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Colombia una nación multicultural, su diversidad étnica. Mayo de 2007. http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf

[2]Víctor Manuel Moncayo.  “El Régimen Territorial en la Constitución de 1991” en el número 8 de “Política”, Universidad Nacional de Colombia, diciembre 1991.

[3]Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.  “Derechos Humanos, Reflexión y Acción 3”,  Bogotá, septiembre 1991.

[5] Decreto 710 de 1990. Diario Oficial No. 39.270, del 1 de abril de 1990. Reglamentación parcial del Código de Minas.

[6] El Espectador, 6 de enero de 1999.

[7] Ibid.

[8] Alberto Cruz, “El dilema de la paz: renuncia a las armas o reformas estructurales” en “Colombia ante los retos del siglo XXI. Desarrollo, democracia y paz”, Manuel Alcántara Sáez y Juan Manuel Ibeas Miguel (ed.). Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca 2001.

[9] Ibid.

[13] Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia (2006-2008). Segunda audiencia. Medellín, 10-11 de noviembre de 2006.

[15] Ibid.

[18] VII Congreso de la ONIC. Diciembre 18-22 de 2007. http://www.onic.org

[20] La “parapolítica” es la conexión entre legisladores y políticos con paramilitares. La justicia comenzó a investigar esta relación y halló vínculos en 70 congresistas, en su mayoría vinculados al partido del presidente o a organizaciones que lo apoyan. 29 de ellos fueron encarcelados.

[22] Ibid.

[24] El Espectador, 15 de octubre de 2008. http://www.elespectador.com/node/84029/

[29] Ibid. El asesinato de indígenas por parte de los sectores armados en Colombia, bien sea del Ejército, paramilitares o guerrilla no se ha incluido en este libro puesto que es de tal envergadura que por sí solo habría necesitado no ya el espacio que se dedica a este país, sino un libro entero. No obstante, de ello hay referencias sobradas y extensas que se pueden consultar en las mismas páginas web de las diferentes organizaciones indígenas colombianas, de organizaciones de derechos humanos o de la propia ONU, incluida su Misión en Colombia cuya página web recoge uno de los últimos informes sobre ejecuciones sumarias y extrajudiciales http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=i1-----&s=n&x=58590. También se han dejado de lado, por las mismas razones, las referencias al Plan Colombia, pese a ser un instrumento fundamental en el desarrollo de toda la política económica y de “seguridad democrática” en la que se sustenta. Tampoco se aborda el asesinato de sindicalistas, la cuestión del narcotráfico y el cultivo de sustancias ilegales o la macabra política oficial de los llamados “falsos positivos” por lo mismo. Sobre los “falsos positivos” se puede ver el documento secreto del Ministerio de Defensa que los ponía en práctica en http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/DIRECTIVA_MINISTERIAL_COLOMBIA.pdf

[30] Bartolomé Clavero, “Colombia comprometida (por su propio gobierno doblemente”, Alai, 22 de mayo de 2009 http://alainet.org/active/30503

[33] Autoridad Nacional de Gobierno Indígena. ONIC. Agosto de 2009. http://www.onic.org.co/

[34] Consejo de Derechos Humanos, 15º período de sesiones. La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior. A/HRC/15/34. 8 de enero de 2010.

[35] OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Colombia.

COSTA RICA

La población total era de 3.810.179 habitantes en el año 2000, según el censo -el próximo será el 2011- que incluía por ver primera a los indígenas. Las cifras aportadas entonces fueron de 63.876 personas pertenecientes a 8 pueblos (bríbri, brunca, cabécar, chorotega, guaymí-ngobe, huetar, maleku-guatuso, y teribe-térraba) que se distribuyen en 22 territorios reconocidos legal y administrativamente.[1] Aquí vive el 42’3% de los indígenas y el resto en otras partes de Costa Rica aunque el censo establece que aproximadamente otro 37% vive en los cantones -organización territorial de ámbito municipal- aledaños de estos territorios como consecuencia que estas tierras están ubicadas en su mayoría en las zonas más alejadas e inhóspitas del país aunque, como se verá, cuentan con la mayor riqueza de biodiversidad de Costa Rica. Un aspecto que llama la atención en un primer momento es el hecho de que dentro de los territorios habiten no indígenas (en un porcentaje total del 18%), lo cual puede deberse, por una parte, a que no se reconocen como indígenas como consecuencia de una pérdida de la tradición cultural y de la política seguida desde la colonia de “desindianización” y por otra, a la inmigración de pobladores de otras zonas del país. Se da la circunstancia que en siete de los territorios reconocidos hay más habitantes de estas características (en porcentajes que oscilan entre el 52% y el 88%) que quien se reconoce como indígena. Los pueblos bribri y cabécar son los más numerosos, con dos terceras partes del total, mientras que el más frágil es el chorotega, con 995 personas.

Costa Rica fue uno de los primeros países centroamericanos en incluir los derechos indígenas en su ordenamiento legal. Ya en 1939 se declaró área “inalienable y exclusiva” la tierra ocupada por los indígenas y en 1959 adquirieron un rango superior al de la ley al adoptar Costa Rica el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo. En 1973 se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), en 1977 se promulga una Ley Indígena y en 1992 se ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Pero toda esta normativa no les ha servido a los pueblos originarios para salir de la exclusión social y así lo reconoce el mismo censo. Salud, educación, agua potable, electricidad, comunicación, transporte, telecomunicaciones… cualquier variable de calidad de vida que se tome es desfavorable a los indígenas comparados con el resto de la población e incluso entre ellos mismos dependiendo de si se vive dentro o fuera de los territorios, de ahí esa referencia importante a que el 37% de los indígenas vive no dentro de ellos, sino en las cercanías. No renuncian a vivir en sus tierras pero las condiciones en las que se desarrolla su existencia les hacen alejarse así sea unos cuantos kilómetros. Por dar algunos datos: la escolaridad media de los niños no indígenas es de 7’6 años mientras que la de los niños indígenas se reduce más de la mitad, a los 3’4 años; se cataloga como “en buen estado” el 27% de las viviendas (48% en los aledaños de los territorios, 65% en el resto del país); el 46’5% posee agua en la vivienda proveniente de un sistema de acueducto, el 38% electricidad (90% en el resto del país en ambos). Según el censo, sólo el 7’6% de los indígenas manifiesta tener sus necesidades básicas satisfechas, mientras que es el 60’4% quien afirma lo mismo en el resto de Costa Rica.[2]

Este país no se diferencia de la realidad del continente: existen instrumentos jurídicos que viabilizan la tutela de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, lo que no existe es la voluntad política de las autoridades legislativas y ejecutivas de aplicarlos. El primero de ellos, el relativo a la tierra. Eso es algo que viene desde el mismo momento en que se declaró “inalienable y exclusiva” para los indígenas (1939) pero pese a ello se ofreció a colonos no indígenas provocando la situación actual reseñada más arriba y que se mantiene sin que el sistema jurídico, no ya el legislativo, haya apenas emitido un par de resoluciones al respecto puesto que hay casos confirmados en los que esos pobladores no indígenas adquirieron tierras por medio de engaños cuando no por la fuerza.[3] En la poca jurisprudencia al respecto se distingue con claridad entre “las personas no indígenas poseedores de buena fe” y “personas no indígenas sin derecho de posesión” que, todavía, se mantienen en ellas. El caso de los primeros es comprendido por los indígenas, el de los segundos no.

Ese año 2000 las organizaciones indígenas enviaron un documento al gobierno recordatorio de los casos pendientes de demarcaciones de tierras, exigiendo una ley de biodiversidad que protegiese sus territorios de la explotación masiva de los recursos naturales en ellos existentes y recordando el derecho de consulta previa al que, según la legislación internacional, está obligado el gobierno en estos casos ligándolo con una reivindicación permanente: la autonomía de sus territorios que venían reclamando desde 1992, una vez había adoptado Costa Rica el Convenio 169 de la OIT. Los pueblos indígenas solicitaban la adopción de nuevas normas jurídicas y directrices gubernamentales “en el sentido de asegurar que se promuevan actividades empresariales y comerciales en nuestros territorios caracterizadas por el derecho de los indígenas a decidir nuestras propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, cuando estas afecten nuestras vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupamos”.[4]

No lo decían porque sí. Una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema les había dado la razón en un conflicto con una empresa hidrocarburífera y el Ministerio de Medio Ambiente por tres concesiones efectuadas sin realizar la consulta previa. Amparándose en la falta de normas, el gobierno no había exigido la paralización de las exploraciones en marcha a raíz de la resolución judicial. Desde el momento en que Costa Rica se adhirió al Convenio 169 de la OIT el Parlamento venía discutiendo un proyecto de ley denominado Desarrollo Autónomo de los Indígenas sin que se hubiese avanzado en dirección alguna. Cuestiones técnicas –sobre si tenía que ser urgente u ordinaria su tramitación- y políticas –el nulo interés de los partidos en desarrollar los derechos indígenas- mantenían paralizada su tramitación ocho años después.

Otros cuatro años más tarde, en el 2004, las organizaciones indígenas elaboraron un extenso dossier en el que con el expresivo título de “La CONAI: La Expresión Colonial para los Indígenas en la Costa Rica del Siglo XXI”[5] se identificaba a uno de los principales responsables de sus males y exigiendo a los poderes públicos su desaparición al tiempo que una modernización de los aparatos administrativos y un plan consensuado de todas las entidades gubernamentales que mantenían relaciones o tenían planes con los indígenas.

No tuvo el menor efecto. El parlamento siguió ausente y tuvo que ser de nuevo la Sala Constitucional quien decretase la inconstitucionalidad de la jurisprudencia agraria que exigía la participación de la CONAI en todo proceso de reclamo de tierras que activaran las organizaciones y comunidades indígenas. Una entidad gubernamental, con la aparente misión de defender los intereses de los pueblos originarios, se había acabado convirtiendo en la mano visible del Estado para controlar esos mismos intereses impidiendo el ejercicio de la autonomía indígena. En realidad, sustituía a los pueblos y comunidades indígenas y se consideraba a sí misma, y también lo hacía el Estado, como la “propietaria” de esas reivindicaciones. La Sala Constitucional emitía una sentencia de muerte para la CONAI, pero el Estado no iba a ejecutarla. Tuvo que pasar otro lustro casi, hasta 2008 y con los indígenas convertidos en lo que alguien ha denominado “una comunidad invisible”,[6] para que el Parlamento retomase para su discusión el proyecto de ley de Desarrollo Autónomo con un eje central en el debate, la desaparición de la CONAI y de las Asociaciones de Desarrollo que representan a las comunidades indígenas y que son vistas por ellos como estructuras paraestatales que sustituyen a las formas legítimas de gobierno indígena.

La CONAI se ha mantenido durante más de 30 años como “entidad representativa” de los pueblos originarios en contra del criterio de éstos y con apoyo político y gubernamental lo que ha permitido “mantener con ello a un pequeño grupo de funcionarios de dicha institución que se manejan a su antojo, sin respeto y acatamiento de los controles jurídicos establecidos, tales como las asambleas y la elección de los miembros de la Junta Directiva”[7] y que en numerosas ocasiones ha impuesto a las comunidades indígenas cuáles debían ser los límites de sus territorios y cómo tenían que explotarlos. No sólo ni únicamente eso. La CONAI ha establecido como norma, en contra de lo establecido en la propia jurisprudencia, como se ha dicho, que las tierras que no están tituladas como indígenas –por ejemplo, las que tienen como propietarios a los no indígenas auque las hayan adquirido de mala fe y no tengan, por lo tanto, derecho a ellas- no pueden regirse por los criterios relativos a los derechos indígenas, sino a lo que establezca el Instituto de Tierras y Colonización. Con ello lo que hacía era abrir la puerta de entrada a los proyectos extractivos, tan de moda en todo el continente en los últimos años, y evadir el requisito de consulta previa para explotar los recursos naturales en territorios indígenas.

Las Asociaciones de Desarrollo, integradas formalmente por indígenas, se han convertido en el sustituto de las autoridades comunitarias indígenas puesto que es con aquellas y no con éstas con quien el Estado mantiene relaciones y las ha convertido en el titular registral de las tierras. Así pues tienen potestad para decidir qué se explota y qué no, pero siempre teniendo como premisa que el subsuelo pertenece “en exclusiva” al Estado. Adiós a una autonomía que no tienen, pero que reivindican los pueblos indígenas apelando tanto al Convenio 169 de la OIT como a lo establecido por la Sala Constitucional. Esto significaba, entre otras cosas, que el gobierno de Costa Rica podía negociar a su antojo el TLC con EEUU (el nombre oficial es Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos) que en uno de sus artículos más controvertidos establecía la posibilidad de obtener “derechos de fitomejorador” sobre géneros y especies vegetales como derechos de propiedad intelectual, lo que afectaba directamente al derecho sobre el conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas y semillas y especies que utilizan para el cultivo, alimentación y medicina.

El TLC era un peligro evidente y las organizaciones indígenas, agrupadas en la Mesa Nacional Indígena, decidieron dejar de ser una “comunidad invisible” recurriendo al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en 2007 con una demanda al Estado de Costa Rica por su política incoherente con la realidad de los pueblos indígenas y por mantener en sus programas la intención de integrarles a un proceso de desarrollo ajeno a sus realidades e irrespetuoso con sus derechos y cosmovisiones. Denunciaban, en concreto, a la CONAI por sus políticas “de gran daño a los pueblos indígenas” y por obstruir todas las estrategias que estos pueblos han desarrollado para alcanzar su autonomía. Por ello reclamaban al CEDR que instase a Costa Rica a mostrar “su compromiso con los derechos humanos proclamados en conferencias y eventos internacionales” y aprobase “el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los pueblos indígenas, iniciativa que vendría a instrumentalizar el Convenio 169 de la OIT y a la vez que se pondría a tono con los instrumentos de derechos humanos internacionales y la jurisprudencia internacional en materia indígena”.[8]

Obviamente, el país que se considera a sí mismo como el más democrático de Centroamérica y casi del continente latinoamericano estaba obligado a responder y es la razón por la que se descongeló el proyecto que dormía el sueño de los justos desde el año 2000, justificándose diciendo que había sido discutido y consensuado con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Cierto, pero entonces el retraso no ya es sólo injustificable, sino claramente lesivo para sus derechos tal y como ellos mantenían. En caso de aprobarse, los indígenas obtendrían el derecho a la propiedad de sus territorios y sobre los sitios históricos, ceremoniales y de interés cultural de cada pueblo, además de potestad para el autogobierno, establecer su sistema educativo y planes de desarrollo comunitario en los que decidir si se explotan o no los recursos naturales existentes en su territorio y, en caso de aceptar, en qué forma puesto que entonces se habría aplicado otro principio que reivindicaban con insistencia, la consulta previa.

Por ello el gobierno aceleró toda una batería de leyes que iban a dificultar ese ejercicio de la autonomía. Una de ellas la Ley de Biodiversidad, que permite a las transnacionales patentar y apropiarse de “las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas o culturales en dominio publico”,[9] es decir, del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y campesinas sobre los usos de la biodiversidad. La Sala Constitucional volvió a tumbar el proyecto legislativo por incumplir el precepto de la consulta previa. Ello ponía en entredicho la misma firma del TLC, por lo que el gobierno, empresarios y partidarios del TLC utilizaron todos los medios a su alcance para presionar intentando revertir la decisión judicial con el curioso argumento que “Costa Rica no podría cumplir con los plazos [de aprobación del TLC] que se comprometió a respetar” y prometiendo “hacer todo lo posible y lo que esté a su alcance para que no se afecte la efectiva incorporación de Costa Rica al TLC, que otorgará oportunidades de mayor inversión, aumento de las exportaciones y creación de más y mejores fuentes de empleo”.[10] Por ello, ni corto ni perezoso, el gobierno planteó eliminar el requisito de la consulta previa en esa ley y así “agilizar” la aprobación del TLC,[11] que hizo en octubre de ese año 2008.

En su respuesta al CERD el gobierno no decía todo esto ni que incumplía las sentencias de su propia Sala Constitucional en lo que a los derechos de los pueblos indígenas se refiere. Por el contrario, se miraba al ombligo afirmando que “históricamente, Costa Rica se ha distinguido en la comunidad internacional por su profunda vocación de respeto, protección, observancia y promoción de los derechos humanos, de manera que su vigencia efectiva y plena realización constituyen el eje central de sus políticas nacionales y hacia el exterior”. Sin el menor rubor insistía en que el esfuerzo internacional que realiza se corresponde con “una práctica interna del Estado costarricense de ampliar la gama de derechos reconocidos, a la vez que construye mecanismos de tutela y exigibilidad, con amplio acceso para la población” entre la que están, lógicamente, los indígenas y se vanagloriaba de haber impedido el archivo del trámite de ley de Desarrollo Autónomo otorgando una “prórroga cuatrienal 2009-2014” para que pudiese ser aprobado.[12] Es decir, que un año más tarde aún se seguía discutiendo su articulado y el gobierno ¡después de casi 20 años! fijaba una hipotética fecha de aprobación en el 2014.

El racismo latente en la sociedad costarricense, los intereses políticos vinculados a los económicos volvían a retrasar una ley beneficiosa para los indígenas y lesiva para esos intereses. El mes de septiembre de ese año 2009 se devolvió a la comisión “para que se corrija un error involuntario que estaría afectando presupuestos de la Universidad de Costa Rica”.[13] Argucia legal para tapar unos intereses económicos directamente vinculados con el partido en el gobierno en la construcción de un gran megaproyecto hidroeléctrico denominado “Proyecto Diquís”, el más grande de América Central. Costa Rica, el país en el que está la sede central de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les burlaba con alevosía sin que ese organismo internacional le dedicase un solo informe periódico ante un hecho tan flagrante de violación de los derechos indígenas.

De nada habían servido requerimientos a favor de la ley como el de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, una instancia oficial del gobierno, reclamando su aprobación en estos términos: “Como toda ley puede ser perfectible, pero ello no debe continuar siendo obstáculo para no aprobarlo. Como es sabido los pueblos indígenas viven en niveles de pobreza mucho más altos que el resto de la población; esa situación se manifiesta en la carencia de recursos económicos, en la falta de acceso a la tierra y en la dificultad de acceso a los servicios públicos. Es precisamente por esto que la nueva legislación podría constituirse en una oportunidad para que el Estado costarricense planifique y desarrolle acciones concretas para la superación de la pobreza en los pueblos indígenas. Por tales razones, la Defensoría de los Habitantes insta respetuosamente a las señoras y señores diputados/as a aprobar la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas para darle vigencia a los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente en el Convenio 169”.[14] Y tampoco habían servido las apelaciones de la OIT[15] reclamando la adopción de la ley y solicitando “información detallada” sobre la manera en que se regulan las cuestiones indígenas, “en particular la cuestión de las tierras reivindicadas por indígenas y en posesión o propiedad de personas no indígenas”.

Así que los pueblos originarios no han tenido más remedio que recurrir a la movilización. El año 2010 ha comenzado con varias protestas, la más sonada al iniciar un encierro en el Parlamento con el apoyo de algunos de los diputados, siendo desalojados prácticamente de inmediato. La razón es la misma a lo largo del tiempo: el estatuto de autonomía. Como dicen los indígenas en su comunicado[16] “no fueron capaces de darnos respuesta oral o escrita, afirmativa o negativa sobre este Proyecto que tiene 17 años de transitar por los corrillos legislativos”. Así siguen.

[2] Ibid.

[3] Rubén Chacón Castro, “Pueblos Indígenas de Costa Rica: 10 años de Jurisprudencia Constitucional 1989-1999”. OIT. http://portal.oit.or.cr/dmdocuments/Indigenas/10anjuris.pdf

[7] Rubén Chacón Castro. Op. cit.

[12] Consejo de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Sexto período de sesiones Ginebra, 30 de noviembre-11 de diciembre 2009. Informe nacional presentado por Costa Rica. A/HRC/WG.6/6/CRI/1.

[15] OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Costa Rica.

[16]Desalojo violento de indígenas: Hecho sin precedentes en la Asamblea Legislativa. Comunicado de los Delegados Indígenas de Costa Rica. http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=50205

ECUADOR

La población total es de 14.224,175 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística y Censos,[1] caracterizándose el país por su gran diversidad étnica, lingüística y ambiental. Existen 13 lenguas reconocidas oficialmente en la Constitución de 2008 que pueden ser utilizadas respectivamente por cada una de las nacionalidades o pueblos indígenas gracias al mandato constitucional, que establece: “el Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la Ley”. Las nacionalidades también son 13 (achuar, andoa, awa, a’i-cofan, chachi, epera, huaorani, quichua, secoya, shuar, siona, tsa’chila, shiwiar y zápara), de las que ocho residen en la Amazonía, cuatro en la región Costa y una en la región Sierra.

Los quichua son los más numerosos y los más extendidos en todo el territorio ecuatoriano al ocupar casi toda la región Sierra y parte de la Amazonía. Además, para el gobierno hay una serie de pueblos que siendo quichuas tienen diferentes nombres, por lo que les engloba dentro de esta nacionalidad, concepto que es entendido como “pueblo o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales, tienen una común identidad histórica, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado, mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia”[2] mientras que los pueblos son “colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organización social, económico, político y legal”.[3] El número de éstos es de 16 (cañari, caranqui, cayambi, chibuleo, huancavilca, manta, natabuela, otavalo, panzaleo, puruhá, quichuas de la Amazonía, quitu cara, salasaca, saraguro y waranka) entre los que se incluye a los afroecuatorianos. Tanto las nacionalidades como los pueblos se aglutinan en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales que representan a más de 1’5 millones de habitantes.

Hay que subrayar que en los límites del Parque Nacional Yasuní, declarado por la UNESCO reserva de la biosfera y recientemente preservado gracias a la firma de un fideicomiso entre el gobierno y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en virtud del cual no se extraerá petróleo del mismo si se otorga a Ecuador al menos la mitad de las divisas que generaría la extracción y comercialización del petróleo existente en este parque –estimadas en unos 4.700 millones de euros-, viven al menos dos pueblos en aislamiento voluntario de la llamada “civilización”: los tagaeri y los taromenane. Mientras se cree que los primeros son muy pocos y en vías de extinción, para los segundos se estima en varias decenas su número de componentes. Hay quien eleva el número hasta las 400 personas entre los dos pueblos. Es posible que exista otro pueblo más en esta condición, sin identificar plenamente, que podría pertenecer a la nacionalidad huaorani, como lo son también los tagaeri y los taromenane, y se supone que es un pueblo nómada que se mueve entre las selvas de Ecuador y Perú, pudiendo recalar también de forma temporal en el Yasuní.

La importancia de esta preservación del Yasuní tiene que ver, en primer lugar, con la presencia de estos pueblos indígenas voluntariamente “aislados” que han decidido permanecer sin contacto con otros grupos humanos y huyendo de madereros, petroleros y mineros y que llegan hasta el extremo de matar por defender su territorio, como ocurrió en agosto de 2009 cuando una mujer y dos niños que se habían aventurado en territorio de los taromenane aparecieron muertos. Una acción de este tipo pone de manifiesto el grado de presión a que se han visto sometidos estos pueblos aislados al llegar a romper sus propias lógicas y patrones culturales puesto que para ellos las mujeres y los niños son sagrados. En segundo lugar, tiene que ver con el hecho de que el Yasuní que cuenta con una de las mayores reservas de biodiversidad genética del planeta: más de 2.200 especies de árboles y arbustos, 567 especies de aves, 173 de mamíferos, 83 de serpientes, 90 de ranas y 385 de peces.[4] Pese ello, también aquí llegaron las petroleras a partir de 1990. Tras muchos acuerdos firmados –algunos de ellos en inglés y con presencia intimidatoria de representantes de la embajada de EEUU, como fue el caso de la compañía Maxus- con los huaorani estos decidieron en 2005 romper la mayoría de esos acuerdos con Petrobras, Repsol-YPF y Occidental, para lo que contaron con el apoyo y asesoramiento de la CONAIE. Esto provocó que el gobierno de entonces se comprometiese a revisar los convenios con las petroleras, llegando a suspender las actividades de Petrobras en el Yasuní. He aquí el origen del acuerdo alcanzado entre Ecuador y el PNUD para preservar esta zona reserva de la biosfera.

A pesar de la relevancia de la firma del fideicomiso para no extraer petróleo del Yasuní lo cierto es que el modelo económico de Ecuador es, como en el resto de países de la zona, extractivo con consecuencias territoriales para los pueblos indígenas. La explotación de hidrocarburos es el pilar fundamental de la economía de Ecuador, representando el 22,2% del PIB, el 63,1% de las exportaciones y el 46,6% del Presupuesto General del Estado. Estos datos ponen de manifiesto la situación de esquizofrenia en que se vive en el país puesto que, por una parte, se legisla a favor de las nacionalidades y pueblos indígenas (las amazónicas, por ejemplo, han logrado que se les asigne un territorio propio, lo que las ha permitido en ocasiones negociar acuerdos sobre el uso de las tierras y los recursos y hay un caso, el de los achuar, que han resuelto no permitir la explotación petrolera en su territorio aunque antes de la entrega de tierras había tres bloques de extracción petrolífera que se mantienen trabajando) y por otro, como se pone de manifiesto con lo dicho referente a la actitud de los achuar, se subordinan estos deseos y decisiones al interés político y económico del gobierno.

Esto ha provocado no pocos enfrentamientos y desencuentros en cuestiones mineras, de aguas y de participación popular de las organizaciones indígenas desde que Ecuador adoptase, en 1988, el Convenio 169 de la OIT. Se venía de una década de movilizaciones sin precedente en el país y en América Latina donde los indígenas no sólo se habían hecho visibles, así como sus demandas de identidad, participación política, autonomía cultural, territorialidad y administración de sus propios recursos sino que habían sido capaces de derribar gobiernos. Como consecuencia de ello, y de la consiguiente debilidad de los partidos tradicionales y su pérdida de legitimidad política, varias de sus demandas y derechos fueron incorporados a la Constitución vigente entonces. Uno de ellos fue el establecer una “zona intangible” de 700.000 hectáreas en el Yasuní (aunque no fue delimitada hasta finales de 2006) para preservar a los pueblos en aislamiento voluntario. El que desde el establecimiento de esta zona y su delimitación transcurriese casi una década se debe a las presiones de las compañías petroleras, que siempre han tenido un interés especial en explotar esa área amazónica.

Ecuador vivió prácticamente dos décadas en una convulsión social constante que desembocó en la llegada a la presidencia de Rafael Correa en enero de 2007. Una se sus promesas fue la elaboración de una nueva Carta Magna, para lo que se inició un proceso constituyente que terminó con la aprobación de la nueva Constitución a finales del año 2008. En todo el proceso constituyente el tema de los derechos indígenas y la explotación de los recursos naturales se convirtieron en dos de los principales asuntos de debate, de forma especial en este último aspecto la cuestión minera dada la resistencia de la mayor parte de los asambleistas constituyentes a que se otorgase el derecho de veto en esta cuestión a los pueblos indígenas si se les realizaba la consulta previa. La minería ha sido, y continua siendo, el gran foco de conflicto en Ecuador con los pueblos indígenas.

En la Constitución actual hay una reestructuración total del Estado con la inclusión del sistema de autonomías -aunque la indígena queda subordinada a los gobiernos territoriales autonómicos- y el reconocimiento expreso a la propiedad “imprescriptible” de las tierras comunitarias indígenas, el “uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se encuentren en sus tierras”, la consulta previa “dentro de un plazo razonable” sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente y la participación en los beneficios que esos proyectos generen, así como tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La Carta Magna proporciona, por lo tanto, una clara serie de derechos económicos a los pueblos originarios, a parte de los sociales y políticos. Pero no de una forma tan clara como parece.

En el proceso constituyente el gobierno contó con la colaboración de una organización indígena, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), quien apostó por un modelo estatal “monocultural, uninacional e inclusionista sin cuestionar las estructuras y los sistemas que permiten que el modelo político y económico se quede intacto”.[5] Por el contrario, la principal organización indígena de Ecuador, la CONAIE, insistía en que el texto constitucional debía reconocer el carácter plurinacional del Estado “reconociendo, respetando y promoviendo la unidad, igualdad y solidaridad entre todos los pueblos y nacionalidades existentes en el Ecuador, al margen de sus diferencias históricas, políticas y culturales, para garantizarles una vida digna, económicamente justa, equitativa y socialmente intercultural e incluyente”.[6] La CONAIE, además, añadía la nacionalización y no privatización de la biodiversidad y los recursos naturales, el reconocimiento de distintas formas de democracia, que los principales servicios sociales no pudiesen ser tratados como mercancías y la construcción de un modelo económico social, solidario, ecológico, equitativo, soberano, planificado e incluyente.

El gobierno escuchó a ambas organizaciones, pero se apoyó en la primera –pese a que el propio gobierno reconoce que sólo representa a la cuarta parte de las organizaciones indígenas del país- demostrando los límites que iba a tener la Constitución y su relación con los pueblos indígenas, en especial en lo referente a la autodeterminación, el control territorial y explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Sin embargo, el trabajo de la CONAIE en pro del reconocimiento de la plurinacionalidad, el derecho a la autodeterminación y autogobierno y la incorporación del derecho al consentimiento previo en lo referente a la política de gestión y explotación de los recursos naturales provocaron un debilitamiento de las tesis gubernamentales, terminando por aceptar la tesis de la CONAIE sobre la plurinacionalidad y quedando así recogido en el texto constitucional. No ocurrió lo mismo con la autodeterminación y autogobierno o la explotación de los recursos naturales, que debía ser competencia exclusiva del Estado para el gobierno. En este punto se llegó a un acuerdo que no soluciona el tema, sino que lo postpone y dilata en el tiempo y así está quedando de manifiesto en los conflictos actuales, como cuando los achuar, por ejemplo, se enfrentan al Estado al decidir no permitir la explotación petrolera y/o minera en su territorio.

En este tira y afloja se logró el reconocimiento de ciertos derechos para proteger la naturaleza y el agua como “derecho humano fundamental e irrenunciable y patrimonio nacional de uso público”, fortaleciéndose el sistema nacional de áreas protegidas y zonas intangibles, a cambio de que el Estado mantenga la propiedad y facultad de explotar los recursos no renovables pudiendo, además, delegar la misma en terceros siempre que su participación en las ganancias sea del 50 por ciento. Unos y otros cedieron para que se pudiese aprobar la Constitución con un 63’93% de los votos, entre ellos el de la CONAIE que apostó por “un sí crítico” y afirmando que había muchas posibilidades de entendimiento con el gobierno aunque considerase que en el texto constitucional habían quedado fuera gran parte de las propuestas indígenas.

La CONAIE es una de las organizaciones más potentes de todo el continente. La Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador fue creada en 1988 y se convirtió en la principal impulsora del levantamiento indígena de 1990 –conocido como el “levantamiento del Inti Raymi” y con una consigna absolutamente subversiva, -“Tierra, cultura y libertad”- que situó de forma definitiva la cuestión indígena en la agenda política y social. Hasta ese momento, en el imaginario de la sociedad ecuatoriana, lo “indio” era poco menos que sinónimo de suciedad, vagancia, derrota y miseria. El idioma quichua, la vestimenta, la trenza, el poncho y la alpargata eran significado de retraso mental y cultural, que impedía el desarrollo de la modernidad. A partir de ese levantamiento, dejó de serlo.

La CONAIE está integrada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE), Ecuador Runakunapak Rikcharimuy de la Sierra (ECUARUNARI) –en lengua quichua- y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE) con el objetivo de defender a las nacionalidades y pueblos originarios en los frentes económico, sociocultural, político, territorial y lingüístico. Es decir, además de su gran capacidad organizativa los indígenas tienen propuestas claras no sólo para sus comunidades, sino para toda la sociedad. Por lo tanto, cualquier movilización que inician tiene que ser tomada muy en cuenta, a pesar de que en no pocas ocasiones todos los gobiernos desde entonces han respondido a las mismas con la represión.

Eso ocurrió nada más ser aprobada la Constitución. La CONAIE no tardó en criticar la política gubernamental con los pueblos indígenas argumentando que una cosa son los derechos recogidos en la Carta Magna y otra muy diferente su práctica. Sobre todo la interpretación del Estado como plurinacional y pluricultural. La insistencia en el cumplimiento de esta cuestión provocó un hecho inédito: el secuestro de una dirigente quichua en la Amazonía que era, además, la mujer del presidente de la CONAIE.[7] Era la expresión de un desencuentro cada vez mayor a medida que el Estado iba cerrando compromisos para la explotación de petróleo y minerales en territorios indígenas y en el que tuvo que mediar el Relator Especial de la ONU para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas. El resultado fue, una vez más, una palada de cal y otra de arena. Mientras que se cambió la modalidad de los contratos petroleros –de participación a prestación de servicios- se continuaron las explotaciones en zonas de especial relieve ecológico incluso bajo protección militar. Lo mismo sucedió con las explotaciones mineras.

Fue el proyecto de ley de minería el que generó el primer enfrentamiento serio entre las organizaciones indígenas y el gobierno tras la aprobación de la Constitución de 2008. La Carta Magna se aprobó en septiembre, la ley de minería se presentó para su aprobación en diciembre. El gobierno incumplía sus propias normas no incluyendo en el articulado de la misma los derechos de las comunidades, que sí aparecen en la Constitución, argumentando el dominio “exclusivo” del Estado sobre los recursos naturales y, en calidad de “propietario”, autorizaba a las empresas “tanto nacionales como extranjeras” una “libertad de prospección” en cualquier parte del territorio ecuatoriano salvo “zonas urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y en las Áreas Mineras Especiales”. En virtud del articulado, los territorios indígenas no quedaban fuera de esta “libertad de prospección” y como la ley dejaba sin efecto las concesiones mineras que no hubiesen realizado inversiones, tuviesen deudas con el Estado o se encontrasen en áreas protegidas pero éstas seguían funcionando, el incipiente malestar con el gobierno cobró carta de naturaleza. Ya no eran sólo desencuentros, sino guerra abierta puesto que Ecuador es un país donde el 12% de su territorio cuenta con concesiones para este tipo de empresas hasta contabilizar un total de 3.298 en el año 2009.[8] El presidente Correa se encargó de prender la mecha afirmando que la minería podía ser uno de los factores fundamentales para el desarrollo de Ecuador y calificó el rechazo indígena a la minería de “infantil”.[9] La rebelión se inició de inmediato en Sucumbíos, con todos los pueblos indígenas existentes allí (shuar, a’i-cofán, siona, secoya y quichua)  realizando un llamamiento expreso a rechazar las concesiones mineras en sus territorios.

No es extraño, por lo tanto, que la ley minera se convirtiese en el eje del enfrentamiento entre los pueblos originarios y el gobierno. Los indígenas consideran que la política extractiva del gobierno implanta un modelo de explotación a gran escala que atenta contra el ambiente, contamina el agua y expolia las riquezas naturales del país sin dejar casi beneficio alguno para los ecuatorianos en general y no sólo a los pueblos indígenas. Para ellos, el gobierno lo que hacía era primar los intereses económicos sobre los derechos indígenas.

La ley minera fue aprobada tras una dura batalla en la que el gobierno tuvo que ceder en temas como convertirla en ley ordinaria y no orgánica, en la prohibición de descargar desechos tóxicos o establecer el derecho a la información y consulta de las concesiones. El gobierno adujo el “bienestar colectivo” en su aprobación, aunque en la práctica las propiedades privadas y comunitarias quedarán sometidas a servidumbres o cargas mediante las cuales los mineros ocuparán y decidirán sobre aspectos importantes.[10] Eso, al menos, es lo que parece deducirse de las reuniones mantenidas en Canadá por funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables o de Sectores Estratégicos en torno a la aprobación de los estudios ambientales y planes relacionados con los proyectos de la corporación canadiense Cornerstone Capital Resources Inc. en Macará, Bella María, Monterrey y otras localidades situadas en la frontera con Perú. El gobierno intentaba llegar a acuerdos con todos, pero prevaleciendo los intereses empresariales frente a los indígenas a quienes, a modo de castigo, reducía la financiación para proyectos de desarrollo impulsados por el Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CONDEPE) tal y como denunció la Federación Internacional de Derechos Humanos[11], quien expresaba también su “seria preocupación” por el contenido de la ley para los indígenas y la represión ejercida contra sus manifestaciones.

Dicha ley salió adelante, además, por el apoyo que recibió el gobierno de organizaciones como la FENOCIN y la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador. El caso de esta organización religiosa es un fenómeno a tener muy en cuenta en el futuro del movimiento indígena no sólo de este país, sino de todo el continente. Ecuador es donde se ha puesto en marcha una especie de “experiencia piloto” a imagen y semejanza de lo que ocurre en EEUU, creando organizaciones que en su mayoría favorecen el “libre mercado” y, en nombre de la religión, captan recursos en nombre de los nativos.

Mientras la postura de estas organizaciones indígenas fue muy bien acogida por el gobierno, la posición de la CONAIE fue considerada como “fundamentalista”[12] pese a que la CONAIE agrupa, y así lo reconoce el propio gobierno, al 75% de la población indígena del país. Bien fuese una coincidencia o una consecuencia, poco después de recibir el apoyo de esas dos organizaciones mencionadas en el párrafo anterior el gobierno decidió recompensar a las organizaciones indígenas de corte religioso católico con la suscripción de un contrato –Decreto Ejecutivo número 1780- por el que se otorgan concesiones para “trabajar con todo afán en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socioeconómica del país de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad ecuatoriana”. Uno de los aspectos más destacados de este decreto es que se otorga a este tipo de confesiones religiosas la facultad de “organizar y poner en funcionamiento, con el apoyo económico del Gobierno, emisoras de radio y de televisión destinadas a la difusión de la cultura y los valores morales (…) libres de derechos e impuestos”.[13]

Los calificativos descalificadores contra las organizaciones indígenas críticas con la actuación del Ejecutivo de Correa se convirtieron en el eje del discurso gubernamental. La cooptación de dirigentes, el favoritismo hacia los partidarios y el castigo hacia los críticos la norma de la actuación. La consecuencia fue un debilitamiento de la organización indígena, que fue aprovechada de inmediato para, además de retirar los fondos a la CONDEPE, aprobar un decreto presidencial autorizando al Ministerio de Educación a cambiar o nombrar a las autoridades de educación intercultural bilingüe, responsabilidad hasta ese momento de los pueblos indígenas.

Otro de los casos de enfrentamiento ha sido la ley de aguas. Las organizaciones indígenas, en esta ocasión en alianza con las campesinas y las juntas de agua locales, criticaron la privatización de los recursos hídricos –algo que se rechaza en la Constitución- en consonancia con los intereses de las principales empresas ecuatorianas, como es el caso de Interagua de Guayaquil (en Ecuador el 64% del caudal de agua se encuentra en mano privadas). Aquí tuvo un papel destacado la nacionalidad shuar, que se ubica en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, principalmente, aunque también hay comunidades y asentamientos en Sucumbíos, Orellana, Guayas y Esmeraldas. Es decir, está presente en todo el país y es la más numerosa en población indígena después de la quichua.

Los shuar tienen fama de ser los más combativos y los más organizados, puesto que desde 1964 vienen luchando por la defensa de su lengua, cultura y territorio a través de la Federación Interprovincial de Centros Shuar. Esto les otorga una coordinación entre ellos que les ha llevado no sólo a enfrentarse a la presión de las compañías petroleras, sino a utilizar todos los medios que ofrece el “desarrollo” para defender sus intereses. Es así como cuentan con el Servicio de Educación Radiofónica Bilingüe Shuar y un Servicio Aéreo Shuar de gran importancia para los programas de salud y comercialización de productos, tanto los tradicionales (yuca, maíz, plátano) como leche o carne a mayor escala. En el caso de los enfrentamientos provocados por la ley de aguas, los shuar amenazaron con convertirse en “nacionalidad autónoma” para fijar sus propias leyes e incluso formar un “ejército shuar” para “proteger el agua, el aire y toda la riqueza natural” de sus territorios. A través de su emisora de radio iniciaron una campaña de movilizaciones que fueron duramente reprimidas, causando un muerto, pero que obligó al gobierno a negociar modificaciones en la ley.

A partir de ese momento tuvo que intervenir el propio presidente Correa, quien se involucró en el diálogo directo con la CONAIE junto a sus ministros. Pero este diálogo fue más allá de lo estrictamente referido a la ley de aguas. Se establecieron comisiones mixtas y mesas de trabajo sobre circunscripciones territoriales indígenas, plurinacionalidad, educación, agua, recursos naturales e instituciones indígenas al tiempo que se decidió investigar lo sucedido en la represión de las manifestaciones y el papel de la emisora de radio en ellas y si incitó a la violencia o no. Se ponía de manifiesto así, por una parte, que la Constitución no se cumplía –“una recuperación de la Constitución” para los indígenas- y, por otra, la aceptación del hecho dado que se apostaba por “impulsar de manera conjunta la concreción de los principios constitucionales, y en especial el Estado Plurinacional e Intercultural, así como la agenda propuesta por las organizaciones”. Se llegó a firmar unos Acuerdos de Diálogo cuyo artículo primero hablaba de “institucionalizar el diálogo permanente” con las organizaciones indígenas en el que se tendría en cuenta “la agenda propuesta por las organizaciones”.[14]

Pero los avances fueron escasos –excepto en el tema del agua, que había originado el enfrentamiento- dado que tanto el presidente Correa como sus ministros no se comprometieron a garantizar apoyo técnico o logístico a los acuerdos que se alcanzasen y, además, siguieron haciendo declaraciones arremetiendo contra las organizaciones indígenas y sus dirigentes. Ello provocó que la CONAIE decidiese solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intercediese entre ambos intereses, aunque hasta el momento no hay ninguna decisión oficial al respecto, y que ECUARUNARI plantease la ruptura del diálogo al considerar que las comisiones y mesas de trabajo sólo habían sido una estrategia gubernamental para ganar tiempo en la aplicación de sus políticas. El que desde el gobierno se amenazase de cierre a la emisora de radio shuar “que podría estar directamente relacionado con sus actividades legítimas para transmitir el intercambio de información entre comunidades shuar sobre la minería a gran escala en la Cordillera del Cóndor”, tal y como afirmaba el Relator Especial de la ONU en su informe[15] reclamando al gobierno que diera marcha atrás en sus amenazas, no hacía sino confirmar las sospechas indígenas.

Así las cosas sólo quedaba el recurso a los tribunales antes de iniciar una nueva protesta. La CONAIE interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de minería y obligaba, de forma indirecta, a que este tribunal tuviese que pronunciarse sobre la interpretación misma de la Constitución en todo lo que importa a derechos de los pueblos indígenas. Uno de los preceptos de la ley establece que “sus normas prevalecerán sobre otras leyes” y esto fue sancionado por el Tribunal Constitucional en una sentencia que él mismo consideró “atípica” al afirmar en la sentencia la “constitucionalidad condicionada”[16] (sic) de la ley de minería ante el “vacío normativo” y todo en aras de la “seguridad jurídica y gobernabilidad del Estado”. Una curiosa forma de defender lo indefendible o de legalizar lo ilegal o de neutralizar los derechos de los pueblos indígenas al hacerlos depender de los criterios judiciales. La puerta está abierta y ya la está cruzando el gobierno con una ley de aguas y de extracción de petróleo por toda la costa que sigue el mismo modelo que la ley de minería.

Ecuador aprobó una Constitución muy adelantada. Junto con la de Bolivia, tal vez la que mejor refleja la normativa de derechos para los pueblos indígenas acogidos en el Convenio 169 de la OIT y la DDPI de la ONU. Pero está siendo el país que con más rapidez renuncia en la práctica a estos derechos aprobando leyes que, bajo la apariencia de cumplirlos y defenderlos, en la práctica los niegan. En la permanente práctica de dar una palada de cal y otra de arena, el gobierno anunció la elaboración de un proyecto de ley sobre derechos de los pueblos indígenas y otro sobre cooperación y coordinación entre la justicia orginaria y la indígena con los que venía a aceptar la recomendación del Relator Especial de la ONU de “tomar en cuenta las propuestas hechas por la CONAIE durante las mesas de diálogo con miras a llegar a acuerdos consensuados con los pueblos indígenas en relación con estas y otras leyes, así como para reformar e implementar las leyes conforme a los derechos de los pueblos indígenas garantizados en la Constitución de 2008 y en los instrumentos internacionales”.[17]

El actual gobierno poco a poco se va quedando solo con el sector empresarial como principal apoyo. La FENOCIN, uno de sus principales valedores, le dio la espalda en marzo de 2010 como consecuencia de la ley de aguas. Las resistencias del que se dice sector progresista en el gobierno a romper con el modelo económico y político capitalista tradicional están arruinando las expectativas emancipatorias puestas en la Constitución por los pueblos originarios. La explotación y extracción de recursos naturales en territorios indígenas constituye un constante desafío para ellos a pesar de los derechos reconocidos bajo la normativa nacional e internacional. Estrictamente relacionado a este problema está la falta de protección legal de los territorios y recursos de los pueblos indígenas. El gobierno argumenta que muchas de las concesiones mineras y/o petroleras existentes fueron otorgadas antes de la aprobación de la Constitución de 2008, pero ello no es óbice para que se revisen a la luz de la nueva norma suprema porque el Estado tiene la obligación de acatar las normas internacionales y suscribió el Convenio 169 de la OIT diez años antes, en 1998.

Y si en ese tiempo no se realizó el requisito de la consulta previa, hay que hacerlo ahora aunque la concesión ya esté en marcha y produciendo. Ya no será una consulta previa, pero sí “libre e informada” y los pueblos indígenas decidirán si continúa o no la explotación en cuestión. Si realmente es beneficiosa para ellos, la mantendrán. Este es el deber ineludible del Estado, tal y como establecen las dos normativas internacionales suscritas por Ecuador. El Relator Especial es tajante cuando afirma que “el Estado no debe impulsar los proyectos de inversión, infraestructura, extracción y explotación de recursos naturales, sin una previa, amplia y legítima consulta y participación de los pueblos indígenas” y que para el caso caso de proyectos ya operativos de extracción de recursos naturales, “el Estado debe aplicar procesos de consulta con respecto a sus impactos sobre los derechos, tierras y territorios de comunidades indígenas y tomar todas las medidas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas”[18]

Mantener el empecinamiento actual del gobierno (que llega incluso a amenazar con quitar la sede central a la CONAIE, entregada en 1988 en usufructo por 99 años tras el levantamiento indígena de ese año) sólo genera un mar revuelto en el que quien está ganando es el sector oligárquico criollo, que comienza a acoger las reivindicaciones indígenas como una bandera política cuando históricamente es un sector al que desprecia desde un punto de vista eminentemente racista y supremacista. Un sector de la CONAIE –desautorizado por la mayoría de la organización- considera que la sentencia del Tribunal Constitucional, por muy atípica que sea, recoge aspectos que les interesan y ha abierto la veda para el desarrollo de la autonomía indígena, entendida como una primera etapa hacia la formación del Tahuantinsuyo, el estado propio, andino. La idea, evidentemente, no gusta a la oligarquía, pero le sirve para desestabilizar e impulsar, a su vez, otro concepto de autonomía en la línea de la pretensión oligárquica en Bolivia (ver este país) en Guayaquil: una especie de ciudad-estado. Si estas tendencias cuajan, el fin del Estado Plurinacional está servido.

Tal vez por ello, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) hacía en marzo de 2010 un llamamiento expreso a fortalecer alianzas con todos los sectores y actores sociales de los países que conforman la CAOI para luchar contra los gobiernos y organismos nacionales e internacionales neoliberales que afectan a los derechos de los pueblos, indígenas o no, junto a una exigencia expresa a los gobiernos nacionales para que no sigan otorgando concesiones a las industrias extractivas y, en especial, los megaproyectos enmarcados dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) por su gran impacto medioambiental y en los pueblos indígenas.[19]

En esta lucha, por el momento de resultado incierto, también el Estado contó con el apoyo de los países que forman parte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). En su X Cumbre, celebrada en la ciudad ecuatoriana de Otavalo, aprobaron una declaración conteniendo un ambiguo punto que fue interpretado como un aval de la posición del gobierno del presidente Correa: “Expresamos que el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables corresponde al Estado de acuerdo al interés de sus pueblos y la sociedad en su conjunto y no a uno o varios grupos o sectores sociales o económicos. El Estado garantizará la participación social y la distribución justa y equitativa de los beneficios, especialmente a favor de las comunidades en donde esos recursos naturales se encuentran y buscará, en armonía con la Naturaleza, minimizar los impactos ambientales y sociales adversos que generen”.[20] La citada cumbre fue bastante inédita y uno de sus principales objetivos fue el intentar zanjar diferencias en torno a la gestión pública de los recursos no renovables y escuchar las preocupaciones de los pueblos indígenas afectados por la explotación de recursos naturales en sus territorios. Al tenor de la mención que se hace a los “grupos o sectores sociales”, en clara referencia a los indígenas, y de las manifestaciones que se produjeron en rechazo a la declaración, no parece que hubiese acercamientos notables.

La situación, hoy por hoy, es de enconamiento total en las posiciones de unos y otros, hasta el punto que el Relator Especial de la ONU está intentando mediar para evitar una ruptura irreversible entre ambos actores. La Constitución de Ecuador contiene un significativo reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, a la vez que representa un importante precedente regional latinoamericano e internacional, junto con Bolivia, en este ámbito. No obstante, siguen existiendo importantes resistencias no sólo de los poderes oligárquicos tradicionales, sino de estamentos insertos en el propio gobierno, que impiden y dificultan la efectiva implementación de los derechos humanos de los pueblos indígenas amparados en la normativa nacional e internacional. En su intento de mediación, el Relator Especial de la ONU menciona que “cualquier procedimiento establecido debe tomar en cuenta y tratar las inquietudes de la CONAIE y otros representantes indígenas sobre el proceso realizado en las mesas de diálogo de 2009” –referido más arriba- y, de forma especial, “la Ley de Minería, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, el Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización, y el Código Ambiental”.[21] Es decir, todas las cuestiones que están en el corazón de las reivindicaciones y propuestas indígenas puesto que, tal y como están siendo establecidas por el gobierno, no se implementan ni los derechos de los pueblos indígenas garantizados en la Constitución de 2008 ni en los instrumentos internacionales de derechos humanos. De no hacerse así, el Relator Especial de la ONU cree que se va a agudizar la polarización entre indígenas y gobierno y por ello hace un llamamiento al Estado “a que asegure que sus instituciones actúen con extrema cautela para no agravar esta polarización”. Para ello, “el Estado no debe impulsar los proyectos de inversión, infraestructura, extracción y explotación de recursos naturales, sin una previa, amplia y legítima consulta y participación de los pueblos indígenas, y tal como ha establecido la Corte Constitucional”[22].

[2] Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador http://www.codenpe.gov.ec/htm.htm.

[3] Ibid.

[4] “El parque Nacional Yacurí en peligro por actividades petroleras de Petrobras”. http://www.ecoportal.net/content/view/full/35402

[5] Catherine Walsh, “Interculturalidad y plurinacionalidad: elementos para el debate constituyente”, Universidad Andina “Simón Bolívar”, Quito, 2008.

[6] Ibid.

[7] CEDHU, “Investigación y sanción para agresores de la dirigente indígena Miriam Cisneros” Quito, 26 de febrero de 2008.

[8] Jennifer Moore, “Ecuador’s Mining Decree: A Cautious Victory for Communities”, http://alainet.org/active/23734

[10] Mario Melo, “Cinco razones jurídicas para oponerse a la nueva Ley de Minería”, Fundación Pachamama, 18 de enero de 2009.

[11] FIDH, “Seria preocupación frente a la adopción de la nueva Ley Minera. Carta abierta”, 26 de enero de 2009. http://www.alainet.org/active/28635%E2%8C%A9=es

[12] Diario Expreso, 5 de noviembre de 2009.

[14] Acuerdos del diálogo del 5 de octubre del 2009 Gobierno Nacional-CONAIE. Presidencia de la República. http://www.aldhea.org/index.php?view=article&catid=27:coyuntura&id=23:acuerdos-del-dialogo-del-5-de-octubre-del-2009&format=pdf&option=com_content&Itemid=49

[15] Consejo de Derechos Humanos, 15.° período de sesiones. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. A/HRC/15/37/Add.7

[17]Consejo de Derechos Humanos, 15.° período de sesiones. Op. cit.

[18]18 Ibid

[19]Minga Informativa de Movimientos Sociales, 13 de marzo de 2010.

[20] Declaración de Otavalo. X Cumbre ALBA-TCP con autoridades indígenas y afrodescientes. Otavalo, 25 de junio de 2010.

[21] Consejo de Derechos Humanos. 15.° período de sesiones. Observaciones sobre los avances y desafíos en la implementación de las garantías de la Constitución Política del Ecuador sobre los derechos de los pueblos indígenas. 13 de septiembre de 2010. A/HRC/15/37/Add.7

[22] Ibid.

EL SALVADOR

La población total de este país es de 5’7 millones de personas según el censo de 2007, que establece en un 0’2% el porcentaje de esta población que sería indígena (13.310 personas) –aunque el censo no les nombra- pertenecientes a tres pueblos: cacaopera-kakawira, lenca-poton y nahuatl-pipil. La cifra es sorprendente no sólo por el intento encubierto de homogeneización cultural que conlleva y la “extinción técnica” que apunta, sino por el hecho de que sólo tres años antes el gobierno salvadoreño afirmaba en una reunión gubernamental sobre Institucionalidad y Políticas Públicas de América Latina y el Caribe Orientada a los Pueblos Indígenas que el porcentaje de población del país “indígena o de origen indígena” era del 10%, aunque matizaba que las condiciones histórico-sociales en materia indígena de El Salvador son muy especiales y diferentes a sus países vecinos puesto que “las comunidades indígenas no se identifican con una lengua, dado que toda la población habla el español, y tampoco pueden identificarse por su vestimenta, dado que un reducido número de ellos lo conservan”.[1]

Basándose en éstas consideraciones y otras semejantes para los gobernantes de El Salvador “el elemento indígena no es notorio ni relevante” aunque sí existan en el país “una serie de elementos de identidad en materia indígena, muy marcada y dominante en la mayoría de la población tales como: las tradiciones y costumbres, la dieta, la abundante mitología, y desde luego los modos de hablar y la conformación anatomo-morfológica de las personas, es decir de estatura mediana, pelo grueso y negro, que es característica biológica indígena”.[2]

Si no hay indígenas, o estos son una proporción tan insignificante de la población que están en un proceso de “extinción técnica”, no tiene por qué haber un reconocimiento oficial de sus derechos en la Constitución, donde no hay más que una mención a la “preservación, difusión y respeto de las lenguas autóctonas”, ni tampoco una institución propia. El tema indígena se aborda en El Salvador a través de una Unidad de Asuntos Indígenas que se engloba dentro del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (sic). Este simple dato deja bien claro que los valores y normas culturales indígenas son vistos como aspectos meramente folklóricos pese a que una publicación de este organismo define al indígena como “aquellas familias, grupos o individuos a titulo personal que reúne estas características: un fundamento ancestral en creencias y practicas espirituales, un fundamento en los rituales concerniente al ciclo de la vida, productivos y de naturaleza, utilización de la medicina ancestral y un fuerte fundamento en las formas de organización socioeconómicas y espirituales; así como un factor importante es la autodeterminación de pertenecer a un pueblo indígena”.[3]

Sin llegar a estos extremos, la ONU reconocía el año 2001 que existe una gran disparidad de criterios a la hora de cuantificar el número de indígenas en El Salvador y afirmaba que, dependiendo de las fuentes que se consultasen, la cifra podría oscilar entre los 88.000 y los 732.000 (del 1’7% al 12% del total de la población).[4] No obstante, si se toma la molestia de echar un vistazo a los mapas oficiales se constata que al menos hay 60 comunidades reconocidas con presencia indígena.

Cinco años más tarde, la situación seguía igual en cuanto a la falta de reconocimiento oficial de la existencia de pueblos indígenas y eso llevó a una de las instancias de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, a pedir formalmente al país centroamericano el reconocimiento de las poblaciones indígenas que para el CEDR son los tres pueblos mencionados antes. Expertos de este organismo hablaban de un 12% de una población indígena en El Salvador, de los que el 61% es pobre y el 38% vive en la extrema pobreza, sin acceso al agua, la alimentación básica, la salud y la educación y calificaron de “racismo invisible”[5] la obsesión del gobierno de negar la existencia de población indígena con el argumento de que la mayoría de sus habitantes son mestizos. Por ello solicitaba al Estado datos estadísticos desagregados sobre la composición étnica de la población salvadoreña y “otorgar reconocimiento legal a los pueblos indígenas”.

Es evidente que El Salvador no lo hizo, a tenor de lo que se recoge en el censo de 2007, mostrando a las claras que este país no tiene el menor interés en reconocer a los pueblos indígenas. Tampoco es fácil que quienes en los últimos años han investigado se pongan de acuerdo. Si para el gobierno no hay indígenas, para los estudiosos, antropólogos e instancias de la ONU son tres los pueblos y cinco para las propias organizaciones indígenas: kakawira-cacaopera, chortí, lenca, maya y nahuatl-pipil.

Lo que es un hecho incuestionable para cualquiera que visite el país, no ya para los propios indígenas y el resto de salvadoreños, es que en todo el territorio del país se distinguen geográficamente zonas con clara presencia indígena de grupos pertenecientes a los cinco pueblos mencionados arriba, como los izalco en los departamentos de Sonsonate y Ahuchapan, nonualco en el departamento de La Paz y cacaopera en el departamento de Morazán. Como dato histórico, los izalco tuvieron una participación muy destacada en la rebelión campesina protagonizada en 1932 por Farabundo Martí, histórico y legendario dirigente revolucionario salvadoreño, por lo que fueron objeto de una durísima represión que les diezmó hasta casi hacerles desaparecer. La revisión histórica que se está haciendo en El Salvador a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz califica esta época histórica como “etnocidio” y menciona que de los 30.000 muertos que se estima provocó la represión, unos 25.000 habrían sido indígenas.

Quienes sobrevivieron a la matanza o bien migraron hacia los países vecinos (Guatemala y Honduras principalmente) o bien optaron por ocultar en público todo aquello que les pudiera identificar como indígenas (uso de la lengua nahuat, celebraciones y ritos religiosos, vestimentas tradicionales…) y asimilarse en la población ladina campesina por ser esta la única vía para no ser identificados, reprimidos y aniquilados. Años más tarde, con el surgimiento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en los comienzos de la década de 1980, también se reincorporaron a las filas guerrilleras, aunque en mucha menor proporción. Tanto en 1932 como con el FMLN, la izquierda trató el tema indígena como campesino siguiendo la pauta de toda la guerrilla latinoamericana. Su presencia en las filas guerrilleras quedó recogida cuando en la reforma constitucional de 1992, como corolario a los Acuerdos de Paz firmados ese mismo año, se aboga por la no existencia de discriminación alguna para las personas indígenas, aunque no se profundizó en sus derechos.

La relación histórica de los pueblos indígenas con la izquierda salvadoreña, de forma especial los nahuatl-pipil izalco y cacaopera, se tradujo en un voto masivo hacia el FMLN en las elecciones que dieron el triunfo a esta formación política en el año 2009 en la esperanza que este partido realizase los cambios estructurales necesarios para que dejen de ser invisibles en el país. El nuevo presidente, Mauricio Funes, había manifestado durante la campaña su reconocimiento por “la historia, existencia y derechos fundamentales de los pueblos originarios”. Con motivo de la asunción del nuevo gobierno, los indígenas elaboraron un manifiesto recordando esas manifestaciones y exigiendo la aprobación del plan de gobierno denominado “Políticas hacia los Pueblos Originarios” en el que se incluyera la participación “consultiva” de los propios pueblos.[6]

Aunque ya existían organizaciones indígenas como el Movimiento Ancestral Indígena Salvadoreño, la Fundación para el Desarrollo de la Cultura Indígena Los Pasos del Jaguar, el Concejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, el Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño, Winaka-Kakawira (Comunidad Indígena de Cacaopera), Movimiento Indígena Nonualco, etc., no es hasta este momento en el que se comienza a reestructurar un pensamiento y una acción política indígena que se ha traducido en la recuperación de la cultura (se realizan ya con frecuencia festivales, foros y actos con esta finalidad) y en la elaboración de propuestas de reforma constitucional donde se incluya de forma expresa el reconocimiento de los pueblos indígenas en El Salvador “que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.[7] Las organizaciones indígenas estiman en el 72% de ellos quienes no tienen ningún tipo de posesión de tierra para trabajar.

Una de las cuestiones que han sido presentadas al nuevo gobierno es la de garantizar el derecho de los pueblos indígenas sobre los conocimientos colectivos y tradicionales, para lo que reclaman que “se prohíba el registro de patentes sobre los recursos naturales, los bosques, la biodiversidad y las plantas que formen parte de nuestros territorios; así mismo se prohibirá patentar y utilizar nuestros símbolos sagrados”. No es una cuestión banal puesto que El Salvador está discutiendo si firma un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea que incluye estos aspectos. Para los pueblos indígenas es una cuestión vital pues su fuente de ingreso ha sido y sigue siendo el cultivo de la tierra (hortalizas, artesanías, maíz, frijol, plantas medicinales, subproductos del bosque y animales de cacería).

Ninguna de las reivindicaciones indígenas se ha logrado todavía. El gobierno de Funes se resiste a dar pasos como la ratificación del Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU –promesas expresas recogidas en el programa electoral, donde se decía “se respetarán los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas; se promoverá que esta Declaración se eleve a ley de la república” - para lo que tendría que impulsar una reforma constitucional que no parece estar en la mente del nuevo gobierno a pesar de todas las promesas realizadas en ese sentido. En un informe remitido al CEDR en noviembre de 2009 volvía a recoger no ya las cifras oficiales del censo de 2007, sino que justifica la elaboración del mismo en base a que participaron técnicos de CONCULTURA “expertos en materia indígena” y que se preguntaba a la población de forma expresa si se consideraba indígena o no. Este aspecto es importante para el gobierno puesto que es un principio establecido por la ONU sobre la autoafirmación y el auto-reconocimiento.[8]

La versión oficial del Estado ante las instancias internacionales no tiene mucho que ver con la que ofrece la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, también en un informe remitido al CEDR el mes de junio de 2010. Esta instancia gubernamental comienza reconociendo lo obvio, “los leves esfuerzos que desde diferentes instancias el Estado ha realizado para el reconocimiento y vigencia del respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en El Salvador”, para pasar a realizar un tirón de orejas a su propio gobierno: “Aunque los cambios generados por el nuevo gobierno a partir de junio del año 2009 han dado un nuevo giro a la política gubernamental de participación ciudadana con la creación del Consejo Económico y Social, creando más y mejores espacios de participación en los que han sido tomados en cuenta algunos representantes de Pueblos Indígenas, debe decirse que El Salvador aún está muy lejos de cumplir con las obligaciones que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos le exige en materia de respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas”.[9]

El informe de la Procuraduría es demoledor en varias cuestiones: apunta hacia la necesidad de un cambio constitucional pues “la protección que nuestra Constitución otorga a los habitantes de los Pueblos Indígenas es prácticamente nula ya que nuestra carta magna hace referencia únicamente a las lenguas autóctonas y la riqueza artística, histórica y arqueológica como objetos de protección por parte del Estado (artículo 62 inciso 2° y artículo 63) pero ésta no incluye el respeto y la garantía de sus derechos como personas, ni como pueblos”; cree que con el censo de 2007 se ha producido una “invisibilización” de los pueblos indígenas en El Salvador, un acto que considera de discriminación y marginación, y se arriesga a pedir que se garantice “el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los pueblos indígenas, debiendo tomar medidas concretas para garantizar la tenencia de la tierra, el acceso al agua potable, a la salud y a la educación”.

La Procuraduría sí alaba al gobierno en su intento de recuperar la lengua nahuatl y los progresos que se están haciendo para “fortalecer la identidad cultural y tener incidencia política”. Hace falta. Un estudio de la Universidad de El Salvador establece en 200 las personas que hablan la lengua nahuat. De la lengua lenca-poton no hay datos, ni siquiera estimativos aunque algún antropólogo se arriesga a afirmar que existen algunas palabras sueltas que son utilizadas en el contexto del uso del castellano pero que el idioma, como tal, no está estructurado. La lengua chortí desapareció en 1932 con la represión que tuvo lugar contra los indígenas aquel año.[10] El sistema educativo de El Salvador no cuenta con ningún diseño específico de programas de enseñanza dirigidos a los pueblos indígenas. Son las diferentes organizaciones y pueblos quienes han afrontado la revitalización de las lenguas desde las diferentes comunidades.

[2] Ibid.

[3]Gloria Mejía de Gutiérrez y Rita Jaimes de Araujo, “Perfil de los pueblos indígenas de El Salvador”,  CONCULTURA, Ministerio de Educación y Banco Mundial, 2003.

[8] Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Informes presentados por los Estados partes conforme al artículo 9 de la Convención. El Salvador, 2 de noviembre de 2009. CERD/C/SLV/14-15.

ESTADOS UNIDOS

Se está elaborando el censo de 2010, por lo que hay que remitirse al correspondiente al año 2000 y a un adelanto estimativo realizado en 2007 según el cual el número de quienes se identifican como indígenas es de 3.041.592 personas, aunque hay que reseñar que otros cuatro millones lo hicieron en combinación con alguna otra identidad étnica (cherokee-mexicano, indio centroamericano, indio sudamericano, indio franco-americano, etc.). [1] La población total es de 310 millones de habitantes, lo que significa que menos de un 1% del total pertenecería a los pueblos[2] abenaki, aleut, algonquino, alutiiq (sugpiat), apache (chiricahua, jicarilla, lipan, mescalero), arapahoe, arikara, assiniboine, athabaskano (ahtena, doyon, gwich’in, tanaina), bannock, blackfoot, brotherton, caddo, cahuilla (soboba, agua caliente), cahto, chaneliak, chimariko, chugach, carrier, catawba, cayuse, chehalis, chemakuan (hoh, quileute), chemehuevi, cherokee (shawnee, echota, etowah), cheyenne, chickahominy, chickasaw, chinook, clatsop, chippewa (saginaw, sokoagon, keweenaw, leelanau, mille lac), chippewyan, chitimacha, choctaw, chumash (santa inés), coharie, colville, comanche, coos, coquilles, costanoan, coushatta, cowlitz, cree, creek (thlopthlocco), croatan, crow, cupeno, chaneliak, chugach, cato, chimarico, columbia, delaware (lenni lenape, munsee), diegueño (manzanita, mesa grande, sycuan, capitán grande), digger, gabrieleño, gros ventres (atsina), han, haida, haliwa, hidatsa, hoopa, houma, ingalik, inupiat, iowa, iroquois (cayuga, mohawk, oneida, onondaga, seneca, tonawanda seneca, seneca cayuga, tuscarora, wyandotte), juaneño, kalispel, karok, kaw, kickappo, kiowa, klallam (lower elwha), klamath, konkow, kootenai (matinecock, montauk, poospatuck, setauket), kalapuya, luiseño (pala, pauma, pechanga), koyukon, kutchin, lumbee, lummi, maidu (nishinam), maikah, maliseet (aroostook), mandan, mattaponi, mattole, menominee, miami, miccosukee, micmac, miwok, moor, modoc, mohegan, mono, morongo, nabesna, nanticoke, narragansett, navajo, nez percé, nomalaki, nansemonz, natchez, nipmuk, omaha, osage, otoe-missouria, ottawa, paiute (kaibab, moapa) , pamunkey, passamaquody, pawnee, penobscot, peoria, pequot, pima, piscataway, pomo (kashaya), ponka, potawatomi (hannahville, hurón, pogagon), phowatan, pueblo (acoma, aeizona tewa, cohiti, hopi, isleta, keres, laguna, nambe, picuris, piro, poioaque, sandía, san felipe, san ildefonso, taos, tesuque, tiqua, zia, zuni), puget sound salish (duwamish, muckleshoot, nisqually, nooksack, puyallup, samish, sauk-suiattle, skomish, snoqualmie, squaxin island, steilacoom, stillaguamish, suquamish, swinomish, tulalip), quapaw, quinault, rappahannock, sac and fox, salinan, salish, schaghticoke, sealaska, semínola, serrano, shasta, shawnee (absentee), shinnecock, shoshone (ely, goshute, te-moak, timbi-sha, washakie, yomba), shoshone-paiute, siletz, sioux (blackfoot, brule, dakota, mdewakanton, oglala, sisseton, sisseton-wahpeton, tetón, wahpeton, yankton), siuslaw, soboba, spokane, stockbridge, tanana, tillamook, tlingit, tohono o’odham (ak-chin), tolowa, tonkawa, tsimshian, tunica (biloxi), umatilla, umpqua (cow creek umpqua), ute (uintah), waccamaw-siouan, wailaki, walla-walla, wampanoag (mashpee), washo, wappo wesort, wichita, wicomico winnebago, wintu, wiyot, yakima, yaqui (barrio libre, pascua yaqui) , yavapai apache, yokuts (chukchansi, tachi), yuchi, yuki, yumán (cocoph, havasupai, hualapai, maricopa, mojave, quechan, yavapai), yupik y yurok.

Estados Unidos no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y votó en contra de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU, por lo que su legislación en lo referente a ellos sólo se sustenta en la Constitución de 1787 y en una serie de sentencias judiciales posteriores aunque hay que reseñar que el gobierno actual, presidido por Barak Obama, ha enviado una directiva a las agencias federales para que consulten con las tribus antes de desarrollar políticas federales que puedan tener un impacto sobre los pueblos indígenas.[3] No es una iniciativa nueva, simplemente desarrolla una normativa de la Administración Clinton que nunca había sido puesta en marcha. En cuanto a la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la reconsideración del voto en contra de la DDPI de la ONU, ni siquiera están en la agenda.

En este sentido, no hay cambio alguno entre esta administración y la de sus predecesores, salvo sorpresa mayúscula en los próximos años si es reelegido Obama. Bien es cierto que el presidente ha realizado algún gesto como la “Proclama presidencial en el Mes de la Herencia Indígena Estadounidense”,[4] en noviembre de 2009, en la que reconoce a los pueblos indígenas en EEUU “sus muchos logros, contribuciones y sacrificios” junto a una “demostración de coraje ante la adversidad” y con una mención especial a quienes “han luchado valientemente en defensa de nuestra nación como dedicados hombres y mujeres de las fuerzas armadas”. Pero poco más. Ni una mención al Convenio 169 de la OIT ni a la DDPI aunque sí hay un reconocimiento a que “la comunidad indígena estadounidense enfrenta hoy enormes desafíos que han sido ignorados por nuestro gobierno por mucho tiempo”, para lo que EEUU hace lo único que sabe hacer: dar dinero para que las comunidades indígenas satisfagan sus necesidades más urgentes.

Obama mantiene una política de ambigüedad calculada respecto a los pueblos indígenas. En su campana electoral hizo una vaga promesa de revisar la posición de EEUU respecto a la DDPI aunque el único movimiento que ha hecho en ese sentido –es de suponer que para votar finalmente a favor de la misma- ha sido creación de una página web (sic) para recibir opiniones sobre el tema.[5] Pero con esa iniciativa lo que ha hecho ha sido desconocer un plan de consulta formal con los dirigentes tribales y los propios pueblos originarios.

Los derechos de los pueblos indígenas incluyen tratados individuales y leyes federales indias variables y, a menudo, dependientes de decisiones adoptadas por la Corte Suprema de los EEUU. La soberanía de los gobiernos tribales está limitada por el pleno poder del Congreso, que puede cambiar de forma unilateral artículos de los tratados históricos. Y los jueces en la mayoría de las ocasiones realizan lecturas restrictivas de los derechos de los pueblos indígenas, como lo ocurrido cuando en el año 2007 el pueblo shinnecock reclamó contra lo que consideró “robo legalizado de sus tierras”, demanda territorial que fue rechazada con el argumento que de ser considerada tendría “consecuencias muy perturbadoras” si tal pretensión se admitiese.[6] La sentencia no deja lugar a dudas del tratamiento que reciben los pueblos originarios en EEUU dado que establece que la soberanía sobre las tierras no puede restituirse a las tribus indias si dicha restitución pudiera afectar negativamente a sistemas económicos y políticos que han estado funcionando durante décadas. Por lo tanto, la pérdida de soberanía no puede revertirse, incluso en el caso de que las tierras en cuestión hayan sido ocupadas ilegalmente. Sólo se les da la razón, en ocasiones, ante cuestiones medioambientales y religiosas. Así sucedió también ese año en una demanda colectiva de los pueblos navajo, hopi, hualapai y havasupai en contra de un proyecto de expansión de una estación de esquí en un bosque nacional considerado sagrado por estos pueblos. También el pueblo comanche logró paralizar un proyecto del Ejército para construir depósitos en sus tierras sagradas.

En la Constitución se menciona a los indígenas muy brevemente, sobre todo para la cuestión del comercio y de los tributos puesto que se consideraba a las tribus, denominación que hoy se utiliza, como entidades políticas separadas, externas a EEUU y, por lo tanto, sus miembros no eran considerados ciudadanos de ese país. Por otra parte, aunque sin mencionarlas explícitamente, se reconoce el estatus legal de los tratados con las tribus indígenas al afirmar que, junto con la Constitución y las leyes, los tratados constituyen la suprema ley del país. Todo eso cambió con la conquista de los territorios indígenas durante el siglo XIX. Hoy el estatus legal de los pueblos originarios está definido por la Ley Indígena, que considera a las tribus como “naciones domésticas dependientes” que retienen aquellos aspectos de su soberanía que no han sido cedidos al gobierno de los Estados Unidos.

Los pueblos indígenas reclaman su devolución y la recuperación de los acuerdos alcanzados con ellos, que consideran son violados día tras día por el Estado con efectos devastadores en su vida social, económica, ambiental, cultural y espiritual por el uso que se da a sus territorios. EEUU ha visto siempre a los nativo-americanos (lenguaje políticamente correcto) como menores de edad. Por ello, el gobierno federal tiene una “responsabilidad de tutela” que implica no sólo la protección de los indígenas y sus bienes, sino también una obligación de proveerles de todo tipo de servicios, sociales, educativos y sanitarios. Entre esos bienes está la tierra. Los indígenas tienen derecho de ocupación de sus territorios, pero no pueden disponer de la tierra de ellos si no es con el consentimiento del gobierno federal, que mantiene un fideicomiso sobre esas tierras y los bienes que hay en ellas, por lo que es quien las administra a través de la Oficina de Asuntos Indígenas, en estos momentos dirigida por un pawnee.

Los fideicomisos se han convertido en uno de los principales elementos de lucha y reivindicación de los pueblos indígenas en EEUU. Como se ha dicho, es el gobierno quien tiene los títulos de propiedad de la tierra, recauda dinero en concepto de arrendamiento y paga a los propietarios indígenas individuales y colectivos de la tierra. A cambio, están libres de impuestos. Los indígenas llevan años denunciando una mala gestión y que el gobierno no rinde cuentas de los ingresos provenientes de la explotación de petróleo, gas, carbón y madera y ante la justicia se han presentado demandas que llevan 12 años sin resolverse. Es el caso de las presentadas por los pueblos navajo y blackfoot.

El fideicomiso, además, le ha permitido al Estado hacer y deshacer sobre los recursos naturales. Uno de ellos, la extracción de uranio, está provocando un auténtico desastre cultural, además de ambiental y sanitario, en tierra de los navajo, havasupai, hopi y pueblo en el suroeste del país (Arizona). Hay estudios, avalados por el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, que documentan un aumento considerable del número de casos de cáncer, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal, diabetes y deformaciones como resultado de las minas existentes en sus territorios.[7] Estas cuatro naciones, junto a los hualapai, han reclamado con insistencia una moratoria en la minería de uranio y ante el silencio del gobierno han decidido prohibir la extracción del mismo en sus territorios. Una medida más simbólica que real puesto que no tienen ninguna soberanía sobre los mismos y la mayoría de las extracciones de uranio están en tierras bajo fideicomiso. Los ponca están dispuestos a hacer lo mismo si el gobierno federal y el de Oklahoma no realizan de inmediato una evaluación seria sobre el impacto que está teniendo la explotación de petróleo en sus tierras en lo referente a contaminación de aguas, pérdida de sus fuentes tradicionales de alimentos e impacto sobre la salud. En Alaska, los gwich’in se oponen a la explotación de petróleo en sus tierras.

Sin ir tan lejos, los paiute han bloqueado los intentos de construir una línea de ferrocarril por su territorio que tenía como finalidad transportar residuos nucleares hasta Montana. Y los shoshone no han podido hacer nada legal para oponerse a que su territorio haya sido invadido para iniciar los trabajos de lo que podría convertirse en la mina de oro más grande del mundo cerca de uno de sus sitios sagrados en el monte Tenabo (Nevada).

El gobierno de EEUU argumenta que, además del fideicomiso, la tribu puede tener tierra comunal aunque el título de propiedad de la misma pertenece siempre al Estado, tierra asignada (arrendada) a particulares y “loteos”, un sistema mixto entre la propiedad individual y el fideicomiso, que es la principal forma de tenencia de tierra, con una extensión de 24 millones de hectáreas. El gobierno también dice que gracias a este sistema de fideicomiso algunas reservas indígenas han tenido un progreso económico considerable (uno de ellos representado por los casinos de juego, negocio en el que están invirtiendo o tienen el proyecto de hacerlo casi todos los pueblos indígenas con tierras en fideicomiso) aunque la realidad indica que si bien es cierto en el caso de los semínola la gran mayoría de la población indígena mantiene tasas de pobreza elevadas y el índice de desempleo llega en algunas reservas, sobre todo en las ubicadas en Dakota del Sur, al 80%.

Esta realidad de los indígenas en EEUU es la misma, o se diferencia muy poco, de la de otros pueblos en el resto del continente: falta de empleo, poco acceso al agua potable, aislamiento físico y social, vivienda de calidad inferior a la de otros ciudadanos, ataques a su identidad cultural y altas tasas de delito y encarcelamiento. La ONU establece que el ingreso medio de los indígenas en EEUU no llega a la mitad de la media general en el país, que casi la cuarta parte vive bajo el umbral de pobreza (frente a un 12’5% de la población total) y que tienen las tasas de mortalidad más altas que los demás a causa de tuberculosis (600% más alta), alcoholismo (510% más), diabetes (189% más, siendo los pima quienes tienen la tasa de diabetes más alta de todo el mundo), homicidio (61% más) y suicidio (62% más).[8] Otro dato revelador que ofrece la ONU es que las mujeres indígenas en EEUU tienen 2’5 veces más probabilidades de ser violadas o de sufrir acoso sexual que el resto de mujeres.

Aunque hay mucha diferencia entre unos pueblos y otros, sí se puede decir que el navajo es el más combativo en estos momentos. No sólo mantiene reclamaciones en los tribunales y rechaza las actividades extractivas como el uranio, sino que está realizando una campaña relacionada con la deforestación de los territorios tradicionales indígenas y la reversión de una práctica iniciada en la década de 1970 que consistía en el traslado de poblaciones de nativo-americanos para ser reubicados en otros lugares sin su consentimiento ni “justa y equitativa compensación”. Los navajo han llevado el caso a la ONU y plantean que si no es posible volver a las tierras tradicionales al menos se les conceda tierras de igual tamaño y calidad.

En lo que sí hay un avance es en la cuestión educativa. Las agresivas tácticas de asimilación del pasado, tales como las escuelas residenciales y los programas de adopción, han tenido un impacto en las culturas, los idiomas y las tradiciones de los “nativo americanos”. Incluso hoy siguen funcionando los internados, unos dirigidos por la Oficina de Asuntos Indígenas, otros administrados por iglesias y otros se encuentran bajo el control de los propios pueblos originarios. La asistencia ya no es obligatoria y los niños no son obligados a practicar el cristianismo, lo que es un avance respecto al pasado, y es en las escuelas bajo control de los propios pueblos donde se les educa de forma bilingüe y se hace hincapié en las tradiciones culturales nativas. A ello ayuda el que en 2006 se aprobase una norma, la Ley Esther Martínez para la Preservación de las Lenguas Indígenas, que ha permitido que durante tres años se otorgase financiamiento a aquellas instituciones que enseñen las lenguas indígenas, puesto que las estimaciones sobre la supervivencia de las mismas no son optimistas: los lingüistas estiman que para el año 2050 sólo se mantendrán vivas 20 lenguas indígenas en EEUU. La ley lleva en nombre de una anciana pueblo-tewa que siempre se preocupó por la revitalización de su lengua.

Un aspecto a tener en cuenta sobre la situación de los indígenas en Estados Unidos es el referente al racismo que la ley aprobada en Arizona pone encima de la mesa con toda su crudeza. No sólo está dirigida contra la población no anglosajona de origen hispano, sino a los propios pueblos originarios que, como los yaqui procedentes de lo que hoy es México, tienen un parecido físico extraordinario con cualquiera de los pueblos de origen azteca en este país latinoamericano. Arizona es un territorio con amplias raíces mexicanas y también, y por ello, anti-mexicano. Los yaqui viven sin problemas en barrios marginales con gran población hispana, como South Tucson, en la capital de ese estado. Tal vez sería interesante que James Anaya, el actual Relator Especial de la ONU para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, natural de Arizona, realice un informe sobre su país y su Estado y no se limitase sólo a criticar la ley junto con otros cinco relatores especiales de la ONU en cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Los pueblos navajo, hopi y yaqui a buen seguro que se lo agradecerían y la famosa “comunidad internacional” vería cómo se las gasta el país adalid de los derechos humanos con pueblos originarios como éstos, entre otros, que además están radicados en Arizona. Tal vez con este pequeño dato se pueda comprender mucho mejor la expresión de felicidad de la indígena yaqui que asistió a la votación en la que la Asamblea General de la ONU adoptó la DDPI en el año 2007 (ver “La larga lucha hacia la visibilización”).

[2] Entre paréntesis figuran algunos de los diferentes grupos que componen los diferentes pueblos indígenas, nativo-americanos en el lenguaje oficial. Como ejemplo, por ser más conocido, el pueblo apache lo componen los grupos chiricahua, jicarilla, lipan y mescalero.

[6] Estado de Nueva York versus Nación India Shinnecock. Tribunal de Distrito de los EEUU, Distrito Oriental de Nueva York, 30 de octubre de 2007.

GUATEMALA

Uno de los países con mayor población indígena del continente aunque, si hay que hacer caso al censo oficial de 2002, de una población total de 11’2 millones de habitantes apenas 4’5 millones se identificaban como indígenas.[1] Eso supondría el 39% del total de la población. Pero un informe del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en 2004 elevaba esa proporción al 66%, volviéndose a poner de manifiesto que todas estas cifras, sobre todo las oficiales, hay que tomarlas con mucha cautela. Diga lo que diga el censo es indudable que Guatemala es una sociedad indígena en muchos aspectos, tiene una identidad indígena predominante que no ha podido ser borrada a lo largo de la historia.

Los pueblos indígenas son achí, akateco, awakateco, chortí, chuj, itzá, ixil, jacalteco, kaqchikel, k’iché, mam, mopan, poqomam, poqomchí, q’anjob’al, q’eqchí, sakapulteco, sipakapense, tektiteko, tz’utujil, uspanteko, xinka y garífuna. Las mayores concentraciones de poblaciones indígenas se concentran en los departamentos al norte y al occidente de la Ciudad de Guatemala, especialmente en el Quiché, Alta y Baja Verapaz, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos. Cerca del 70% continúa viviendo en zonas rurales, mientas que el resto o bien ha emigrado a las ciudades o bien a México y/o a Estados Unidos. Es una consecuencia directa de la falta de tierra que viene de la etapa colonial y remarcada con la independencia de la metrópoli que se tradujo en que estos pueblos (todos del tronco maya a excepción de los xinca y garífuna) fueron despojados de sus tierras, quedando las comunitarias en zonas altas, lo que les ha obligado desde entonces a trabajar como jornaleros en temporadas de cosecha o a emigrar hacia otros países. Con tan alto porcentaje de población residente en el campo no es extraño el dato de que el 84% de los indígenas es pobre, de ellos el 24% en situación de extrema pobreza, el analfabetismo es del 41’7% y la desnutrición alcanza al 34% de los niños. En cuanto al nivel de analfabetismo, en los departamentos de Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Baja Verapaz y Sololá está en el 61%, cifra que se eleva hasta el 87’5% en el caso de las mujeres. Las lenguas mam, k’iche, tz’utujil, kaqchikel, q’eqchí, poqomchí, kanjobal, jacalteco, chuj e ixil tienen una presencia significativa en muchos planos del país y, en menor medida, las chortí, poqomam, uspanteko, sakapulteco, mopan, awuakateco e itzá.

Al igual que ocurrió en El Salvador, durante los años del conflicto armado la población indígena fue el componente mayoritario de la guerrilla y en ella se cebó la represión. Como está reflejado en las páginas iniciales de este libro, el 83% de los muertos ocasionados por el Ejército (se calcula que 200.000 personas fueron asesinadas) fueron indígenas. Un verdadero etnocidio que no ha llamado mucho la atención en el mundo, al que se sumó el arrasamiento y destrucción de pueblos y comunidades. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH),[2] establecida tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, afirma que la violencia contra las poblaciones indígenas transformó radicalmente las comunidades; las estructuras tradicionalmente comunitarias como las cofradías y los concilios de ancianos fueron abolidas o sometidas a controles militares y, al mismo tiempo, el reclutamiento de muchos indígenas por parte de las denominadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), con un carácter claramente paramilitar, exacerbó las divisiones entre la población.

Con los Acuerdos de Paz se produjo una reforma constitucional que incluyó los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento del país como multiétnico y plurinacional. Sin embargo, no se ha pasado de ahí. No ha sido posible su plasmación normativa en el ejercicio de esos derechos. La oligarquía criolla y el poderoso sector económico continúan obstruyendo incluso los intentos más sencillos para reconocer los derechos de los indígenas, especialmente los colectivos como consecuencia de la escasa fuerza política y social de los indígenas, muy al contrario de lo que sucede en otros países –Bolivia, Perú, Ecuador- donde también son una parte importante de la población total. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocía con sorpresa que “si bien los Acuerdos de Paz, en especial el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, representaron la oportunidad histórica para superar los flagelos de la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas, es el Acuerdo con menor grado de cumplimiento, a pesar de su obvia trascendencia en el país”.[3]

Pero la conmemoración del décimo aniversario de los Acuerdos de Paz fue aprovechada para un cierto resurgir en aspectos como la denuncia del Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, la explotación de minería a cielo abierto en territorios indígenas y la construcción de grandes empresas hidroeléctricas. A ello ayudó la política gubernamental, que ante los devastadores efectos provocados por un huracán en 2005 privilegió la reconstrucción de los bienes y empresas de los sectores oligárquicos dejando en el máximo abandono a las comunidades indígenas que habían quedado totalmente destruidas por dicho huracán a pesar de haberse dicho justamente lo contrario, que iba a privilegiar la reconstrucción en las zonas más pobres. Tras años de postración, se retomaron las movilizaciones indígenas en forma de paros, tomas de carreteras y celebración de consultas (referéndums) en varias poblaciones para conocer la opinión de los pobladores sobre las concesiones otorgadas por el gobierno para la explotación minera de níquel, hierro, cromo y magnesio en sus tierras. Las empresas no tuvieron en menor reparo en iniciar costosas campañas publicitarias para desautorizar las consultas y se publicaron artículos en revistas especializadas afirmando que “el éxito de GlamisGold [una de las empresas mineras sobre las que se realizaba una consulta, en este caso en la localidad de Sipacapa] en cuanto a las Relaciones Publicas relacionadas con el Proyecto Marlin es crucial. Es una situación que se debe ganar, y la realidad es que la industria necesita una respuesta coordinada. Las ramificaciones se sentirán no solo por la compañía, sino por la industria minera a nivel mundial”.[4] Lastima para ellos que la población indígena de esa localidad fuese casi en su totalidad analfabeta. Pero el mensaje no iba dirigido a ellos, sino a otros. A los funcionarios gubernamentales con fuertes vinculaciones con este tipo de empresas; a los bancos e instituciones financieras internacionales que otorgan créditos para “ayuda al desarrollo” de las comunidades indígenas –por ejemplo, el Banco Interamericano para el Desarrollo es quien más “incentiva” la plantación de palma africana y caña de azúcar para los agrocumbustibles, cuya extensión ha pasado de 31.000 hectáreas en 2003 a 83.000 hectáreas en 2008-,[5] para los llamados medios de comunicación que sólo comunican hacia y desde un lado y para los jueces, que no se viesen tentados a validar los derechos y reivindicaciones indígenas en sus sentencias. Ya dejaba claro el redactor que “es una situación que se debe ganar”.

Ni qué decir tiene que los indígenas rechazaron amplísimamente esas explotaciones. Por ejemplo, las 42 comunidades del municipio de Ixchiguán en el departamento de San Marcos, manifestaron un rotundo rechazo al establecimiento de proyectos mineros a cielo abierto en su territorio, debido a la destrucción y contaminación de las fuentes de agua. No obstante, el gobierno, asumiendo ese mensaje de “se debe ganar” trasladado desde las empresas, no reconoció las consultas al no considerarlas legalmente vinculantes (con lo que incumplía de forma fragante el Convenio 169 de la OIT) y siguió adelante con los proyectos lo cual, a su vez, fue contestado por la toma de tierras por parte de los indígenas q’ecqchí de 16 comunidades y tuvo lugar la consiguiente represión. Datos oficiales del gobierno –Ministerio de Energía y Minas- establecen en 136 los permisos de explotación minera existentes en Guatemala, de los que 67 se llevan a cabo en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal, todos ellos con un altísimo porcentaje de población indígena especialmente los tres primeros. Y en todas esas explotaciones las empresas son de matriz canadiense. En virtud de la Ley de Minería –impulsada dentro del programa de reajuste estructural impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- se reduce el porcentaje de beneficios que percibe el Estado a sólo un uno por ciento y se permite a las empresas extranjeras adquirir el 100% de la propiedad de las empresas, estando exentas al mismo tiempo del pago de impuestos como el agua y la maquinaria importada. A estos datos mineros hay que añadir 64 proyectos hidroeléctricos.

Como consecuencia, el problema de la tierra surgió al primer plano. Desde 2005 existía una Mesa Intersectorial de Diálogo y Participación de Política de Desarrollo Rural Integral que apenas había logrado reunirse ante el boicot de los empresarios a que se discutieran temas como la expropiación de las tierras ociosas puesto que eso atentaría contra el principio de propiedad privada. El gobierno optó por apoyarse en los empresarios y elaboró unas propuestas agrarias en las que no reconocía la propiedad comunal ni la expropiación de esas tierras ociosas e impulsando para ellas el arrendamiento.[6] Las organizaciones indígenas y campesinas rechazaron de plano el plan del gobierno por su “estrecha y sólida conexión entre los intereses gubernamentales y la Cámara del Agro, particularmente en los temas referidos a la situación agraria y los derechos de los Pueblos Indígenas”.[7]

En una de cal y otra de arena, tras la aprobación de este plan agrícola el gobierno reconoció que los pueblos indígenas son objeto de exclusión social y de diversas manifestaciones de racismo. Claro que antes de este golpe de pecho había sido criticado por el comité de la ONU que se encarga de este tema y el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo le había dejado en evidencia al constatar la interrelación existente entre el racismo y la discriminación, por un lado, y el mantenimiento de un sistema económico claramente desigual, por otro. Además, Guatemala había sido visitada por Evo Morales, el presidente de Bolivia, y ese fenómeno había generado un importante resurgimiento político del movimiento indígena, hasta entonces muy débil y fraccionado, que se plasmó en la organización Winaq (gente, en el idioma maya) liderada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

Este simple hecho provocó que los partidos tradicionales impulsasen la presencia de indígenas en sus filas y candidaturas en las elecciones de 2008, aunque en un segundo plano a nivel nacional. En el ámbito municipal, los candidatos indígenas de diferentes organizaciones se hicieron, por primera vez en el país, con la alcaldía en 129 de los 332 municipios existentes. Un incremento cuantitativo de la participación indígena pero a través de espacios políticos conservadores, bien abiertamente derechistas o pretendidamente socialdemócratas. En cualquier caso, ambas opciones usan a los indígenas como símbolos, no como participación real y efectiva con cuotas de poder. Un columnista de un periódico oligárquico que en los últimos años ha ido abriendo tímidamente sus páginas a la información relativa a los indígenas lo reconocía de forma gráfica: “Hay algunos diputados mayas, pero éstos no cuentan; no sé si porque sólo están allí de relleno o por complicidad (…) A los actuales dipu-mayas tal vez no hay que echarles mucha culpa porque están allí de relleno o por complicidad con partidos dirigidos por ladinos cuyo esquema mental es que siguen mandando ‘indios’”. [8]

La mayoría de estos alcaldes representan al partido en el gobierno que preside Álvaro Colom y fue la respuesta indígena a una campaña con etiqueta socialdemócrata que tenía como uno de sus principales lemas “Gobierno de esperanza para los pobres e indígenas”. Tanto a nivel gubernamental como municipal se iniciaron diferentes programas educativos, sanitarios y de aumento de la productividad en el medio rural que fueron bien acogidos por los indígenas. Incluso hubo un gesto de gran simbolismo: la presencia de la bandera maya en los actos públicos. Sin embargo, a la hora de iniciar transformaciones en las relaciones de propiedad o de la tierra la cosa no fue muy diferente respecto a la actitud mantenida por gobiernos anteriores. Las comunidades de los pueblos indígenas reimpulsaron la consulta en sus municipios para que la población decidiese sobre las explotaciones mineras, esta vez en muchos más lugares y abarcando a un mayor número de personas. Hasta 400.000 indígenas participaron en las mismas. El resultado se volvió a repetir, un rotundo rechazo a este tipo de explotaciones. Y la respuesta del gobierno volvió a ser la misma: las consultas no son legales al no contar con el aval ni de la ley ni del Tribunal Supremo. Ni una mención al Convenio de la OIT ni a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la ONU un año antes de las elecciones y que contó con el voto favorable de Guatemala. Por lo tanto, todas las acciones que impulsaron estas comunidades eran ilegales y, en calidad de tales, competencia de la policía. Las actividades de protesta no sólo contra la minería, sino el petróleo fueron reprimidas y se declaró el estado de excepción en una zona (San Juan de Sacatepéquez) habitada mayoritariamente por el pueblo kakchiquel, que se había significado en las movilizaciones.

Ante este comportamiento del gobierno los representantes q’eqchí de 43 comunidades han presentado una demanda ante la CIDH por violación de sus derechos y uso tradicional a los recursos naturales sin que en el momento de elaborar este libro haya sido resuelta. Al mismo tiempo realizaron el primer encuentro nacional en defensa del territorio y la naturaleza en el que dejaban patente que el rechazo a los megaproyectos que se expresaba en algunas comunidades no era el único, que era un rechazo extensivo a todas las comunidades y organizaciones indígenas en Guatemala y que ellos no se iban a conformar con la promesa de “regalías” (pequeña participación en los beneficios) sino que lo que reivindicaban era su derecho al territorio. “Lo que queremos es que el interés colectivo prevalezca sobre los intereses de unos pocos, porque la destrucción que hacen las empresas mineras y petroleras a la naturaleza es irreversible”.[9]

El derecho indígena sobre el territorio es cuestionado una y otra vez en la práctica por un Estado que lo asume sobre el papel a nivel internacional, puesto que a nivel nacional aún no lo ha incluido dentro de su normativa legal. Para la élite tradicional criolla –el racismo es un elemento determinante en la historia, pasada y actual de Guatemala- los pueblos indígenas sólo tienen derechos, y con limitaciones, en el aspecto cultural pero no, desde luego, en lo referente a la tierra. Ello aumenta la vulnerabilidad de una población que sigue manteniendo unos índices de pobreza escalofriantes y que se traducen en un simple dato: la ONU dice que en 2010 hay una diferencia de 13 años entre la esperanza de vida de los indígenas y no indígenas, más para estos últimos como es lógico por lo que venimos relatando.[10] El modelo de desarrollo existente en el país no ha cambiado y no tiene visos de hacerlo sin una mayor presencia indígena en el ámbito político. La explotación de los recursos naturales a nivel masivo, las represas, los agrocombustibles están arrasando con las pocas tierras fértiles de las comunidades indígenas, su hábitat tradicional, sus lugares sagrados.

La movilización es inevitable y necesaria. La única posibilidad que tienen los indígenas de hacer valer sus derechos frente a una oligarquía ladina que sólo cede en algunos de ellos a través de la presión y al constatarse que la represión, como durante la guerra interna, no elimina las ansias de emancipación de estos pueblos. San Juan de Sacatepéquez tuvo muertos, heridos y detenidos pero logró el compromiso del gobierno de suspender el otorgamiento de licencias de exploración y explotación minera. Habían logrado la solidaridad activa de otras comunidades, como San Miguel Ixtahuacán que salieron a cortar carreteras para auxiliar a sus hermanos, prácticamente cercados por la policía y protestar también contra las mineras en su municipio. El movimiento se extendía y el gobierno se vio obligado a ceder y a firmar un acuerdo[11] al que se resistió cuanto pudo. Las empresas, mientras tanto, a lo suyo: financiar a partidos políticos y diputados para aprobar restricciones al contenido del acuerdo, el amedrentamiento, las amenazas y las agresiones intimidatorias contra los principales dirigentes de la comunidad kakchiquel[12] que se caracteriza por estar en la vanguardia a la hora de defender su derecho al territorio y sus recursos naturales ante la invasión de la minería extractora.

El país se mueve “desde abajo”, por lo que hay que reconducir el proceso “desde arriba” para que los privilegios de que se disfruta este sector oligárquico no se pongan en cuestión. Otorgar algo para no perder nada. Esa es la reacción del gobierno y algunas fuerzas que lo sustentan. En 2009 se propuso una reforma constitucional que incluyese algunos derechos indígenas para reducir los altos niveles de pobreza en que viven para construir “un Estado más representativo, más plural y multiétnico”. Está clara entonces cuál es la situación en Guatemala, ni hay estado representativo, ni plural, ni multiétnico. Si estos aspectos le hubiesen interesado a la oligarquía no se estaría hablando en el siglo XXI de ello. Pero las movilizaciones indígenas han hecho que se preocupe algo al menos porque también las organizaciones indígenas hacen propuestas que no se pueden dejar de oír como la que habían hecho a comienzos de ese año, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, que había llegado hasta el congreso guatemalteco de la mano de  la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Asociación Política de Mujeres Mayas y la Defensoría Maya. El gobierno creó entonces la Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado para que el movimiento no se le fuese de las manos y que desde esta institución salgan las propuestas de reforma que atañan directamente a los pueblos indígenas como la eliminación de la discriminación racial, la ley de consulta –meramente consultiva, no vinculante-, los lugares sagrados, la educación bilingüe, la jurisdicción indígena… o sea, todo lo que ahora no hay. Tampoco hay soberanía de la tierra, pero eso ni siquiera se discute. Lo otro es lo políticamente correcto, la tierra es ya una cuestión de poder puesto que en Guatemala el 2% de la población posee el 90% del terreno nacional.

La oligarquía ladina puede que acepte aprobar algunas de esas cuestiones, pero el meollo de la cuestión no es si se aprueban, sino si se desarrollan aunque sean relativamente fáciles y poco comprometidas. Por eso los pueblos indígenas reaccionaron con escepticismo, máxime cuando la propuesta de reforma no toca lo principal: la economía y el territorio. Y cuando en esa propuesta de reforma se incluyen aspectos como los recursos naturales e hídricos, pero no la consulta previa a las comunidades indígenas sino una participación subsidiaria de las mismas, queda claro que sigue muy vigente el lema de cambiar todo para que todo siga igual. Forma, no fondo. Las organizaciones indígenas han presentado propuestas muy diferentes sobre la conservación y manejo de los recursos naturales en tierras comunales, el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su potestad para beneficiarse de la explotación de esos recursos que han llegado hasta las instancias oficiales. Allí siguen. Mientras tanto, el Estado se niega a ofrecer información detallada sobre las actividades extractivas y sus impactos ambientales y sociales, incrementa la expansión de cultivos de caña de azúcar y palma de aceite (imprescindibles para los agrocombustibles) en las zonas indígenas, criminaliza los movimientos sociales e indígenas y está comenzando a resurgir, otra vez, el paramilitarismo vinculado tanto a los organismos policiales como a los terratenientes y a las grandes compañías. Es algo que no sólo ocurrió en San Juan de Sacatepéquez, sino en El Estor e Ixcán. Y en otros pueblos, el Ejército o bien está asentado dentro del recinto de las compañías mineras a modo de protección o “protegiendo los proyectos de desarrollo”.

Es mucho lo que hay que cambiar en Guatemala para que los indígenas, un tercio del país para el gobierno, mayoría clara de dos tercios para otras instancias como la ONU, logren el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos. Para ello no bastan las buenas intenciones, sino un cambio político que termine con el concepto de “los valores y conceptos que han hecho grande a la civilización occidental” (sic) que recoge algunos aspectos del orden constitucional de Guatemala. Un paso en esa dirección la dieron, por vez primera en el país, la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso emitiendo un dictamen favorable a la iniciativa de ley de consulta (octubre 2009) y la Corte Constitucional cuando en una sentencia de diciembre de 2009 daba la razón a la comunidad kakchiquel de San Juan de Sacatepéquez -¡otra vez ellos!- en su conflicto con una empresa cementera y minera y, de forma relevante, en la falta de consulta previa y el consentimiento previo e informado de la comunidad tomando en consideración no sólo el Convenio 169 de la OIT sino toda la legislación internacional al respecto. Pero, aún sentando un precedente, la Corte Constitucional también daba la razón al gobierno, e indirectamente a la empresa, al afirmar que no se puede paralizar su actividad dado el interés nacional de la industria cementera. Dos “intereses contrapuestos” frente a los que, al final, la justicia no es ciega ni imparcial y se decanta por el de la empresa anteponiendo el derecho colectivo de Guatemala (“un elemento estratégico de la economía nacional y un bien indispensable para el desarrollo social”) al derecho colectivo de una comunidad concreta (sic).[13] Es decir, sí al derecho a la consulta previa pero limitando, y mucho, la conformidad o no de las comunidades indígenas. Sí pero no a la legislación internacional que acoge en un hecho inédito de por sí por el simple hecho de hacerlo. Si la iniciativa del Congreso tenía previsto incluir la consulta como obligatoria y determinante, la justicia se encargaba de delimitar por dónde debía ir su aprobación.

Claro que en Guatemala, como en muchos otros países del continente de Abya Yala, no se hacen las cosas porque sí. El país había recibido la visita del Relator de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer el acceso de los pueblos indígenas a la justicia y había cuestionado al Estado por la desigualdad existente[14]. Al mismo tiempo, Guatemala tenía que “examinarse” ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Organización Internacional del Trabajo. Algo tenía que ofrecer si quería que su imagen internacional no quedase definitivamente por los suelos, ya muy deteriorada con cuestiones como la impunidad pasada y presente de múltiples asesinatos, dado que dos meses antes de esta sentencia de la Corte Constitucional el CEDR había manifestado por enésima vez y con una contundencia inesperada su “preocupación profunda por el arraigo profundo del racismo y la discriminación racial contra los pueblos maya, xinca y garífuna existentes dentro del territorio del Estado parte y la insuficiencia de políticas públicas en materia de eliminación de la discriminación racial”, exhortando a Guatemala a aprobar “el proyecto de política nacional denominada ‘Por una convivencia armónica e intercultural’ encaminada a eliminar la discriminación racial y a tomar medidas especiales a favor de los pueblos históricamente discriminados, indígenas y afrodescendientes”.[15]

Sin embargo la resolución de la Corte Constitucional no satisfizo a la OIT, quien en su informe de 2010 exigió la suspensión “inmediata” de las actividades mineras en San Juan de Sacatepéquez en tanto se produjese el diálogo entre indígenas, empresa y gobierno “y se evaluase con la participación de los pueblos interesados la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente de las actividades previstas y la medida en que los intereses de los pueblos indígenas se verían perjudicados”.[16] Pero no se circunscribió a un caso particular, sino que lo extrapoló al resto del país: “la Comisión insta al Gobierno que se sirva adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el establecimiento de mecanismos apropiados de consulta y participación tal y como está previsto en el Convenio”,[17] reclamando además información sobre las medidas transitorias adoptadas para proteger los derechos a la tierra de los pueblos indígenas hasta que no se avance en la regularización de tierras.

Y tampoco está muy contento que digamos el CEDR con las explicaciones que ofrece el gobierno de Guatemala y las políticas que impulsa. El informe (marzo de 2010) no deja títere con cabeza: critica el racismo institucional y comunicacional, pide el reconocimiento del sistema tradicional de justicia indígena y la presencia de intérpretes en juicios contra indígenas, condena los asesinatos de indígenas y defensores de los derechos humanos, solicita la reforma del marco legal que rige la explotación de recursos naturales de manera que se establezcan mecanismos de consulta previa con las poblaciones afectadas sobre el impacto de dichas explotaciones sobre sus comunidades y realiza otra serie de recomendaciones y críticas al Estado en cuestiones de salud, educación y acceso al agua potable.[18]

El gobierno pareció no darse por enterado, pero las comunidades indígenas estaban muy al tanto de todo ello y los alcaldes comunales de San Miguel Ixtahuacán, una localidad que había jugado un papel también destacado junto a San Juan de Sacatepéquez en el rechazo a la minería, presentaron una petición oficial al Presidente de Guatemala y a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos para que se suspendiesen de inmediato, como reclamaba la OIT, las operaciones mineras en San Juan de Sacatepéquez, Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.[19] Ni querían ni podían dejar que, otra vez más, una solicitud internacional quedase en el olvido. Tampoco estaban dispuestos a ello los pobladores. Ocho municipios de Huehuetenango declararon libres de minería y megaproyectos sus territorios. Sentencias, movilizaciones, acciones, rechazo. El miedo comenzó a recorrer la espina dorsal de las grandes empresas y se sacaron un as de la manga: un informe empresarial acerca del impacto en los derechos humanos de una de sus minas,[20] esa que había sido denunciada por la comunidad de Sipacapa y que había iniciado una guerra “que había que vencer”. Ahora sí son importantes los derechos humanos, ambientales y sociales.

¿Había entrado el buen juicio en las compañías mineras? En absoluto, preparaban el terreno para que el gobierno, cuando se viese obligado a tomar una decisión en la línea marcada por la OIT, tuviese en cuenta sus puntos de vista. Y así lo hizo. El vicepresidente afirmó enfáticamente que la mina “no viola los derechos humanos” y, por lo tanto, el presidente Colom hizo lo que estaba cantado: no acatar la resolución de la OIT –y de la CIDH, que en ese lapso de tiempo también había reclamado el cierre- por no “tener fundamento”.

Nueva movilización, nueva crítica internacional y el gobierno ya no tuvo más remedio que cumplir la legislación internacional. El 23 de junio de 2010 se vio obligado a anunciar el cierre de esa mina, en concreto, en tanto no haya diálogo y estudios ambientales.[21] Un triunfo del pueblo indígena de Guatemala que ofrece una interesante experiencia de lucha y resistencia al resto de pueblos originarios en Abya Yala que no se queda en estos éxitos sino que sigue adelante en su camino hacia la emancipación dejando clara su voluntad de autodeterminación y control de los recursos naturales en sus tierras. En septiembre, la comunidad qe’qchí de Lanquín sometió a consulta a la población (“¿Aceptan que se desarrollen proyectos hidroeléctricos, mineros, áreas protegidas y megaproyectos que afecten la vida, el bienestar de nuestros hijos e hijas, familias, nuestras tierras y el territorio?”) el intento gubernamental de autorizar el ingreso de empresas en su territorio sin la consulta legal pertinente. De nuevo el gobierno incumpliendo y de nuevo la población indígena respondiendo. Ni qué decir tiene que esa consulta recogió un abrumador rechazo a la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas (14.490 votos en contra de los proyectos y 24 a favor)[22] en un impresionante ejercicio de participación y decisión del pueblo en la toma de decisiones.

[3] CIDH. Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala. 29 de diciembre de 2003, OEA/Ser.L/V/II.118.

[6] Gobierno de Guatemala: Política de Desarrollo Rural Integral. Septiembre de 2006.

[8]Prensa Libre, 27 de junio de 2007.

[13] Corte de Constitucionalidad. Expediente 3878-2007. Guatemala 21 de diciembre de 2009.

[15] Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 12º y 13º informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2008. Guatemala. 17 de septiembre de 2009. CERD/C/GTM/12-13

[16] OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169. Guatemala.

[17] Ibid.

[18] CEDR. Observaciones Finales. Guatemala 76º período de sesiones, 15 de febrero a 12 de marzo de 2010. CERD/C/GTM/CO/12-13

GUYANA

El censo de 2002 establece en 751.223 el número de habitantes, de los que 68.812 son indígenas (9’2% del total de la población)[1] pertenecientes a los pueblos akawaio, arekuna, kariña, lokono, makushi, patamona, waiwai, wapishana y warau que son denominados “amerindios” en la legislación para distinguirles de otros pueblos llegados bien en régimen de esclavitud durante la etapa colonial o a través de la emigración. Los pueblos waiwai (con unos 200 integrantes) y arekuna (alrededor del medio millar) son los menos numerosos, mientras que el lokono (16.000) es el principal en cuanto a número de componentes. Como de costumbre, hay disparidad entre las cifras oficiales y las de los pueblos indígenas. Estos últimos incluyen a los trio, taruma y atorad como etnias aún existentes –lo que no reconoce el censo oficial- aunque con una población muy disminuida debido a las epidemias, invasiones de sus tierras por colonos y empresas y la migración. Todos estos pueblos tienen vínculos de todo tipo con sus hermanos en Venezuela, Brasil y Surinam. También hay que mencionar que Francia mantiene una posesión colonial, la Guyana francesa, en la que viven los pueblos arawak, kalina, palikur, teko, wayampi y wayana. Y hay una zona que reclama Venezuela y no reconoce como parte de la Guyana independiente, al este del río Esequibo, que es la que aparece reflejada en el mapa.

La situación de los pueblos originarios es particular puesto que fueron de los primeros en todo el continente Abya Yala que obtuvieron derechos sobre sus tierras otorgados por los colonizadores holandeses. Ya en 1784 contaban con la “plena y libre propiedad” de las mismas y debido a que Guyana es un país surcado por decenas de ríos –su nombre significa “el país de las muchas aguas”- y de bosques, en gran parte selva húmeda impenetrable, lo que les permitió mantener sus territorios sin grandes agresiones hasta casi finalizar el siglo XX dado que los colonos europeos y los migrantes se mantenían en lugares donde podían establecer grandes plantaciones, aledaños a la selva, pero sin penetrar en ella y en la costa, donde hoy reside el 80% de la población de Guyana.

Aunque Guyana no ha reconocido el Convenio 169 de la OIT sí recoge en una ley especial, llamada Acta Amerindia, 63 comunidades y dos distritos especiales indígenas aunque ni en las comunidades ni en los distritos están englobados todos los pueblos originarios lo que significa, en la práctica, que quedan fuera del amparo de cualquier medida legal. Las comunidades que están reconocidas (en una extensión de 9.600 kilómetros cuadrados de los 38.000 que las autoridades del Estado reconocen como sus territorios ancestrales, aunque los indígenas reclaman 69.200 kilómetros cuadrados) cuentan con un amplio espectro de derechos, incluida la elección de representantes indígenas a la Asamblea Nacional, aunque el hecho de que haya comunidades al margen de esos derechos llevó a la Asociación de Pueblos Amerindios, en 1993, a plantear una reforma del Acta Amerindia y una reforma constitucional –acordada en 1999- que garantiza los derechos fundamentales de protección de su cultura y formas de vida (incluyendo sus lenguas) e introducir el concepto de autodeterminación.

Su práctico aislamiento hasta casi finales del siglo XX ha redundado en un sistema de gobierno propio y muy descentralizado, por ejemplo, en la toma de decisiones. Se mantiene el sistema utilizado durante la época colonial de “capitanes municipales” que son quienes gobiernan las comunidades denominadas Consejos Municipales. Es a estos consejos a quienes se otorgan los títulos de propiedad y cuentan con un elevado nivel de autogobierno que venía a sancionar la reforma constitucional acordada en 1999. Esta forma de gobierno indígena se coordina en asociaciones regionales y nacionales de las que una de sus máximas expresiones es la Asociación de Pueblos Amerindios. También hay otra, la Organización de Pueblos Indígenas Guyaneses que ha provocado más de un enfrentamiento no sólo entre los diferentes pueblos existentes en Guyana como entre los pueblos indígenas del Caribe agrupados en la Caribbean Organization of Indigenous Peoples (COIP) que engloba a representantes de los pueblos originarios de Trinidad y Tobago, Surinam, San Vicente, Dominica y Belice.

No obstante, la reforma constitucional pese a haberse acordado en trámite parlamentario no se aplicó y sigue pendiente en la actualidad. Una de las razones del por qué no se aplicó fue la presión de las compañías madereras y mineras, que en 1991 habían comenzado a invadir las tierras indígenas y las áreas protegidas. Esto, a su vez, era consecuencia del retraso en la demarcación de tierras y una cierta connivencia del gobierno que terminó siendo complicidad abierta al convertir en “estrategia nacional de desarrollo” la expansión de la minería con el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas instituciones ya habían impulsado y financiado proyectos hidroeléctricos en la década de 1980 que conllevaban el desplazamiento de poblaciones indígenas akawayo y arekuna, aunque el BM terminó retirando la financiación al proyecto por la crítica internacional.

Con estos avales, Guyana se llenó de explotación de minas de bauxita, diamantes y oro (hay 14.500 concesiones reconocidas por la Comisión de Geología y Minas de Guyana)[2] que comenzaron a contratar trabajadores indígenas de las comunidades que no tienen reconocidos sus derechos a la tierra convirtiéndose en la mayoría de los 12.000 trabajadores que agrupa el sector minero. Tan cantidad de explotaciones mineras hace que el 25% de la superficie de Guyana esté dedicada en estos momentos a la explotación, exploración y prospección minera. De la importancia de este rubro para Guyana da muestra el hecho de que el primer ministro es a la vez el titular de la cartera de Minería.

Como se ha dicho, los pueblos originarios cuentan con un amplio reconocimiento de derechos y el Grupo de Trabajo sobre las Tierras Amerindias, establecido en 1990, es quien se encarga de todo lo relativo a los territorios ancestrales. No obstante, no cuenta con el apoyo de todos los pueblos indígenas por considerar que se trata de una instancia no participativa que ha dado prioridad a examinar los limitados títulos de propiedad otorgados, en lugar de responder a las reivindicaciones pendientes. Una de las funciones de este Grupo de Trabajo es proteger a los pueblos originarios de la explotación minera, tanto a pequeña como a gran escala, en sus tierras pero dicha protección es sólo efectiva en las tierras “legales”, es decir, en aquellas que cuentan ya con títulos de propiedad. En las otras, aún por demarcar, el gobierno sólo obliga a las empresas a consultar con los indígenas siempre que hagan prospecciones pero no hay ningún tipo de supervisión oficial sobre tal consulta, que queda al arbitrio de la empresa.

Por lo tanto, el impacto de la explotación minera sobre los pueblos indígenas es notable no sólo en el aspecto humano (mano de obra y prostitución, voluntaria o forzada, junto a consumo del alcohol y violaciones) sino en el relativo a la contaminación de los ríos y agua potable con la consiguiente disminución de la pesca y la caza, lo que acentúa aún más su situación de pobreza.

La situación es tan dramática que el gobierno decidió en 2006 abordar una nueva reforma del Acta Amerindia “para allanar el camino de los amerindios en los aspectos sociales, económicos y políticos”. Pero cuatro años después aún no ha entrado en vigor, de nuevo por presiones de las compañías mineras dado que en virtud de esa reforma el 20% de los beneficios que generasen las explotaciones debían ir a un fondo destinado al beneficio de los pueblos indígenas. Las empresas mineras consideraron muy alto el porcentaje y el gobierno no se ha atrevido desde entonces a aplicarla. Son las compañías mineras canadienses y brasileñas las que controlan totalmente el sector. La canadiense Vannesa Ventures, por mencionar una, tiene una concesión de dos millones de hectáreas en la cordillera Kanuku, densamente poblada de bosques, y parte del territorio ancestral de los pueblos makushi, waiwai y wapishana pese al rechazo que mostraron a la explotación de sus tierras.

Junto a la minería, los indígenas se enfrentan a la deforestación de la selva y los bosques tropicales. Como se ha dicho, el haber estado en un aislamiento práctico hasta finales del siglo XX ha permitido que gran parte de Guyana haya sido un ecosistema prácticamente virgen. Los indígenas sólo utilizaban sus recursos de forma sustentable. Pero con la liberalización impuesta y avalada por el BM y el FMI se ha iniciado un proceso constante de deforestación en una doble vertiente: permitir la explotación minera y la maderera. Una medida sugerida por estas instituciones internacionales es la creación de Parques Nacionales para dejar así el terreno libre a la explotación del resto de territorios, pero los pueblos originarios se oponen hasta tanto sus derechos territoriales sean totalmente reconocidos y la totalidad de sus tierras demarcadas. Este es un requisito imprescindible para detener las actividades depredadoras de las compañías mineras y madereras multinacionales que operan en el país.

No parece que el gobierno esté por la labor. Según los planes existentes, es posible la explotación de los bosques y selvas (que ocupan el 85% de la superficie del país) si el país recibe dinero a cambio para evitar la destrucción de todos los bosques fuera de las tierras protegidas. Es una iniciativa parecida a la que adoptó Ecuador en el Parque del Yasuní (ver este país) y por la que pretende lograr entre 270 y 1.600 millones de euros anuales. De nuevo la resistencia empresarial, que ha calificado la propuesta como “chantaje”[3] aunque la idea ha sido bien acogida por el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega, entre otros.

El gobierno se está dando mucha prisa en organizar “reuniones de sensibilización” con las comunidades indígenas (2009) para dar a conocer su iniciativa. Lo que no dice es cómo va a funcionar su plan si, al mismo tiempo, asegura a las empresas mineras y madereras que sus intereses y actividades no se verán afectadas y afirma también que va a desarrollar la industria del petróleo y del gas como “factor de desarrollo”.[4]

HONDURAS

El censo oficial sitúa en 8.045.990 la población, de la que 496.600 pertenecería a los pueblos indígenas chortí, lenca, miskito, nahua, pech o paya, tawahka o sumo y tolupán o xicaque. De nuevo la disparidad de cifras puesto que el número de indígenas según sus propias organizaciones es de 607.300 a quienes hay que sumar un número cercano a las 200.000 personas de los negros del Caribe y garifunas. Son, con mucho, el sector más pobre y abandonado del país. Los organismos de la ONU estiman que viven en una situación de “extrema pobreza” en unas 4.000 aldeas,[1] condición determinada a lo largo de los siglos, desde la colonización española, por la falta de acceso a la educación, salud, seguridad, acceso a la tierra y a sus recursos naturales. El territorio reclamado por los pueblos indígenas es de aproximadamente 2 millones de hectáreas, sobre una extensión nacional de 11’2 millones, y solo el 10% de ellos tiene un título de propiedad de las mismas asegurado.

Si hay un país en el continente americano donde formalmente se reconozca a los pueblos indígenas y en la práctica apenas se hayan implementado disposiciones para que salgan de su “invisibilidad” socio-política y su extrema pobreza, ese es Honduras (también habría que poner a Chile y El Salvador en este dudoso “lugar de honor”). Formalmente tienen reconocimiento legal en la Constitución, derecho para definir y mantener su propia forma de gobierno para tratar sus asuntos, potestad para usar y explotar las tierras que les pertenecen y a participar en las decisiones que les afectan, directa o indirectamente. En la práctica no ocurre nada de eso. No lo dice un radical, sino el propio Banco Mundial[2] y la situación no ha evolucionado ni un ápice desde que esa tajante afirmación se realizó en 2003. Y eso a pesar que Honduras cuenta, desde 2001, con una estrategia de “reducción de la pobreza” que hace mención a los “pueblos étnicos”.

Hubo un ligero movimiento para cambiar la situación cuando Manuel Zelaya accedió a la presidencia en el año 2006. Era un político más de la alternancia conservadora en el poder desde la independencia de España, ligado al sector de la madera, y la oligarquía no mostró la menor preocupación puesto que era uno de los suyos. Su política económica así lo manifestaba. Pero a medio mandato inició un cambio político, con cambios que tenían como objetivo favorecer a la población más postergada (la red solidaria, bono tecnológico a los pequeños agricultores, merienda escolar y transferencias directas a ciertos grupos vulnerables, entre otros) e iniciativas legislativas que favorecían, siquiera indirectamente, a los pueblos indígenas puesto que en varias de estas medidas se les mencionaba como “sectores marginalizados”. Es una calificación verídica, pero que casi se queda corta puesto que los indígenas son los más pobres de toda la población de Honduras y no tienen participación alguna en la economía. Sus ingresos principales provienen cultivo de maíz, frijol, café, la pesca y venta de artesanías.

Este dato sirve para entender por qué los indígenas recibieron con los brazos abiertos la ley forestal elaborada por el gobierno de Zelaya. Hay que tener en cuenta que los indígenas de Honduras, como en la mayor parte del continente, viven en zonas selváticas o boscosas. Esta ley, aunque no otorgaba a los indígenas los derechos que tienen recogidos en la Constitución –y que les otorga también la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la ONU en 2007, votada afirmativamente por Honduras- abría nuevas perspectivas de aumento y diversificación de ingresos a los pueblos indígenas, sobre todo con la explotación maderera. Otra iniciativa que se acercaba a los pueblos indígenas fue la elaboración de un proyecto de ley que pretendía reorientar las tierras indígenas hacia ellos mismos, aunque con muchas limitaciones.

La situación de los pueblos originarios no se debe únicamente a la desidia, desinterés y opresión a que se ven sometidos por todos los gobiernos hondureños, sino también a su propia desunión. Y a la intervención de organizaciones internacionales de todo tipo, que les están convirtiendo en meros receptores de unas cuantas ayudas con lo que palian, muy poco, su situación cotidiana pero que les impide coordinarse y reivindicar de forma conjunta al Estado sus derechos y tierras. Ellos mismos lo denuncian. Al menos los negros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), que ha venido acusando a las instituciones internacionales, públicas y privadas, de imponer a los pueblos indígenas y negros “una visión de desarrollo, vinculada a los programas de inversión e impulsando la redacción de leyes ambiguas, destinada a destruir nuestros usos y costumbres”.[3]

En Honduras, de la mano de instituciones como el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) o en Banco Mundial, se pretende impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas y negros bajo la óptica del libre mercado, con lo que se rompe la tradición comunitaria. Se incentivan los proyectos individuales dentro de las comunidades y se coloca en un segundo lugar la puesta en marcha de mecanismos de regularización de los territorios dejando en el aire todas las cuestiones relacionadas con la titulación, ampliación y saneamiento de los pueblos indígenas. Ello se hace aprovechándose del altísimo nivel de analfabetismo existente (23% reconocido de forma oficial en personas de más de 15 años, “a lo que debe sumarse el porcentaje de analfabetos en desuso, lo que hace de la situación de escolaridad un problema crítico”)[4] y de la desesperada situación de muchas de las comunidades e individuos, que no dudan en venderse al mejor postor con la finalidad de salir de su penuria cotidiana acogiéndose al apartado de “compensaciones económicas” por la venta de tierras. Esto cuando se hace por las buenas. Por las malas, sus tierras son invadidas por campesinos empobrecidos para sembrar maíz (muchas veces transgénico), frijoles o café; por empresarios madereros que aducen son tierras sin roturar (identificar como indígenas), y por traficantes de droga para sembrar sus cultivos. Es lo que le está ocurriendo al pueblo tolupán desde el año 2008.

El BID va mucho más allá. Bajo su influencia, desde 2004 y también con el el gobierno de Zelaya, se estaba elaborando un anteproyecto de Ley para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que diluía los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT hasta hacerlos desaparecer en la práctica. Los funcionarios gubernamentales encargados del “tema indígena” hablaban por activa y por pasiva de la necesidad de “regular” el Convenio 169 en lo referente a las tierras, omitiendo el concepto de territorio y evitando mencionar en la ley el marco jurídico bajo el que se titularían, si es que eso se hacía. Es una vieja tradición del BID, que elabora y promueve planes semejantes en México, Panamá o Perú con la finalidad de convertir los territorios ancestrales en propiedades individuales partiendo del concepto de que la propiedad comunal es un impedimento para el desarrollo.

Queda claro que el Estado no está libre de culpa en esta política. Como parte del Plan Puebla-Panamá, hoy denominado Proyecto Mesoamericano, Honduras ha abierto su territorio a todo tipo de planes económicos entre los que destacan los megaproyectos hidroeléctricos, las concesiones mineras a cielo abierto, la explotación de petróleo, el cultivo de palma africana para uso de los biocombustibles y proyectos turísticos que atentan contra la soberanía y supervivencia de los pueblos y comunidades indígenas. Eso por no hablar de las bases militares estadounidenses, en constante ampliación.

El tema turístico tiene una mención especial. En Honduras, desde comienzos de esta centuria, existen las Zonas Libres Turísticas que, como su nombre indica, son “libres” en referencia a que no forman parte de las tierras tradicionales indígenas, ni siquiera en calidad de “lugares sagrados”. Los indígenas vienen rechazando esta norma con insistencia y han llegado a ocupar los sitios arqueológicos, como el pueblo chortí, tanto para oponerse a esta medida como para llamar la atención sobre su histórico abandono. Este tipo de acciones las han realizado los chortí (de ascendencia maya) trece veces desde 1997 y sólo han abandonado su actitud cuando han arrancado algún compromiso al gobierno. La última acción de este tipo, llevada a cabo en la principal zona arqueológica de Honduras, Copán, duró tres días y tuvo lugar en junio de 2010.

El golpe de Estado que tuvo lugar en junio del año 2009 para desalojar de la presidencia a Zelaya no hizo sino empeorar las cosas para los pueblos indígenas dado que la mayoría de ellos tomaron partido por quien había iniciado, aún tímidamente, ciertos cambios legislativos en su beneficio. Habían apoyado propuestas concretas como la adhesión a la Alianza Bolivariana para las Américas puesto que ésta recoge un amplio apartado sobre la reducción de la pobreza y los derechos de los pueblos indígenas, la reorientación de los recursos a favor de los pueblos originarios en el marco del tema tierra/territorio y su aspiración de limitar los privilegios de los grupos tradicionalmente más favorecidos en la sociedad hondureña. Zelaya había llegado, además, a aceptar retirar del Congreso una propuesta de ley indígena que no contaba con el apoyo de la mayoría de los pueblos originarios en busca de un acuerdo con ellos a través de la Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras, de la que sólo se mantenían alejados los garifunas, división que luego fue aprovechada por los golpistas. Comenzaba a ser el presidente del país que más receptivo se había mostrado con las reivindicaciones indígenas y negras aunque ello no era óbice para que las diferentes organizaciones de estos pueblos expresasen su rechazo rotundo a los proyectos económicos y a leyes que beneficiaban los proyectos hidrocarburíferos por considerarles un atentado contra la biodiversidad, los ecosistemas y que “sólo busca beneficiar a las empresas transnacionales y el interés geoestratégico de los Estados Unidos en la región”.[5]

El golpe de Estado sirvió para que se acelerase una coordinación entre las diferentes organizaciones indígenas y sectores sociales y populares que ya se venía produciendo desde comienzos del año 2009, constituyéndose el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que se convirtió en uno de los baluartes del Frente Popular de la Resistencia, reclamando el retorno de Zelaya primero al país –había sido expulsado del mismo tras el golpe- y después a la presidencia. Esta coordinación sirvió también para que los pueblos indígenas viesen una clara oportunidad de reclamar sus derechos en forma colectiva, más allá de la denuncia del golpe de Estado, y el protagonismo lo llevaron los pueblos lenca, tolupán y chortí. Los pueblos indígenas, históricamente postergados, habían visto en la presidencia de Zelaya un tímido rayo de luz y tenían una profunda preocupación ante la resistencia de los poderes fácticos a que la población fuese consultada sobre cuestiones políticas y/o económicas de calado –la excusa para el golpe de Estado fue una consulta a la población, que no era vinculante, sobre la participación ciudadana en la vida política- haría muy difícil la aplicación del derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, tal como está garantizado en múltiples estándares internacionales y que han sido ratificados por el Estado de Honduras. De hecho, fueron los indígenas articulados alrededor del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –donde el pueblo lenca es mayoría- quienes con más insistencia apoyaron la consulta propuesta por Zelaya y la instalación de una Asamblea Constituyente que recogiese una nueva Carta Magna en la que estuviesen reconocidos todos y cada uno de sus derechos, en especial los colectivos.

Esta nueva situación no la habían previsto los golpistas, que se aumentase la conciencia política en general y de los pueblos indígenas en particular, aunque el incremento de la represión que se viene produciendo desde entonces contra unos y otros no provoca buenos augurios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado que los pueblos indígenas y garifunas han sido los más afectados por el golpe de estado.[6] No obstante, se ha iniciado ya un camino sin retorno en Honduras para que los pueblos indígenas y negros recuperen su lugar y tengan un papel protagonista en el país.

[2] Banco Mundial, “Marco conceptual para la intervención en las comunidades indígenas y negras”, Tegucicalpa, mayo 2003.

[3] OFRANEH, “La Ley Indígena del BID y la violación de su política operativa”, 31 de marzo de 2008.

[4] Unidad Regional de Asistencia Técnica, junio de 2003.

[6] Observaciones preliminalres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.

MÉXICO

Puede parecer un contrasentido, pero en los Estados Unidos de México no hay datos exactos para saber cuántos pueblos indígenas hay y cuantos idiomas hablan. No es ya la consabida diferencia entre las cifras que ofrecen gobierno e indígenas, sino que en este caso son las propias instituciones oficiales del gobierno mexicano las que manejan cantidades diferentes. Para el Instituto Nacional de Geografía y Estadística son 9.533.126 los indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, como se la conoce en México) dice que son 10.220.862 y el Consejo Nacional de Población eleva el número hasta los 12’4 millones. En todos los casos son cifras relativas al año 2005 y el porcentaje del total de la población en México oscilaría entre el 10% y el 12% dependiendo de cuáles sean las que se toman como referencia.

Tampoco es fácil responder a la pregunta de cuántos pueblos originarios hay. El número de pueblos indígenas se equipara generalmente al de lenguas y mientras que para la CDI habría 85 lenguas y 62 pueblos -dado que agrupa como un solo pueblo a algunas variantes lingüísticas del zapoteco, el mixteco, el chinanteco y el popoluca- el Programa Universitario México Nacional Multicultural de la Universidad Autónoma habla de la existencia de 76 pueblos porque agrupa a los mixtecos como un solo pueblo sin considerar las variantes lingüísticas y cree que algunos pueblos han perdido su lengua. Por si no hubiese suficiente con estas significativas disparidades, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas afirma que hay 68 lenguas que corresponden al mismo número de pueblos. La relación, por lo tanto, debe tomarse en base a los diferentes criterios de estas tres instituciones agrupando lenguas y pueblos a la vez: aguacateco, akateco, amuzgo, ayapaneco, cakchiquel, chatino, chichimeca jonaz, chinanteco, chocho, chol, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, chuj, cochimí, cora, cucapá, cuicateco, guarijío, huasteco, huave, huichol, ixcateco, ixil, jacalteco, kanjobal, kekchi, kikapú, kiliwa, kumiai, lacandón, mame, matlatzinca, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, motocintleco, náhuatl, ocuilteco, oluteco, ópata, otomí, paipai, pame, papabuco, pápago, pima, popoloca, popoluca, purépecha, quiché, sayulteco, seri, solteco, tacuate, tarahumara, tepehua, tepehuan, texistepequeño, tlapaneco, tojolabal, totonaca, triqui, tzeltal, tzotzil, yaqui, zapoteco y zoque. En unas 17.000 localidades (en su mayoría con una población inferior a los 2.500 habitantes -varias de ellas forman un municipio-, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero) entre el 30% y el 70% de la población habla alguna lengua indígena.

El control político ejercido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante setenta años conllevó el asentamiento de fuertes oligarquías, basado en el nepotismo y corrupción, a nivel municipal y estatal. Los intereses agrocomerciales, junto a una creciente concentración de tierras en manos de grandes empresas, presionó a las comunidades indígenas y campesinas, incapaces cada vez más de sobrevivir del producto de sus tierras. En 1992 fue reformada la constitución abriendo el camino a la privatización de las tierras comunales indígenas en el marco de un proceso de desarrollo económico integrado a la globalización, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que llevó grandes cambios al mundo rural, en donde viven la mayoría de los indígenas. Como se ha apuntado en las primeras páginas de este libro, desde la década de 1930 México ha basado su política indigenista en la educación, la reforma agraria y la infraestructura de carreteras y comunicaciones con el objeto de “integrar a los indios a la nación”. Sin embargo, no lo logró del todo. Los pueblos indígenas no sucumbieron por completo a este histórico proceso de aculturación y mantuvieron su identidad, conscientes y orgullosos.

Tal vez por ello, México fue uno de los primeros países del continente en firmar, en 1990, el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas aprobado un año antes. Ese hecho fue rápidamente utilizado por los pueblos originarios para reclamar la puesta en práctica de los derechos ahí recogidos, máxime cuando la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994 había conseguido que el país asumiese la necesidad de impulsar unas demandas sociales que si bien en su origen eran prioritariamente indígenas no lo eran de modo exclusivo. El levantamiento zapatista se había producido el mismo día que entraba en vigor el TLCAN (Canadá, EEUU y México) concebido por el gobierno mexicano como la estrategia fundamental de su política económica que seguía de forma lineal la estrategia diseñada por el FMI y el Banco Mundial: crecer en base a la demanda externa (exportar) y el impulso de la inversión extranjera con el argumento que el crecimiento generaría empleos y permitiría disminuir la pobreza. Esta estrategia se enmarcaba, además, en el impulso al Área de Libre Comercio para las Américas que se comenzaba a desarrollar a nivel continental. Ambos, TLCAN y ALCA, prácticamente prohibían a los países exigir requisitos de cualquier tipo a las empresas –grandes transnacionales- que invirtiesen en los países e, incluso, no eran necesarias unas reglas mínimas de comportamiento por lo que los Estados no podían establecer política alguna que implicase un deber para estas empresas y que jugasen un papel positivo en el desarrollo y bienestar de la población. Se maximizaban las ganancias, pero sin la menor exigencia de contraprestación en términos de colaboración al desarrollo de los países. Y, en el caso indígena, se iniciaba una expoliación a gran escala de los recursos naturales existentes en sus territorios. Esto estaba en el origen del levantamiento zapatista y formaba parte integral de sus demandas.

Como consecuencia de la combinación de dos formas de lucha, social y armada, el EZLN logró iniciar un proceso de negociación con el gobierno cuyo eje central fueron las reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenas aunque el proceso de diálogo se estructuró en torno a varias mesas de trabajo que abarcaban aspectos mucho más amplios de los exclusivos indígenas. Aquí no fue posible acuerdo alguno. Sólo lo hubo en el tema indígena, plasmado en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar (1996) y presentado como un pacto social sobre el que se sustentase una “profunda reforma del Estado” donde los pueblos indígenas tuviesen una nueva situación “nacional y local”. Esa nueva situación quedaría establecida en el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, su derecho a la libre determinación “asegurando la unidad nacional”, el fortalecimiento de un nuevo federalismo en México ampliando la participación y representación políticas de los indígenas, su acceso pleno a la justicia, la promoción de sus manifestaciones culturales, educación y capacitación, salud, alimentación, empleo, etc. Todo ello se enmarcaba dentro del Convenio 169 de la OIT. [1]

Al confiar en la buena voluntad del gobierno los zapatistas cometieron un error estratégico que sirvió para que hubiese un cambio en apariencia mientras todo seguía igual. Un año más tarde, la OIT tuvo que dar un toque de atención al gobierno pidiendo explicaciones sobre por qué no se había iniciado la aplicación de los Acuerdos,[2] que sólo fue posible en 2001 a raíz de una importante movilización de los pueblos indígenas demandando su aplicación completa. Se reformaron entonces algunos artículos de la Constitución que, siendo un avance respecto a lo que había, se quedaron muy cortos (cuando no incumpliendo, lisa y llanamente, los Acuerdos de San Andrés) en cuanto al reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, derechos territoriales y representación política. Los zapatistas, en calidad de firmantes de los acuerdos en los que teóricamente se asentaba la reforma constitucional, afirmaron que no se respondía “en absoluto” con las demandas de los pueblos originarios, ni del Congreso Nacional Indígena ni del propio EZLN y que traicionaba los mismos “en lo general y en lo particular”. De forma especial, “en lo relativo a puntos sustanciales como la autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación general, entre otros”.[3]

Un organismo oficial como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –surgido como consecuencia de esta reforma constitucional y supliendo la desaparición del viejo, paternalista e integracionista Instituto Nacional Indigenista (creado en los años 40 a raíz del Convenio de Pátzcuaro)- lo reconocía así, añadiendo el calificativo de “insuficiente” a esas reformas dado que “en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicos a los indígenas no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los procedimientos judiciales; los factores que provocan este problema son diversos: van desde el desconocimiento de su existencia o contenido, a la velada discriminación, pasando, en ocasiones por la falta de normas de procedimiento para asegurar su observancia”. [4]

Esta crítica no era para menos. Los Acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el Gobierno federal daban una salida política al conflicto social y armado que se plasmaba en la iniciativa legislativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (COCOPA), creada tras los acuerdos, que a pesar de no recoger todos los aspectos establecidos en los Acuerdos de San Andrés fue aceptada por el EZLN y por la mayoría de las organizaciones indígenas. Pero eso ocurrió durante un gobierno del PRI y su sucesor, el Partido de Acción Nacional, no se sintió vinculado a ellos. En realidad, el nuevo presidente, Vicente Fox, había enviado al Congreso el texto íntegro y sin modificar de la Ley COCOPA pero durante el trámite parlamentario tanto en el Congreso como en el Senado todos los partidos, incluido el de la Revolución Democrática (PRD), votaron en contra. Así, la reforma constitucional recogió algunos aspectos propuestos por la COCOPA pero se apartó significativamente en otros, que son de importancia fundamental para los pueblos originarios. En consecuencia, el movimiento indígena la rechazó y más de 300 municipios indígenas presentaron “controversias constitucionales” ante la Suprema Corte de Justicia para solicitar la nulidad del procedimiento, pero no fueron aceptadas por improcedentes.

La Constitución reconoce el derecho a la libre determinación y dispone, en consecuencia, la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas pero establece que la misma, junto a la vigencia de los derechos que les reconoce, queda encomendada a las instituciones públicas, federales, estatales y municipales. Es decir, la limita y circunscribe a los intereses del Estado que son, en lo relativo a los pueblos indígenas, tan limitados como la propia representación indígena: según la Constitución sólo puede haber representantes indígenas en la esfera municipal. Todo muy lógico si se tiene en cuenta que estas reformas constitucionales tuvieron lugar cinco años después de los Acuerdos de San Andrés y que el gobierno se vio obligado a realizarlas tras unas importantes movilizaciones. Pero el hacer esas reformas no suponía que contase con los indígenas durante el proceso de elaboración de las mismas. Y no lo hizo.

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, en concreto, debía hacerse en las constituciones y leyes de las entidades federativas pero sólo en algunos estados (Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Durango, Jalisco, Puebla, Morelos, Querétaro y Jucatán) de los 32 en que está dividido administrativamente el país se cumplió el requisito constitucional y en algunos de ellos se había reconocido a los pueblos indígenas asentados en territorios de esos estados antes, incluso, de la reforma constitucional.

México presumía de Carta Magna y así la presentaba en el mundo –apoyándose también en la CDI y en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, creado también a raíz de esa reforma- pero la discriminación contra los indígenas se incrementaba. Una de las actividades más visibles que ha presentado México en el exterior, la educación indígena bilingüe e intercultural que es, sin duda, un aporte a sus derechos culturales, no dice que los resultados muestran unos índices muy por debajo de la media del Estado. Los supuestos beneficios del TLCAN no alcanzaban a los pueblos originarios, por el contrario crecían los bajos índices de desarrollo humano y social, la extrema pobreza y la insuficiencia de servicios sociales. La mayor parte de la población indígena se encuentra en los municipios y estados más pobres, donde se mantiene una agricultura de subsistencia y autoconsumo en un medio ambiente agreste y duro, en donde la tierra no da para alimentar a la familia, obligando a la gente cada vez más a emigrar, incluso al extranjero, para solventar sus necesidades. En su gran mayoría, los indígenas de estas regiones son campesinos minifundistas y jornaleros. En los tres estados con mayor población indígena -Chiapas, Guerrero y Oaxaca- la tasa de alfabetización y el índice de esperanza de vida al nacer son los más bajos de México y la pobreza, la más alta. Es precisamente en ellos, no sólo pero sí de forma destacada, donde se mantiene con mayor intensidad la identidad cultural: lengua, organización e instituciones sociales, espiritualidad y cosmovisión, ritos y ceremonias, medicina, literatura oral y otras expresiones artísticas.

Era evidente que el gobierno tenía poca intención de cumplir a carta cabal con lo acordado e, inclusive, con la normativa internacional que él mismo había adoptado. Más bien lo que hizo fue servirse de los Acuerdos para impulsar leyes claramente contrarias a los mismos aunque bajo la apariencia de cumplirlos. Fue el caso de la Ley Indígena, favorable a las grandes corporaciones transnacionales, y de la reforma de Ley de Aguas Nacionales que permitía a personas privadas y entidades públicas adquirir títulos de concesión sobre manantiales enclavados en territorios campesinos sin el conocimiento de los directamente afectados, así como títulos de concesión sobre los cauces de corrientes que nacen y atraviesan comunidades indígenas, sin que éstas puedan tocar una sola gota de dichas aguas. Las pocas regulaciones que existían para un aprovechamiento público de las aguas desaparecieron para dejar su uso al arbitrio de las reglas del libre mercado, es decir, privatización del agua y despojo de las aguas y tierras indígenas y campesinas.

El antecedente de la construcción de grandes presas y grandes negocios náuticos como en Sonora, Baja California y Baja California del Sur que afectaría a los pueblos yaqui y mayo, con muchas de sus comunidades viéndose amenazadas de desalojo para la construcción de carreteras que faciliten el acceso hacia las playas y zonas deportivas. No son los únicos pueblos indígenas afectados por unas decisiones que se han tomado, además, sin cumplir con el requisito de consulta previa e informada. La privatización del agua para uso de grandes corporaciones (Iberdrola, Eurus, Gamesa, Preneal, Endesa, Unión Fenosa, Walt Mart) afecta también a los chatino, mixteco y zapoteco. Hay que tener muy en cuenta que este tipo de políticas se enmarcaba en el Plan Puebla-Panamá, rebautizado en 2008 como Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica con la incorporación de Colombia, y en el que se acentúa la presencia del capital transnacional en la explotación de los recursos naturales de todos los países que forman parte de este acuerdo, del TLC y, básicamente, en los territorios indígenas. Ahora está llegando también a Chiapas, donde poblaciones enteras con mayoría tzeltal se enfrentan a la construcción de carreteras en un movimiento de protesta y rechazo que está llenando las cárceles de detenidos.

La lucha indígena y campesina por la tierra y sus recursos se agudizaron al calor de este tipo de políticas impulsadas por el gobierno. Se invadían tierras colectivas por madereros, ganaderos y agricultores privados, se acumulaban propiedades en manos de caciques locales para venderlas a buen precio a las grandes corporaciones y los indígenas aún pensaban en la posibilidad de recuperarlas por vía institucional, judicial y política. Pronto se dieron cuenta que no era posible. Esta situación tenía lugar de norte a sur del país y afectó a los pueblos zapoteco, mixe, mixteco, triqui, huichol, tarahumara, yaqui, cucapá, cochimí, kumiai, kiliwa, tzeltal, chol, tojolabal, maya, mazahua, otomí, tepehuano y tlapaneco. Todos ellos registraron 32 denuncias por violación de sus derechos colectivos, especialmente el derecho a la tierra y a sus recursos naturales. Para el gobierno, lo que había eran unos “focos rojos” –enfrentamientos entre comunidades- agrarios en los que estaban involucradas comunidades indígenas.

Una verdadera contrarreforma respecto a los Acuerdos de San Andrés que llegaron a su culmen con la aprobación de una serie de reformas a la ley minera. Con ellas se declaró prácticamente abierto el territorio para la explotación minera y se colocó de manera indistinta a pueblos, comunidades indígenas y comunidades agrarias con empresas en competencia con las tierras. En virtud de la ley, en caso que en sus tierras se realizase una exploración y explotación los pueblos y comunidades indígenas y agrarias tienen “derecho preferente” en la concesión, siempre y cuando logren mejorar cualquier oferta de empresas interesadas y reunan todos los requisitos técnicos y de solvencia económica.

Otra de las iniciativas del gobierno bajo el supuesto cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés fue la relativa al establecimiento de las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. El gobierno afirmó que cumplía lo firmado, pero lo hizo modificando la ley para que el acceso a las concesiones de frecuencias fuese por subasta pública, lo que ponía en desventaja evidente a pueblos y comunidades indígenas y llevaba al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU a expresar su preocupación por la “discriminación racial hacia los pueblos indígenas en los medios de comunicación, incluyendo la emisión de representaciones estereotipadas y denigrantes hacia los pueblos indígenas”.[5] Estas empresas, con estos antecedentes, eran las que iban a optar a las licencias, preferentemente radiofónicas, en las comunidades indígenas aunque éstas hicieron frente a tan flagrante desigualdad poniendo en marcha una red de radios comunitarias, muchas de ellas en situación alegal, bajo constantes amenazas de cierre y persecuciones penales por “incumplir la ley”.

Como respuesta a esta actitud gubernamental, los zapatistas crearon los gobiernos indígenas autónomos en Chiapas y en Michoacán y Oaxaca se impulsaron autonomías similares en una iniciativa que fue rápidamente contestada –con la aquiescencia del gobierno- por formaciones paramilitares, presentes en todo el país desde mucho antes del levantamiento zapatista, y la cooptación de organizaciones indígenas y agrarias a quienes se procuró la titularidad de tierras previo desalojo de las comunidades zapatistas (se calcula que después del levantamiento zapatista de 1994 en todo el estado de Chiapas fueron tomadas de forma comunal unas 250.000 hectáreas) y no zapatistas. Esto fue presentado como un enfrentamiento entre indígenas y campesinos –los “focos rojos”-, lo que dejaba manos libres al gobierno, por una parte, y justificaba la militarización de esos estados, por otra. Nada se decía del papel de los tribunales agrarios, en los que los casos de corrupción eran evidentes, con favoritismos claros hacia comunidades indígenas y campesinas proclives al gobierno. Tampoco era un caso circunscrito a Chiapas. En otros estados, como Oaxaca, los huave vieron cómo se les despojaba de 30.000 hectáreas por este procedimiento. Un patrón recurrente en las zonas conflictivas era, y sigue siendo, la criminalización de las actividades de protesta, denuncia, resistencia y movilización social lo cual implicaba la fabricación de delitos difíciles o imposibles de demostrar, la detención ilegal de los acusados, los abusos físicos o la dilatación en el proceso judicial además de acoso policial, amenazas y enjuiciamientos a autoridades y líderes comunitarios y miembros de organizaciones indígenas y sus defensores.

Los gobiernos y municipios autónomos, al estar constituidos al margen de la institucionalidad administrativa, han tenido serios problemas de funcionamiento porque el Estado ha tratado de desmantelarlos tanto por la fuerza como por la justicia. Así hay que entender el papel de la Corte Suprema Federal, que no tiene representación alguna indígena, cuando en diciembre de 2008 decidió “detallar el contenido esencial y el alcance” del derecho a la libre determinación de los indígenas. Quedó establecido en los territorios que ocupan, teniendo establecido el derecho a su explotación en concordancia con sus propias costumbres, el uso y disfrute preferente de los recursos naturales “salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas”, decididas por el gobierno federal. Es decir, el control de los recursos naturales se les retiraba quedando al arbitrio gubernamental de cuáles podían disponer y dónde.

Así, en el año 2008 se decretaron una serie de áreas naturales protegidas (más de un millón de hectáreas en total) que despojaban a los indígenas de derechos sobre ellas y se convertían, en muchos casos, en parajes turísticos operados por empresarios privados y escenarios de muestras folklóricas para turistas (Chichén Itza, Teotihuacan). Si los indígenas reclamaban su derecho a administrar esos lugares, sagrados para ellos, e iniciaban su gestión con gestos como la reducción del precio de la entrada, simplemente se les mataba como hizo la policía con los tojolabal en Chinkultic (Chiapas).[6] Las transnacionales (Ford, Coca Cola, Cementos Mexicanos) se hicieron con la explotación de grandes territorios, bien por compra o por decretos expropiatorios, en los que se inició la siembra de monocultivos exógenos a los tradicionales de maíz, milpa y frijol con lo que se eliminaba la base tradicional de la alimentación indígena. Es decir, su soberanía alimentaria. En Chiapas, por ejemplo, afectó al modo de vida de tzeltales, choles y tzotziles. En Chihuahua, gracias a la ley de bioseguridad, la transnacional Monsanto inició la siembra a gran escala de maíz transgénico a pesar del rechazo no sólo de las comunidades indígenas sino del Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación,[7] quien entendía que no se podía otorgar tanto poder a los monopolios del sector agroalimentario por el impacto negativo que tenían sobre el derecho de los campesinos a alimentarse y participar con su trabajo y producción en la sociedad añadiéndose, además, el control y aumento de los precios de los alimentos que habían subido hasta el 70% en el espacio de dos años. En Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca y Campeche las tierras se llenaron, más aún, de campos de extracción petrolífera, refinerías e instalaciones petroquímicas en territorios ancestrales de los pueblos indígenas sin que el beneficio de la renta petrolera llegase más allá de la dádiva conmiserativa.

México crece, dice el gobierno, gracias a estas políticas de entrega del país a las transnacionales en virtud del TLCAN pero eso no significa que ese crecimiento llegue a las comunidades indígenas. En Chiapas, ese año 2008, los datos oficiales reflejaban que el 54% de la población tenía problemas de desnutrición cuando es de ahí de donde sale el 20% de la producción petrolífera total de México, el 25 por ciento de gas y 50 por ciento de la electricidad.[8] El viejo dicho de “me vendes tu tierra o se la compro a tu viuda” sigue muy vigente.

El Congreso Nacional Indígena dio respuesta en una reunión a la que asistieron representantes de los pueblos cuicateco, mixteco, zapoteco, mixe, tzotzil, tzeltal, nahua, purépecha, triqui y chinanteco en la que se hacía un repaso a la situación del país y de los indígenas desde los Acuerdos de San Andrés enfatizando que los proyectos que afectan a sus comunidades “son derivados de programas y acciones de los malos gobiernos como el Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla Panamá (Plan Mesoamericano), el Plan Mérida, entre otros” y que el despojo, la depredación y etnocidio llegan a ellos “transformados en programas de agricultura, salud, educación, migración, telecomunicaciones, industria de la cultura, administración de instituciones y seguridad financiera” a través de áreas en las que gobiernos y empresas fomentan la privatización de tierras, territorios y recursos. De todos ellos hacían una extensa relación[9] y criticaban de nuevo la reforma constitucional por haber favorecido la aplicación de megaproyectos de las empresas transnacionales.

No lo decían por decir. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio en 2009 una muestra oficial de cómo el crecimiento se quedaba en la minoría que más tiene mientras se producía un empobrecimiento cada vez mayor de la mayoría de la población. En el caso de los pueblos indígenas las cifras no dejaban lugar a dudas: el 75% de los indígenas padece pobreza multidimensional, es decir, carece de ingresos suficientes para la adquisición de bienes y servicios y el 39’2% está en situación de pobreza extrema por presentar más de cuatro carencias sociales simultáneas (alimentación, educación, salud y vivienda). En ellos hay un nivel de desnutrición mucho más elevado que para el resto de la población, los niños crecen menos y en todo ello ha sido un condicionante fundamental el que se haya sustituido el maíz por otro tipo de alimentos (gracias a la usurpación de sus territorios por transnacionales que les usan para monocultivos exógenos y para los agrocombustibles) “de pobre contenido nutricional, que ha derivado en desnutrición y obesidad”. Las 22 escuelas peores están dirigidas a la población indígena y el 83’7% no tiene acceso a los servicios de salud, situación no sólo grave de por sí sino por el hecho de que la presencia de transnacionales mineras en sus tierras y la consiguiente aparición de agentes químicos en el agua como plomo y arsénico ocasiona a los pobladores indígenas anencefalia, cáncer, parálisis parcial o total, abortos espontáneos y meningitis. Los mapas que ofrece son muy ilustrativos sobre los estados y zonas donde más aguzada está dicha situación. Todas esas zonas coinciden con las de mayoría de población indígena.[10] Se pueden entender estos datos no sólo por razones históricas de racismo y olvido hacia los indígenas, sino por la marginación a que se ven sometidos en los propios presupuestos de México, que dedican escasamente poco más del 1% de los mismos a una población que sobrepasa el 12% del total del país. Ni siquiera en este aspecto hay proporcionalidad.

Para el gobierno federal “desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para el mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza y en una situación de significativa desventaja”. Ni un atisbo de autocrítica. Así aparece reflejado en el segundo párrafo del Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2007-2012 donde se recoge con el mayor énfasis que “el combate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas representa una de las áreas de política pública de mayor relevancia para el desarrollo armónico de México”.[11] Transcurrido el ecuador del citado plan, de nuevo palabras vacías a tenor de lo recogido por el Coneval.

México encabeza la lista de la desigualdad en el mundo. Sólo en este país nueve hombres poseen fortunas que suman 55.100 millones de dólares (42.380 millones de euros), mientras millones de escolares y preescolares de 19 estados de la república padecen “desnutrición moderada y muy alta”. El neoliberalismo, la desarticulación del Estado, la voracidad del mercado y la crisis económica profundizan la brecha entre ricos y pobres. No son datos ofrecidos por ningún izquierdista, son del Banco Mundial que demuestran que desde 1980 la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso se aceleraron hasta convertir al país en el más desigual no sólo en América Latina, sino en el mundo. [12]

Como se puede suponer, son los indígenas quienes se llevan la peor parte. Pero, como también se puede suponer, los indígenas hace ya tiempo han dicho ¡basta! Es un movimiento que ya no se puede parar ni con la militarización ni con los asesinatos legales del propio Estado o ilegales de los paramilitares tolerados por este mismo Estado. El pueblo náhua de Santa María de Ostula (Michoacán), que agrupa a 49 asentamientos, ha reivindicado el derecho a la autodefensa indígena y ha recuperado 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por caciques (junio de 2009). Retomando el camino iniciado por los zapatistas, la proclama náhua advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia por lo cual, frente a esta “guerra de exterminio neoliberal” los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 de la Constitución de México, a “organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios”. Y en ese derecho está incluida la autodefensa, que cobra vida con la formación de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas de organización comunales, en tanto no violen los derechos humanos.[13] No es una iniciativa dirigida en exclusiva contra los caciques. Las tierras comunales se encuentran amenazadas por dos proyectos sobre los que no han sido consultados: un proyecto turístico y la construcción de una carretera complementaria del proyecto. Ambos buscan meter al mercado las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región. La reivindicación de la autodefensa indígena es un viejo y profundo anhelo de los pueblos originarios en México y una indicación del rumbo que su lucha ha tomado: la construcción de la autonomía de facto. Ya que el gobierno federal no lo impulsa, en aplicación de las normas internacionales y como reiteradamente le reclaman los organismos internacionales –el último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU- para que revise las disposiciones constitucionales relativas a la consulta con los pueblos indígenas y adopte “todas las medidas necesarias para garantizar la consulta efectiva de los pueblos indígenas para la adopción de decisiones en todos los ámbitos que repercuten en sus derechos”,[14] lo han hecho ellos mismos.

Ostula no es el primero. En México existe una amplia gama de experiencias autonómicas de los pueblos indígenas que van desde las muy emblemáticas juntas de buen gobierno zapatistas, a la policía comunitaria en Guerrero y al municipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, entre muchas otras que se ejercen en los hechos. Todas ellas entrañan un amplio esfuerzo organizativo y han cobrado carta de legitimidad, porque legalidad la tienen y sobrada aunque el gobierno siempre les ha tachado de “espurios” y ha invocado la “razón de Estado” para impedir su concreción.

La construcción de las autonomías indígenas pasa necesariamente por la reivindicación de esos pueblos como actores políticos centrales, con sus autoridades y formas de organización propias, lo mismo que por la defensa del territorio, los recursos naturales y la potenciación de sus recursos culturales, como la lengua y las prácticas rituales propias, entre otras cosas.

[2] La Jornada, 31 de mayo de 1997.

[3] Comunicado del EZLN del 29 de marzo de 2001.

[5] Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 68º período de sesiones. 20 de febrero al 10 de marzo de 2006. CERD/C/MEX/CO/15

[12] Isabel Rueda Peiro, “La creciente desigualdad en México”, IIEc-UNAM, México, 2009.

[14] Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, 8 a 26 de marzo de 2010. CCPR//C/MEX/CO/5.

NICARAGUA

La población indígena es de 443. 847 personas según el último censo realizado, que data del año 2005. Los miskitu (120.817) y los chorotega-nahua-mange (46.002), las tres denominaciones con los que se conoce a este pueblo, son los más numerosos. Junto a ellos están los cacaopera-matagalpa, nahoa-nicarao, rama, sumu-mayangna, ulwa y xiu-sutiava. Hay que mencionar que el propio censo, establecido según criterios de una autoidentificación por parte de los propios miembros de estos pueblos, establece que 67.000 personas no saben o ignoran si pertenecen o no a la población indígena.[1] Como suele ser habitual en todo el continente, los indígenas consideran que estas cifras no son reales y elevan el número de miskitu a los 150.000 y el de chorotega-nahua-mange a los 210.000, esta última cifra cinco veces superior a la recogida en el censo. Lo mismo ocurre con el resto de pueblos aunque en mucha menor proporción. Tal vez una explicación a esta disparidad de cifras sea que el censo oficial recoge la identificación de mestizo de la costa caribe, inexistente para los pueblos indígenas, con una población de 112.253 personas y coloca en el calificativo de “otros” a 13.740 personas. También hay que reseñar que Nicaragua reconoce a los pueblos afrodescendientes, los creole-kriol y los garifuna, y les otorga la categoría de “pueblos indígenas”.

No fue hasta 1987, en medio de una sangrienta guerra que libraba el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con fuerzas entrenadas y financiadas por EEUU (la denominada “contra”), que se aprobó una Ley de Autonomía por la que se creaban las Regiones Autónomas del Atlántico Sur (RAAS) y del Atlántico Norte (RAAN). De esa manera el FSLN, sobre la base teórica de la autonomía regional, daba salida a unas reivindicaciones que pasaban del plano militar al político respondiendo, en parte, a las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de desarrollar esa ley puesto que perdió las elecciones tres años después y el nuevo gobierno impuso una política diametralmente opuesta a la de su predecesor que, en la cuestión de la tierra y en la política agraria, se caracterizó por la colonización y titulación individual en los territorios indígenas iniciándose, además, el establecimiento de áreas protegidas no consultadas sobre estos territorios. Esta política neoliberal fue “compensada” con la aprobación de la ley de lenguas, en aparente cumplimiento de la normativa internacional –según lo acordado por el Convenio 169 de la OIT- en 1993 aunque Nicaragua no había suscrito formalmente dicho Convenio.

Tuvieron que pasar diez años, hasta 2003, para que de nuevo se tuviese algo en cuenta a los indígenas con la aprobación de una ley que invocaba el respeto a los modelos comunitarios de salud y de otra que establecía el régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. En 2006 se aprobó la Ley General de Educación, que reconocía un Sistema Educativo Autonómico Regional. Todas estas normas y leyes tuvieron un escaso desarrollo puesto que el gobierno de entonces, formado por una coalición de partidos antisandinistas, se dividió el poder y las esferas de influencia. Así, los Consejos Regionales, sobre los que tenía que pivotar el desarrollo de los derechos legales e históricos de los indígenas, quedaron en manos de los intereses de cada partido y, en consecuencia, subordinados a los intereses centralistas del Estado.

Nicaragua tiene una historia peculiar en lo que a los indígenas se refiere, puesto que hubo dos colonizaciones diferentes en el mismo país: española en el Pacífico y británica en la Costa Atlántica. Aquí los británicos armaron a los miskitu para que hostigasen y dificultasen la política española, lo que les permitió a ellos entablar relaciones comerciales muy beneficiosas. Crearon, incluso, el Reino de la Mosquitia. No es extraño, por lo tanto, que haya quien interpreta que gracias a los británicos, y pese al control que ejercían de la superestructura económica, los pueblos indígenas de esa zona “contaban con espacios de autonomía propios, con su propia forma de gobierno y manejo de sus recursos naturales, educación y justicia”.[2] Esta situación se mantuvo casi hasta el siglo XIX, pues no fue hasta 1894 cuando se “reincorporó” la Mosquitia a la actual Nicaragua aunque manteniendo, en virtud de una serie de acuerdos con Gran Bretaña, el derecho de tierra a la población miskitu con muchas limitaciones y nunca como propiedad comunal. Pero para la población de esta zona la “reincorporación” suponía una afrenta puesto que implicaba la pérdida de su autonomía y este resquemor ha seguido estando muy a flor de piel hasta fechas recientes. Tanto que en estas tierras nunca cayó simpático Augusto César Sandino, sus habitantes hicieron buenas migas con Anastasio Somoza –el dictador que asesinó a Sandino- y se convirtieron en furibundos antisandinistas a raíz del triunfo revolucionario de 1979. Si a Sandino le calificaron como “un caudillo español” –denominación que utilizaban para referirse a los habitantes del Pacífico, donde se había asentado la colonización española- a sus sucesores les catalogaron de la misma forma.

A ello ayudó el profundo desconocimiento que el FSLN tenía de esa zona del país –por ejemplo, la campaña de alfabetización impulsada en los primeros años de gobierno sandinista se desarrolló únicamente en español- y el considerar que las reivindicaciones indígenas no suponían otra cosa que un “separatismo” del resto de Nicaragua, llegando a expulsar del país a quienes aconsejaron respetar las formas comunales de tenencia de la tierra y considerar las formas autonómicas y de autogestión regional. A ello se sumaba, además, el hecho de que la Costa Atlántica estaba influenciada por EEUU desde largo tiempo y temía que se convirtiese en una base contrarrevolucionaria, lo que terminó siendo realidad en 1981 más por los errores sandinistas que por decisión de la población indígena. Desde ese momento, las organizaciones indígenas de la Costa Atlántica comenzaron a recibir ingente ayuda económica y material de EEUU aunque ahora está surgiendo una nueva corriente entre los políticos y los historiadores que considera que los indígenas no peleaban contra el sandinismo sino por mantener sus derechos históricos. Lo cierto es que, conscientes o no, se convirtieron en un instrumento de la política exterior estadounidense contra los sandinistas.

Como se ha dicho antes, tuvieron que transcurrir ocho años (desde el triunfo revolucionario en 1979 hasta la ley de autonomía de 1987) para que se modificase la visión del FSLN sobre la Costa Atlántica al llegar algunos dirigentes gubernamentales a la misma conclusión que hoy mantienen algunos políticos e historiadores y considerar, también, que era una “reacción” a los errores cometidos por el gobierno revolucionario.[3] La propuesta de autonomía, y la ley posterior, estaban refrendadas por el nuevo texto constitucional, donde se recogía el carácter multiétnico del pueblo nicaragüense, las formas de propiedad comunal de la tierra y una organización política propia en el caso de los pueblos indígenas.

La ley de autonomía dividía el antiguo Departamento de Zelaya en dos Regiones Autónomas (del Norte y del Sur) que pasaban a ser gobernadas por Consejos Regionales en los que tenían que estar representadas todas las etnias de la región pero gobernados por un presidente. Además, los miembros del Consejo Regional son elegidos a través de procesos electorales a celebrarse cada cuatro años en los que participan los partidos políticos tradicionales de Nicaragua, lo que terminó lastrando el poder autónomo de los mismos, como se ha dicho más arriba, con la llegada de los gobiernos antisandinistas durante los años 1990-2008. En todos estos años, los indígenas y afrodescendientes que han pertenecido a los Consejos Regionales no lo han hecho desde sus estructuras propias, sino a través de los partidos políticos tradicionales lo que provoca un paulatino alejamiento de los intereses de las comunidades anteponiendo los propios. Decir que los Consejos Regionales se han convertido en inoperantes tal vez sea demasiado drástico, pero afirmar que han servido para apenas nada tal vez sea quedarse demasiado corto. Un ejemplo es que en función de la ley de autonomía los Consejos Regionales tenían facultad para delimitar los municipios, que se conformarían con un determinado número de comunidades. Pues bien, no fue hasta 1996 cuando comenzó a hacerse y pronto mostraron los mismos problemas que los Consejos Regionales añadiéndose el hecho de que los municipios ocupaban unos territorios ajenos a las relaciones históricamente establecidas entre las comunidades. Cuando los municipios han comenzado a negociar con la tierra, los indígenas han montado en cólera porque “no son dueños de las tierras, sino las comunidades indígenas”.

Es en este contexto en el que se llega al año 2003 y a la aprobación de una nueva ley que establecía el régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica reconociendo, además, a las comunidades indígenas como “personalidad jurídica”. Ello supone que en todo lo relacionado con la tierra y los recursos naturales, las comunidades deben ser consultadas y son quienes tienen la última palabra, llegando a garantizar “la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las mismas”. Esta ley no fue una evolución natural del gobierno, sino una imposición desde el exterior. En concreto, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el año 2001, había dictado una sentencia favorable a la comunidad sumu-mayangna de Awas Tingni (Región Autónoma del Atlántico Norte), rechazando la concesión otorgada por el gobierno a una empresa para explotar el bosque situado en sus tierras comunales. La sentencia de la CIDH obligaba al Estado de Nicaragua a “tomar las medidas internas legislativas y administrativas necesarias para crear mecanismos de demarcación y titulación, pero no sólo de la comunidad mayangna Awas Tingni, sino para todas las comunidades”.[4] El Estado cumplía lo que se le imponía desde fuera, pero no lo desarrollaba.

En 2005 aún no había dinero para proceder al proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas y los alcaldes y Consejos Regionales no presionaban por ello puesto que veían el proceso de demarcación de tierras como una amenaza directa no sólo a su poder, sino a sus interes particulares. Por el contrario, para la dirigencia indígena el hecho únicamente ponía de manifiesto que el Estado sólo hacía “un reducido número de concesiones en aspectos poco significativos de las estructuras económicas, sociales y culturales y políticas de tal manera que no exista una transformación integral de la sociedad y Estado monoétnicos, discriminadores y racistas”. Así mismo, percibían a las principales fuerzas políticas, de izquierda o derecha, como “oportunistas y utilitarias respecto a los intereses y demandas indígenas y en algunos casos como francamente opuestas al reconocimiento y cumplimiento de dichas demandas”.[5]

Sólo se habían conseguido algunos avances en educación al promulgarse en 2006 una ley que otorgaba un estatus especial al sistema educativo autonómico regional que dejaba en manos de las comunidades indígenas y de la “cooperación internacional” todo lo referente a la educación, desde la primaria hasta el nivel universitario. La referencia a la cooperación internacional es interesante por el papel que está jugando tanto a nivel político como institucional dentro del movimiento indígena, aunque se ha ido reduciendo desde que Nicaragua se adhirió al ALBA al llegar el FSLN al gobierno. En virtud de este acuerdo económico están ofreciéndose créditos a bajo costo que son aprovechados por las comunidades campesinas e indígenas para la compra de bienes como generadores eléctricos, por ejemplo, que son distribuidos entre estas comunidades haciendo que las modalidades tradicionales de cooperación –ofrecidas por países occidentales como Suecia, Finlandia y EEUU- que se dedicaban a estas cuestiones de entrega de bienes vayan perdiendo importancia.

Y así es cuando se produce un nuevo cambio en el gobierno, volviendo al mismo el FSLN en 2007. La pretensión era no repetir los errores del pasado en lo referente a los pueblos indígenas y, sobre todo, alejarse en lo posible del “racismo” estatal que ha venido caracterizando a los gobiernos en Nicaragua desde los tiempos de la independencia. Por lo tanto, no fue sorprendente que una de sus primeras iniciativas fuese la reforma de la ley de autonomía que ya había aprobado en 1987, sólo que ahora en discusión abierta con dirigentes miskitu del Consejo de Desarrollo de la Costa Atlántica. Se apostaba por una profunda reconfiguración político-administrativa en las regiones autónomas, otorgando un mayor espacio territorial a una zona en el departamento de Jinotega (en el Pacífico) donde también hay comunidades sumu-mayanga y miskitu, y reduciendo la jurisdicción de los municipios a las zonas urbanas y mestizas con la finalidad de eliminar la superposición entre jurisdicciones y autoridades municipales e indígenas. También en este caso hay un poco de presión exterior, puesto que otra sentencia de la CIDH[6] daba la razón a la organización YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka, Hijos de la Madre Tierra) que en el año 2001 había interpuesto una querella contra Nicaragua por la obligación de que los candidatos a alcaldes y a miembros de los Consejos Regionales tuviesen que ser miembros de los partidos políticos tradicionales.

El FSLN y YATAMA, que habían sido enemigos irreconciliables, se convirtieron en aliados políticos y eso permitió el triunfo electoral de los sandinistas. Las dos organizaciones firmaron un “Acuerdo sobre la Autonomía” que incluía seis puntos principales: la demarcación territorial, la reforma del Estatuto de Autonomía, la reforma de la ley electoral, la implementación de la sentencia de la CIDH, la reestructuración de las instituciones estatales y gubernamentales y la contención de la frontera agropecuaria (con la finalidad de impedir el desmonte de los bosques y el saqueo de los recursos naturales).[7] Este último punto era muy importante puesto que el brutal avance de la “frontera agropecuaria” desde el centro de Nicaragua hacia los bosques y selvas tradicionalmente utilizados por los indígenas había provocado un desaforado desmonte para uso ganadero. Esto no significa que no haya roces y discrepancias entre las dos organizaciones. Los miskitu vienen reclamando desde este acuerdo que el gobierno cumpla la sentencia de la CIDH del año 2005 que obligaba a una reforma de la ley electoral para evitar la violación de derechos políticos de grupos indígenas.

La demarcación territorial se comenzó de inmediato nada más iniciarse el ejercicio del poder por el nuevo gobierno. Una de las primeras entregas de tierra que se hizo fue a la comunidad sumu-mayangna Awas Tingni cerrando así un pleito que se arrastraba desde 1998 y que contaba con sentencias favorables de la CIDH aunque ninguno de los gobiernos anteriores se había dignado cumplirlas. La sentencia emitida por la CIDH en el año 2001 fue considerada histórica por reflejar la violación de los derechos de una comunidad, dado que se establecía que el derecho a la propiedad protege la tenencia de la tierra tradicional de los pueblos indígenas. Fue el primer caso en el que un tribunal internacional con carácter vinculante jurídicamente condenaba a un Estado por la violación de los derechos territoriales colectivos de un grupo indígena, lo que sentó un importante precedente para los derechos de los pueblos originarios en el derecho internacional.

A mediados de 2010 se habían demarcado 15 de los 23 territorios indígenas en litigio, cuatro de ellos a los miskitu, y se había iniciado un proceso similar con las tierras de los afrodescendientes creole-kriol. En total, se han visto beneficiadas 214 comunidades indígenas y si se tiene en cuenta a los afrodescendientes el número total de beneficiados por las demarcaciones territoriales y entrega de títulos es de 103.790 habitantes pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas de Nicaragua en una extensión que supone algo más de 22.000 kilómetros cuadrados. Según una comunicación del gobierno de Nicaragua a la ONU[8], esto supone las dos terceras partes de las tierras indígenas de este país. Esa entrega de tierras se produjo el mismo día que el país centroamericano ratificaba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (6 de mayo de 2010), algo que no había realizado a pesar de haber introducido todos los derechos en él reconocidos en la Constitución y haberlos aplicado en el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica. Un hecho saludado por las organizaciones indígenas que, sin embargo, indican que no se avanza más rápido en el cumplimiento de sus demandas por los intereses político-económicos que tienen que ver con megaproyectos diseñados en sus territorios, de forma especial en el rama y creole-kriol.

Pero el proceso sufre parones por las contradicciones dentro del propio gobierno y la interferencia de instituciones internacionales como el Banco Mundial, que a través de una de sus financieras y supuestamente en aras del “desarrollo” de la zona, otorgó un crédito de 22 millones de dólares a un grupo maderero para la “explotación y compra” de tierras miskitu, con lo que se pone de relieve el papel de las instituciones internacionales y de “desarrollo” en la dignificación y reparación de los derechos de los indígenas a su tierra, tal y como se recoge en las diferentes declaraciones de los organismos internacionales. Si ello se hace con el consentimiento o no del gobierno de Nicaragua es una cuestión a discutir y debatir, aunque habría que recordar que instituciones de este tipo, así como el FMI, EEUU y la Unión Europea congelaron –y cuando este libro sale a imprenta mantienen esta decisión con alguna variante- las cantidades que asignaban a la ayuda al desarrollo del país ante lo que consideraron “elecciones fraudulentas”. El BM justifica esta actitud con el argumento que el 25% de los beneficios que genera la explotación maderera revierten en las comunidades indígenas, según está recogido en la legislación. En ocasiones el BM compra tierras pertenecientes a individuos o comunidades miskitu antes de que termine la última etapa del proceso de demarcación y titulación denominada “saneamiento”, es decir, el caso de tierras pertenecientes a terceros, indígenas o no.

El supuesto beneficio que proporciona la presencia de empresas no siempre es considerado como tal, interesante y apropiado por las comunidades indígenas. El gobierno otorgó dos concesiones de explotación y exploración petrolera en el Caribe. En virtud de la autonomia indígena, las comunidades de la Costa Atlántica afectadas solicitaron ejercer el derecho a la consulta previa. En consecuencia, una de esas concesiones fue aprobada al considerar los habitantes de la zona donde se realizaría la explotación petrolera ”aceptables” los beneficios sociales que dejaría y otra rechazada por la razón contraria. La división de pareceres entre comunidades también se plasma a nivel autonómico en diferentes niveles. El Consejo Regional del Sur ha aprobado un megaproyecto brasileño hidroeléctrico que implica el desalojo y reubicación de comunidades mestizas, mientras que en el norte eran algo más cautelosos hasta que con motivo del huracán que asoló la zona en 2007 se relajaron los requisitos para la extracción y aprovechamiento de la madera.

Otra de las iniciativas legislativas del nuevo gobierno sandinista fue la ley de Conservación del Uso de Suelos de la Reserva de la Biosfera Bosawas (territorio sumu-mayangna), por la que se prohibió invadir y establecer asentamientos humanos en los territorios indígenas ubicados en esa Reserva. Sin embargo, aún no ha sido implementada en su totalidad puesto que sigue siendo una zona en la que se continúa la destrucción de territorio indígena y no son pocas las amenazas de muerte que colonos y/o mestizos, por sí mismos o en nombre de los terratenientes de la zona, vierten contra los principales dirigentes indígenas si continúan exigiendo al gobierno la aplicación de la ley. Lo mismo ha sucedido con la ley de costas, que pretende nacionalizar las tierras hasta 200 metros desde la línea de costa y trasladar su administración a las alcaldías –de gran importancia para los procesos de autogobierno y titulación de tierras indígenas- y que fue paralizada por la presión de los empresarios del sector turístico y posteriormente aprobada tras incluir en su articulado que dicha ley no afecta ni restringe los derechos adquiridos antes de su entrada en vigor, con lo que no se afecta los intereses empresariales.

Un aspecto reseñable es el referente a la justicia indígena, reconocida por la Constitución aunque implementada sólo de forma efectiva en la Costa Atlántica. El ordenamiento jurídico nicaragüense reconoce que los delitos y faltas cometidos por miembros de los pueblos indígenas en esta zona que supongan una pena igual o inferior a cinco años de cárcel pueden ser juzgados por el derecho indígena, siendo el acusado quien elige qué sistema judicial prefiere que se le aplique: indígena o estatal. Este aspecto es importante puesto que en la parte sur de la Costa Atlántica, habitada mayoritariamente por el pueblo rama, se está comenzando a generar un conflicto de importancia. La demarcación del territorio de este pueblo se encuentra con muchas dificultades no tanto por la indecisión del gobierno como por la presencia, cada vez mayor, de colonos procedentes de otras partes de Nicaragua. La ley nicaragüense indica que la invasión de tierras tiene carácter penal, por lo que sería de aplicación en estos casos la justicia indígena. Pero se da la circunstancia que los colonos no lo son, por lo que muy probablemente éstos se acogerán a la justicia estatal, con la consiguiente extrapolación de un conflicto local al ámbito nacional. Pese a los innegables avances logrados en los últimos años tras el retorno del FSLN al gobierno, aún hay muchas contradicciones, como ésta de la justicia, por resolver en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas.

[2] Mirna Cunningham, actual representante de los pueblos indígenas de Nicaragua en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), ex diputada del FSLN por la Costa Atlántica, ex directora del Centro por la Autonomía y el Desarrollo de los Pueblo Indígenas y ex Rectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.

[3]Pierre Frühling, Miguel González y Hans Petter Buvollen: “Etnicidad y nación. El desarrollo de la autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua (1987-2007)”. Guatemala, F&G Editores, 2007

[5] Galio Gurdián y Maricela Kauffmann, “¿Minorías o pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua? Autonomía, Estado Multiétnico y desarrollo humano”. Taller Relaciones Europa-América Latina y la cuestión de la pobreza, desarrollo y la democracia.missing image file

[7] Acuerdo de compromiso entre YAYAMA y el FSLN con la Autonomía. 2 de mayo de 2006.

[8] Misión Permanente de Nicaragua ante la ONU, 16 de junio de 2010.

PANAMÁ

En Panamá existen siete pueblos indígenas con un total que sobrepasa con creces los 300.000 habitantes puesto que en el último censo, realizado en el año 2000, se contabilizaban 285.231 indígenas pertenecientes a los pueblos bri bri, buglé, emberá, kuna, naso teribe, ngöbe y wounaan. Entonces representaban el 10’1’% del total de la población panameña.[1] Dos pueblos, ngöbe (59’3% del total) y kuna (21’6%), componen las dos terceras partes del total de la población indígena. Hay un grupo, el bokota (993 miembros censados el año 2000), sobre el que se mantienen grandes discrepancias respecto a si forma parte del pueblo ngöbe o no sin que aún se haya llegado a un acuerdo científico al respecto.

Como el resto de países del continente americano, Panamá reconoce ciertos derechos a los indígenas en la Constitución como la promoción de la identidad étnica y cultural, al tiempo que garantiza a las comunidades indígenas “la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económico y social”. En este marco se establecen las llamadas comarcas en distintas regiones del país en donde se reconoce su estructura política administrativa tradicional, su autonomía, su identidad y sus valores históricos culturales “como parte del sistema nacional”, aunque no se reconoce en la Carta Magna el carácter plurinacional de Panamá. De hecho, tampoco el texto constitucional reconoce las comarcas, se limita a mencionar unidades territoriales “sujetas a regímenes especiales”. Esta es la razón por la que no se ha procedido a la demarcación de comarcas para los pueblos naso teribe y bri bri, que la vienen reivindicando desde hace tiempo. Lo mismo ocurre con dos poblaciones kuna en la frontera con Colombia y otras emberá y wounaan en esta misma zona del país.

El concepto de comarca fue rescatado de la tradición por los indígenas que veían, por una parte, un camino intermedio a la no adjudicación de la tierra y, por otra, una garantía de “no enajenación” de la misma por terceros. La legalización de territorios indígenas a través de las comarcas no es reciente. La más antigua se inició en 1938 y se concretó en 1953, la Comarca de Kuna Yala. A lo largo de los años le siguieron la Comarca Emberá-Wounaan de Darién (1983), la Comarca Kuna de Madungandi (1997), la Comarca Ngöbe-Buglé (1997) y la Comarca Kuna de Wargandi (2000). Es un proceso que aún no se ha cerrado y en alguna de las actuales, como la de Wargandi, todavía hay cuestiones pendientes de reglamentar –incluyendo conflictos entre indígenas y colonos no indígenas- mientras que en otras, caso de la Comarca Ngöbe-Buglé, aún se está realizando la demarcación de los límites que debe tener. Esto pone de manifiesto que Panamá fue, mal que bien, uno de los primeros países del mundo en reconocer la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional y en adoptar políticas públicas que en bastantes aspectos son favorables a estos pueblos.

A pesar que los territorios indígenas poseen una inmensa riqueza en recursos naturales, el empobrecimiento entre su población es alarmante y vergonzoso en un país que se caracteriza por altos niveles de ingreso per capita y es catalogado como el segundo país de América con peor distribución del ingreso. La diferencia es de diez a uno en el caso de un indígena sin ingresos (36%) y un no indígena en la misma situación (3’5%), según datos del propio gobierno panameño.[2] En el caso de la mujer indígena, la Conferencia Internacional del Trabajo de la ONU cifraba el porcentaje de pobreza en el 98,5% y de este porcentaje, el 89,7% sufre una pobreza extrema.[3] Sólo hay dos explicaciones: el modelo económico y el racismo social. Sobre este extremo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, también de la ONU, en el informe del año 2010 expresaba su preocupación por “la persistencia de la discriminación racial y sus causas históricas que han provocado la marginación, pobreza y vulnerabilidad de los afro panameños y los pueblos indígenas, asimismo le preocupa que no exista una disposición general que prohíba la discriminación por motivos de raza y que tipifique como delitos los actos de discriminación racial”.[4]

El modelo económico es extractivo y está en el origen de la negativa gubernamental a legalizar nuevas comarcas indígenas, especialmente la reclamada por el pueblo naso teribe. El gobierno considera que dado el bajo número de naso teribes (3.305 según el censo del año 2000) lo único que se les puede ofrecer es la creación de una comarca conjunta con los bri bri (2.521 según el censo de referencia). Ambos pueblos rechazan esta pretensión que, en realidad, encubre una cuestión referente en América Latina: la entrega de territorios indígenas a las empresas transnacionales.

Es un fenómeno del que, en Panamá, no escapan las comarcas indígenas reconocidas legalmente. En la Ngöbe-Buglé se está incentivando por parte del gobierno la presencia de empresas mineras, de matriz canadiense, sin realizar la consulta previa pertinente lo que ya está generando conflictos. En el país hay un caso emblemático: la construcción de una hidroeléctrica en la provincia de Bocas de Toro en una zona de especial relevancia, al ser protegida y zona de la biosfera, denominada Bosque Protector de Palo Seco en la que residen cuatro comunidades ngobe-buglé. La población directamente afectada por la presa sería de mil personas y otras 4.000 lo serían de forma indirecta. Formalmente, esta zona no forma parte de la Comarca Ngöbe-Buglé precisamente por esto, por la zona protegida que es, además, reserva de la biosfera aunque es limítrofe y habitada por los ngobe-buglé. Lo curioso es que el gobierno incluye este y otros proyectos similares dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto aunque desconoce otras propuestas internacionales más cercanas, como la Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente.

Este caso está siendo seguido por el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas desde el año 2008, puesto que dicho proyecto implica el desplazamiento de parte de la población indígena que habita esa zona. A pesar de la evidencia, el gobierno siempre ha negado este aspecto por lo que el Relator de la ONU, después de una visita realizada en 2009, recomendó al gobierno, por una parte, la realización de un proceso de consulta con los pueblos indígenas de la zona “que sea compatible con las normas internacionales pertinentes”, el cual debería guiar al Estado en el desarrollo de futuros proyectos que afectan a los pueblos indígenas; y a las empresas que realizan o tienen previsto realizar proyectos económicos que afectan a las riquezas naturales, por otra parte, “el desarrollo de códigos de conducta que sean conformes con las normas internacionales pertinentes, que guíen su actuación en relación con la planificación e implementación de proyectos que afectan a pueblos indígenas”. Tanto al gobierno como a la empresa que iba a realizar el macroproyecto hidroeléctrico les pedía “una necesaria reevaluación del proyecto y la puesta en práctica de medidas correctivas, incluyendo el inicio de un nuevo proceso de diálogo” con las comunidades ngöbe-buglé.[5] El tema llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó una suspensión de las obras hasta que hubiese un veredicto. Y la OIT mostró su “profunda preocupación” por los hechos.

La  Cámara de Comercio e Industrias de Panamá pidió al gobierno “ignorar” a la CIDH[6] y así se hizo. La respuesta del Estado fue la de “mantenella y no enmendalla”. Afirmó que tanto su actuación como la de la empresa ha sido “de buena fe” y “proporcional con las afectaciones sufridas mediante el pago de sumas en efectivo, la reubicación de comunidades dentro del Bosque Protector Palo Seco en comunidades colectivas, el desarrollo mediante capacitación de sus medios de subsistencia y, en algunos casos donde ha primado el derecho a la voluntad individual, la consecución de títulos de propiedad individual fuera del Bosque Protector Palo Seco, en atención a las afectaciones por la construcción sobre las tierras que habitaban”.[7]

En el caso de las comunidades emberá y wounaan fronterizas con Colombia y sin territorio propio, se las está obligando a un desplazamiento de sus zonas tradicionales ante la invasión de sus tierras por transnacionales petroleras y mineras quienes, sin el menor recato y contando con el beneplácito gubernamental, reconocen que están procediendo a “programas de reasentamiento participativo” (sic) “con la satisfacción y el contento tanto de las comunidades indígenas como de las instituciones panameñas”[8], tal y como reconoce una de ellas en su página web añadiendo, por si hubiesen quedado dudas, que “ha cooperado y continuará cooperando estrechamente con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo para mantenerlos informados sobre los avances en el Programa de Reasentamiento”. En otras comunidades, como la naso teribe de Bocas de Toro, en junio de 2010 se produjeron violentas protestas que terminaron con dos muertos y más de un centenar de heridos ante el rechazo al desalojo de una comunidad por un proyecto económico agrícola y ganadero.

El conflicto en Bocas de Toro se venía gestando desde largo tiempo, agravada la situación por el proyecto de construir una represa que anegaría una parte importante de las tierras comunales, y provocó la visita del Relator de la ONU mencionada en los párrafos anteriores. El gobierno panameño hizo caso omiso tanto de las recomendaciones del Relator, pidiendo la reconsideración de todo el proyecto, como del derecho de consulta previa argumentando que ya se había realizado “mediante las fórmulas constitucionales de participación”, es decir, el trámite parlamentario, y que plantearlo a las comunidades indígenas afectadas “resultaría discriminatorio frente al resto de la ciudadanía, carente de equidad y violatorio del ordenamiento jurídico vigente”.

La justificación de este proceder viene dado por lo establecido en la ley panameña, que establece la obligatoriedad de las comunidades indígenas, estén donde estén, sean comarca o no, de “facilitar los proyectos de inversión que el Estado autorice por medio de contrato de concesiones y que hayan sido declarados de desarrollo estratégico para la Nación” y de la diferenciación realizada por el Estado sobre los recursos renovables y los que no lo son. Es decir, los primeros serían el suelo, bosque y fauna mientras que los segundos serían todos los que ofrece el subsuelo. Los primeros quedarían en manos del propietario de las tierras, con limitaciones, mientras que los segundos son propiedad incuestionable del Estado. Mares y ríos serían de uso público. Esta diferenciación no es concebible para los pueblos indígenas que, además, han visto a lo largo de los siglos los graves y en muchas ocasiones irreversibles daños que se ha ocasionado al ecosistema con diferenciaciones de este tipo. Ni siquiera la indemnización al propietario de las tierras o del suelo palía esta situación.

La lucha de los pueblos indígenas en Panamá no sólo por la propiedad de sus tierras, sino por su conservación, es la misma que la de cualquier otro pueblo indígena no ya en el continente americano sino en cualquier parte del mundo y el dilema “derecho ancestral-desarrollo” no difiere mucho del histórico “civilización-barbarie” con el que se colonizó el continente de Abya Yala siglos atrás.

Pero los indígenas se aferran al ordenamiento legal por el que se ha reconocido sus comarcas. En virtud del mismo, se reconocen los derechos colectivos sobre la tierra y los derechos de administración de sus recursos existentes. Esta facultad se ejerce a través de las estructuras tradicionales de administración, como lo son los Congresos Generales; en esencia, el derecho a la libre determinación. Cuando el gobierno aduce “el interés general” debería tener en cuenta el texto constitucional, que se traduce en asegurar a los pueblos indígenas no sólo la propiedad colectiva, sino además la capacidad de que a través de sus gobiernos tradicionales impulsen su desarrollo social, económico y cultural que, a la postre, beneficia a todo el país: el ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo social justo beneficia a la mayor cantidad de gente. Pero esta filosofía es contraria a la que impone el capitalismo neoliberal.

En cualquier caso, la Constitución de Panamá al reconocer los derechos colectivos y a través de la ley sus formas de organización política, presupone que los planes de desarrollo o concesiones en dichos territorios no se puedan dar sin la participación de los pueblos indígenas, porque son entidades políticas jurídicamente reconocidas. Por lo tanto, las concesiones mineras, sin el consentimiento de los pueblos originarios son ilegítimas, lo vista como lo vista el gobierno.

Sin embargo, la constante también aquí: la ley y la trampa, el reconocimiento teórico de unos derechos y su no aplicación en la práctica. El mes de junio de 2010 hubo dos medidas legislativas complementarias que modifican sustancialmente el ordenamiento vigente en cuestiones indígenas. La primera, una ley que declara de interés social prácticamente todos los proyectos económicos en marcha para eximirlos de publicar informes de impacto ambiental, garantía fundamental para los pueblos indígenas. La segunda, un decreto presidencial modificando por completo, sin consulta, la Carta Orgánica de la Comarca Ngöbe-Buglé especificando cómo deben ser los representantes de este pueblo, cada cuanto tiempo deben ser electos y cuántas veces debe reunirse su Congreso General. Un ataque en toda regla a la autonomía de esta comarca, por el momento, que tal vez no sea más que el indicativo de cómo se va a tratar al resto de comarcas. El Congreso General de los ngobe-buglé considera que ambas disposiciones legislativas les ponen en peligro como pueblo. En el caso de la ley ambiental, por ser su comarca la más rica del país en recursos minerales además de contar con los ríos más caudalosos. Como ellos dicen, “hemos sido los mejores guardianes de la madre naturaleza y queremos seguir siéndolo”.

Es un intento claro de intentar doblegar la resistencia ngobe-buglé a un importante proyecto de explotación de cobre, oro y plata concedido a una transnacional estadounidense, la Dominion Minerals Corp., que supone 26 explotaciones en un total de 24.242 hectáreas de esta comarca y de la que es un alto directivo en su filial panameña un ex viceministro de comercio e industria del país. También sucede algo similar con el pueblo naso. Una de sus comunidades ha sido obligada a abandonar sus tierras para la realización de proyectos ganaderos a gran escala sin que, de nuevo, se hayan escuchado los requerimientos en contra del Relator Especial de la ONU[9] recordando que los pueblos indígenas no pueden ser trasladados de sus territorios sin su consentimiento. El caso es extremo porque el pueblo naso cuenta con poco más de 3.000 integrates y ser removido de sus tierras y recursos tradicionales le podría abocar a medio plazo a una situación cercana a la desaparición.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha tomado cartas en el asunto en marzo de 2010. Ha recomendado a Panamá tomar las medidas necesarias y efectivas para asegurar la prohibición de desalojos forzosos[10] e insta al Estado a que asuma su papel como mediador en estos conflictos “protegiendo a sus ciudadanos, incluyendo indígenas y afro panameños, y colabore a encontrar una solución a los conflictos de tierras que permitan reconciliar proyectos de desarrollo con la cosmovisión indígena”. Junto a ello, expresa su seria preocupación por la falta de mecanismos de consulta efectiva con los pueblos indígenas y por el hecho que en varias oportunidades las consultas pertinentes sobre proyectos de explotación de recursos, construcción y turismo se han dejado en manos de las empresas privadas que llevarán a cabo los proyectos, con lo que el Estado, claramente, no está ejerciendo su responsabilidad.

[1] Dirección de Estadística y Censo de Panamá, año 2000.

[2] Op. cit.

[3] Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Panamá.

[4] Comité para la eliminación de la discriminación racial, Observaciones Finales. Panamá. 76º período de sesiones, 15 de febrero a 12 de marzo de 2010. CERD/C/PAN/CO/15-20

[5] Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya. Observaciones sobre la situación de la Comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 (Panamá), 12 de mayo de 2009.

[10] Comité para la eliminación de la discriminación racial, Observaciones Finales. Panamá. 76º período de sesiones, 15 de febrero a 12 de marzo de 2010. CERD/C/PAN/CO/15-20

PARAGUAY

Los pueblos indígenas en Paraguay son 20 (aché-guayakí, angaité, ava-guaraní, ayoreo, entleht norte, enxet sur, guaraní occidental o chiriguano o guarayo, guaná, maká, mankuy, maskoy, mbyá, nivaclé, ñandeva, pai-tavytera, sanapaná, toba qom, toba-enenlhet, tomáraho e ybytoso o chamacoco) pertenecientes a cinco familias lingüísticas diferentes (guaraní, guaicurú, maskoy, mataco-mataguayo y zamuco) y que suponen, según el último censo, 108.803 personas[1] (aproximadamente el 2% del total de habitantes del país, aunque en la región occidental que incluye el Chaco –zona transfronteriza que abarca también a Argentina y Bolivia- son el 31% de la población) afrontando situaciones de pobreza extrema y condiciones laborales de esclavitud debido a la falta de tierra propia. Esto causa, a su vez, dificultades para el acceso a recursos naturales para su subsistencia, la imposibilidad de llevar adelante propuestas de desarrollo y la pérdida gradual de su cultura. Hay que añadir que durante más de sesenta años los indígenas fueron sometidos a una política sistemática de vulneración de derechos que incluyó no sólo ejecuciones extrajudiciales, detenciones y violaciones de mujeres sino que se esterilizó a éstas para evitar el crecimiento de la población indígena, tal y como ha reconocido la Comisión de Verdad y Justicia que se constituyó en julio de 2008 para analizar la situación de los pueblos indígenas durante la dictadura y la transición democrática en este país.

Muchos de ellos viven en zonas selváticas, más o menos preservadas, y se encuentran con tres tipos de situaciones en cuanto a la propiedad de la tierra se refiere: con ella en propiedad, sin título de propiedad o, directamente, sin tierra. Esto se debe a que la ley paraguaya (1981) exige la “personería jurídica” de las comunidades indígenas para tener el título de propiedad de la tierra. Dicha estrategia jurídica ha sido la norma en el Paraguay moderno: desde 1947 hasta 2007 más de doce millones de hectáreas de patrimonio nacional han sido repartidas, en su mayoría, a latifundistas. Desde el comienzo de este siglo XXI se está asistiendo a un incremento de la implantación de monocultivos dedicados a la exporación (biocombustibles) con la compra de millones de hectáreas por parte de compañías y particulares extranjeras que dedican al cultivo de soja, transgénica en su mayoría. En la actualidad el 60% de la tierra cultivada está dedicada a este producto, que ha convertido a Paraguay en el cuarto exportador mundial detrás de EEUU, Argentina y Brasil. Las tierras que se han podido preservar para los indígenas “lo han sido mediante compras por parte de organizaciones filantrópicas extranjeras, por lo regular a través de iglesias”.[2]

La presencia de las iglesias católicas, protestantes y anglicanas en Paraguay es un fenómeno digno de estudio aparte. Son conocidas las misiones jesuitas de los siglos XVII y XVIII; lo es menos la anglicana de finales del siglo XIX por todo el Chaco Central y con la que Paraguay pagaba su deuda con los acreedores de la guerra de 1870 (la Guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay) a costa de los pueblos enxet, toba, sanapaná y angaité y que sirvió para proteger los latifundios ingleses extendiendo la cultura occidental con programas asistencialistas y paternalistas con los indígenas, y es prácticamente desconocida la labor de la llamada Misión de las Nuevas Tribus, establecida desde 1942 y que se ha ido expandiendo por tierras de los angaité y ayoreo a quienes caza, literalmente, para que trabajen en los proyectos misioneros que se realizan en tierras que les han usurpado y a quienes, además, se les cierran sus tradicionales territorios de caza pasando así a ser extranjeros en su propia tierra.

De las razzias estilo nazi y con comportamiento colonial dan muestra dos hechos notorios: en 1979 se produjeron cinco muertos y varios heridos cuando los indígenas se negaron a trasladarse a la misión; en 1983 otros cinco muertos, todos ayoreo, pero como los menonitas –secta religiosa cristiana protestante que controla Nuevas Tribus- habían aprendido la lección esta vez enviaron a ayoreo conversos a hacer lo mismo, por la fuerza, a un grupo ayoreo totobiegosode[3] que había decidido mantenerse al margen de la “civilización”. No es únicamente una cuestión de “civilizar a los salvajes”, sino de dejar sus territorios tradicionales libres para macroproyectos y explotaciones económicas ganaderas. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Paraguay y que es defendido sin tapujos por Nuevas Tribus: “en todos los casos donde la civilización avanza hacia regiones remotas, hay consecuencias negativas, pero también hay consecuencias positivas; un aspecto negativo de la civilización es el sacrificio de los ecosistemas y aquellas personas que dependen de la tierra para sobrevivir”.[4] Según el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, en el Chaco –donde hay presencia de 13 de los 20 pueblos originarios en Paraguay- las tierras indígenas fueron concedidas a grupos religiosos que utilizaron a las comunidades indígenas “como mano de obra de bajo costo” y los casos de trabajo forzoso de al menos 8.000 indígenas se han documentado tanto por investigadores particulares como por la OIT en fechas tan recientes como el año 2005.[5]

No es inhabitual tener que pedir un permiso en la sede central que Nuevas Tribus tiene en Asunción, la capital de Paraguay, si se quiere visitar alguna de sus misiones. Los menonitas, cuyo idioma madre es el alemán aunque tienen el castellano como segunda lengua, se consideran los amos de una gran extensión del territorio paraguayo. Son, de hecho, un poder fáctico que impide la realización de proyectos favorables a los pueblos indígenas, en especial los relacionados con la devolución y demarcación de tierras, porque en caso de hacerlo perderían una valiosa mano de obra, muchas veces forzosa por no decir semi-esclava. Llegados en la década de 1930 consiguieron del gobierno de entonces la concesión de un extenso territorio para su explotación agrícola y ganadera. Así surge Nuevas Tribus unos años más tarde. Necesitaban, y necesitan, mano de obra y la más cercana, asequible –aunque fuese y sea cazándola a lazo- y barata es la indígena. El hecho de que éstos estuviesen en su propia tierra, aunque ésta no fuese “legalmente” suya tenía poca importancia para quien llevaba, y lleva, “la civilización y evangelización frente a la barbarie”. Ni tampoco para el gobierno de entonces, aunque el de ahora se tiene que enfrentar a una demanda legal que los ayoreo totobiegosode interpusieron en 1993 reclamando la devolución de sus tierras y que ha provocado que un grupo de los reclutados a la fuerza por la Misión Nuevas Tribus decidiese retornar a su tierra en 1997, con el apoyo del gobierno, para constituir la comunidad Arocojnadí a la que en 2007 se incorporaron más ayoreos tras abandonar la misión religiosa menonita.

El Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay ha venido reclamando con insistencia al gobierno paraguayo –de forma especial con la llegada al mismo de Fernando Lugo, de lo que se hablará más adelante- que tome las medidas necesarias para impedir todo intento de búsqueda de contacto de parte de misioneros con los indígenas en aislamiento e impedir cualquier otro tipo de acción dirigida a hacer una “limpieza” de su territorio. En particular, “pedimos al gobierno medidas que impidan que los misioneros utilicen a gente ayoreo de nuestras propias comunidades como agentes del contacto, tal como viene ocurriendo”.[6]

La desprotección de las tierras indígenas provoca una y otra vez serios conflictos no sólo con las misiones religiosas, sino con campesinos que intentan apropiarse de esas tierras, menos protegidas y defendidas que las de los grandes latifundistas, puesto que el 91’5% de los indígenas del país vive en zonas rurales. Esta situación de enfrentamiento con campesinos y terratenientes está provocando un éxodo desde el campo a la ciudad de forma especial entre los maká, quienes ya viven en un porcentaje que se estima por encima del 77% en ciudades según el censo indígena que se realizó el año 2002.[7] Es más que probable que esta cifra haya crecido desde entonces.

Este censo sobre población indígena, el segundo que se realizaba en Paraguay desde su historia como país independiente, expuso también en sus resultados su alarmante situación educativa: alto grado de analfabetismo (51%), con un promedio de 2’2 años de estudio entre los niños de 10 años y más, frente a los 7 años que se registra en la población nacional no indígena. Dado que la enorme mayoría de indígenas vive en el campo, el problema se agravaba en las zonas rurales (53’3%) frente al 29’2% en las zonas urbanas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ofrece datos aún más escalofriantes en lo que se refiere a seguro médico (sólo el 12’2% cuenta con él) y el número de hogares con acceso al agua potable (5’9%).[8]

Respecto a la tierra, el censo reconoce que el 45% del total de indígenas no cuenta con ningún título de tierras, ni provisional ni definitivo. No es extraño puesto que a pesar de tener reconocidos sus derechos en la Constitución de 1992, entre ellos éste, no se les permitía ejercerlos. Un dato lo pone de manifiesto: desde que se aprobó la Carta Magna los tribunales de justicia, sobre todo en su más alta instancia, sólo habían dado la razón a los indígenas en dos causas de devolución de tierras, en 1997 y en 1998.

La situación parecía que se iba a solucionar cuando accedió a la presidencia Fernando Lugo, en el año 2008, quien tanto en su campaña electoral como en el discurso con el que asumió su cargo –gran parte del mismo hablado en guaraní- y en una intervención en la propia ONU insistió en que iba a sacar de la miseria y su “humillante situación a quienes secularmente han vivido en la marginación, excluidos de cualquier posibilidad de desarrollo y privados de sus tierras”. Y añadió con énfasis: “Las naciones indígenas esperan a la orilla del camino que alguien los convoque a reapropiarse de sus tierras. Estas tierras de ahora en más no solo serán sagradas para su cultura sino –valga la figura– sagradas para la aplicación de la ley. Ningún blanco que negocie tierras indígenas, que los humille o los persiga tendrá la misma impunidad que tuvo siempre”.[9] No es extraño que los indígenas votasen en masa a Lugo. El deseo de recuperar sus tierras, el derecho a la salud, a la educación y a unas condiciones de vida dignas eliminando, por ejemplo, las condiciones de esclavitud y semiesclavitud en las que aún viven en las grandes haciendas que usurpan sus territorios fueron algunas de las razones por las que se volcaron con la candidatura del nuevo presidente.

Sus primeras medidas iban en esa dirección, como puso de manifiesto el nombramiento de una indígena para el cargo de presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena con la finalidad de “asesorar y orientar” a la presidencia en la formulación, elaboración y ejecución de las políticas y programas relacionados con los pueblos indígenas. Pero no fue más que una ilusión que duró cuatro meses y el desencanto llevó a los indígenas a movilizarse, lo que generó una dura represión hasta extremos que no se habían visto en años anteriores. El viejo discurso teoría-práctica, el que una cosa es predicar y otra dar trigo. La realidad es que a pesar de los pronunciamientos constantes de la presidencia del país en relación a los pueblos indígenas, su identidad y organización propia siguen sin ser considerados como sujetos de derechos políticos.

Sin embargo no es una crítica que hay que hacer en exclusiva al gobierno. También tiene mucho que ver la propia división indígena, que se manifiesta en un divorcio cada vez más evidente entre quienes han comenzado a vivir en las ciudades y quienes se mantienen en los territorios ancestrales. Los primeros comienzan a no reconocer a los dirigentes tradicionales y se postulan a sí mismos como los más capacitados para dirigir los pequeños espacios de poder que se han abierto para los indígenas con la llegada a la presidencia de Lugo. Uno de esos espacios es el IPI, por el que se produjeron enfrentamientos entre avá guaraní y mbyá, de un lado, y guarayo de otro tanto por la presidencia en sí como por el hecho de haber sido ejercida, según parte de los indígenas, con beneficio del pueblo al que pertenecía la presidenta durante el tiempo que estuvo ejerciéndola en detrimento de los demás. 

En lo que sí hay un esfuerzo visible del Estado bajo la presidencia de Lugo es en el acceso de los indígenas a servicios de educación y salud –aquí es meritorio el reconocimiento de la medicina indígena-, así como la puesta en marcha de una serie de acciones coordinadas entre varias instituciones para enfrentar situaciones extremas en niños, mujeres (víctimas de violencia) y otros sectores vulnerables de la población indígena. Y como consecuencia de una enorme sequía que tuvo lugar durante 2008, el gobierno inició un programa de “mitigación y rehabilitación” de las zonas más afectadas con la distribución de agua potable y alimentos al tiempo que se iniciaba la reparación de la infraestructura vial existente, apertura de nuevos caminos, la rehabilitación de los sistemas de almacenamiento y distribución de agua, y el acceso a la educación y a la vivienda. Hubo, además, un cierto apoyo a la producción para generar ingresos en las comunidades.

No obstante, al dejar fuera de la gestión de todo ello a las propias comunidades son iniciativas que se quedan en una política asistencial que si bien es cierto que es capaz de evitar estados de inanición (acentuados en departamentos como el Chaco por esa durísima sequía que llegó a provocar muertes) no lo es, aún, de superar la desnutrición crónica que sufren y padecen estos pueblos. De hecho, el propio gobierno paraguayo ha tenido que reconocer que 185 de las 412 comunidades indígenas del país no tienen títulos definitivos de propiedad de sus tierras, lo que las aboca a una situación no sólo de dependencia de la ayuda oficial sino a una pobreza extrema debido a la falta de tierra. Por lo tanto, sólo una reforma agraria enfocada a la seguridad y soberanía alimentaria que evalúe la legitimidad de los títulos de propiedad de la tierra en manos de terratenientes, campesinos e iglesias y se ofrezca una indemnización acorde con la ley, en caso de que se consideren ilegales, podrá sacar a los pueblos indígenas de su postración actual.

El gobierno de Lugo muestra sus simpatías verbales ante esta propuesta, pero se ampara en el bloqueo del Parlamento y la justicia para no hacer nada efectivo por ella -pese a que la Constitución garantiza a los indígenas el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida- precisando que es algo que compete a todos los poderes del Estado, ejecutivo y judicial, al afirmar: “El estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni ser arrendadas; así mismo estarán exentas de tributo”, además de prohibir “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.[10]

Un caso es el referente al pueblo enxet sur y, en concreto, a la comunidad Yakye Axa – formada por 90 familias con 390 personas en total- que se atrevió a denunciar al Estado de Paraguay en el año 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la omisión estatal de reconocerle la propiedad sobre su territorio ancestral. Ante la imposibilidad de ser resuelta en el ámbito de la Comisión, ésta remitió la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte consideró que Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para garantizar a la comunidad el uso y goce efectivo de sus tierras tradicionales y con ello amenazó el libre desarrollo y transmisión de la cultura y prácticas tradicionales de los enxet sur. Así, la Corte resolvió en 2005 que Paraguay violó los derechos a la propiedad y a la protección judicial, así como el derecho a la vida ya que privó a la comunidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales. Además, entendió que el Estado no adoptó las medidas positivas necesarias para asegurar a los indígenas, durante el período que permanecieron sin territorio, las condiciones de vida compatibles con su dignidad: carecieron de acceso adecuado a alimentos, servicios de salud y educación. Dieciséis personas fallecieron a causa de las condiciones de vida referidas. La Corte consideró que el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas orientadas a la satisfacción de una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo cuya atención se vuelve prioritaria. La Corte ordenó a Paraguay demarcar el territorio tradicional, entregárselo a los indígenas de manera gratuita y proveerles los bienes y servicios básicos para su subsistencia mientras se les restituían sus territorios. Cuando el nuevo gobierno, en octubre de 2008, remitió al Senado un proyecto de expropiación de tierras para devolvérselas a esta comunidad en cumplimiento de la sentencia de la CIDH, el Senado rechazó el mismo argumentando que las tierras en cuestión estaban siendo objeto de una “explotación racional”, que en la zona existían otras tierras indígenas, que la comunidad Yakye Axa estaba dividida al respecto y, lo más curioso, que dicha comunidad estaba siendo manipulada por una organización no gubernamental, Tierraviva, con intereses ocultos en que se cumplimentase la sentencia.[11]

Esta organización se creó en 1994 con la finalidad de acompañar los procesos judiciales que interponían las comunidades indígenas en defensa de sus tierras y fue quien llevó el litigio de la comunidad Yakye Axa ante las instancias internacionales. Lo mismo sucedió con otra comunidad, Sawhoyamaxa, también del pueblo enxet sur. La denuncia fue interpuesta en 2001 y en febrero de 2005 también hubo una sentencia favorable de la CIDH obligando al Estado de Paraguay a devolver las tierras añadiendo que mientras el Estado no cumpla en forma íntegra y adecuada la sentencia, cada día la vida de los miembros de la comunidad está en riesgo así como la existencia misma de la Comunidad Sawhoyamaxa y su supervivencia cultural y su expectativa como grupo. En este caso, se han realizado pagos parciales en concepto de indemnización y se ha creado un fondo económico destinado a respaldar una futura compra de estas tierras a sus propietarios usurpadores aunque no se ha podido realizar aún puesto que dicho fondo es muy inferior a la cantidad que se pide por ellas. Lo mismo, en menor medida, está haciendo el gobierno con la comunidad Yakye Axa. Incapaz de enfrentarse a los terratenientes y latifundistas, muy bien conectados con los políticos tradicionales, el gobierno ha adelantado “un proceso de solución” que pasa por “la compra de una finca a ser transferida gratuitamente a la comunidad”, como reconoce el Instituto Paraguayo del Indígena.[12] El gobierno, en un giro inequívoco sobre su política económica, justifica el que sólo vaya hasta ahí amparándose en otra cuestión constitucional: el respeto a la propiedad privada. El hecho de que esa propiedad pueda no ser legal, sino usurpada a los indígenas –como dice la CIDH- no se tiene en cuenta.

El gobierno intenta contentar a todos, pero ante la opción de enfrentar a los poderes econonómicos o a los indígenas, opta por los segundos, infinitamente mucho más débiles. Paraguay es uno de los países de América Latina donde la propiedad de la tierra está más concentrada: el 95% de ella pertenece a grandes haciendas. El modelo de desarrollo de Paraguay tiene una fuerte base en las exportaciones agropecuarias, lo que quiere decir que el país sigue siendo muy rural, con una economía mayoritariamente basada en cuatro productos agrícolas (algodón, soja, carne y madera). Esta es la fuerza de los empresarios y la debilidad de los indígenas y campesinos, que se ven obligados bien a trabajar en las condiciones que imponen los hacendados, la mayoría de las ocasiones en régimen de semi-esclavitud y con salarios por debajo de los establecidos en la ley (en muchas ocasiones cobran sólo la mitad del salario mínimo, como reflejó la OIT en su informe), o bien a abandonar el campo e instalarse en los grandes cinturones de pobreza urbanos.

Estas situaciones ponen de relieve lo que venimos manteniendo con insistencia y reiteración a lo largo de este libro: la resistencia de las élites políticas y económicas tradicionales a cualquier cambio y más si éste es impulsado o reclamado por los pueblos indígenas. Pese a toda la retórica, y aún con gobiernos pretendidamente progresistas, siguen primando los intereses corporativos de los ganaderos, de los madereros, de los latifundistas para quienes la ley sólo se cumple si la imparten ellos. Aún así los pueblos indígenas no se arredran y en agosto de 2009 se volvió a presentar otra demanda ante la CIDH por violación de los derechos a la propiedad colectiva de la tierra, del derecho a la vida, a las garantías y protección judicial, los derechos del niño y de la niña y a la personalidad jurídica por parte de la comunidad indígena Xakmok Kásek y sus miembros, también pertenecientes al pueblo enxet.

El gobierno de Lugo, con posiciones teóricas favorables a los indígenas, como ha manifestado ante la ONU[13] tiene una oportunidad de oro para cambiar de una vez el rumbo de su país en lo referente a los pueblos originarios. Un paso importante sería recortar el poder que tienen los menonitas y las organizaciones religiosas de este tipo. De momento, éstos han creado numerosas Organizaciones No Gubernamentales con el objetivo de “ayudar al desarrollo” de unas comunidades a las que explotan para evitar la presencia del Estado. El INDI (nuevas siglas del viejo IPI), renovado a primeros de este año 2010 tras los desencuentros habidos desde el momento de su creación, tiene una ocasión de oro para reivindicarse y elaborar un plan de acción contra el trabajo forzoso y semi esclavo especialmente con relación a las situaciones que se registran en las haciendas y misiones menonitas.

A ello va a ayudar a buen seguro la coordinación que se comienza a lograr entre los diferentes pueblos originarios, como la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, de la que forman parte 15 de los 20 existentes en Paraguay. Ya existe una propuesta de trabajo en común que podría llegar a la definición de una política indígena y una reforma legislativa que incluya también la creación de un órgano del Estado sobre asuntos indígenas con la participación de los pueblos originarios, tanto en su definición como en su integración, y que facilite la titulación de tierras para terminar con el éxodo y la dispersión de las comunidades. Sólo así se podrá poner coto a la explotación de esas tierras por los agrocombustibles o para la madera y evitar lo que la OIT considera “notoria depredación” en varias comunidades indígenas.

[2] Bartolomeu Meliá, “Paraguay” en “Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina”, op. cit.

[3] Las cifras oficiales indican que los ayoreo son 2.500, divididos en varias agrupaciones: los Garaigosode (habitantes de los palmares o campos bajos), los Guidaigosode (gente de la aldea) y los Tobobiegosode (gente del lugar donde entraron los pecaríes). Los ayoreo pertenecientes a este último grupo se mantienen en aislamiento voluntario o lo que en Paraguay se denomina “contacto inicial” y que se refiere a los ayoreo sacados a la fuerza de su tierra y bosques en épocas recientes.

[5] Álvaro Bedoya Silva-Santisteban y Eduardo Bedoya Garland, Servidumbre por deudas y marginación en el Chaco de Paraguay. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo. 2005.

[11] Diario de sesiones de la Cámara de Senadores, Sesión ordinaria del 15 de octubre de 2009.

[12] Instituto Paraguayo del Indígena. Caso de la comunidad indígena Yakie Axa, http://www.indi.gov.py/institucional.html, página visitada el 9 de agosto de 2010.

[13] Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 2010. Suplemento núm. 23. E/2010/43. E/C.19/2010/15

PERÚ

La población indígena en Perú no es fácil de cuantificar. El censo de 2007 establecía en más de 24 millones de habitantes los del país, de los que más de 4 millones son indígenas. El criterio utilizado para la identificación de los indígenas fue el de “lengua nativa aprendida” y en función del mismo la proporción étnica es de un 83’11% quichua, 10’92% aymara, 1’67% asháninka y un 4’13% hablaría otras lenguas, con el castellano como la segunda en utilización. Sin embargo, si se hubiese utilizado otro criterio que no hubiese sido el de la lengua –los criterios condicionan las cantidades, dicen los sociólogos- el número de indígenas en Perú puede acercarse mucho a los 10 millones, si no es que se sobrepasa esta cifra: el censo de 1993 cuantificaba en 8.793.295 los indígenas, de los cuales el 97,8% eran andinos -90,9 % quichuas o kichwas y 6,9 % aymaras- y el 2,1 % amazónicos.

Perú es uno de los países donde el término “indígena” no gusta ni a quienes lo son. En las comunidades andinas y costeñas son muchos quienes no se autoperciben como indígenas porque hacen todo lo posible por no serlo aunque desciendan de los primeros habitantes del país. Especialmente quienes se adscriben a la clase media y tienen algún tipo de profesión liberal: médicos, ingenieros… o policías. De ahí la diferencia entre unos censos y otros y la “desaparición” de casi cinco millones de “indígenas” en diez años. Todavía sigue vigente esta estrategia de “desindigenización” que llevó a muchos a renegar de su lengua y cultura.

En el área de la costa-andina existirían 5.680 comunidades indígenas, pero muchas de ellas están consideradas no como tales sino “campesinas” por razones históricas que se abordarán más delante de forma sucinta. Lo mismo pasa con las comunidades indígenas denominadas “nativas” y de las que, tomando como referencia el censo más reciente, habría en Perú 1.786 pertenecientes a 60 etnias:[1] achual, aguano, aguaruna, awajún, amahuaca, amarakaeri, amuesha, arabela, arazaeri, asháninka, ashéninka, bora, candoshi-murato, capanahua, caquinte, cashibo-cacataibo, cashinahua, chamicuro, chayahuita, cocama-cocamilla, cujareño-iñapari, culina-madija, ese ejja, huachipaeri, huambisa, huitoto-meneca, huitoto-muiname, huitoto-murui, iquito, isconahua, jebero, jíbaro, kisamberi, kichwaruna, lamas, marinahua, mastanahua, matsiguenga, mayoruna-mayoruna, morunahua, muniche, nomatsiguenga, ocaina, omagua, orejón, parquenahua, piro-yine, pisabo, pukirieri, quichua, resígaro, sapitieri, sharanahua, secoya, shipibo-conibo, ticuna, toyoeri, urarina, yagua, yaminahua y wampís.

De todos estos pueblos, 51 residen en el Amazonas peruano –sumando un total algo superior a las 300.000 personas- y dos de ellos, marinahua y resígaro están al borde de la extinción puesto que sólo contaban con 20 y 37 miembros, respectivamente, en el momento de realizar el censo de 2007. No se empadronó a otros, como los cujareño, isconahua, morunahua, parquenahua, pisabo, omagua, aguano, muniche y taushiro “debido a que algunas etnias ya no conforman comunidades al ser absorbidos por otros pueblos, además de existir etnias que por su situación de aislamiento es muy difícil llegar a ellas”.[2] Dos de los mencionados, isconahua y morunahua permanecen en aislamiento voluntario, así como los chitonahua y varios grupos identificados como pertenecientes a los matsiguenga y amahuaca (ubicados básicamente en el departamento de Madre de Dios). No se sabe a ciencia cierta cuántos pueblos o grupos de ellos permanecen aislados; la cifra varía entre los 14 y los 20. Incluso desde el gobierno actual, presidido por Alan García, y a pesar de lo que indica el censo realizado por una instancia oficial como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se cuestiona su existencia con el científico argumento de que “nadie les ha visto” o que son “una invención de los grupos ambientalistas” y así permitir la actividad hidrocarburífera en la Amazonía. Es este tipo de actividades, caucheras en el pasado, madereras y petroleras en épocas más recientes o la actual tala ilegal de caoba, el “oro rojo” de la Amazonía, la que empuja cada vez más a estos pueblos hacia la amazonía fronteriza con Brasil. La constatación en 2007 de la existencia de un grupo de unas 20 personas migrando hacia Brasil[3] por parte de una sociedad científica alemana –Sociedad Zoológica de Francfort- mientras investigaba el sureste de la selva peruana para documentar la presencia de madereros ilegales dejó en evidencia al gobierno y certificó lo que ya se sabía.

La “arremetida desarrollista” en la Amazonía peruana, en nada diferente de la que se produce en otros países, ha hecho que de los más de 73 millones de hectáreas que tiene de extensión aproximada se hayan “colonizado” más de diez y otra cantidad similar haya sido otorgada a diferentes empresas para su explotación, además de los 25 millones de hectáreas declarados Bosques de Producción Permanente por el Estado para otorgar concesiones forestales. El resto, o bien están en manos del Estado (11 millones) o han sido calificadas como área protegida (12 millones). Una extensión similar es la que se pretende otorgar a los pueblos indígenas –recordemos que 51 de los 60 del Perú residen en esta zona- como tierras propias.

La política gubernamental, de corte claramente capitalista neoliberal, ha favorecido la aprobación de un Tratado de Libre Comercio con EEUU –la denominación oficial es Acuerdo de Promoción Comercial, ante el rechazo que suscitaba entre la población- que ha supuesto la elaboración de casi un centenar de decretos legislativos que reestructuran el sistema jurídico y debilitan no sólo el marco ambiental sino los derechos colectivos de los pueblos indígenas. De forma muy significativa en la Amazonía donde, de hecho, las empresas mineras y petroleras pueden actuar a sus anchas. En el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) se está desarrollando un proyecto de construcción de carretera interoceánica que unirá Brasil y Perú y que tendrá efectos devastadores no sólo en términos ambientales, sino en los humanos puesto que afecta directamente al hábitat de los pueblos que se mantienen voluntariamente aislados. La carretera facilitará la penetración migratoria, la invasión de tierras para todo tipo de explotaciones y, en último término, la desaparición física de estos pueblos que se supone están compuestos por apenas unos centenares de componentes.

En Perú, al igual que en otros países, hay una interrelación negativa entre poderes económicos y derechos indígenas. Son los primeros quienes deciden qué tipo de derechos se concede o reconoce a los segundos en función de sus intereses corporativos. Y como atestiguan los constantes casos de corrupción política –el penúltimo de ellos conocido, en 2008, llegó a provocar la caída del gobierno- el cambio de leyes está influenciado por ellos. Así, una cosa es la ratificación de convenios internacionales, otra la inclusión de los aspectos que recogen esos convenios en la Constitución y otra muy diferente la aplicación de todo ello. Si por muy moderada que sea la relación de derechos en la normativa legal su puesta en práctica, así sea de forma muy tímida, perjudica la expansión económica de los grupos de poder se cambia la ley y listo. Es lo que sucedió en 2005 con la aprobación de un decreto legislativo para “unificar los procedimientos de las comunidades campesinas de la Sierra y de la Selva con las de la Costa para mejorar su producción y competitividad agropecuaria”. Es decir, adiós al derecho de las comunidades indígenas no ya a ser consultadas, sino a decidir sobre su territorio que, con la ley en la mano, queda ofrecido a las empresas en aras del progreso y del desarrollo.

Perú, pese a ser un país con una población indígena muy numerosa, no se ha caracterizado por tener unas organizaciones indígenas similares a las de los demás países andinos, Ecuador y Bolivia. Una de las razones que se aducen para tal hecho es, por una parte, que han primado los intereses de clase sobre los de etnia y, por otra, una sistemática política gubernamental –iniciada en la década de 1960 que terminó siendo interiorizada por la población- que consideraba el término “indígena” como peyorativo y ligado a las estructuras coloniales aunque, al mismo tiempo, ya se había iniciado un proceso de “desindigenización” de motu propio y se prefería el término “campesino” para referirse a ellos. Así, las comunidades indígenas pasaron a ser comunidades campesinas y este hecho favoreció tanto el desarrollo de organizaciones armadas, en especial Sendero Luminoso –con un alto componente indígena en sus filas-, como la estrategia gubernamental de “rondas campesinas” para enfrentar al movimiento senderista.

Este fenómeno lingüístico y sociológico apenas llegó a la Amazonía, donde también la política gubernamental había cambiado el término “indígena” por el de “nativo” e iniciado una tímida entrega de tierras (244 títulos de propiedad) cuando se puso en vigor una Ley de Comunidades Nativas en 1978. La Constitución no mencionaba a los indígenas sino en esas dos vertientes, campesinos y nativos, aunque sí les reconocía “con derechos a la tierra comunal con carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles”. Cuando se modificó la Carta Magna en 1993 todo ello quedó muy debilitado y, en la práctica, desaparecieron esos derechos al promoverse de forma legal y constitucional la inversión privada sobre los recursos naturales existentes en tierras indígenas.

No fue hasta el año 2001 cuando, en el marco del II Congreso Nacional de la Coordinadora Permanente de Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP), se comenzó a exigir retomar la identidad de indígena “como un derecho inalienable para usar un estatus jurídico internacional, que hoy se reconoce”. Los indígenas peruanos se sumaban así a la tendencia internacional y a la reivindicación de sus derechos, al tiempo que se comenzaban a desmarcar con claridad de la retórica oficial y a integrar el discurso étnico con el de otros pueblos andinos y amazónicos. Hasta ese momento sólo la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) tenía presencia en el país desde la década de 1980, habiendo manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la explotación de hidrocarburos en la Amazonía[4] y solicitando con insistencia el cumplimiento por Perú del Convenio 169 de la OIT –del que es signatario desde 1993- en lo referente a la consulta previa.

Bajo el impulso de ese congreso se constituyó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) en 2006. Hábilmente recogió este sentir de recuperación de lo indígena un candidato a las elecciones presidenciales de ese año y se granjeó así el apoyo incondicional de la mayoría de los indígenas. Era no sólo un reconocimiento a algo que nunca se había producido en el país, sino un rechazo a la política tradicional que, sin embargo, logró imponer a su candidato, eso sí, de una forma muy ajustada. En lo que pareció una venganza por este posicionamiento político de los indígenas el nuevo gobierno decidió disolver en Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos y reducirlo a una Dirección de Pueblos Originarios que ubicó dentro del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. El retroceso era evidente, si es que había habido algún progreso en la cuestión indígena. Los pueblos originarios habían interiorizado la jurisprudencia internacional mientras el gobierno demostraba que sólo lo hacía cosméticamente. El bochorno interno, y sobre todo internacional, hizo que en 2008 se anulase esa decisión. Pero anular algo no significa rectificar y el gobierno peruano no está dispuesto a ello. El presidente del país, Alan García, publicó una serie de artículos en la prensa con el título genérico de “El perro del hortelano”[5] en los que mantenía que las comunidades indígenas –tanto andinas como amazónicas– no son más que instituciones retrógradas e incapaces de generar desarrollo por mantener tierras “ociosas” e “improductivas” y “vivir en la pobreza”. He aquí una perla del pensamiento presidencial: “Hay millones de hectáreas que las comunidades [indígenas] y asociaciones no han cultivado ni cultivarán. Hay recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano”.

Esta conceptualización, típicamente oligárquica y racista sobre el “ser indígena” tiene un claro enfoque reduccionista y una intencionalidad muy clara: integrar a los indígenas al estilo de desarrollo dominante, con su cultura y normas inherentes, sin considerar ni un ápice su identidad y valores propios. O sea, se mantiene la idea de que los indígenas deben ser integrados dentro del conjunto de valores nacionales bajo la bandera del progreso siguiendo un estilo muy semejante al que desarrollaron los “extirpadores de idolatrías” cuando impusieron el cristianismo a las masas indígenas. Entonces era la religión, hoy la economía del libre mercado.

Con un pensamiento de este nivel y emitido por la primera autoridad del país no puede sorprender que la actitud del gobierno haya sido la del desconocimiento de los escasos títulos de propiedad de las comunidades indígenas. Por ende, se modificó el reglamento de ley de áreas naturales protegidas derogando todo lo referido a conservación municipal para favorecer la penetración de empresas relacionadas con los hidrocarburos y la minería, lo que sólo en este aspecto económico supuso que las concesiones mineras aumentasen un 87%.

Este modelo económico, basado en las actividades extractivas, había generado la aparición en los albores del año 2000 de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI). En las comunidades campesinas, en plena reconstrucción tras la violencia interna de la que fueron víctimas, esta política económica profundizó la situación de pobreza y vulneración de sus derechos colectivos, especialmente los referidos a las tierras y la autonomía comunal para decidir su uso. Este tema fue el que provocó una confluencia, esperada, con el movimiento indígena que se estaba gestando y que habiendo avanzado bastante se encuentra aún con el reto de consolidarse como actor político. Elementos como el idioma, el gobierno comunal, el territorio, la vestimenta, las costumbres o la espiritualidad, que constituyen lo vivo en los Andes, se comienzan a poner en evidencia como símbolos indígenas en muchas organizaciones peruanas y comienza a madurar como expresión política no sólo reivindicando el derecho al territorio, a los recursos naturales y al desarrollo propio.

El gobierno no podía ser ajeno a este proceso y se vio obligado a impulsar algunos cambios aparentes en su política hacia los pueblos originarios. A finales de 2008 el Congreso aprobó un proyecto de ley que regula el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas con el objetivo de reglamentar la práctica de la consulta a la que obliga la Convención 169 de la OIT y que fue ratificada por Perú ¡en 1994! y que, por el simple hecho de haber sido ratificada es vinculante para Perú. O sea, se legislaba catorce años después algo sobre lo que no se había movido un dedo. Está claro que Perú daba este paso no sólo por el empuje organizativo indígena, sino también por el hecho de haberse aprobado en la ONU la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Luego la pregunta que habría que hacerse es qué legalidad tienen todas las medidas económicas impulsadas desde 1994 en tierras indígenas sin el consentimiento de sus comunidades. Un pequeño detalle que no quita el sueño ni a políticos ni a empresarios pero sí a los indígenas, que mostraron su preocupación por una ley que decía reconocer un derecho pero que en realidad lo hacía de una forma restrictiva para favorecer la presencia en sus territorios de las empresas extractivas aunque en esta ocasión, bajo amparo legal.

Esta ley, en realidad, encubría unos ambiciosos planes de explotación de todo el territorio peruano. Incluyendo las fronteras. La Constitución establece que en una extensión de cincuenta kilómetros, fronteras adentro, “los extranjeros no pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad” pero se da la circunstancia que otra medida legislativa de finales de 2008 incumplió dicho precepto constitucional otorgando licencia de explotación minera a una empresa china en ese límite y en una zona, para más inri, indígena. El eterno debate sobre a quién pertenece el subsuelo, si al Estado o a los pueblos que habitan el suelo. Una situación esquizofrénica: la parte de arriba es, en teoría, de los indígenas; la parte de abajo, del Estado; pero para acceder a la parte de abajo hay que estar en la parte de arriba y, para ello, hay que consultarles. Pero esa consulta debería ser vinculante, según el derecho internacional, y en Perú no se estima así.

Al calor de esta medida legal se otorgó una concesión minera a una empresa canadiense en lo que había sido Parque Nacional Ichigkat Muja. Este territorio era hábitat de dos pueblos, awajún y wampís, que en 2007 vieron cómo el gobierno desconocía unilateralmente un acuerdo alcanzado entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales y ellos y recortaba casi a la mitad la extensión del mismo para ofrecer el territorio a las empresas mineras. El dato no puede pasar desapercibido para lo que ocurriría en 2009 y que ya se podía preveer cuando en agosto de ese año 2008 estos y otros pueblos de la Amazonía tomaron una central hidroeléctrica, paralizaron las estaciones del proyecto gasífero Camisea y retuvieron a una veintena de policías en protesta por la aprobación de unos decretos legislativos que promovían la inversión privada en sus territorios en contra de sus derechos, reconocidos constitucionalmente, al tiempo que exigían la vigencia del Convenio 169 de la OIT en lo relativo a la obligación de la consulta previa.[6]

La movilización indígena obligó al gobierno a dar marcha atrás y a retirar sus propuestas, aunque no fue más que un movimiento táctico para recuperar fuerzas y preparar el terreno para nuevas agresiones. Ya sabía cuál podía ser la respuesta, por lo que adecuó las nuevas leyes a ella en un intento de limitarla y sortearla. El gobierno tenía como prioridad estratégica el TLC con EEUU y para ello no paraba en prendas. Así, ese mismo año 2008 y dentro de este marco se elabora el decreto legislativo 1604 que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario con mención expresa a las tierras indígenas. En él se dice respetar la integridad de todo tipo de propiedades comunitarias –recuérdese la diferenciación entre campesinos y nativos- pero se las impone una serie de servidumbres que, de hecho, anulan esa integridad: “servidumbres de libre paso de oleoductos, gaseoductos, mineroductos, instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera, instalaciones para el servicio público de telecomunicaciones, líneas de transmisión de energía, vías de comunicación de toda especie, obras para irrigación y drenaje establecidas o que sea necesario establecer, así como las que demande su operación y mantenimiento”.[7] El país se llenó de conflictos mediambientales en los que la minería se convirtió en el eje sobre el que pivotaba el 81% de ellos, según la propia Defensoría del Pueblo.[8] Nada extraño si se tiene en cuenta que el 15’38% del territorio peruano está dedicado a explotaciones mineras, una extensión que se había triplicado en menos de veinte años. Pero la Amazonía no se quedaba muy atrás. Una tercera parte de sus 782.880 kilómetros cuadrados están siendo explorados o explotados a través de 64 bloques o lotes que han sido concedidos a 35 empresas transnacionales. De estos bloques, 58 se superponen con tierras tituladas de los pueblos indígenas amazónicos.

La acentuación del modelo económico extractivista y la constante acusación de “perro del hortelano” a cualquier crítico con este modelo terminó haciendo que explotase la olla a presión en que se había convertido Perú. Las consultas indígenas que se realizaban reflejaban, sin excepciones, un rechazo masivo a las explotaciones mineras con porcentajes que llegaron a sobrepasar el 90% aunque en ningún caso el rechazo bajó del 60%.[9] El gobierno hizo oídos sordos al considerarlas sin respaldo legal ya que el proyecto de ley aún no había sido aprobado por el Congreso (contraviniendo de nuevo el Convenio 169 de la OIT y la DDPI, que establecen la obligatoriedad de consultas a los pueblos indígenas cada vez que se formulen medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente) y continuó adelante con sus planes económicos. La corrupción se extendió a extremos que llegaron a las mismas puertas presidenciales al descubrirse el pago de comisiones por parte de transnacionales petroleras por lograr concesiones. El gobierno entero tuvo que dimitir.

Pero su sucesor no cambió un ápice su política respecto a los indígenas. Una de sus primeras iniciativas en 2009 fue la aprobación de una ley de aguas que ignoró todas y cada una de las propuestas presentadas por las organizaciones campesinas e indígenas abriendo el camino, además, a su privatización. Esta era una vieja reivindicación de las empresas mineras que de esta forma podían obtener licencias directamente del gobierno sin tener que pasar por las regiones, mucho más influenciables ante las movilizaciones indígenas. Otra de sus propuestas fue que la ley de consulta no fuese vinculante, lo que provocó la protesta de la Defensoría del Pueblo: “hay que ser claros, en el Perú no existe la consulta previa”.[10]

Perú era ya una olla a punto de estallar y lo hizo en lo que se conoce como “matanza de Bagua” (2009), una movilización indígena sin precedentes. En un plazo de tres días (8, 9 y 10 de mayo) el gobierno elaboró, publicó y aprobó un decreto decretando el estado de emergencia en diversos distritos de los departamentos de Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas, zonas indígenas donde se venía desarrollando una fuerte movilización desde un mes antes en contra de las empresas extractoras que operan en ellas y por la derogación de nueve decretos extremamente lesivos para los pueblos indígenas que se aprobaron sin la consulta pertinente en el marco de las “facultades extraordinarias” otorgadas por el Congreso al Gobierno para facilitar la adecuación normativa al TLC con EEUU. Esos decretos eliminaban la protección constitucional y legal a las tierras comunales, la negociación de cualquier tipo de contrapartidas para las comunidades para explotar los recursos existentes en esas tierras, de campesinos y nativos, y dejaban el tema únicamente en manos del gobierno central. Junto a ello, se establecía que las comunidades podían convertir su propiedad colectiva en parcelas privadas otorgando facilidades crediticias a quienes pusiesen la tierra como aval de esos créditos que, como es sabido, son embargables si no se ejecuta el pago. Era, con otras palabras y envoltorio, lo mismo que se había pretendido con los decretos que la movilización de un año antes había obligado a derogar.

La amazonía se levantó en pleno convocada por la AIDESEP en defensa de los territorios comunales, el derecho de las comunidades indígenas a tener voz y voto en las políticas que los afectan, la preservación del medio ambiente y para que los recursos naturales existentes sean instrumento de desarrollo y usados en armonía con los ecosistemas y no simplemente para llenar las arcas de unas transnacionales poco interesadas en el impacto de su acción en la selva. El calado de la movilización obligó al Congreso a recomendar al Gobierno que “tomara seriamente en consideración la derogación de todo ese manojo de decretos por ser contrarios al orden constitucional referido a las comunidades campesinas y nativas”. El Gobierno, una vez más, desoyó dicha recomendación y, por el contrario, decretó el estado de emergencia. No fue una postura aislada, contó con el apoyo casi unánime de los medios de comunicación, que publicaron páginas y páginas sobre el “radicalismo indígena” con la aportación entusiasta de entendidos en la cuestión indígena, como antropólogos, de la que valga una muestra: “La mejor receta, además de defender con las fuerzas del orden la producción energética del país, es el diálogo racional, hasta el hartazgo, hasta disolver el maximalismo radical y recuperar para el país a los dirigentes secuestrados por esas ideologías”.[11] La “producción energética” vital para este sector oligárquico está en peligro porque pueblos como el achuar o el quichua no aceptan la entrada de empresas petroleras (en esa zona tienen intereses la argentina Pluspetrol, la francesa Perenco y la española Repsol-YPF, entre otras), madereras y mineras en sus tierras y menos sin que se les haya consultado. Que la Defensoría del Pueblo dijese lo mismo que el Congreso tampoco era una cuestión de importancia para el Gobierno y sus panegiristas mediáticos. Lo que importaba era el TLC, que “impedía anular los decretos”, según el gobierno, puesto que “las modificatorias forman parte del TLC entre EEUU y Perú; si es que se deroga pondremos en peligro la implementación del TLC y haremos el absoluto ridículo, porque primero firmamos el TLC, cumplimos las normas para implementarlo y después las derogamos”.[12]

La suerte estaba echada y la represión prevista con los resultados que tal vez se buscaban: un amplio número de muertos y heridos para atemorizar y escarmentar a los indígenas ante futuras situaciones similares. La primera movilización en 2008, en los mismos lugares, había terminado con una victoria indígena al lograr la retirada de los proyectos legislativos y decretos lesivos para sus intereses. Ahora el gobierno no estaba dispuesto a que se repitiera la historia. Sin embargo no sucedió todo como se había previsto. Enfrente estaba la AIDESEP, que había declarado a los pueblos de la Amazonía en insurgencia en defensa de sus derechos “atropellados por un gobierno entreguista que quiere arrebatarnos nuestros territorios y nuestra agua para entregarlos a las grandes empresas extrajeras, como lo ha hecho con el petróleo, la madera, el oro y todo aquello que ambicionan los ricos del mundo”.[13] Y entre esos pueblos había dos de amplia tradición guerrera, awajún y wampís, quienes ante los muertos causados en sus filas por las fuerzas policiales hicieron lo propio con los policías que estaban en sus manos. El “perro del hortelano”, en esta ocasión, decidió morder.

Si bien la resistencia y decisión indígena no logró terminar con esta política económica extractivista, sí obligó a cuidar un poco más las formas debido a la repercusión internacional que logró y a replantear algunos proyectos en la Amazonía. Que las medidas que impulsa el gobierno son decididas desde el exterior en el marco del Tratado de Libre Comercio también quedó de manifiesto cuando la ministra de Comercio Exterior reconoció que “Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos [en Perú] y legisladores de ese país han dicho que comprenden la posición de Perú y han prometido apoyarnos para encontrar salidas dialogadas con las comunidades indígenas”.[14]

La acción en contra de la actividad minera en la frontera con Ecuador y la intención del Gobierno de recortar un área natural protegida para la instalación de empresas mineras intermediarias de transnacionales extranjeras y la extracción de petróleo fue promovida por la AIDESEP. El gobierno había infringido de forma clara, abierta y consciente los convenios internacionales, de los cuales Perú es signatario, que establecen que se debe consultar a las poblaciones indígenas la adopción de normas legales que les afecten directamente. La respuesta gubernamental primero reprimiendo a los indígenas, luego imputándoles la muerte de los policías –sin que a los policías se les haya imputado muerte alguna de indígenas-, después acusándoles de ser un instrumento del “comunismo internacional” (sic) y posteriormente deteniendo a los dirigentes de la asociación -con intentos de disolución de la misma y constitución de otra afín a los planteamientos gubernamentales y la exclusión de cualquier tipo de ayuda pública a la AIDESEP- no han logrado otra cosa que una ampliación de las reivindicaciones indígenas a nivel nacional e internacional. Al gobierno no le quedó otro remedio (no sin resistirse con iniciativas como la de suspender –no retirar- los decretos o “buscar nuevos interlocutores válidos entre los indígenas”) que aceptar la representatividad de la AIDESEP como “interlocutor válido de las comunidades y pueblos indígenas del Amazonas” y derogar dos de los nueve decretos legislativos que impulsaban la privatización de propiedades comunitarias en aras del “desarrollo” de esas zonas.

Sin embargo, los pueblos awajún y wampís, a través de su Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), afiliada a AIDESEP, consideraban que ello no desactivaba las causas de la conflictividad dado que no era una cuestión de decretos sino que las causas se encontraban “en una prolongada historia de violación de derechos humanos integrales de los indígenas y en un desconocimiento institucionalizado de sus derechos colectivos”. Además, exigían que se realizase una investigación imparcial en la que estuviesen representados gobierno, indígenas e instancias internacionales. Para ellos, todo lo ocurrido no era más que una prolongada historia de violación de derechos humanos y “un desconocimiento institucionalizado de los derechos colectivos”, por lo que pedían la visita del Relator Especial de la ONU para los Derechos Indígenas, James Anaya, quien emitió un informe[15] al respecto con recomendaciones sobre los pueblos indígenas para el gobierno que, como de costumbre, desoyó reinterpretándolas a su manera. Una de ellas, que se profundizase en el diálogo en base a los estándares internacionales, es decir, el Convenio 169 de la OIT y la DDPI y con los representantes “libremente elegidos por los indígenas”.

Tenían razón los awajún y wampís al ser cautos y decir que no era una cuestión de decretos. Un mes después de la matanza el gobierno establecía los límites de ese diálogo con la AIDESEP: sólo estaba dispuesto a discutir lo que él considerase “factible”, reservándose la potestad última de decir cuáles de las reivindicaciones indígenas son aceptables y cuáles no.

Así las cosas, Perú tenía difícil justificarse en las instancias internacionales. Ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial tenía que reconocer que “es innegable la existencia de conflictos entre los pueblos indígenas de la Amazonía con las actividades de hidrocarburos por el impacto ambiental” –lo que había negado hasta la “matanza de Bagua”- y cargaba la responsabilidad en el Ministerio de Energía y Minas, autoridad competente para ello, para implementar “acciones legislativas conducentes a lograr el desarrollo integral de la sociedad y específicamente la inclusión y promoción de los derechos al ambiente, a la información, a la consulta y participación, propiedad y al desarrollo de las poblaciones ubicadas dentro de las áreas de influencia de los proyectos minero-energéticos”.[16] No sirvió de nada esta maniobra. El CERD, “si bien toma nota de los pasos positivos que ha tomado el Estado parte en el tema (…) toma nota también que en algunos casos, en la práctica, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y dar su consentimiento informado antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, no se respeta plenamente. Igualmente expresa su inquietud por los efectos negativos sobre la salud y el medio ambiente ocasionados por las actividades de extracción que las empresas desarrollan a expensas del ejercicio del derecho a la tierra y los derechos culturales de los pueblos indígenas afectados”, por lo que “exhorta al Estado a que consulte a las comunidades de los pueblos indígenas interesados en cada etapa del proceso y que obtenga su consentimiento antes de la ejecución de los proyectos de extracción de recursos naturales”.[17]

Por el contrario, en un hecho que hay que considerar como una provocación clara tanto a la ONU como a los propios indígenas el presidente García insistía en que la ley de consulta no tenía que reflejar el derecho de veto a propuestas de extracción minera y bloqueó una ley elaborada como consecuencia de Bagua, votada por el Congreso, que hubiera dado reconocimiento al derecho de los indígenas a consultar proyectos que afectan sus tierras, una de sus demandas. Además, el presidente de Perú pretendía introducir por ley una norma estableciendo que la legitimidad de las organizaciones indígenas debe ser determinada por la Oficina de Procesos Electorales del Perú y no por las propias organizaciones indígenas. Alan García iba otra vez en contra no ya de las recomendaciones del Relator Especial de la ONU, sino de la propia normativa internacional.

El empecinamiento del gobierno ante el empuje indígena es una muestra de cómo los diferentes sectores oligárquicos y criollos se resisten no ya a implementar las declaraciones internacionales sobre los derechos de los pueblos originarios, sino a cambiar un ápice en su opinión racista sobre estos pueblos, ahora “atrasados” y antaño “infieles y salvajes”. Sin embargo, Perú ha entrado en una crisis de Estado en la que los indígenas emergen como actores sociales y políticos de primer orden. Es lo que algunos analistas denominan “generación Bagua” y de la que están surgiendo dirigentes que, al igual que pasó con Evo Morales en Bolivia, pueden llegar con el tiempo a adquirir relieve nacional.

Si Bagua ha sido el acontecimiento que ha permitido “visibilizar” a los indígenas en Perú, lo ha sido también para poner de relieve el hecho de que el país ha desconocido no ya la presencia de los pueblos originarios sino de la existencia de lenguas y culturas diferentes de la castellana desde la independencia, de ahí que la actividad educativa haya impuesto sistemáticamente valores, conceptos y modelos de vida ajenos a la realidad de los pueblos indígenas. El reconocimiento por parte del Estado de la necesidad de una educación bilingüe no se produjo hasta 1989, recogiendo experiencias meritorias, pero casi aisladas, que venían desde la década de 1960 y que se plasmaría mucho más tarde, en el año 2003, con la consolidación de una Ley General de Educación donde se “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con el resto de la comunidad nacional”.

Esta ley, y este reconocimiento, se producen en un contexto de reivindicaciones indígenas iniciadas, como se ha apuntado antes, en el año 2001 a nivel nacional aunque en el Amazonas ya se venían produciendo desde mucho antes y que hacían hincapié en el reconocimiento de la especificad cultural y lingüística en la educación. La respuesta del Estado ha sido, también, cosmética: “no ha sido sostenidamente positiva, al contrario, en varios momentos ha sido incluso negadora, estableciendo disposiciones que han significado el recorte de las posibilidades en la formación de maestros especializados para atender la opción de educación intercultural bilingüe, y afectando directamente el acceso de postulantes indígenas a la formación como maestros en los pocos institutos pedagógicos bilingües vigentes”.[18] No es una afirmación gratuita. El censo de 2007 revela la existencia de 36.006 escuelas en Perú, pero sólo 3.804 de ellas está involucrada en “algún tipo” de actividad cultural educativa bilingüe.

Este asunto es despachado por el gobierno de una forma escueta: “La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe viene realizando coordinaciones con las instancias pertinentes del sector Educación para contribuir en la formación inicial y de servicio de docentes de EIB, además de brindar asesoría a propuestas de capacitación a nivel regional y local, a través de equipos locales de las UGEL y la DRE; por otro lado, se han firmado Convenios con Universidades e Institutos Superiores Pedagógicos para la ejecución de la capacitación docente en el marco del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente, liderada por la Dirección Nacional de educación Superior y Tecnológica”.[19]

Que se consigan o no resultados ya es otra historia y así lo recogía en Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en su contestación, cuatro meses después: “El Comité nota con preocupación la reducción paulatina en la utilización de los idiomas indígenas originarios que se está viviendo en Perú, visibilizado en el Censo Nacional de Población 2007. Es de la opinión que las iniciativas de educación bilingüe que lleva a cabo el Estado deben ser una oportunidad de afianzar dos idiomas y no de perder el idioma originario a favor del español”.[20]

Bagua supone un antes y un después en relación con los pueblos indígenas de Perú. Son ya un sujeto político de primer orden en el país, tanto como para obligar a su anquilosada clase política, oligárquica y supremacista, a replantear algunas cuestiones claves, en especial las económicas. El Congreso ha tenido que aprobar (mayo de 2010) una ley de consulta previa a los pueblos indígenas “en forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos” especificando que “la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos”.[21] Un evidente triunfo saludado por todas las organizaciones indígenas y campesinas –la ya mencionada Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería- que piensan servirá para reducir los conflictos sociales, garantizar derechos colectivos y darles seguridad jurídica.

Pero como gato escaldado con agua fría se quema, tambíen hacían un llamamiento a la comunidad internacional y a toda la ciudadanía de Perú para vigilar el proceso de implementación de la misma, única forma de construir una sociedad más plural y respetuosa de la diferencia y los derechos de los pueblos indígenas.[22] En Perú eso no será posible sin un cambio de mentalidad, política y económica. El gobierno ha vuelto a las andadas modificando con decretos (agosto de 2010) la ley de consulta acabada de mencionar. Ahora ya no es necesario el compromiso previo de las empresas con las comunidades indígenas para el inicio de las actividades mineras. Basta con que el titular de la concesión presente los planes que tiene establecidos sin que se reflejen con detalle qué tipo de cuestiones va a abordar para que la explotación minera signifique unos beneficios para la comunidad en la que se implanta y cuál es el tipo de impacto ambiental que va a tener. Queda al buen criterio y a la buena voluntad de la empresa con la realización de una “declaración jurada”.[23]

En Perú es perfectamente aplicable el viejo adagio latino “inadimplentum non est inadimplenti”, es decir, no hay que cumplir con quien no cumple. La rebelión de los pueblos indígenas en este país está más que justificada. El gobierno miente una y otra vez, manipula –contando con los medios de comunicación- y utiliza fraudulentamente informes de la ONU que tienen que ser desautorizados sin que esa desautorización llegue a los mismos medios que publicaron la mentira. El penúltimo caso –en Perú nunca hay un último- acaeció el mes de julio con motivo del proyecto de ley de consulta. El Relator Especial sobre los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas emitió un comunicado “tomando nota con agrado” de la aprobación de la ley de consulta. Esto bastó para que el gobierno justificase su batería de enmiendas y decretos para fundamentar su supremacía frente a los indígenas haciendo hincapié en que el Relator no hacía referencia al derecho de veto a favor de los indígenas.

El desmentido y desautorización del Relator no deja lugar a dudas de cuál es el comportamiento del gobierno actual peruano. La cita es extensa, pero merece la pena: “El deber de consultar con los pueblos indígenas en relación con asuntos que les afectan directamente tiene como objetivo lograr el consentimiento libre, previo e informado, lo que implica procesos de buena fe en donde se toman las decisiones por medio del consenso entre las partes estatales e indígenas. Además, en aquellos casos en que el impacto de una propuesta o iniciativa sobre el bienestar o derechos de un pueblo indígena es significativo, el consentimiento de la parte indígena, por medio de un acuerdo, no solamente es el objetivo de la consulta pero también es una precondición exigible para la ejecución de la medida propuesta. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala dos ejemplos de situaciones en que el consentimiento es exigible mas allá de ser un objetivo de la consulta: el caso en que el proyecto dé lugar al traslado del grupo fuera de sus tierras tradicionales y los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras indígenas (arts. 10 y 29, párr. 2, respectivamente). El Relator Especial agregaría además, como ejemplo en el que se requiere el consentimiento indígena, el caso de una propuesta de instalación de actividades de extracción de recursos naturales dentro de un territorio indígena cuando esas actividades tuviesen impactos sociales, culturales y ambientales significativos. (…) La parte indígena podría verse justificada en no otorgar su consentimiento, no en base a un derecho unilateral de veto, sino siempre y cuando el Estado no demostrara adecuadamente que los derechos de la comunidad indígena afectada fueran debidamente protegidos bajo la medida o proyecto propuesto, o no demostrara que los impactos negativos sustanciales fueran debidamente mitigados”. [24]

¿Claro? No para el gobierno, que un mes más tarde de la puntualización del Relator Especial de la ONU vuelve a hacer caso omiso de la misma y a otorgarse la decisión última sobre qué es consultable y qué no[25] al tiempo que reitera que la consulta previa sólo se realizará con las instituciones y organizaciones representativas de los indígenas elegidas conforme a sus usos y costumbres tradicionales pero apuntando que dicha representatividad ha de ser sancionada “por el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo”, es decir, por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) que viene discriminando a organizaciones como AIDESEP y Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), entre otras, en clara contradicción a lo pregonado en las mesas de concertación promovidas por el gobierno sobre el trabajo articulado con las organizaciones indígenas.

[1] Perú identifica como etnia a poblaciones con lengua y cultura propia. http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0789/Libro.pdf

[2] Op. cit.

[4] Por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas frente a la explotación de hidrocarburos en la Amazonía peruana. Pronunciamiento de la AIDESEP, 1 de julio de 2003.

[5] Alan García, “El síndrome del perro del hortelano”, 28 de octubre de 2007, y “Receta para acabar con el perro del hortelano”, 25 de noviembre de 2007, ambos en el diario El Comercio.

[7] Congreso de la República del Perú. Decreto Legislativo nº 1604. 27 de junio de 2008. http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01064.pdf

[15] Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la amazonía peruana y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Perú. 20 de julio de 2009. http://www.onu.org.pe/upload/documentos/Informe-Relator-Anaya-2009.pdf

[16] CEDR. Informes presentados por los Estados partes de Conformidad con el Artículo 9 de la Convención. Perú. CERD/C/PER/14-17. 20 de abril de 2009.

[17] CERD. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Perú. CERD/C/PER/CO/14-17. 28 de agosto de 2009.

[18] Gustavo Solís F. “Perú amazónico”, en “Atlas sociolingúístico de pueblos indígenas en América Latina”. Op. cit.

[19] CERD/C/PER/14-17. 20 de abril de 2009. Op. cit.

[20] CERD/C/PER/CO/14-17. 28 de agosto de 2009. Op. cit.

[24] Declaración pública del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, sobre la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo” aprobada por el Congreso de la República del Perú. 7 de julio de 2010.

[25] Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 6 de agosto de 2010.

SURINAM

El censo establece en 492.829 el número de habitantes del país, antigua colonia holandesa independiente desde 1975, de los que 39.426 serían tanto indígenas (pertenecientes a los pueblos akuriyo, arawak o lokono, galibi, mawayana, sikiiyana, trio y tunayana) como cimarrones (de los grupos kwinti, matawai, ndjuka, pamaka y saamaka) descendientes de los esclavos africanos que escaparon de plantaciones costeras durante el dominio colonial holandés hacia las zonas selváticas del interior. Los indígenas akuriyo, mawayana, sikiiyana y tunayana están prácticamente extinguidos puesto que en el momento del censo (2004) contaban sólo con una decena de miembros cada uno. Entre los cimarrones, los kwinti, con poco más de medio millar de miembros, son los menos numerosos.[1]

Para el derecho internacional los cimarrones tienen entidad propia como pueblo dado que tienen una lengua y cultura distintiva, desarrollada a lo largo del tiempo en el territorio que les sirvió de refugio y es anterior a la constitución de Surinam como estado independiente, por lo que es asimilable a otros pueblos de origen africano existentes hoy en Abya Yala como los garífuna en Belice, Guatemala y Nicaragua.

Según el censo, la tercera parte de los cimarrones reside en la capital del país mientras que muy pocos indígenas han abandonado sus tierras para residir en la ciudad. Por lo tanto, la mayoría de cimarrones e indígenas residen en sus tierras, zonas de difícil acceso ante la carencia de infraestructuras, lo que les ha preservado hasta hace muy poco tiempo del avance de la “civilización”. Sólo por medio de canoas o a lomo de animales –y en muy contadas ocasiones a través de avionetas pequeñas- se podía llegar hasta sus comunidades.

Surinam no ha asumido el Convenio 169 de la OIT –aunque sí ha votado a favor de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU-, por lo que la legislación referente a los derechos de los pueblos indígenas se recoge a nivel genérico en la Constitución de 1987 aunque hay una referencia al derecho a la autodeterminación de las naciones. Al no contar con un reconocimiento expreso las poblaciones indígenas y cimarronas se encuentran en una situación de gran desamparo ante la implantación de una política económica extractivista, principalmente minera, en sus tierras.

Prácticamente desde el mismo momento de su independencia se vivió una durísima guerra civil, en la que se entrecruzaban diferencias ideológicas con reivindicaciones territoriales indígenas y cimarronas, que terminó en 1992 con la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las diferentes organizaciones guerrilleras como el Movimiento de Liberación Mandela, el Comando de la Jungla y el Movimiento de los Indígenas Amazónicos Tunayana. Como consecuencia, se adoptó un Acuerdo para la Reconciliación y el Desarrollo Nacional en el que se reconoce la necesidad de delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indígenas.

Este reconocimiento era de una importancia fundamental puesto que como consecuencia del modelo económico impuesto por los diferentes gobiernos habidos hasta ese momento se había impulsado la deforestación a gran escala para facilitar el acceso de empresas madereras y mineras, principalmente vinculadas con la bauxita, a terrenos boscosos y selváticos en perjuicio de la población indígena. No fueron raros los casos de desaparición de asentamientos tradicionales de los pueblos indígenas y la presencia de este tipo de empresas en sus tierras incidió de forma dramática en la práctica desaparición de algunos pueblos. También afectó a los cimarrones saramaka asentados en las riberas del río Surinam, que vieron desaparecer sus bosques de madera tropical pese a estar protegido por la legislación.

No obstante, y a pesar de haberse alcanzado la paz, “las múltiples situaciones de invasión de tierra y falta de seguridad jurídica indican que los derechos y garantías individuales estipulados en la Constitución y la legislación secundaria de Surinam no son suficientes para garantizarles a los amerindios surinameses condiciones sostenibles de supervivencia y de reproducción cultural”, como indica la ONU.[2] Por eso, el gobierno actual ha llegado a acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo para “reemplazar” los sistemas tradicionales de tierras indígenas y cimarronas por un denominado “sistema de mercado activo” que, en realidad, supone la desaparición del territorio comunal y su privatización puesto que bajo la idea de “un acceso igualitario” a la tierra se facilita que todo el que quiera y/o pueda compre o arriende esas tierras “a precio de mercado”. No es difícil imaginar que con los consabidos problemas a la hora de demarcar las tierras indígenas existentes en todo el continente Abya Yala, y Surinam no es una excepción, el capital transnacional entrará a saco en ellos para explotar minerales (oro, principalmente) y madera. El BID en esto se muestra inflexible, vinculando la reforma del modelo de propiedad de la tierra a los créditos que otorgará a Surinam.

El BID se arroga la potestad de convertir en papel mojado el Acuerdo de Paz, que no sólo establecía la necesidad de delimitar y demarcar las tierras de las comunidades indígenas y cimarronas sino que dejaba al arbitrio de cada comunidad si deseaba seguir conservando y preservando su modo de vida tradicional o “asimilarse” a la economía del país. Ahora, según las condiciones del BID, indígenas y cimarrones sólo conservarán sus tierras “en la medida de lo posible, siempre y cuando no haya conflicto con el interés general”. Así aparece recogido en un decreto ley que fue denunciado ante la CIDH por los saramaka (2006) por entender que no se protege efectivamente su derecho a la propiedad comunal de acuerdo con sus prácticas consuetudinarias de uso de la tierra.[3] La Corte Interamericana falló a favor de los saramaka reconociendo la inextricable relación entre la tierra, incluidos sus recursos naturales, y la supervivencia económica, social y cultural pero se limitó a imponer a Surinam el pago de una compensación por los daños ocasionados a la comunidad saramaka por la tala de madera y el ejercicio de la actividad minera. No se paralizaban esas actividades, con lo que se venía a reforzar el decreto ley y, de esta manera, los pueblos indígenas y cimarrones se ven circunscritos sólo a su aldea y tierras de cultivo actual sin tener acceso a otras tradicionales que utilizan temporalmente como territorio de caza y pesca. Eso si se mantienen, puesto que una comunidad ndjuka ya ha sido obligada a abandonar su asentamiento tradicional, en Nieuw Koffiekamp, para iniciar una explotación de oro y diamantes en sus tierras. Y si no son obligados al reasentamiento forzoso ven cómo sus tierras son entregadas a terceros, por lo general empresas, para construcción de instalaciones de “ecoturismo”, como ya ha sucedido y ha denunciado la Asociación de Jefes de Aldeas Indígenas.

Los pueblos indígenas en Surinam no suelen reconocer otra autoridad que la de jefe de aldea y sólo se coordinan cuando hay alguna cuestión interna (fiestas, rituales, reuniones) o externa, como es ahora la invasión de sus tierras. Sin embargo, y también bajo el auspicio del BID, esta situación va a cambiar. Una de las propuestas del banco es que el gobierno reemplace el autogobierno indígena, así esté limitado a una aldea, con una legislación que defina cuál debe ser la función del jefe de la aldea y dejando claro que debe estar subordinada al gobierno central. Esta propuesta no tiene otro objetivo que facilitar las medidas económicas, de corte neoliberal, que impone el banco bajo la apariencia de proyectos de ayuda a los indígenas en los que prima el componente individual en detrimento del colectivo. Para los indígenas, y también para los cimarrones, el sentimiento colectivo está por encima de cualquier otro y, en estos momentos, la Asociación de Jefes de Aldea Indígenas está elaborando un reglamento comunitario para las diversas regiones y pueblos y un protocolo de participación de estos pueblos cuando se vean enfrentados a las empresas mineras y madereras. En él se hace hincapié en que las comunidades deben hacer valer su consentimiento previo, libre e informado antes de que se inicie cualquier tipo de iniciativa empresarial.

Esto es de tremenda importancia. En el año 2007 el gobierno entregó 2.800 kilómetros cuadrados de bosque primario a una empresa minera para la extracción de bauxita sin que hubiese siquiera un informe ambiental ni una evaluación de impacto sobre las poblaciones residentes en esa zona. Con este aval, la minera se negó a cualquier tipo de negociación con los indígenas en aspectos como, por ejemplo, el agua potable puesto que los residuos de mercurio (usado en la minería del oro, por ejemplo) arrojados a los ríos –única fuente de agua potable en la temporada seca- comenzaban a provocar enfermedades como diarrea en los niños y ancianos, así como la muerte de peces. Ya se han encontrado muchos casos de enfermos en los que aparecen altas concentraciones de mercurio en sus cuerpos y al menos dos han muerto como consecuencia de ello.

Por esta razón el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU viene reiterando en sus informes de los años 2003, 2005, 2006 y 2009 la exigencia a Surinam para que cumpla “todas las recomendaciones que se le han hecho para que adopte las medidas necesarias que aseguren el efectivo disfrute de los derechos de los pueblos indígenas y cimarrones” en especial “en lo relativo a la minería y tala de árboles que afectan a sus tierras ancestrales y a sus asentamientos tradicionales”.[4] El CEDR muestra su preocupación porque no exista una “legislación específica, en el marco de las Naciones Unidas, que garantice la realización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales” y por “la falta de una gestión eficaz de los recursos naturales [en las tierras indígenas] con la plena participación de representantes de los pueblos indígenas y tribales, elegidos libremente”.

La falta de respeto a los derechos de los pueblos indígenas no es sólo responsabilidad del gobierno de Surinam, que considera los territorios indígenas y cimarrones “dominio del Estado”, sino de instancias internacionales como el ya mencionado BID y el Banco Mundial. Esta institución también se ha sumado en 2009 a la financiación de proyectos mineros que se han implementado en tierras indígenas sin que las comunidades afectadas hayan sido consultadas cuando ven directamente afectadas su vida, existencia y cultura y eso a pesar que la sentencia ya citada de la CIDH consideraba que el Estado no protege debidamente la propiedad del territorio que las comunidades han venido usando y ocupando tradicionalmente. La política del gobierno está clara: ni los indígenas ni los cimarrones tienen ningún derecho especial puesto que por encima de ellos está “el interés del desarrollo total del país”. Pero ni a unos ni a otros se les pregunta si les llegan los supuestos beneficios del “desarrollo”. Es más, ni siquiera les preguntan si quieren ese “desarrollo” a costa de la pérdida de su cultura y sentimiento comunal.

[3] Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de los 12 Clanes Saramaka (Caso 12.338) contra la República de Suriname. 23 de junio de 2006

[4] CEDR, 74ª sesión, Conclusiones y Observaciones sobre Surinam, 16 febrero-6 marzo 2009. CERD/C/SUR/CO/12

VENEZUELA

El censo realizado en 2002 (para el 2012 está anunciada la realización de otro) recoge que la población indígena en el país era entonces de 543.816 habitantes,[1] lo que significa un 2’2% del total de la población de Venezuela, pertenecientes a los pueblos akawayo o kapon, amorua, añu o paraujano, arawak o arawako o lokono, arutani o uruak, baniva, baré, barí, chaima, e’ñepa o panare, guajibo o jivi o hiwi, japreria, jodi o hoti, kariña, kuiva, kumanagoto, kurripako, mako o wirö, mapoyo o wanai, pemón, piapoko o wenewika, piaroa o wotjuja, puinave, pumé o yaruro, sáliva, sanemá, sapé, wapishana, warao, warekena, wayuu o guajiro, yanomami, yawarana, yekuana o maquiritare, yeral o ñengatu y yukpa. Como ocurre siempre, las cifras oficiales de población indígena hay que considerarlas más como estimadas que como un total aunque en el caso de Venezuela se afirma en el censo que se realizó “aplicando un índice correctivo de 7%”.

Los pueblos más numerosos son el wayúu (57’5% del total de la población indígena), warao (7%), pemón (5’3%), kariña (2’3%), hiwi (2’9%), piaroa (2’8%), yanomami (2’4%), añu (2’2%), pumé (1’6%) y yupka (1’4%). El otro 13’3% del total de indígenas pertenece a los otros 25 pueblos originarios, la mayoría de ellos ubicados en la Amazonía, lo que significa que son grupos pequeños y por ello muy vulnerables en su existencia física, lingüística y cultural. Es el caso de los pueblos sapé, que sólo cuenta con seis miembros, y arutani, con un total de 29. Ambos están ya prácticamente desaparecidos. Otros como el akawayo, sáliva y yawarama cuentan con menos de 300 miembros cada uno. Al ser pueblos que en su gran mayoría residen en el Amazonas, muchos de ellos son transfronterizos. Los baniva, sanemá, yanomami y yeral están entre Venezuela y Brasil mientras que los hiwi, kurripako, piapoko y puinave están entre Venezuela y Colombia. Se considera también que hay algunas comunidades aisladas de yanomani y hoti (en el estado de Amazonas), así como sapé (en el estado Bolívar).

Venezuela es el único país del continente que incluye en la categoría de pueblos indígenas existentes dentro de su territorio a pueblos que provienen de países vecinos, bien por ser transfronterizos o por el hecho de haber migrado en busca de una mejor situación económica o huyendo de la violencia desde Brasil, Colombia o Guyana. Es el caso de los inga (204 miembros de este pueblo aparecen censados en Venezuela), caribe (105) o makushi (83) y, por lo tanto, gozan de los mismos derechos que aquellos que siempre han residido dentro de las fronteras actuales del país, por utilizar un símil fácilmente entendible .

En las páginas iniciales de este libro se comentó que con la llegada a la presidencia del país de Hugo Chávez, en 1998, y su impulso al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en las instancias internacionales y la propia ONU se inició un rápido desarrollo de muchos de estos pueblos, que ya venían trabajando desde hacía mucho tiempo por su reconocimiento y dignidad. La nueva Constitución, aprobada en 1999, reconoció el carácter multiétnico y pluricultural del país incluyendo un capítulo especialmente dedicado a los derechos de los pueblos indígenas y abriendo espacios de participación política indígena a nivel nacional, estatal y municipal, algo inédito hasta ese momento, lo que favoreció la participación directa de representantes indígenas en espacios de poder político del que siempre habían sido relegados. Esto ha llevado a que en estos momentos exista un gobernador indígena en el estado de Amazonas (perteneciente al pueblo baniva), por mencionar el caso más relevante.

Las iniciativas políticas y legislativas favorables a los indígenas han sido múltiples, desde la ley de demarcación (2001) a la multiplicación de políticas públicas en temas de educación, salud, cultura, vivienda y hasta defensa. Uno de los principales avances que se observan en la ley de demarcación es el reconocimiento de la propiedad colectiva de las tierras, teniendo como base no solo el último censo indígena sino también los censos realizados por los mismos pueblos originarios lo cual plantea otra realidad demográfica de los indígenas puesto que, como ya se ha dicho con reiteración, las cifras oficiales no suelen coincidir con las de los propios pueblos.

Existe un Defensor del Pueblo para velar por la garantía y protección de los derechos de los pueblos originarios y en 2008 se aprobó la ley de idiomas indígenas con la finalidad declarada de “regular, promover y fortalecer el uso, revitalización, preservación, defensa y fomento de los idiomas indígenas”. En total, “desde que la Constitución de 1999 está vigente se han aprobado 52 leyes que reivindican indirectamente los derechos de los pueblos indígenas y seis instrumentos los benefician directamente”.[2] Hay que reseñar que la Organización Internacional del Trabajo en el documento del año 2010, reseñado en varias ocasiones en este libro al abordar la situación en otros países, da por buena la aplicación del ordenamiento legal en Venezuela y sólo hace una recomendación en lo referente a la ley de idiomas indígenas, pidiendo información adicional sobre el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas “y la aplicación de esta ley en la práctica”.[3]

Venezuela es el único país del continente que recoge en su ordenamiento legal una referencia a la coordinación, en materia de derecho indígena de justicia, con “los sistemas de justicias indígena y ordinario, tales como Perú, Colombia, México, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Argentina, Chile, entre otros”. Es decir, se tiene en cuenta no sólo el ordenamiento jurídico establecido en las declaraciones internacionales de la ONU y sus organismos, sino en el de los países latinoamericanos que los recogen, así sea a nivel formal, en sus fueros internos. No obstante, sorprende la mención a El Salvador, país que no reconoce la existencia de indígenas en su territoirio y que no haya referencia a Bolivia, único país que establece que “la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía”. Tal vez se deba al hecho que en Bolivia los casos de indígenas y no indígenas se pueden observar desde la jurisdicción indígena y en Venezuela y el resto de países mencionados no. En estos es una jurisdicción de coordinación entre la establecida en todo el territorio y la de las tierras indígenas quien tiene la competencia. También es un avance que exista un tribunal de garantías presidido por un Tribunal Constitucional Plurinacional “integrado por Magistradas y Magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación del sistema ordinario y del sistema indígena originario campesino”.

Sin embargo, y como en la totalidad de los países, una cosa es la legislación, sin duda alguna la más abundante del continente americano junto a la de Bolivia, y otra el desarrollo de la misma sin que haya que achacar toda la culpa al gobierno. Los propios indígenas han tenido mucho que ver en ello puesto que los principales dirigentes ahora ocupan puestos de responsabilidad dentro del mismo gobierno, en sus diferentes esferas, y eso ha debilitado considerablemente la reivindicación popular indígena. Es como si hubiesen dicho “ya hemos llegado al gobierno, por lo tanto hay que dejar de reivindicar unos derechos que ya tenemos”. Cierto, pero hay que aplicarlos. Por ello no son infrecuentes los desencuentros, cuando no enfrentamientos abiertos, entre los indígenas y el gobierno.

El primero ocurrió el año 2000 cuando indígenas pemón derribaron varias torres eléctricas de un tendido de alta tensión entre Venezuela y Brasil que formaba parte de un macroproyecto hidroeléctrico entre los dos países que atravesaba sus tierras, sobre el que no habían sido consultados y sin que hubiese habido elaboración de un estudio de impacto socio cultural para determinar la viabilidad o no del tendido. El Estado se vio obligado a negociar un acuerdo compensatorio para las comunidades que lo que en realidad temían era que ingresaran en sus tierras empresas mineras y turísticas aprovechando el tendido eléctrico.

En el contexto interno de Venezuela, con una agresiva campaña desestabilizadora de la oligarquía –que llegó al golpe de Estado en 2002- y permanentes amenazas desde el exterior por parte de algún país vecino del continente, cercano y lejano, ciertas reivindicaciones indígenas están siendo vistas como una agresión al gobierno y quienes las protagonizan como agentes de estas estrategias desestabilizadoras. Esto ha favorecido que el Estado impulsase actuaciones más de corte asistencialista que estratégicas de cara al futuro en materias de salud, infraestructura, vivienda y alimentación, hechas con buena voluntad pero sin vinculación con los organismos propios de los indígenas. Se ha priorizado este tipo de actuaciones en detrimento de otras, como la demarcación de tierras, a pesar de existir una ley al respecto desde el año 2001. Y es conocida la prioridad absoluta que todos los pueblos indígenas dan a esta cuestión aunque, para no echar toda la culpa al gobierno, hay que mencionar que son las propias instituciones donde hay indígenas quienes en muchas ocasiones no sólo se solapan en sus actuaciones, sino que se contradicen.

Durante seis años, y con las amenzas internas y externas descritas, las reivindicaciones indígenas estuvieron muy solapadas. Sólo volvieron a surgir cuando el ambiente institucional ya estaba más calamado y el proceso político que lo sustenta más asentado. En 2006 volvió a surgir un foco de tensión también con los pemón por el proyecto de construcción de un oleoducto hacia Argentina que atravesaría sus tierras, aunque en esta ocasión el proyecto no fue acompañado del incio de obras por lo que el conflicto no pasó a mayores. Sí lo hizo el envío al Parlamento (2007) de una ley de consulta que a tenor de la denuncia indígena en los términos “territorios comunales” no estaban sufientemente reconocidos los conceptos de tierra y hábitat, que las organizaciones integradas en el Bloque Indígena Oriente y Sur (que representaban a los pemón, kariña, arawako, akawayo, cumanagoto, warao, piaroa, jivi, baré, piapoco, yekuana, baniva, kurripaco, yeral y warequena) consideraban más apropiados para defender constitucionalmente su cultura.

El gobierno estaba impulsando el proceso de demarcación de tierras que, a la postre, ha terminado convirtiéndose en la principal demanda indígena en estos momentos. El caso más significativo es el que se produce en la Sierra del Perijá (estado de Zulia) donde la demarcación de tierras se mezcla con la explotación a gran escala de minería a cielo abierto. La República Bolivariana de Venezuela reconoce a los pueblos indígenas “su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida” y, por lo tanto, el gobierno está obligado a demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras con la participación de esos mismos pueblos en esta tarea. Esto se ha hecho con diferentes comunidades de los pueblos hiwi, kariña, pumé, warao y yukpa, aunque el proceso avanza con más lentitud de la debida puesto que el Estado se da un plazo de entre 10 y 15 años para culminar todo el proceso de demarcación de tierras. Sin embargo, la Constitución de 1999 establecía un plazo de dos años para ello luego el retraso es más que considerable y eso está provocando una insatisfacción cada vez más aguda en los pueblos indígenas que ven cómo no sólo se dilata en el tiempo el proceso de demarcación, sino que las tierras indígenas se reconocen y titulan con drásticos recortes por fuertes presiones tanto de intereses corporativos como de estrategias militares (justificadas por las presiones y amenazas internacionales que hay contra el proceso político venezolano).

El caso de los yukpa es significativo al convertirse en el principal foco de tensión indígena en Venezuela durante los años 2008-2010. Es un pueblo combativo que viene reclamando sus tierras desde 1970 y que ha llegado a ocupar haciendas ganaderas situadas en ellas. Los ganaderos, a veces con el apoyo del Ejército y otras contratando sicarios, han combatido a los yukpa de todas las formas habidas y por haber para impedir esas ocupaciones, la mayoría de ellas recurriendo a las amenazas y agresiones físicas. Eso ha venido siendo así desde esa fecha hasta la actualidad. A finales de 2008 los yukpa ocuparon una serie de haciendas para reclamar la demarcación de sus tierras, pedido que fue aceptado por el gobierno aprobando, además, un plan de ayuda para educación, salud, servicios básicos, producción agrícola y mejora de la red vial de las comunidades yukpa. Pero el gobierno cometió un error de gran calado: inició la demarcación del territorio yukpa sin tener en cuenta la que este pueblo había realizado en 2004.

La demarcación gubernamental compaginó la entrega de tierras fértiles con otras que no lo son dejando entre ambas una gran parte del territorio del pueblo yupka en manos no sólo de grandes hacendados, sino de compañías mineras. El conflicto estaba servido. Algunas comunidades aceptaron la demarcación gubernamental y otras la rechazaron, lo que provocó un enfrentamiento entre los dirigentes y comunidades yukpa que acabó con muertos, heridos y, posteriormente, detenidos. Estas detenciones caldearon aún más los ánimos puesto que se hicieron sin contar con el ordenamiento jurídico indígena y la jurisdicción especial indígena, por la que los pueblos originarios tienen derecho a ser juzgados por sus propias instancias de justicia. Según la Constitución, esta justicia indígena tiene que articularse con la legislación nacional y con mecanismos complementarios “en caso de conflictividad y colisión serias con el ordenamiento jurídico venezolano”, lo que ocurre en el caso en cuestión.

Hay quien dice que este conflicto con un pueblo indígena no es otra cosa que “el terrible racismo y endorracismo antiindígena heredados de la Colonia y recrudecidos por la República hasta el día de hoy, pese al inmenso avance normativo gracias a la Constitución bolivariana de 1999 y numerosos instrumentos jurídicos de allí derivados”.[4] No le falta razón puesto que el discurso de los pueblos indígenas es, sin exclusiones, favorable al proceso político que se viene desarrollando en Venezuela desde 1998 pues sin él no hubiesen alcanzado esa autonomía que nunca debieron perder y el poder de dirigir y dirimir sus propios asuntos, aprovechamiento de sus tierras y cumplimiento de sus normas de convivencia. Pero lo que no soportan es que una vez llegados a este punto se les dicte desde arriba y con concepciones muchas veces preñadas de etnocentrismo criollo, cómo y cuando lo deben hacer.

Aquí hay que hacer una mención especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha intervenido en otros países a instancia de parte y cuando ha dado a razón a los indígenas lo ha hecho sin descalificar a los gobiernos respectivos. Excepto en el caso de Venezuela, lo que da argumentos a quienes mantienen dentro de este país que están siendo objeto de una agresión sin precedentes contra su proceso político. Si se compara el papel de la CIDH en Perú tras la matanza de Bagua, por poner un caso, con el de Venezuela quien sale mucho peor parado es este último país puesto que no hay ni un solo apartado que se salve de la crítica. Pero mención especial tiene la opinión de la CIDH respecto a su “profunda preocupación por el retardo en la demarcación de las tierras ancestrales indígenas así como los conflictos generados entre indígenas y ganaderos debido a dicha falta de demarcación”,[5] que no se manifiesta con ningún otro país del continente con procesos mucho más retrasados, y en ocasiones apenas iniciados, que en Venezuela.

La comparación entre este informe, emitido el 30 de diciembre de 2009, y el de la Organización Internacional del Trabajo -producto de la sesión que tuvo lugar del 3 al 19 de junio de 2010- mencionado más arriba sirve para poner de manifiesto el papel de las organizaciones internacionales y su función, en nada imparcial, para favorecer o criticar procesos políticos. Para la CIDH Venezuela es un desastre como país, violatorio de todos y cada uno de los derechos humanos – se le califica de “patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres”- y en especial los derechos referentes a los pueblos indígenas. Para la OIT no hay ni una sola reprimenda que hacer a Venezuela en ningún aspecto.

El conflicto con los yukpa, mantenido durante tres largos años, es el más significativo de Venezuela en la nueva etapa marcada por el proceso llamado bolivariano. Los conflictos de propiedad de la tierra se han presentado entre pueblos indígenas y campesinos -llegados desde otras partes y muchas veces denominados “colonos”- y hacendados sin que faltasen ni las grandes corporaciones transnacionales, mineras en especial, y los mineros individuales que invaden de forma ilegal el territorio indígena en busca de oro (como sucede en el Amazonas venezolano y brasileño) provocando no sólo un importante conflicto medioambiental sino humano al afectar a pueblos muy debilitados poblacionalmente.

El proceso venezolano, aún siendo uno de los más avanzados y respetuosos con los derechos de los pueblos indígenas de todo el continente, muestra toda la compleja y contradictoria dinámica en juego: trata de reconocer a los indígenas los derechos sobre las tierras que siempre han ocupado y de incluirlos dentro de la geopolítica institucional, pero haciéndolo “respetando la soberanía nacional y la integridad territorial”. El miedo al “separatismo”, a que los enemigos del proceso político utilicen las reivindicaciones indígenas para desestabilizarlo está jugando un papel muy importante en las dudas y ralentizaciones que se producen en este proceso. De ahí que a pesar de la entrega de títulos de propiedad y el trabajo de demarcación, más o menos afortunado o en cumplimiento de los deseos de los pueblos indígenas que han “autodemarcado” sus propios territorios, quedan algunos conflictos por resolver. Uno de ellos, la presencia de campesinos pobres y antiguos terratenientes dentro de las tierras cedidas a los indígenas. Esto se piensa solucionar a través de mesas de discusión y otorgarles, la tierras “justas”, las que “necesitan” para vivir. Pero en una situación política viciada, con antagonismos cada vez más fuertes entre los hacendados y los indígenas ni va a ser un proceso fácil ni rápido.

[2] Agencia Bolivariana de Noticias, 18 de diciembre de 2009. http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=212432&lee=4

[3] OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Venezuela.

[4] Esteban Emilio Mosonyi., “Hay que tratar de comprender los problemas yukpa, e indígenas en general, desde adentro y en su propio contexto” http://www.elpueblosoberano.net/2010/08/hay-que-tratar-de-comprender-los-problemas-yukpa-e-indigenas-en-general-desde-adentro-y-en-su-propio-contexto/

[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Democracia y derechos humanos en Venezuela.

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 54. 30 diciembre 2009